El país del silencio

Fragmento

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Después de caminar varias cuadras, me senté en un banco del parque Balmaceda y telefoneé a uno de los agentes que había secuestrado a mi padre cuatro décadas atrás.

El otrora aviador me confirmó que estaba enterado de las razones de mi llamada y, al despedirse, me alertó que en tres semanas regresaría a su vida de refugiado político en Alès, Francia.

Andrés Valenzuela, Papudo en la sala de torturas, fue uno de los quince uniformados y civiles que nos asaltaron el 29 de marzo de 1976.

Subieron con pistolas al bus en que nos dirigíamos al colegio con mi hermano, redujeron a mi padre y lo llevaron encapuchado a las cárceles clandestinas de la dictadura, en una caravana de cuatro autos.

Nosotros teníamos seis y tres años, y una madre de veintinueve que nos abrazó, sin entender —quizá— por qué ella seguía viva.

La noticia del retorno de Valenzuela a Chile me la había transmitido unos días antes el abogado Eduardo Contreras, en un recodo de la hoy desaparecida Universidad de Artes y Ciencias Sociales, donde yo ejercía como director de posgrado.

—¿Puedes averiguar si hay órdenes de detención en su contra? ¿Necesitas hablar con él por el caso de tu padre? Queremos que declare en tribunales, por primera vez —me espetó.

A la mañana siguiente accedí a la intranet del Poder Judicial y comprobé que ningún juzgado lo requería, pese a que en 1984 había confesado los crímenes del Comando Conjunto a la periodista Mónica González.

En los albores de la dictadura, los integrantes de esa unidad secreta de las Fuerzas Armadas no solo asesinaron a Checho, mi padre. También secuestraron a dos de sus ocho hermanos.

Uno de ellos, Patricio, sobrevivió los interrogatorios y se exilió en Suecia, donde falleció en 2014, meses después del regreso de Papudo a Chile. Su otro hermano, Ricardo, fue enterrado de manera clandestina por sus verdugos en los pastizales del fuerte Arteaga en enero de 1976.

Además, en 1985, contratados como funcionarios de los equipos de inteligencia de Carabineros, algunos de aquellos agentes secuestraron desde un colegio y luego degollaron a mi tío, el profesor Manuel Guerrero, junto al sociólogo José Manuel Parada y al publicista Santiago Nattino.

También un 29 de marzo.

Papudo había vuelto, después de treinta años, con un pasaporte francés y un acuerdo no escrito de impunidad, convenido por vía extrajudicial entre abogados y jueces de derechos humanos.

Se hospedaba relativamente cerca de mi casa, a diez minutos en auto.

Los días siguientes esperé su llamada.

Y volví a leer su única y extensa entrevista, publicada en 1984 en diecisiete páginas de la ya inexistente revista Cauce.

También revisé las seis mil fojas del expediente judicial, que en 2014 aún carecía de un fallo que condenara aquellos crímenes de lesa humanidad cometidos en el siglo XX, durante los años de la Guerra Fría.

A lo largo de varias noches, anoté cada detalle que me pareció relevante en una libreta de prensa, que extravié con las mudanzas y los años.

En esos papeles mecanografiados figuraba, por cierto, mi primer testimonio, que entregué en solitario frente al juez Servando Jordán el 14 de agosto de 1979, a los nueve años.

«Nos habíamos cambiado a La Florida y todos los días salíamos al colegio a las siete de la mañana, aunque a veces mi mamá se quedaba en casa», declaré en el tribunal, según aquel registro.

»Lo único que recuerdo —proseguí ante el magistrado y un escribano— es a un hombre alto con la cara larga. También que una mujer comenzó a gritar que le habían robado su dinero. El hombre alto culpó a mi padre, pero era imposible, pues él estaba sentado con mi hermano encima. No vi nada más porque pensé: “Mi mamá se va a poner a llorar”».

Álvaro, a sus seis años, fue más gráfico ante el juzgado. «El hombre —recordó— se llevó a mi papá, apuntándole con una pistola.»

Un mes después de haber entregado nuestros testimonios, y pese a los esfuerzos diarios de nuestra madre, el magistrado sobreseyó la causa, sin respuestas ni acusados.

Y el juicio, y el destino de mi padre, fueron olvidados por la justicia durante diecinueve años, hasta que en 1998 el movimiento por los derechos humanos logró la detención del general Augusto Pinochet en Londres, ciudad que el exdictador visitaba convertido ya en senador vitalicio de la república, cargo que le reservaba la Constitución de 1980, aprobada bajo su régimen, cuando en el país no existían registros electorales.

Su captura fue una conquista inesperada, alcanzada un año después de que el juez Servando Jordán concluyera sin complicaciones su período como presidente de la Corte Suprema (ya en democracia, por cierto).

2

¿Habían arrojado en verdad el cuerpo de Checho a un río de la cordillera de los Andes como reveló Andrés Valenzuela, Papudo, a Mónica González? ¿O lo habían inhumado en un punto olvidado del desierto de Atacama desde el cual quizá podríamos rescatar sus restos como aseguraron sin pruebas las Fuerzas Armadas durante la mesa de diálogo de 2001?

¿Lo habían asesinado antes o después de que Henry Kissinger preguntara por él en un aerograma enviado en mayo de 1976 desde la Casa Blanca a la embajada de Estados Unidos en Santiago, y cuya respuesta permanece aún bajo secreto?

Después de secuestrarlo, los agentes del Comando Conjunto vendaron a mi padre y fueron con él a nuestra casa, desde donde sustrajeron casi todas las fotografías familiares.

Los vecinos presenciaron ese allanamiento, a media mañana. Vieron los fusiles en ristre y a Checho caminando a ciegas. También escucharon los gritos y las órdenes de sus aprehensores.

Mi madre regresó a mediodía a nuestro hogar, acompañada por el sacerdote belga Víctor Gislain, quien semanas después explicó en tribunales que ella «tenía miedo de ir sola».

Como los agentes habían trancado las puertas de nuestra vivienda, mi madre, María Teresa, debió subir por una escalera y entrar por las ventanas del segundo piso. Adentro todo estaba revuelto y destruido, según ella constató y denunció ante la justicia.

Dos semanas después de aquel 29 de marzo, los mismos sujetos regresaron para robar los últimos enseres que atestiguaban nuestra antigua y breve vida en familia.

Para entonces, huelga decir, nosotros ya nos habíamos refugiado en otro punto de la ciudad, compartiendo una pieza en la casa de mis abuelos maternos, aledaña al Club Hípico de Santiago.

En las primeras horas de su cautiverio a mi padre lo trasladaron a las oficinas del clausurado diario Clarín, confiscadas y convertidas en el centro de torturas La Firma, ubicado en calle Dieciocho, a unas veinte cuadras de nuestro nuevo hogar.

Desde aquel primer momento, mi madre abandonó la clandestinidad política y humana en la que se había sumergido después del golpe de Estado perpetrado el 11 de septiembre de 1973.

Recorrió calles, tribunales y hospitales en busca de un último abrazo con aquel viudo de veinticinco años, y padre de una hija, Libertad, de quien se había enamorado en 1968, antes del fascismo. También se citó con embajadores y escribió a ministros y jueces del régimen.

Para mi madre y para nosotros, los tres hijos, la muerte de Checho tuvo diversos escenarios y rituales a lo largo de los años, pese a que ella desde un inicio encaró la certeza inconfesable —e inasumible— de que él sería eliminado, incluso borrado, y que su cuerpo flagelado y descompuesto jamás nos sería devuelto.

Con los meses circularon las versiones a sottovoce de algunos sobrevivientes de los centros de exterminio. Luciano Mallea, quien luego de su captura se exilió en Australia, aseguró, por ejemplo, que durante un interrogatorio había escuchado a sus torturadores referirse a cómo habían asesinado a Checho.

La primera vez que mi madre creyó encontrar a nuestro padre fue a mediados de 1976. Tres cadáveres fueron hallados en la ribera de un afluente del río Maipo, en los faldeos cordilleranos de Santiago.

Los cuerpos, desnudos y deformados por el agua, estaban amarrados con alambres de púas en sus extremidades. El reconocimiento ocular fue imposible en la morgue.

A los pocos días, mi madre veinteañera volvió al Servicio Médico Legal con la ficha dental de Checho, que había sobrevivido tanto a las mudanzas durante los años de vida clandestina como a los allanamientos posteriores a su secuestro y desaparición.

Un tanatólogo le aseguró que no había coincidencia con ninguno de los cuerpos que permanecían sin identificar.

Hoy sabemos que hubiera sido sensato desconfiar de los informes de ese funcionario del régimen, pero esos cuerpos ya no están disponibles para una segunda constatación.

Aquellos restos maltratados, que hoy serían sometidos a pruebas de ADN, fueron enterrados en una fosa común del Cementerio General, cuya ubicación, por cierto, ya nadie recuerda.

3

Mi padre intuyó su muerte desde el 5 de septiembre de 1970, a los veintisiete años. Fue un día después de festejar en la Alameda el triunfo electoral de Salvador Allende y la Unidad Popular, junto a mi madre y sus compañeros de militancia en el Partido Comunista, además de socialistas y radicales.

Pese a la alegría de aquella madrugada, ambos tenían la certeza de que el golpe militar llegaría, como la respuesta más probable del empresariado y la derecha a la victoria presidencial de la izquierda en Chile.

Siempre supieron que el destino casi infranqueable de sus vidas políticas sería aquella tragedia colectiva.

De hecho, solo siete semanas después, el 22 de octubre de 1970, el comandante en jefe del Ejército, René Schneider, quien no estaba disponible para una asonada castrense, fue acribillado por un grupo de ultraderecha integrado, entre otros, por el excadete naval Enrique Arancibia Clavel, quien en 1974 encabezaría también el atentado explosivo contra el general Carlos Prats en Palermo, Argentina.

La idea de los complotados, comandados operativamente por los generales Roberto Viaux y Camilo Valenzuela, y financiados por Estados Unidos para cometer este crimen, era secuestrar a Schneider y provocar un golpe que evitara el ascenso de Allende al poder.1

El comandante en jefe del ejército, interceptado cuando viajaba en auto con su escolta, intentó defenderse y desenfundó su arma, pero fue herido a tiros por Jaime Melgoza, Juan Luis Bulnes y Diego Izquierdo. Su deceso se produjo tres días después.

En 1972 la Corte Suprema dictó condena para cuarenta y dos personas por su participación en el complot y dejó pendientes las penas de ocho prófugos.

En esos años, el sueño de construir un socialismo democrático en América Latina y el Caribe era inaceptable para Estados Unidos, pero también para la Unión Soviética.

Constituía un desafío para los aviones e intereses que derrocaron a Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954, cuando este enarboló la idea de una reforma agraria, y para los tanques del Ejército Rojo que sofocaron la Revolución húngara de 1956 y la Primavera de Praga en 1968, cuando aquellos movimientos propugnaron por mayores libertades políticas y otro modelo económico para sus países.

El sueño social y democrático allendista, construido durante décadas de movilizaciones populares, era inadmisible para la doctrina política y militar impuesta por el presidente estadounidense Dwight Eisenhower desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y para los intereses geopolíticos soviéticos, que requerían mantener un control sin fisuras sobre el este de Europa, además de una influencia creciente en las regiones petroleras y autócratas de África.

Entonces ¿cómo pudieron mis padres enarbolar sus sueños? ¿Qué fuerza los arrastró hacia aquellos abismos?

Mi amigo Omar Núñez, que emigró a México en 1992 para escapar de la cercenada democracia que sobrevino a la dictadura chilena, sostiene que la muerte y la resistencia se asentaron en el corazón y en el imaginario político de al menos cuatro generaciones después de la matanza en la Escuela Santa María de Iquique.

En esa jornada de protesta de 1907, obreros desarmados —de nacionalidad argentina, boliviana, chilena y peruana— fueron abatidos junto a sus familias por militares comandados por el general del ejército Roberto Silva Renard.

Aquella fue la reacción de sus patrones, del presidente Pedro Montt y del Estado chileno a la huelga que habían iniciado unos días antes por mejores condiciones de vida.

Pedían un salario de dieciocho peniques y la posibilidad de fundar escuelas para ellos y sus hijos en los pueblos salitreros, villorrios que hoy permanecen abandonados en los desiertos del Norte Grande.

Setenta años más tarde, Checho y otros tres mil doscientos hombres, mujeres y niños también fueron ejecutados, después

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