Figuras

1.I.a Crimen y Estado como esferas separadas

1.I.b Crimen y Estado como órdenes sociales paralelos

1.1 Redefinición del nexo entre crimen y Estado: la zona gris de la criminalidad

1.2 Protección gubernamental informal de los grupos del crimen organizado (GCO) en autocracias

1.3 Alternancia partidista, el desplome de la protección gubernamental informal para los grupos del crimen organizado (GCO) y el advenimiento de guerras criminales

1.I..a Intervención militar efectiva contra grupos del crimen organizado (GCO): la cooperación entre el gobierno federal y los gobiernos locales del mismo partido suprime a los GCO

1.I..b Intervención militar no efectiva contra grupos del crimen organizado (GCO): el conflicto partidista entre el gobierno federal y los gobiernos locales estimula la guerra

1.4 La zona gris de la criminalidad se expande hacia la sociedad civil

2.1 Represión de disidentes políticos según su perpetrador en México, 1989-1998

2.2 Instituciones de gobierno con agentes involucrados en redes informales de protección de cárteles de drogas en México, 1985-2006

2.3 Modelo explicativo de las guerras entre cárteles

2.4 Impacto de la alternancia partidista en la violencia entre cárteles en México, 1995-2006

2.5 Tendencias en la violencia entre cárteles: Michoacán y el Michoacán sintético

2.6 Tendencias de la violencia entre cárteles: Guerrero y el Guerrero sintético

3.1 Estructura organizativa de los cárteles mexicanos bajo el régimen unipartidista, década de 1980

3.2 Línea de tiempo de la alternancia partidista en la gubernatura y el surgimiento de ejércitos privados en México, 1989-2006

3.3 Estructura organizativa de los cárteles mexicanos tras la alternancia partidista subnacional, décadas de 1990 y 2000

4.1 Modelo explicativo de la hipótesis de la fragmentación política

4.I.a Postura ideológica de los partidos mexicanos durante el régimen autoritario, década de 1990

4.I.b Postura ideológica de los partidos mexicanos durante la democracia, década de 2000

4.2 Impacto de la fragmentación vertical del poder en la violencia criminal en México, 2007-2012

5.I.a Estructura prototípica de un cártel de drogas, 2006

5.I.b Nuevas organizaciones criminales tras la decapitación de los cárteles, 2007-2012

5.I.c Organizaciones criminales nuevas tras la decapitación de los ejércitos privados, 2007-2012

6.1 Evolución de los ataques criminales contra funcionarios de gobierno y miembros de partidos políticos, 1995-2012

6.2 Ataques criminales por víctima y nivel de gobierno, 2007-2012

6.3 Ataques criminales según sus víctimas y partido, 2007-2012

6.4 Municipios gobernados por partido político comparados con funcionarios de gobierno y miembros de partidos políticos atacados, 2007-2012

6.5 Ataques criminales y ciclos electorales subnacionales

6.6 Modelo explicativo de la hipótesis de la gobernanza criminal

6.7 Impacto de la fragmentación vertical del poder en los ataques criminales en México, 2007-2012

7.1 La vía de los ataques criminales de alto perfil hacia la gobernanza criminal

Mapas

2.1 Cárteles mexicanos y zonas de narcotráfico en los años ochenta

2.I.a Geografía de los homicidios entre cárteles en México, 1995-1998

2.I.b Geografía de los homicidios entre cárteles en México, 1999-2002

2.I.c Geografía de los homicidios entre cárteles en México, 2003-2006

2.I.d Geografía de los homicidios entre cárteles en México, 1995-2006

2.I..a Geografía de la alternancia partidista subnacional en México, 1991

2.II.b Geografía de la alternancia partidista subnacional en México, 1996

2.I..c Geografía de la alternancia partidista subnacional en México, 2001

2.II.d Geografía de la alternancia partidista subnacional en México, 2006

3.I.a Díadas de conflictos entre cárteles en México, 1990-1996

3.I.b Díadas de conflictos entre cárteles en México, 1997-2006

3.I.c Díadas de conflictos entre cárteles en México, 1990-2006

3.I.d Homicidios entre cárteles, 1995-2006

4.II.a Geografía de los homicidios entre cárteles en México, 2000-2006

4.I..b Geografía de los homicidios entre cárteles en México, 2007-2012

4.1 Narcohomicidios en municipios colindantes de Tierra Caliente en Michoacán y Jalisco, 2008-2011

5.1 Ciudades mexicanas selectas con brotes importantes de violencia criminal, 2006-2012

6.1 Geografía de los ataques criminales contra funcionarios de gobierno y miembros de partidos políticos, 2007-2012

6.2 Ataques criminales contra funcionarios de gobierno y miembros de partidos políticos en municipios colindantes de Michoacán y Guerrero, 2011

6.3 Ataques criminales contra funcionarios de gobierno y miembros de partidos políticos en municipios colindantes de Michoacán y Guanajuato, 2008-2011

7.1 Regiones y municipios selectos en Michoacán

7.2 Regiones y municipios selectos en Guerrero

Tablas

2.1 Alternancia partidista a nivel subnacional y violencia entre cárteles en México, 1995-2006

2.2 Evaluación de la evolución de la violencia tras la alternancia partidista, 1995-2006

2.3 Ponderadores sintéticos del banco de donantes usado para crear al Michoacán sintético

2.4 Medias de los predictores de violencia entre cárteles antes de la alternancia partidista para Michoacán (tratado) y el Michoacán sintético

4.1 Distribución de partidos en los tres niveles de gobierno en México, 2007-2012

4.2 Fragmentación vertical del poder, conflicto partidista y violencia entre cárteles en México, 2007-2012

5.1 Intervención federal durante la guerra contra las drogas. Resumen de casos de estudio

6.1 Conflictos territoriales y ataques criminales de alto perfil, 2007-2012

6.2 Oportunidades de gobernanza y ataques criminales de alto perfil, 2007-2012

B.1 Periódicos nacionales y subnacionales para la recolección de datos

C.1 Modelos con competencia electoral municipal

C.2 Modelos con distintas especificaciones de alternancia partidista subnacional

C.3 Modelos con factores explicativos adicionales

C.4 Modelos de efectos fijos

C.5 Modelos con muestras divididas según región geográfica

C.6 Modelos con transformación binaria de la variable dependiente

C.7 Modelos con conteos positivos de la variable dependiente

D.1 Prueba de robustez usando datos del gobierno, 2007-2012

D.2 Prueba de robustez incluyendo estatus municipal de Subsemun, 2008-2012

D.3 Alternancia partidista según el partido en la gubernatura, 2007-2012

E.1 Comparación de municipios fronterizos de Michoacán y Jalisco

F.1 Modelos logísticos y modelos logísticos de sucesos infrecuentes

G.1 Comparación de municipios fronterizos de Michoacán y Guerrero

G.2 Comparación de municipios en la frontera entre Michoacán y Guanajuato

Acrónimos

AALMAC Asociación de Autoridades Locales de México A.C.

OBL Organización Beltrán Leyva

ACAM Ataques Criminales contra Autoridades Públicas en México (base de datos)

CICIG Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

Cisen Centro de Investigación y Seguridad Nacional

CNMM Conferencia Nacional de Municipios de México

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CRAC-PC Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria

DEA Drug Enforcement Agency (Administración de Control de Drogas)

DFS Dirección Federal de Seguridad

Dina Dirección de Inteligencia Nacional

ENVE Encuesta Nacional de Victimización de Empresas

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

FMLN Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

Frepaso Frente País Solidario

GAFE Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Especiales

GCO Grupos del crimen organizado

MC Movimiento Ciudadano

PAN Partido Acción Nacional

PGR Procuraduría General de la República

PRD Partido de la Revolución Democrática

PJ Partido Justicialista

PRI Partido Revolucionario Institucional

PSV Partido Socialista de Venezuela

PT Partido del Trabajo

Subsemun Subsidio para la Seguridad en los Municipios

UCR Unión Cívica Radical

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ONUDD Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

VCM Violencia Criminal en México (base de datos)

Prefacio a la versión en español

Tiene usted en sus manos la versión en español de Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico. Es un libro que ofrece una mirada nueva para repensar y reevaluar el nacimiento y las mutaciones de los cárteles de la droga y del crimen organizado en México y para entender la larga noche de violencia en la que el país lleva sumergido por tanto tiempo. Con la mirada puesta en el periodo que va de 1990 a 2012, el libro es una invitación a repensar las limitaciones de la transición mexicana a la democracia y el tipo de democracia que hemos construido; es un llamado a preguntarnos por qué los aspectos más celebrados de nuestra democracia —como la competencia electoral, la alternancia política en estados y municipios, y la fragmentación del poder político en una pluralidad de fuerzas presentes a niveles federal, estatal y municipal— se han convertido en catalizadores de la violencia criminal a gran escala y de cruentas guerras criminales. A pesar del periodo tan específico en el que el libro se enfoca, nuestras propuestas y hallazgos se mantienen vigentes porque las condiciones político-institucionales que permitieron el crecimiento acelerado del narcotráfico y del crimen organizado y la proliferación de diferentes formas de violencia se mantienen presentes.

Al adentrarse en el libro, muy pronto encontrará gráficas y resultados estadísticos en unas páginas y múltiples narrativas en otras; se hallará muy pronto en un texto en el que los números y las palabras intentan coexistir de manera armoniosa para generar explicaciones persuasivas a fenómenos urgentes. Para muchos lectores, éste será terreno conocido. Pero para otros la lectura requerirá una apertura epistemológica y metodológica a ponerse lentes nuevas para repensar la realidad, hambre para reformular categorías aceptadas y poco cuestionadas, y la disposición a dialogar con un trabajo que pone sus argumentos a prueba mediante un riguroso trabajo estadístico y estudios cualitativos a partir de múltiples entrevistas con actores relevantes.

Siendo ambos de nosotros autores mexicanos e hispanoparlantes de nacimiento, reconocemos la inusual experiencia de ver la traducción a nuestra lengua materna de un libro que escribimos en nuestro segundo idioma, el inglés. Agradecemos a Penguin Random House América Latina y al sello Debate por hacer de ésta una experiencia muy gratificante, y a Hugo López Araiza Bravo por la calidad excepcional de su traducción.

La versión en inglés de Votos, drogas y violencia: La lógica política de las guerras criminales en México ha tenido una recepción afortunada. El libro fue meritorio de dos distinciones en 2021: el premio al mejor libro de parte de la Sección de Democracia y Autocracia de la American Political Science Association (APSA) y una mención honorífica de parte del comité del premio “William H. Riker” que otorga la Sección de Economía Política de la APSA. Con la versión del libro en español no aspiramos a mayor distinción que un público lector extenso en México y en el mundo hispanoparlante.

A fecha de 25 de octubre de 2021

GUILLERMO TREJO                SANDRA LEY

South Bend, Indiana        Ciudad de México

Prefacio

En la definición minimalista más aceptada, la democracia es un sistema de gobierno en el que los ciudadanos eligen a sus representantes por medio de elecciones competitivas y resuelven sus diferencias sin derramamiento de sangre. Si bien en décadas recientes los académicos han demostrado que los países que transitan de un régimen autoritario a la democracia tienden a sufrir estallidos importantes de violencia política, y que la paz sólo prevalece cuando las reglas y las prácticas democráticas están totalmente arraigadas en la sociedad, la asociación de mecanismos democráticos con distintas formas de violencia sigue siendo desconcertante. Es sorprendente desde el punto de vista analítico y desalentador desde una perspectiva moral que los mecanismos democráticos recién establecidos, como el sufragio y las elecciones competitivas, se conviertan en detonantes de violencia colectiva. Resulta aún más desconcertante que los mecanismos democráticos generen conflictos violentos entre actores “apolíticos” como los grupos del crimen organizado (GCO) y los cárteles de drogas, que siempre se han considerado ejemplos paradigmáticos de actores ilícitos privados sin intereses ni conexiones significativas con la política electoral.

Este libro es resultado de una extensa travesía intelectual que emprendimos para desentrañar la inusual oleada de violencia criminal a gran escala que inició en México seis años después del fin del régimen de partido único, cuando el presidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró la guerra a los capos de la droga y provocó con ello múltiples conflictos entre cárteles —y entre el Estado y los cárteles— en buena parte del territorio nacional. Nuestros esfuerzos por explicar el estallido y la intensificación de múltiples guerras criminales cuando el país transitaba de un régimen autoritario a uno democrático empezaron en la Universidad de Duke, donde Guillermo Trejo era profesor, y Sandra Ley, doctorante en ciencias políticas. Seguimos adelante en la Universidad de Notre Dame, Indiana, a donde Trejo se mudó en 2012 y a donde Ley entró a un posdoctorado en 2015. Y terminamos nuestro trabajo mientras Ley se iniciaba como profesora investigadora en el CIDE y Trejo continuaba su trabajo docente en Notre Dame. Una beca de la Fundación Trent de la Universidad de Duke hizo posible las primeras etapas de la recolección de datos en 2011-2012; el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame facilitó nuestra colaboración en 2015-2016, cuando las distintas partes de este libro empezaron a cobrar forma, y una beca de colaboración de Notre Dame International fue clave para escribir el manuscrito y completar el proyecto en 2018-2019.

Nuestras instituciones académicas —la Universidad de Notre Dame y el CIDE— nos brindaron el entorno ideal para terminar la investigación y escribir este libro.

Trejo expresa su agradecimiento a dos generaciones extraordinarias de estudiantes de posgrado de ciencia política, quienes fueron y siguen siendo excelentes interlocutores para desarrollar un programa de investigación sobre violencia criminal y justicia transicional en la Universidad de Notre Dame. Agradece en particular a Juan Albarracín, Camilo Nieto Matiz y Lucía Tiscornia, y a Diana Isabel Güiza-Gómez, Joséphine Lechartre, Natán Skigin y Jacob Turner. También quiere reconocer el trabajo de los estudiantes de posgrado que asistieron a su seminario “La lógica de la violencia política y criminal” en Notre Dame, y a los de licenciatura que tomaron su seminario “Crimen organizado en Latinoamérica”. Los principales hallazgos de este libro fueron presentados y discutidos en esos seminarios durante los últimos siete años. Impartir el seminario “Violencia criminal a gran escala en democracias nuevas” para doctorantes avanzados, en conjunto con Hernán Flom, becario visitante del Instituto Kellogg en 2016, resultó crucial para desarrollar el volumen. Las discusiones con Flom y con los participantes del seminario, incluyendo a Juan Albarracín, Leslie MacColman, Camilo Nieto Matiz, Stefanie Israel de Souza y Lucía Tiscornia, nos permitieron consolidar algunas de las ideas que presentamos aquí.

En la Universidad de Notre Dame, el apoyo de Michael Desch y David Campbell en el Departamento de Ciencia Política, y de Paolo Carozza y Sharon Schierling en el Instituto Kellogg, fue crucial durante distintas etapas de este proyecto. La astucia de Kellogg para reunir a los principales estudiosos de la violencia política y criminal como becarios visitantes o como participantes en conferencias, seminarios y talleres fue invaluable para mejorar algunos de nuestros argumentos. El grupo de trabajo sobre paz, conflicto, crimen y violencia auspiciado por los institutos Kroc y Kellogg, y presidido por Trejo, Gary Goertz y Laurie Nathan, ha sido un punto neurálgico de ideas nuevas e intercambio académico fructífero, donde se discutieron varios de los capítulos de esta obra. Varios colegas de Trejo en el Departamento de Ciencia Política de Notre Dame le dieron retroalimentación relevante sobre las principales afirmaciones y hallazgos de la investigación, incluyendo a Jaimie Bleck, Michael Coppedge, Sarah Daly, Robert Dowd, Gary Goertz, Scott Mainwaring, Aníbal Pérez-Liñán y Patrick Regan.

Ley agradece al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Duke haberle concedido los fondos que le permitieron pasar varios veranos recabando datos para este volumen mientras era estudiante de doctorado. Le agradece en particular al Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame por la beca que le permitió pasar un año académico entero en intercambios fructíferos y cercanos con Trejo y toda la comunidad Kellogg, y detallar el plan para este tomo. En el CIDE, el aliento y apoyo de Javier Aparicio, Guillermo Cejudo, Ivania de la Cruz, Céline González, María Inclán, Sergio López-Ayllón, Giovanni Mantilla, Hilda Melgoza y Julio Ríos-Figueroa fueron indispensables en distintas etapas del proceso de investigación y de escritura. Ley también se benefició de una creciente comunidad de académicos interesados en el estudio de la violencia criminal en el CIDE. Agradece en particular a Luis de la Calle y a Brian Phillips por organizar conversaciones inspiradoras con los estudiosos de la violencia criminal invitados al seminario “Violencia y democracia” del CIDE, donde se discutieron algunos de los primeros hallazgos del libro.

Además de nuestras instituciones académicas, nos hemos beneficiado de una comunidad intelectual que conecta a múltiples personas de varias universidades y países diferentes. Las presentaciones en esas distintas sedes nos permitieron discutir, errar, aprender y reescribir nuestras ideas en diversas ocasiones.

Presentamos partes específicas del libro de manera individual o en conjunto, y recibimos retroalimentación invaluable de las audiencias y los participantes de seminarios en la Universidad de Brown, el CIDE, la Universidad de Columbia, la Universidad de Harvard, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de los Andes, la Universidad Loyola del Pacífico, la Universidad de Chicago, la Universidad de Kentucky, la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro y la Universidad de Notre Dame. Presentamos las primeras versiones del manuscrito entero en el Nuffield College de la Universidad de Oxford, en la Universidad de Princeton, en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Notre Dame, en la Universidad de Texas en Austin y en la Universidad de Yale. También presentamos los primeros hallazgos académicos en los cuales se basa el libro en las reuniones anuales de la American Political Science Association, la Midwest Political Science Association y la Latin American Studies Association. En las tres recibimos la generosa y aguda retroalimentación de los participantes, y en especial de Peter Andreas, Francisco Cantú, Abby Córdova, Oeindrila Dube, Angélica Durán-Martínez, Todd Eisenstadt, Hernán Flom, Edward Gibson, Richard Locke, Pablo Piccato y Verónica Zubillaga.

Parte del material usado en este libro proviene de nuestros artículos “Why Did Drug Cartels Go to War in Mexico? Subnational Party Alternation, the Breakdown of Criminal Protection, and the Onset of Large-Scale Violence” y “High-Profile Criminal Violence: Why Drug Cartels Murder Government Officials and Party Candidates in Mexico”.¹

Nuestra comprensión del crimen organizado y la violencia criminal a gran escala está profundamente influida por un grupo multigeneracional e intelectualmente heterogéneo de académicos que están creando el nuevo campo de la ciencia política del crimen organizado, al cual nuestro trabajo pretende contribuir.

Hemos aprendido inmensamente del diálogo constante y fructífero con Desmond Arias, Ana Arjona, Abby Córdova, Alberto Díaz-Cayeros, José Miguel Cruz, Angélica Durán-Martínez, Benjamin Lessing, Beatriz Magaloni, Eduardo Moncada, Richard Snyder, Federico Varese y Deborah Yashar. Varias conversaciones con Gary Goertz resultaron cruciales para el desarrollo de nuestra teoría, y el diálogo continuo con Ana Arjona y Stathis Kalyvas nos permitió identificar similitudes y diferencias entre las guerras criminales y las guerras civiles. A lo largo de los años, recibimos sugerencias importantes de Nicholas Barnes, Adela Cedillo, Andreas Feldmann, Marco Fernández, Agustina Giraudy, Ezequiel González-Ocantos, Kenneth Greene, Susan Gzesh, Juan Antonio Le Clercq, Fabrice Lehoucq, Shannan Mattiace y Vicky Murillo.

Camilo Nieto Matiz fue el asesor estadístico de este proyecto y nos ayudó a realizar los análisis cuasiexperimentales del libro. Sebastián Garrido, del CIDE, también nos asesoró durante las primeras etapas del análisis de los efectos de contagio geográfico de la violencia criminal. Recibimos valiosos consejos sobre técnicas estadísticas específicas de Melina Altamirano, Javier Aparicio, Fernando Bizzarro Neto, Philippe LeMay-Boucher y Javier Márquez.

Nuestro trabajo se benefició enormemente del diálogo estrecho con periodistas, defensores de derechos humanos y analistas de seguridad. Queremos agradecer en particular a Verónica Calderón, Katherine Corcoran, Edgar Cortez, Rocío Culebro, Eduardo Guerrero, Carlos Juárez, Jean Mendieta, Fabián Sánchez Matus y Marcela Turati.

Sentimos una profunda gratitud hacia toda la gente que nos compartió su tiempo y experiencias y contestó nuestras preguntas durante distintas rondas de trabajo de campo que hicimos en diversas partes de México. Nuestras conversaciones nos permitieron comprender mejor la lógica política de la violencia criminal y refinar nuestros argumentos. Los nombres de algunos de nuestros entrevistados aparecen en el libro, pero muchos otros permanecieron anónimos para proteger su confidencialidad y preservar su seguridad personal. Aparezcan nombrados o no, todos fueron cruciales para nuestra investigación.

Este trabajo no habría sido posible sin la ayuda de los jóvenes investigadores y profesionistas que colaboraron con nosotros mientras estudiaban en el CIDE, la Universidad de Duke y la Universidad de Notre Dame. Agradecemos a Magdalena Guzmán, Mario Moreno, Elizabeth Orozco y Valeria Ramírez por su apoyo para recabar grandes cantidades de datos de periódicos. Queremos expresar nuestra gratitud al equipo de Parametría en la Ciudad de México, por ayudarnos a transformar nuestras palabras en números.

Caroline Domingo editó varias versiones del manuscrito. Sus rigurosos estándares profesionales y su profundo compromiso con nuestro trabajo nos permitieron pulir el lenguaje del libro y aclarar nuestras ideas, conceptos y hallazgos. Ha sido un privilegio trabajar con ella durante los últimos siete años. Agradecemos a Sarah Perkins por la excelente corrección de estilo que hizo de la versión final del manuscrito, y a Alejandra Quezada por ayudarnos a prepararlo para la editorial.

Sara Doskow nos guio durante el proceso de selección y publicación en Cambridge University Press, con el compromiso intelectual, la eficacia, la transparencia y la excelencia que hace de la publicación de un libro una experiencia verdaderamente gratificante. Eligió a dos revisores increíblemente atentos, que nos ayudaron a mejorar el libro de forma fundamental. Queremos reconocer la generosidad intelectual y las agudas sugerencias de esos revisores; este libro es mucho mejor gracias a su exigencia de claridad y profundidad.

Agradecemos el apoyo incondicional de nuestras familias durante los años que tardamos en hacer este libro. Sin su amor, comprensión y solidaridad, nuestra intención de esclarecer un tema complicado y sensible no habría logrado llegar a buen puerto.

Durante los largos años de investigación y escritura de esta obra, siempre hemos tenido en mente a los cientos de miles de civiles que se han convertido en víctimas de las guerras criminales, y a los movimientos de víctimas y a los defensores de derechos humanos que trabajan por construir la paz en México. Esperamos que este volumen contribuya a repensar los motores de la violencia criminal y a construir un México pacífico, justo y realmente democrático.

Introducción

EL PROBLEMA

Uno de los sucesos más sorprendentes de la transición mexicana a la democracia fue el estallido de guerras criminales y violencia criminal a gran escala tras el fin de siete décadas de gobierno de partido único. Bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), varios cárteles de drogas coexistieron en paz relativa y llevaron a cabo sus actividades criminales sin conflictos entre sí y sin ninguna confrontación seria con el Estado. Pero cuando el país transitó a un régimen de competencia multipartidista y los partidos de oposición lograron victorias sin precedentes en municipios y estados durante los años noventa, y ganaron más tarde la presidencia en 2000, los cárteles iniciaron cruentas disputas por las lucrativas rutas de trasiego de droga. Como observó en su momento el periodista Jesús Blancornelas,¹ el primer conflicto bélico entre cárteles se desató en Tijuana, Baja California, donde, en la elección histórica de 1989, el PRI había perdido el control de un estado por primera vez en el siglo XX. Tras ese enfrentamiento estallaron más guerras entre cárteles en otros estados del centro y norte del país, donde los candidatos de izquierda y de derecha empezaban a derrocar al PRI. En los años noventa, el saldo de muertes en combate alcanzó un pico anual de 350; en 2005, el total de muertos superó el umbral de 1 000 homicidios, cifra que se usa comúnmente para clasificar un conflicto como guerra civil.²

La consolidación de elecciones multipartidistas como único mecanismo para elegir y deponer gobernantes y para asignar el poder pacíficamente no trajo la estabilidad a México, sino que contribuyó a un aumento drástico en la violencia criminal. En 2006, a seis años del inicio de la democracia, el presidente entrante, Felipe Calderón, del derechista Partido Acción Nacional (PAN) —el partido que derrotó al PRI en 2000— declaró la guerra a los cárteles y desplegó al ejército en las regiones más conflictivas de México. La guerra contra las drogas y el brote de conflictos entre el Estado y los cárteles intensificó las disputas entre grupos criminales, y la narcoviolencia creció entre cinco y seis veces durante ese sexenio. Según el conteo oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre 2006 y 2012, 70 000 mexicanos fueron asesinados en conflictos entre cárteles y entre cárteles y el Estado. Es un total de muertes cuatro veces más alto que la mediana de todas las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XX.*

Durante seis años de guerras entre cárteles y entre el Estado y los cárteles, el inframundo criminal mexicano sufrió transformaciones drásticas. Los cárteles se fragmentaron y pasó de haber cinco a 62 grupos del crimen organizado (GCO), mientras que las pandillas callejeras que trabajaban para ellos pasaron de ser docenas a cientos. Estos grupos expandieron rápidamente su rango de actividades ilícitas más allá del narcotráfico para entrar en nuevos mercados criminales, incluyendo la extracción ilegal de riqueza humana (por ejemplo, extorsión y secuestro) y de riqueza de recursos naturales (por ejemplo, saqueo ilícito de minas, bosques y refinerías de gas y petróleo). Como resultado de estos nuevos emprendimientos, los GCO ampliaron el perfil de las víctimas de sus ataques, que se limitaban a cárteles rivales e instituciones del Estado, para incluir a población civil ajena al conflicto. Pero una de las transformaciones más sorprendentes sucedió cuando los capos y sus socios criminales empezaron a asesinar sistemáticamente a presidentes municipales y candidatos electorales, en un intento por influir en los resultados de las elecciones subnacionales y tomar el control de facto de los gobiernos municipales, su población y su territorio. En 2012, más de dos décadas después del inicio de los conflictos entre cárteles y seis años después de que el gobierno federal declarara la guerra contra las drogas, un tercio de la población mexicana vivía en municipios en los que los funcionarios del gobierno y los candidatos electorales habían sido víctimas de ataques criminales letales y en los que los GCO pugnaban por establecer regímenes subnacionales de gobernanza criminal.

¿Por qué entraron en guerra los cárteles cuando el país transitó de un gobierno de partido único a una democracia multipartidista? ¿Por qué se volvieron más intensas las guerras conforme los 31 estados y más de 2 400 municipios mexicanos se volvían más competitivos, la alternancia partidista se generalizaba y el poder en la federación estaba cada vez más descentralizado y fragmentado? ¿Por qué los cárteles y sus socios criminales lanzaron ataques letales contra funcionarios del gobierno locales y candidatos durante ciclos electorales y por qué intentaron convertirse en gobernantes de facto de los municipios mexicanos y su población y territorio?

No cabe duda de que ni el surgimiento de guerras criminales durante la transición de un régimen autoritario a una democracia electoral ni la relación íntima entre cambio político y violencia criminal a gran escala son fenómenos específicos de México. En Sudamérica, Brasil sufrió un estallido de violencia criminal tras la democratización en 1985,³ y la violencia entre pandillas se ha intensificado durante décadas conforme han aumentado la competencia electoral, la pluralidad política y la descentralización política.⁴ Las pandillas de narcotraficantes han desarrollado regímenes de gobernanza criminal en amplias franjas de favelas empobrecidas de Río de Janeiro y otros centros metropolitanos importantes.⁵ En Centroamérica, tras el establecimiento de elecciones multipartidistas competitivas en los años ochenta y poco después de los acuerdos de paz que terminaron con décadas de guerras civiles en los años noventa, Guatemala y El Salvador sufrieron un aumento drástico en la narcoviolencia.⁶ Las pandillas salvadoreñas también han establecido un control estrecho sobre los barrios locales y su población en los centros urbanos más grandes del país.⁷

Explicar por qué se desatan guerras entre GCO cuando un país transita a la democracia, por qué las instituciones democráticas terminan íntimamente entrelazadas con la violencia criminal y por qué a los capos del crimen organizado les nace el interés de convertirse en gobernantes subnacionales de facto representa un desafío importante para las teorías dominantes sobre crimen y violencia en las ciencias sociales. En disciplinas como la sociología del crimen, la economía del crimen y los estudios de la mafia, los estudiosos del crimen organizado y la violencia criminal han ignorado la política como motor posible de la paz y violencia criminales, o sólo la han considerado de manera superficial.

A partir de los estudios clásicos de Durkheim⁸ sobre la alienación social y el control social, los sociólogos han argumentado que en comunidades urbanas marginadas en las que prevalecen los hogares monoparentales existen las condiciones estructurales para que los jóvenes se unan a pandillas criminales y cometan actos de violencia criminal.⁹ Algunas explicaciones más dinámicas hacen énfasis en la dislocación social que causan los periodos importantes de urbanización y la migración de zonas rurales a urbanas. Tanto los enfoques estáticos como los dinámicos subrayan la importancia de un tejido social corroído, de la erosión del capital social y de la falta de movilidad social como motores de la violencia criminal. En otros estudios, el foco analítico se ha puesto en las policías, y la investigación académica se ha concentrado sobre todo en la estrategia policial —ya sea en estrategias coercitivas de encarcelamiento o en estrategias de desarrollo de la legitimidad de la policía y su cooperación con la comunidad— y en cómo los distintos tipos de interacción de la policía con la comunidad y el uso de violencia extrajudicial están mediados por clase, raza y etnia.¹⁰ Tanto en los estudios enfocados en estructuras comunitarias como en los que se privilegia el análisis de las policías, la sociología del crimen ha omitido el estudio de factores político-electorales. Se presupone que los grupos criminales son organizaciones apolíticas y que la esfera policial es ajena a la política electoral.

Aunque los estudios de la sociología del crimen puedan resultar particularmente útiles para explicar por qué ciertas comunidades mexicanas son más proclives a sufrir una mayor violencia criminal que otras, son de poca utilidad analítica para dar cuenta de los lazos íntimos entre la política electoral, las narcoguerras y la violencia criminal a gran escala que se desarrollaron cuando México transitó de un régimen autoritario a una democracia multipartidista.¹¹

Al menos desde el trabajo fundacional de la economía del crimen de Becker,¹² los economistas han intentado explicar el comportamiento y la violencia criminales en términos de los incentivos que motivan a la gente a involucrarse en actividades criminales (factores de arrastre) y las acciones estatales que la disuaden de hacerlo (factores de empuje). Siguiendo la propuesta de Becker de que los individuos cometen crímenes cuando tienen un costo de oportunidad bajo y tienen poco que perder, los economistas sugieren que la pobreza, la falta de oportunidades en el mercado laboral, una educación deficiente y altos índices de abandono escolar empujan a los jóvenes a cometer crímenes violentos.¹³ Otros académicos han indagado el papel de la capacidad estatal y la actividad policial efectiva como disuasores de la conducta y la violencia criminales.¹⁴ En consonancia con los supuestos establecidos en la sociología del crimen, los economistas dan por sentado que el crimen organizado es una actividad económica ilícita y privada y que los GCO son ante todo actores apolíticos. A partir de los estudios sobre los grupos de interés, algunos académicos se han alejado de aquellos supuestos iniciales y han modelado a los cárteles de drogas como grupos de interés peculiares, en los que los capos usan sobornos y coerción para sesgar la política pública a su favor.¹⁵

Los factores de arrastre y empuje enfatizados por la economía del crimen pueden ayudar a explicar la predisposición individual al crimen, pero no ofrecen una interpretación directa de las posibles bases políticas de las guerras criminales en México. No obstante, el énfasis de Becker en la capacidad policial del Estado puede brindarnos un puente hacia la política. Como han conjeturado los estudiosos de las guerras civiles, los Estados en regímenes en transición tienden a tener poca capacidad policial y de gobernanza,¹⁶ pero este hallazgo ha llevado a una discusión técnica más que política. Aunque las elecciones sean el mecanismo clave del cambio político en las transiciones del autoritarismo a la democracia multipartidista, la mayoría de los estudios presuponen que la capacidad estatal es un problema financiero o técnico, más que una cuestión política en la que los incentivos electorales podrían influir en el desarrollo de la presencia estatal y en sus capacidades en áreas como la seguridad y la aplicación de la ley.

Desde la publicación de la revolucionaria interpretación de la mafia siciliana de Gambetta,¹⁷ los sociólogos analíticos y los economistas políticos han tenido avances teóricos cruciales para poder explicar el surgimiento de las mafias, la lógica de su conducta estratégica y las condiciones en las que se vuelven violentas. Al enfocarse en periodos de transformaciones estructurales importantes, en los que el Estado está relativamente ausente, los estudiosos de las mafias sugieren que éstas surgen como GCO que intentan brindarles protección a los actores del inframundo del crimen. Así sucedió en Italia durante la transición del feudalismo al capitalismo y tras la reunificación del país,¹⁸ y en Rusia tras el colapso del comunismo.¹⁹ Para operar con éxito, los mafiosos necesitan desarrollar una ventaja comparativa en el manejo de información y en el uso de la violencia. Por eso, los miembros de regímenes autoritarios —por ejemplo, los guardias feudales en la Italia decimonónica o los exagentes de la KGB en la Rusia de finales del siglo XX— han tenido un papel importante en el desarrollo de la mafia. Como argumenta Gambetta, las mafias operan dentro de los confines de las ciudades o de regiones pequeñas, porque la recolección de información y la capacidad de hacer cumplir acuerdos no se pueden ejercer eficazmente afuera de su lugar de residencia. En esos espacios geográficos limitados, los capos pueden aspirar a tener el monopolio de la fuerza en el inframundo del crimen y promover un entorno en el que las operaciones cotidianas de los mercados ilícitos se mantengan fuera de los reflectores y donde las autoridades estatales se mantengan a raya, ya sea por la secrecía propia del inframundo criminal o mediante sobornos. Una afirmación común sobre la mafia es que sus integrantes sólo entran en guerra cuando alguien desafía su control monopólico. La competencia sería entonces el principal motor de la violencia en el inframundo del crimen.²⁰

Aunque los estudios de la mafia establecieron las bases teóricas de nuestra comprensión del inframundo del crimen y han explorado los vínculos entre el cambio macropolítico y la violencia criminal, aún persisten tres problemas que limitan su utilidad para explicar el estallido de guerras criminales y de la violencia criminal a gran escala en México y otras democracias nuevas. En primer lugar, en contra de la expectativa de que los GCO operarían en el lugar de residencia de sus capos, los cárteles mexicanos se han expandido mucho más allá de sus ciudades y estados natales para adentrarse en otras partes de México y del extranjero. Se trata de organizaciones criminales a gran escala, con sedes múltiples, trasregionales y, en algunos casos, trasnacionales. En segundo lugar, en vez de confiar en la secrecía del soborno o en la violencia selectiva para resolver conflictos sin atraer innecesariamente la atención de las autoridades estatales, los cárteles de drogas y sus ejércitos privados han perpetrado la violencia con una intensidad, letalidad y crueldad comparables con las de una guerra civil. La violencia criminal a gran escala tal y como la viven países como México, Brasil, Guatemala o El Salvador es una anomalía para los estudios de la mafia. Finalmente, si bien los estudios de la mafia suponen que los mafiosos pugnan por mantener el inframundo criminal bajo máxima secrecía y que los GCO restringen sus actividades a la esfera criminal, la decisión de los cárteles mexicanos de asesinar sistemáticamente a funcionarios de gobiernos locales y a candidatos electorales para desarrollar regímenes subnacionales de gobernanza criminal pone en tela de juicio estos presupuestos teóricos.

Aunque el estudio del crimen organizado y la violencia criminal a gran escala ha estado notablemente ausente de la ciencia política,²¹ en años recientes algunos académicos latinoamericanos han estado a la vanguardia del desarrollo de una nueva comprensión de las bases políticas del crimen y la violencia. Desde el trabajo pionero de Arias,²² los estudiosos cada vez reconocen más que las distintas formas de interacción entre GCO y agentes estatales son factores cruciales para definir la paz y la violencia en el inframundo del crimen. En este enfoque, el Estado ya no se considera una organización homogeneizadora que intenta monopolizar la violencia, y las pandillas criminales, los cárteles de drogas y las milicias armadas privadas se conciben como organizaciones ilícitas que compiten de cierta forma para construir órdenes sociales propios en ciudades, pueblos y barrios.²³ Cuando los capos desarrollan acuerdos de colusión con agentes estatales y aprenden a coexistir con ellos, cunde la paz en el inframundo del crimen. Pero cuando los GCO compiten entre sí por territorio o por la protección del Estado —o cuando compiten contra él—, la guerra y la violencia a gran escala se convierten en la forma de interacción dominante.

Esta nueva comprensión de los GCO como actores políticos que compiten por el orden y por el control territorial subnacional nos brinda los fundamentos políticos para empezar a pensar en los posibles vínculos entre el cambio político y la paz y la violencia en el inframundo del crimen. Sin embargo, una limitación teórica importante es que en este enfoque estadocéntrico no se reconocen los regímenes políticos ni las elecciones como mecanismos de distribución del poder estatal que podrían afectar el tipo de interacción entre los agentes del Estado y las organizaciones criminales. Para desentrañar la relación entre el cambio político y la violencia del crimen organizado, necesitamos un enfoque político que reconozca la importancia analítica del Estado, de los regímenes políticos y de las elecciones en una nueva explicación de la ontología del crimen organizado y de las condiciones que propician la guerra y la paz en el inframundo del crimen.

OBJETIVOS

En este libro intentamos explicar por qué los cárteles mexicanos entraron en guerra conforme México transitó de un régimen autoritario a una democracia multipartidista, por qué la violencia se disparó durante la democracia y por qué —a lo largo de la guerra contra las drogas— los cárteles y sus socios criminales desarrollaron intereses políticos y establecieron controles políticos subnacionales de facto en grandes porciones del territorio mexicano, con lo que trastocaron la democracia local. Tratamos de explicar tres momentos cruciales en el desarrollo de las narcoguerras en México: el estallido de las guerras, la intensificación de la violencia y la expansión de la guerra y la violencia en la esfera de la política local y de la sociedad civil.

Al responder estas preguntas, necesariamente nos aventuramos en trabajo teórico y conceptual pionero. Dado que las teorías dominantes del crimen —la mayoría de ellas desarrolladas en la economía y la sociología— se han concentrado sobre todo en 1) incentivos económicos y estructuras sociales que contribuyen al surgimiento de grupos criminales violentos; 2) actividades policiales que impiden o fomentan la conducta criminal, y 3) la organización interna de los grupos criminales, se ha pasado por alto el estudio de factores políticos. Sin duda, los académicos de los estudios de la mafia y del crimen organizado reconocen que, históricamente, los GCO han surgido durante periodos de grandes transformaciones económicas y políticas.²⁴ Además, los estudios comparativos han demostrado que la violencia criminal tiende a aumentar cuando los países transitan de un régimen autoritario a la democracia.²⁵ Los politólogos que estudian el crimen organizado en Latinoamérica han empezado a desarrollar las bases teóricas para entender los fundamentos políticos de la violencia criminal. Sin embargo, nuestra comprensión de la política como posible motor de la violencia criminal a gran escala en México y otros países sigue estando incompleta si no teorizamos explícitamente sobre los regímenes políticos y las elecciones.

Al proponer un enfoque teórico nuevo que reúne al Estado, los regímenes políticos y las elecciones para explicar el estallido de guerras criminales en las democracias nuevas, esperamos contribuir a una nueva generación de trabajo académico que intenta desarrollar una ciencia política del crimen organizado y de la violencia criminal a gran escala, o lo que Barnes²⁶ llama un subcampo de la política del crimen. Para contribuir al nacimiento de un nuevo paradigma, es menester redefinir presupuestos y conceptos ampliamente aceptados, ofrecer formulaciones teóricas novedosas y construir nuevas bases de datos para probar rigurosamente si la política debería tener un papel central en el campo de la criminología. Los estudios sobre los microfundamentos de la mafia y la conducta criminal,²⁷ las guerras civiles,²⁸ y las explicaciones estadocéntricas de la violencia criminal en Latinoamérica²⁹ nos aportan una guía analítica crucial y nos sirven de base para nuestra reformulación teórica. Además, un diálogo cercano con la sociología del crimen³⁰ y con explicaciones específicas del estallido de la violencia criminal en México y Latinoamérica nos brinda aportes invaluables para considerar explicaciones alternativas.³¹

CONCEPTOS Y PROPUESTAS TEÓRICAS

Para desarrollar una nueva teoría política del crimen organizado y la violencia criminal a gran escala, primero brindamos una nueva conceptualización del crimen organizado basada en el nexo entre criminales y Estado. Luego explicamos por qué diferentes formas de asociación entre criminales y Estado varían en función de los distintos regímenes políticos. Y, finalmente, nos concentramos en las transiciones de regímenes autoritarios a la democracia para evaluar cómo los cambios en la distribución del poder político estatal por medio de la introducción de la competencia electoral pueden perturbar las interacciones entre Estado y criminales, crear incertidumbre y producir incentivos para el estallido de las guerras criminales.

Repensar la autonomía del Estado: cómo redefinir la relación entre el Estado y el crimen

A diferencia de la mayoría de los estudios que conceptualizan los GCO como empresas económicas ilegales que operan en oposición a las autoridades estatales, en este libro seguimos los estudios estadocéntricos del crimen organizado en Latinoamérica que conciben a los GCO como grupos ilegales íntimamente relacionados con el Estado.³² Partimos de un supuesto ontológico fuerte: el crimen organizado no puede existir ni operar mercados ilícitos con éxito si no cuenta con algún grado de protección estatal informal. Los narcotraficantes y los tratantes de personas, por ejemplo, requieren algún grado de complicidad estatal para transportar drogas y humanos a través de las fronteras nacionales e internacionales; requieren algún tipo de protección en caso de que los descubran y necesiten obstruir una investigación, escapar de la cárcel o simplemente seguir operando su negocio desde su celda. En ausencia de esa protección, los traficantes difícilmente prevalecerán en economías ilícitas.

En vez de suponer axiomáticamente que los GCO y el Estado mantienen una relación de suma cero —como los criminólogos llevan mucho tiempo suponiendo—, en este libro nos concentramos en las áreas en las que la esfera del crimen se interseca con la del Estado.³³ Sin duda, ni todos los agentes estatales forman parte de redes informales de protección gubernamental de delincuentes ni todos los grupos criminales buscan la protección de los agentes estatales. Pero cuando esas dos esferas se intersecan y los agentes estatales y los criminales se coluden, esa intersección crea una zona gris de la criminalidad que posibilita el surgimiento del crimen organizado. Esa zona gris es el hábitat del crimen organizado, el ecosistema en el que los GCO pueden respirar, crecer, reproducirse y triunfar. Los grupos que delinquen fuera de la zona gris son criminales del orden común y los agentes estatales que operan fuera de esta zona son agentes estatales del orden. Quizá sean represivos, sobre todo cuando usan políticas de mano dura para combatir la delincuencia, pero no están coludidos con el crimen organizado.**

Los regímenes políticos entran en juego: las bases electorales de la paz y la violencia criminales

El argumento central de este libro es que cualquier cambio importante en la esfera del poder estatal o de las políticas de gobierno que perturbe los términos de la interacción entre el Estado y los GCO puede desestabilizar la zona gris de la criminalidad, introducir incertidumbre y generar incentivos para la violencia criminal a gran escala. Puesto que los regímenes políticos y sus instituciones definen cómo se distribuye el poder estatal y las políticas públicas que adopta un Estado, la política forma parte constitutiva del crimen organizado. La política es crucial a la hora de definir si una industria criminal está dominada por una organización monopólica o si hay competencia por el territorio. Y, como los estudiosos del crimen organizado en economía³⁴ y sociología³⁵ establecieron desde hace mucho, la guerra y la paz en el inframundo del crimen dependen en gran parte de si los mercados criminales son monopólicos o competitivos.

Para comprender la dinámica de la paz y la violencia en los mercados criminales, tenemos que ir más allá del Estado y comprender cómo se distribuye el poder estatal. Ése es el mundo de los regímenes políticos. En este libro sugerimos que la zona gris de la criminalidad suele surgir en regímenes autoritarios y que está íntimamente asociada con los aparatos represivos del Estado.*** Los autócratas gobiernan por medio de la coerción y la cooptación.³⁶ Aunque la cooptación económica sea un rasgo clave de la mayoría de los regímenes autoritarios,³⁷ para mantenerse en el poder, los autócratas dependen de especialistas estatales en violencia cuyo principal mandato es reunir información sobre los disidentes políticos y castigarlos cuando se convierten en una amenaza a la supervivencia del régimen. Los especialistas en violencia de los regímenes autoritarios son miembros de unidades especiales al interior de las fuerzas armadas (o de la policía), de agencias de servicio secreto y de grupos civiles subcontratados como fuerzas clandestinas para mantener a raya a los disidentes.³⁸ Para realizar eficazmente su trabajo, estos especialistas estatales en violencia gozan de impunidad: tienen licencia del Estado para matar, torturar o “desaparecer” a sus enemigos. Sin embargo, ese poder poco común los convierte en una amenaza potencial para los gobernantes autoritarios.

Para garantizar su lealtad y para prevenir golpes palaciegos, los autócratas suelen permitir que los especialistas estatales en violencia regulen el inframundo criminal y lucren con él. Como exploraremos en los capítulos siguientes, los autócratas de México, Rusia, Guatemala, Panamá, Chile y Brasil les han dado acceso al inframundo del crimen a sus especialistas en violencia.³⁹ Mientras el régimen autoritario se mantenga estable, los especialistas estatales en violencia regularán pacíficamente el inframundo del crimen. En contraste con el supuesto generalizado de que los capos siempre tienen a su disposición ejércitos privados de sicarios para proteger a sus personas, familias y territorios, presentamos evidencia que sugiere que esto no es siempre cierto en regímenes autoritarios. En las autocracias, los capos cuentan con guardaespaldas y personal privado para su seguridad personal, pero no tienen milicias privadas para defender su territorio, porque los agentes de seguridad estatales les proveen esa protección de manera informal.

Sin embargo, cuando las estructuras autoritarias empiezan a desmoronarse, la incertidumbre de la protección estatal puede desestabilizar el inframundo del crimen. Esta incertidumbre despierta incentivos en los GCO para militarizarse; desarrollar y entrenar sus propios ejércitos privados, y prepararse para un mundo de competencia y conflicto en el que tener una milicia privada les permita defender su territorio e intentar tomar el de sus rivales. Cuando los países pasan de un régimen autoritario a la democracia multipartidista, la expansión de la competencia electoral, la rotación constante de los partidos en el poder y la descentralización y fragmentación del poder que caracterizan a la política democrática pueden convertirse en una fuente importante de turbulencia para la zona gris de la criminalidad. La democracia multipartidista estimula la redistribución del poder estatal, la remoción de personal antiguo y el nombramiento de funcionarios nuevos en gobiernos nacionales y locales que proponen políticas nuevas y desarrollan nuevas alianzas. Es por eso por lo que cada ciclo electoral puede convertirse en una amenaza importante o en una oportunidad para redefinir el poder criminal de la que surgirán nuevos ciclos de violencia criminal. La redefinición periódica del poder, las alianzas y las políticas públicas afectan la zona gris de la criminalidad, porque los GCO sólo pueden existir y prosperar cuando los grupos criminales desarrollan acuerdos informales de colusión con agentes estatales.

Las fronteras analíticas de la investigación: guerras criminales en nuevas democracias (iliberales)

Aunque las transiciones de regímenes autoritarios a democracias pueden conducir a estallidos importantes de violencia criminal, también pueden abrir trayectorias para un desarrollo comparativamente más pacífico. Que los países sigan una trayectoria de desarrollo posautoritario pacífica o violenta depende en gran parte de lo que hagan con sus especialistas estatales en violencia. Los estudios comparativos de violencia criminal sugieren que los países que previenen el estallido de violencia criminal a gran escala tras la democratización son aquellos cuyas élites llevan a cabo reformas importantes al sector de la seguridad⁴⁰ para desmantelar las redes de represión estatal y criminalidad construidas durante la era autoritaria (por ejemplo, en Nicaragua). Los países que previenen un estallido importante de violencia criminal también incluyen aquellos cuyas élites posautoritarias llevan a cabo procesos importantes de justicia transicional⁴¹ mediante los cuales logran exponer, procesar y castigar a quienes hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos (muchos de quienes también dirigían redes criminales; por ejemplo, en Argentina, Chile y Perú). Ésos son casos de transiciones a la democracia en los que la política posautoritaria va más allá de simplemente establecer elecciones multipartidistas competitivas y en los que las élites se abocan a la construcción de un Estado de derecho democrático. En contraste, los estudios comparativos de la violencia criminal demuestran que cuando las élites de las sociedades posautoritarias no llevan a cabo reformas amplias al sector de la seguridad ni un proceso ambicioso de justicia transicional, la zona gris de la criminalidad forjada durante el régimen autoritario persiste y se expande en democracia (por ejemplo, en México, Brasil u Honduras). Se trata de países que transitan de un régimen militar o unipartidista a elecciones multipartidistas sin desarrollar las bases de un Estado de derecho democrático.

México es un caso emblemático en el que las élites posautoritarias no llevaron a cabo ninguna reforma significativa al sector de la seguridad ni un proceso de justicia transicional. Es un país que vivió una transición “electoral” de un régimen de partido único a una democracia multipartidista en la que las prácticas policiales y judiciales del régimen autoritario quedaron intactas. De hecho, la transición mexicana es un ejemplo prominente de las transiciones limitadas o minimalistas que Karl categorizó como casos de “electoralismo” y que Zakaria llamó “democracias iliberales”.⁴² Se trata de regímenes posautoritarios en los que la competencia electoral multipartidista no se traduce en reformas de las fuerzas armadas, de las policías y del poder judicial ni en la construcción de sociedades de derechos. Brasil y Honduras, al igual que México, son casos paradigmáticos de transiciones limitadas que resultaron en el desarrollo de democracias iliberales. Y, aunque Guatemala y El Salvador hayan desarrollado comisiones de la verdad para indagar en su pasado represivo como mandato de sus acuerdos de paz, la adopción inmediata de amnistías generalizadas impidió la acción judicial y el desarrollo de reformas importantes al sector de la seguridad y al poder judicial para prevenir nuevos estallidos de violencia. A dos o tres décadas del inicio de la era posautoritaria, la competencia electoral en todos estos países no ha logrado generar incentivos endógenos para pasar de una democracia iliberal a una liberal.

Nuestra discusión teórica sugiere que cuando países con una larga historia de colusión entre el Estado y la delincuencia forjada durante un régimen autoritario transitan a una democracia multipartidista sin desarrollar un Estado de derecho democrático ni desmantelar las redes de colusión entre los agentes represivos del Estado y los grupos criminales, es probable que los mecanismos electorales mediante los cuales se distribuye el poder estatal se entrelacen con el inframundo criminal y se conviertan en detonadores de violencia criminal. En estas democracias iliberales, la competencia electoral, la alternancia partidista y la fragmentación y descentralización del poder político probablemente generen una incertidumbre poco común en la zona gris de la criminalidad y se conviertan en un estímulo permanente para la violencia criminal, en vez de contrarrestarla. En contra de las expectativas de Schumpeter, Popper y Przeworski, en estas democracias iliberales —en las que los especialistas estatales en violencia del régimen autoritario quedan impunes y la zona gris de la criminalidad permanece intacta—, es improbable que la selección de dirigentes por medio de elecciones multipartidistas libres y justas se convierta en un “mecanismo para resolver nuestras diferencias sin derramamiento de sangre”.⁴³

PRUEBAS EMPÍRICAS

Por qué México

En vez de comparar las trayectorias de violencia criminal en múltiples países que transitan a la democracia, este libro se concentra en el caso de México, un país en el que era muy probable que se viviera un estallido de violencia criminal, porque las élites posautoritarias no reformaron el sistema de seguridad ni el judicial heredados de la etapa autoritaria. Por diseño, el caso mexicano nos permite mantener constantes las instituciones y prácticas militares, policiales y judiciales que generaron la zona gris de la criminalidad durante el régimen autoritario. También nos permite explorar si la dinámica del cambio político-electoral en una democracia iliberal se convirtió en motor del estallido, intensificación y expansión de las narcoguerras en México, y hasta qué grado. Hacemos un examen de largo plazo y evaluamos el surgimiento y la evolución de las narcoguerras y la violencia criminal a gran escala desde la década de 1980 hasta 2012. También abrimos nuestra lente analítica para estudiar la evolución de la narcoviolencia en 31 estados y 2 018 municipios.^****

Por qué regiones subnacionales en México

Desagregar la violencia criminal en unidades subnacionales tiene ventajas teóricas importantes para el estudio de las guerras criminales.⁴⁴ Como el narcotráfico es una cadena global de operaciones locales, enfocarnos en unidades subnacionales nos permite comprender los incentivos de la paz y la violencia en el espacio geográfico más relevante en el que operan los cárteles de drogas y sus socios criminales, y en el que forjan los vínculos informales con agentes estatales que constituyen la zona gris. A lo largo del libro, somos conscientes de que los cambios a nivel global y nacional pueden afectar la industria del narcotráfico. Sin embargo, las jurisdicciones subnacionales son el espacio más significativo para visualizar la zona gris de la criminalidad; para esclarecer las conexiones probables entre la política y el inframundo del crimen, y para explicar el surgimiento y la evolución de la violencia criminal. Aunque reconozcamos la práctica común en sociología de desagregar aún más y evaluar la dinámica de la violencia en barrios urbanos, nuestro énfasis en la política electoral y en las estructuras formales complejas nos empuja a usar jurisdicciones político-administrativas (por ejemplo, estados y municipios) como unidades de análisis.

Concentrarnos en la evolución de la violencia criminal a lo largo del tiempo nos ofrece una oportunidad única para evaluar el impacto probable de la dinámica del cambio político en la naturaleza cambiante de los cárteles de la droga y en los incentivos para la coexistencia pacífica o para la guerra. Una parte crucial de la historia que se cuenta en este libro es la profunda transformación que sufrieron los cárteles mexicanos durante la transición de un régimen de partido único a una democracia multipartidista y como resultado de la guerra contra las drogas. Este cambio les permitió a los cárteles pasar de ser empresas que operaban en la industria del narcotráfico a actores territoriales armados que intentaban monopolizar varias industrias criminales y convertirse en gobernantes de facto de la población y el territorio locales. Un análisis diacrónico que reconozca la importancia del cambio temporal —a través de la lente de la historia y con modelos panel— nos permite entender las mutaciones en los objetivos de los criminales en cuanto a sus estructuras organizativas y al uso de la violencia por parte de los cárteles para cumplir sus objetivos. Como han demostrado los estudiosos de las guerras civiles, los grupos armados cambian de maneras fundamentales durante una guerra.⁴⁵

Concentrarse en la variación entre jurisdicciones subnacionales es crucial, porque la narcoviolencia en México varía a lo largo del tiempo y el espacio. Los cárteles coexistían pacíficamente en los años ochenta; entraron en guerra en los noventa y principios de los dosmil, y esas guerras alcanzaron niveles de violencia nunca antes vistos tras la intervención federal de 2007 y el inicio de la guerra contra las drogas. Pero la violencia también varió entre distintas jurisdicciones geográficas. Durante el periodo más intenso de violencia criminal (2007-2012), las ciudades más violentas en el noroeste, noreste y sur de México alcanzaron índices de homicidios más altos que los de El Salvador (el país más violento de Latinoamérica y el mundo durante el periodo de tiempo analizado), pero otras ciudades en la parte sur del país tuvieron niveles de violencia similares a los de Chile (el país menos violento de Latinoamérica).⁴⁶ El hecho de que el cambio político también variara bastante a lo largo del tiempo y el espacio facilita nuestra indagación sobre el posible impacto de la política electoral y las estructuras de poder cambiantes en la dinámica de la violencia criminal.

Datos cuantitativos

Este libro usa dos bases de datos originales construidas por nosotros: la de Violencia Criminal en México (VCM) y la de Ataques Criminales contra Autoridades Públicas en México (ACAM).⁴⁷

La VCM ofrece un conteo de todos los homicidios atribuibles a grupos del crimen organizado en México durante el periodo 1995-2012. Aunque el gobierno mexicano genere información confiable sobre homicidios, las estadísticas oficiales no distinguen entre los cometidos por delincuentes ordinarios y los cometidos por GCO durante todo nuestro periodo estudiado. Como nos interesa aislar la violencia del crimen organizado, hicimos una revisión sistemática de los principales periódicos mexicanos para documentar la violencia causada por conflictos en los que hubiera GCO involucrados. Sin duda, no se trata de un censo que mida el universo de homicidios asociados con organizaciones criminales, sino un banco de datos que usa los principales periódicos mexicanos para hacer una aproximación de la intensidad de la violencia. Para corroborar nuestros resultados estadísticos basados en los datos de la VCM, usamos fuentes alternativas de información sobre violencia del crimen organizado generadas durante periodos de tiempo limitados por el gobierno mexicano (2007-2011).⁴⁸

La ACAM es una base de datos que registra una amplia variedad de rasgos relacionados con todos los homicidios, atentados, amenazas de muerte públicas y secuestros cometidos por GCO contra funcionarios del gobierno y candidatos electorales en México durante el periodo 1995-2012. La información está basada en una revisión sistemática de 18 periódicos nacionales y subnacionales mexicanos, y dos revistas semanales especializadas. Como la mayoría de los periódicos nacionales y subnacionales dan una amplia cobertura a estos ataques de alto perfil, la ACAM es la fuente más completa de ataques criminales contra autoridades públicas y políticos en México.

Distinguir entre homicidios perpetrados por criminales comunes y los cometidos por GCO —e identificar distintos tipos de violencia y grupos diferentes de víctimas— abre una ventana única de análisis para entender la conducta poco común de los cárteles mexicanos y sus socios criminales. La mayor parte de nuestro conocimiento estadístico sobre las determinantes de la violencia criminal utiliza índices de homicidios agregados. Desarrollar bases de datos más especializadas que distingan entre perpetradores (por ejemplo, muertes atribuibles a conflictos entre cárteles y entre éstos y el Estado) y entre víctimas (por ejemplo, funcionarios de gobierno locales y candidatos electorales) nos permite identificar patrones nuevos en lo que parecen ser territorios inexplorados.

Datos cualitativos

Además de los datos cuantitativos, usamos bastante información cualitativa obtenida a partir de más de cuarenta entrevistas con exgobernadores y expresidentes municipales; exfuncionarios federales; agentes policiales y oficiales de seguridad; líderes de partidos; líderes religiosos; líderes de ONG; periodistas, y familias de víctimas, realizadas durante varias rondas de trabajo de campo entre 2014 y 2018. Hicimos estas entrevistas en la Ciudad de México y en ciudades de cinco estados: Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua y Baja California. A veces vimos a nuestros entrevistados en sus estados natales; otras, en distintos lugares de México y Estados Unidos. También echamos mano del mejor trabajo de periodismo de investigación que ha florecido durante la guerra contra las drogas y de importantes reportes de ONG mexicanas que colaboran con organizaciones e instituciones internacionales. Estas fuentes nos brindaron información cualitativa crucial para desentrañar la lógica detrás de los patrones generales medidos por medio de los datos cuantitativos, para explicar casos atípicos y para identificar los mecanismos causales que conectan los cambios en la distribución del poder electoral con la violencia criminal.

Un enfoque multimetódico

Un problema polifacético

Aunque nuestro análisis se concentre en el impacto probable del cambio político-electoral en el estallido y la escalada de la narcoviolencia, queremos dejar en claro desde el principio que no estamos proponiendo una explicación monocausal de la violencia criminal a gran escala en México.

A nivel analítico, reconocemos que la industria del narcotráfico es una cadena global de operaciones locales en la que diversos actores que trabajan en diferentes niveles se encargan de mover las drogas ilegales desde Sudamérica hasta Centroamérica y México, y de ahí hacia Estados Unidos. También reconocemos que hay varios factores que empujan a la gente de cualquier clase social a unirse a los cárteles y a sus socios criminales, y que varias causas incitan a esos grupos a usar la violencia para lograr sus metas.

A nivel empíric

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