Profeta en el desierto

Alonso Salazar Jaramillo

Fragmento

Prólogo a la presente edición

Fue Augusto Leyva quien de manera más precisa le advirtió a Luis Carlos Galán que se había dado la orden definitiva para asesinarlo. Leyva —su médico personal entonces y militante de su movimiento— me contó el viaje estrepitoso que realizó de Ibagué hasta Bogotá, y cómo interrumpió una reunión de Galán en el Gun Club para decirle: «Pablo Escobar, Rodríguez Gacha y Alberto Santofimio se reunieron cerca de Ibagué para ultimar los detalles de tu muerte».

Galán recibió la noticia con estupor. Sin embargo, informaciones de ese tipo le llegaban todos los días en los últimos meses, de manera que no tomó ninguna medida especial. Más de veinte años después se sabría, según sentencia de la Corte, que lo dicho por Leyva era cierto.

Cuando se publicó este libro en el 2003, el asesinato de Luis Carlos Galán cumplía la regla general: en Colombia, en las investigaciones de los magnicidios se detienen autores materiales, pero los responsables de mayor rango —autores intelectuales, determinadores— escapan a la justicia.

Veinte años después con el caso Galán esa tradición empezó a romperse (al menos de manera parcial). Está claro que varios capos del narcotráfico y jefes paramilitares participaron, pero además se ha condenado a un dirigente político y a un general por los hechos.

El fiscal Eduardo Meza fue nombrado con el fin de investigar a Alberto Santofimio Botero. Cuando me visitó en Medellín, planteó que catalogaría a Alberto Santofimio como parte del brazo político del cartel de Escobar. La tesis la acogió un juez especializado: condenó a Santofimio a 24 años por homicidio con fines terroristas. Es una tesis que se fundamenta en varias razones. ¿De qué otra manera se puede catalogar esa relación de más de diez años, la cual incluyó la participación electoral de Pablo Escobar en su movimiento político? ¿Y la vida social compartida durante años, documentada en suficientes fuentes gráficas? ¿La representación de los intereses de los Extraditables —marca creada por el capo— en el Parlamento, en debates y en el trámite de proyectos que lo favorecían? ¿Y las ocasiones en las que de manera explícita —según testimonios validados por la Corte Suprema de Justicia—, Santofimio insistió a Escobar para que eliminara a Galán?

Galán fue el gran contradictor de Santofimio, su antípoda en una carrera política hacia la presidencia que recorrieron de manera paralela. Ambos sobresalían por su carisma, su oratoria y una formación poco común en los políticos colombianos. Pero Santofimio ya había sido detenido y acusado de defraudar al erario. Fue absuelto por falta de pruebas, pues los archivos en los que estas reposaban se incendiaron. Luego inició la relación con el cartel de Medellín y con Escobar, quien pasó de ser un Robin Hood —como alguna vez lo llamó la revista Semana—, a una especie de Osama Bin Laden, pues como este aplicó el terror a gran escala y dejó miles de víctimas.

En este caso, el fiscal Meza logró que un juez especializado condenara a Santofimio a 24 años de prisión. No obstante, su tesis fue desestimada por el Tribunal Superior de Bogotá, el cual en segunda instancia manifestó dudas sobre las pruebas presentadas. Si bien el acusado salió libre, en el proceso de casación la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo de la primera instancia:

Realmente el ánimo de Alberto Rafael Santofimio Botero estaba plagado de sentimientos de odio (hacia) Luis Carlos Galán, quien no solamente le impedía su llegada a la Presidencia de la República, sino que puso en evidencia sus vínculos delictivos, lo cual incidiría negativa y definitivamente en su carrera política.

Además de Santofimio, en las investigaciones han sido mencionados líderes liberales de la época, tales como Tiberio Villarreal, César Pérez (preso por la cruenta masacre de Segovia en Antioquia), y el fallecido exalcalde de Bogotá Hernando Durán Dussán. A ninguno de ellos se investigó por esta muerte. Se ha especulado sobre nombres de más alta representatividad en la vida política del país que pueden estar implicados, pero no han aparecido indicios que sustenten tal afirmación.

En los primeros años, las autoridades encargadas de la investigación se encargaron de enredar la piola; no quedó un hilo del cual tirar y desenredar el asunto. Luego, una carta —perdida por largo tiempo— y la colaboración de los esmeralderos, abrieron dos caminos para la investigación que resultaron fructíferos.

La carta que había desaparecido del expediente la entregó un funcionario judicial, quien participó en la investigación y la había guardado, ya que las pruebas se esfumaban del despacho judicial en ese entonces. En ella se narran de manera pormenorizada las circunstancias, los lugares y las personas que habían participado en el magnicidio. Funcionarios del DAS, de la Policía y del Ejército aparecen como responsables. La escribió uno de los autores materiales (Ever Rueda Silva), cuando constató que todos serían asesinados para borrar las huellas. Una vez mataron a sus hermanos, dejó a su madre la carta a fin de que la entregara a la Fiscalía si también él era asesinado. Así sucedió. Pero, como digo, la carta desapareció del expediente.

La familia Galán denunció durante años la impunidad que cobijaba a generales, coroneles y suboficiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que participaron en diferentes etapas: desde la ejecución del crimen, hasta la desviación de la investigación y, probablemente, el asesinato de testigos.

Con el pasar de los años se determinó que miembros del DAS, militares y policías tejieron un manto de complicidades, lo cual no deja dudas sobre el conocimiento que muchos miembros de la cúpula de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tenían sobre la conspiración. Sin embargo, algo ha cambiado desde el magnicidio de Rafael Uribe Uribe en los comienzos del siglo XX, cuando las sospechas cayeron sobre el director de la Policía, y solo se condenó a los dos obreros que clavar

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