El contenedor estalló en el puerto y su carga química se esparció por el aire de la Ciudad de Buenos Aires. Los noticieros transmitían en cadena y alertaban sobre el clima irrespirable. Los funcionarios llamaron a no salir a las calles y una suerte de pánico se instaló entre la General Paz y el Río de la Plata. Fue el 6 de diciembre de 2012. Por primera vez los porteños experimentaron (sólo por unas horas) lo que se siente ser un pueblo fumigado con agroquímicos. Lo mismo que padecen miles de localidades que experimentan las consecuencias menos publicitadas del modelo agropecuario.

De idéntica manera, y a modo de hipótesis, ¿qué pasaría si la formación petrolera Vaca Muerta estuviera en Calafate, o en Palermo o en Recoleta? ¿Harían fracking en esos lugares?

¿Qué decisión tomaría la casta política si para extraer oro y plata se debieran volar los selectos barrios de Nueva Córdoba o Cerro de las Rosas (Córdoba), Ciudad Rivera (Rosario) o el Dalvian (Mendoza)? ¿Dejarían que la minera Barrick Gold usara cianuro y explosivos en sus cercanías?

En cada lugar que se asienta el extractivismo (minería, petróleo, soja, forestales) se decide, por acción u omisión, qué territorio se sacrificará. Y, al mismo tiempo, se decide qué población es sacrificable en pos de un falso desarrollo.

Política de Estado

El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 21 millones de hectáreas. La minería también fue por más. De 40 proyectos se pasó a 600 (creció el 1.500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las corporaciones.

El neoliberalismo de la década del 90 tuvo directa relación con el “Consenso de Washington”, políticas económicas, sociales y de gobierno gestados en un diseño geopolítico diseñado en el Norte y aplicado a rajatabla por el Sur. El extractivismo en América Latina se aplica bajo el “consenso de los commodities”¹. Otra vez, políticas gestadas en el primer mundo y aplicadas por gobiernos latinoamericanos de todo signo político (desde los de derecha hasta los progresistas o de izquierda).

Como sucedió en los 90, la Argentina es un alumno modelo del consenso de los commodities.

No es la peor noticia. Este modelo continuará con los próximos gobiernos. Todos los candidatos con posibilidades de llegar a un cargo ejecutivo (provincial o nacional) apoyan el mismo esquema.

La Argentina exporta naturaleza, suma un capítulo a las Venas abiertas de América Latina², repite la historia de los espejitos de colores.

Leyes

En la última década el Congreso Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al extractivismo.

En noviembre de 2006, la Ley 26.160, que detiene los procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas, ordena relevar, en tres años, todos los territorios indígenas. El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley en dos oportunidades. A seis años de sancionada, sólo se finalizaron los censos catastrales del 12,5 por ciento de las comunidades y se utilizó el 76 por ciento del presupuesto³. En las provincias con mayor conflictividad territorial el relevamiento es escaso, y en Neuquén y Formosa no se había finalizado el trámite de ninguna comunidad.

La llamada Ley de Glaciares fue sancionada dos veces. Aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008, se interpretó como un virtual impedimento a la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de noviembre de 2008. “El veto Barrick” bautizó el entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Enrique Martínez.

En septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada formalmente Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial, prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece un plazo de 180 días para la realización del Inventario Nacional de Glaciares por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.

La norma fue frenada judicialmente por una medida cautelar presentada por la empresa Barrick Gold en San Juan. Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley. En marzo de 2013 el Ianiglia difundió una gacetilla con el “primer informe del Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis provincias, donde “se identificaron más de 4.000 glaciares que cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados”. El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación, pero nunca hizo públicos los informes completos. En noviembre de 2014, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denunció la falta de presupuesto (de 2015) para avanzar en el relevamiento de glaciares⁴.

La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla (luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal). A cinco años de la sanción de la norma, Greenpeace, FARN y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto⁵ en el que (en base a datos oficiales) evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. Entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación.

En contraposición, otras leyes y procesos administrativos sí se aplican a rajatabla y se perfeccionan.

La primera soja transgénica en la Argentina se aprobó en 1996 en base a estudios de las propias empresas. Lo propio sucedió en 2012, con otra soja de Monsanto, y también con estudios de la propia empresa. Entre 1996 y 2014 se aprobaron 28 transgénicos. El 75 por ciento de ellos (21) fue durante el kirchnerismo. Los expedientes administrativos son secretos.

Las leyes mineras, aprobadas durante el menemismo, siguen vigentes. Lo propio sucede con la ley que favorece a las empresas forestales (vencía en 2009 pero fue prorrogada por el Congreso Nacional). A fines de 2014, el oficialismo impulsaba dos leyes: de agroquímicos, que no establece ninguna distancia de precaución para las fumigaciones ni hace lugar a las decenas de estudios que confirman los efectos de los venenos agrarios; y la “ley Monsanto”, una nueva legislación sobre semillas, muy cuestionada por académicos y organizaciones sociales.

El 30 de octubre de 2014 a la madrugada, se sancionó en la Cámara de Diputados la modificación a la Ley de Hidrocarburos (27.007). Con 130 votos a favor, otorga numerosos beneficios a las empresas: plazos de concesión de hasta 45 años, concentración del mercado (quita el tope de áreas adjudicadas por empresas), regalías de sólo el 12 por ciento, tribunales extranjeros para resolver cualquier disputa. No contempla los derechos de los pueblos indígenas (más de veinte comunidades mapuches viven en Vaca Muerta) y no establece control ambiental de ningún tipo, justamente para una de las industrias más contaminantes de la historia.

Corporaciones

“No soy la Presidenta de las corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de reasunción en el Congreso Nacional.

En abril de 2009, la Presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El encuentro se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del G20. El veto a la Ley de Glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas periodísticas.

El 15 de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la Presidenta anunció: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque la Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva semilla transgénica”.

Monsanto es la mayor corporación de agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos. Dos meses después del anuncio, en agosto, el ministro de Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”).

En junio de 2013 fue el turno del “decreto Chevron” (929), que estableció normas especiales para que la petrolera estadounidense se instalase en Neuquén. Tan a medida fue el decreto que, al día siguiente de su publicación, la multinacional firmó el acuerdo con YPF.

Desde el gobierno insistieron en que necesitaba “muchos chevrones”.

Chevron, unas de las mayores compañías petroleras del mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 8.000 millones de dólares por contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos. Chevron retiró sus activos de Ecuador y se niega a pagar lo que determinaron los jueces. Chevron es una empresa prófuga de la Justicia.

Derechos humanos

El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente en Tinogasta (Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaban el paso a los camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en la Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos.

Situaciones similares se repitieron en Cerro Negro (Catamarca), Rawson (Chubut), Famatina (La Rioja), Malvinas Argentinas (Córdoba), Castelli (Chaco), Neuquén y Paraje Mondorí (Misiones).

Sólo un puñado de las decenas de represiones de los últimos años.

Y la judicialización también está presente. Sólo en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) contabilizó 347 integrantes del Pueblo Mapuche judicializados en Neuquén por defender el territorio.

En los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales): Javier Chocobar (diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (campesina de Santiago del Estero), Roberto López (qom de Formosa), Mario López (pilagá de Formosa), Mártires López (qom de Chaco), Cristian Ferreyra (Santiago del Estero), Miguel Galván (lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y la beba de diez meses Lila Coyipé (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (qom de La Primavera), Florentín Díaz (qom de Chaco).

Tanto la violencia contra asambleas socioambientales como los asesinatos de campesinos e indígenas tienen un denominador común: el silencio de la Presidenta. Nunca la jefa de Estado, ni ningún funcionario de primera línea repudiaron la violencia de los gobiernos provinciales aliados y de las corporaciones extractivas.

Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar. Los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar. “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni⁶. Y comparó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.

Chocobar, Juárez, López y Ferreyra, sólo cuatro de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.

Periodismo extractivo

La gran corporación del agro mundial anuncia que venderá una nueva semilla de soja, con más agroquímicos y, promete, “más productiva”. De inmediato, una larga hilera de periodistas repite el discurso empresario y celebra la nueva soja. No les importa la forma irrisoria de aprobación de transgénicos y agroquímicos (en base a estudios de las mismas empresas) ni mencionan la dependencia que genera al productor, ni mucho menos dan cuenta de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Se suelen autodenominar “periodistas agrarios” o, más pomposo, “del campo”.

A su imagen y semejanza crecen en los últimos años sus hermanos menores, los periodistas “del petróleo”. Aún no se autodefinen así, pero repiten el discurso empresario que disfraza al fracking como una técnica segura, repiten a coro que “no se afectarán fuentes de agua”, ocultan los desastres ambientales en todo el mundo de las mismas multinacionales que llegan al país. Y hasta justificaron en 2013 la feroz represión de la policía neuquina frente a la legislatura provincial. Combinación de mala praxis y complicidad.

Periodistas que celebran el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol (por YPF) y no mencionan el vaciamiento empresario ni el enorme pasivo ambiental, que podría disminuir radicalmente la tasación. Que amplifican sin chistar la voz empresaria y silencian (o chicanean) la violación de derechos humanos de la que son víctimas los pueblos indígenas. Periodistas que llaman despectivamente “ambientalistas” a madres fumigadas que vieron morir a sus bebés, a militantes que defienden su lugar de vida frente al avance minero, a familias enteras que no quieren ser desalojadas por represas o emprendimientos forestales.

Primera coincidencia: las corporaciones (agropecuarias e hidrocarburíferas) distribuyen generosas pautas en programas de radio y cable. La pauta no compra la línea editorial, pero sí la condiciona. Las voces críticas ya no aparecen como antaño, o directamente ya no aparecen.

Segunda coincidencia: los periodistas del agro nunca visitan a familias campesinas, blanco de fumigaciones y desalojos. Los periodistas petroleros nunca asoman la nariz en las comunidades mapuches con metales pesados en sangre y muertos, producto del accionar petrolero. El periodismo de escritorio valora distinto el padecer de la clase media urbana (de la que se sienten par) que el sufrir de un campesino o de un indígena.

La línea editorial de los medios siempre es clara. Pero a ningún periodista se lo obliga a decir lo que no cree o, peor, nadie los obliga a mentir.

Los periodistas no pueden alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. ¿Por qué un redactor repite el discurso de las multinacionales del agro e invisibiliza las consecuencias de ese modelo? ¿Qué lleva a mimetizarse con un jerarca petrolero y a chicanear a un vocero mapuche que relató cómo las compañías arrasaron su territorio y diezmaron a su pueblo?

Los periodistas agrarios y petroleros son parte del modelo extractivo que comandan corporaciones y gobiernos. El colega y docente de periodismo Adrián Figueroa Díaz escribió sobre la raíz del problema: “El periodismo oficialista y opositor defiende los intereses del poder político y publicitario/empresario. ¿Por qué? Porque no lo cuestiona. ¿Por qué? Porque vive de ellos. ¿Por qué? Porque no les importa una lucha que le es ajena y desconocida. ¿Por qué? Porque casi ninguno de esos presentadores de noticias y editorialistas da ninguna lucha. Y esta cuestión clasista dentro de la profesión se evidencia en la moralina de cuarta del clasemediero básico que utilizan. Los medios y los periodistas más publicitados se ratifican como reaccionarios de las luchas sociales”.

Entre los aciertos de los últimos años sobresale el debate sobre el rol de los grandes medios de comunicación. Ha quedado claro para toda la sociedad, quizá como nunca antes, que se trata de empresas que privilegian sus intereses económicos y políticos por sobre cualquier otro valor.

Lo que sigue pendiente, y urge discutir, es el rol individual de los periodistas de esos medios. No sólo de las “grandes firmas”, sino de todos los que somos parte de esos medios. Los trabajadores de prensa nos debemos una autocrítica profunda y de cara al pueblo, sobre todo se la debemos a quienes padecen la violación de derechos y no encuentran eco en los periodistas. Y la autocrítica también se la debemos a la nueva generación de colegas, para que tengan claro que los periodistas no somos voceros del poder político ni del poder económico.

Democracias selectivas

El derecho, y el deber, de votar. Así lo tatuaron en la conciencia. Primero fueron las Ciencias Sociales (en la escuela primaria). Luego Educación Cívica (secundaria). Y la materia Sociedad y Estado (en la facultad).

Misiones votó en 1996 ante la propuesta (de nación y provincia) de construir la represa de Corpus. Se inundarían miles de hectáreas y afectaría a miles de personas. En abril de 1996, el 88 por ciento de la población de Misiones rechazó la hidroeléctrica.

El 23 de marzo de 2003, la población de Esquel rechazó la instalación de un proyecto minero de la canadiense Meridian Gold. Ocho de cada diez personas dijo “no” a la cuestionada actividad. El 3 de junio de 2012, el pueblo neuquino de Loncopué fue a las urnas por un proyecto minero de una empresa china. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde hace medio siglo, puso todo su aparato para que la población aceptara la actividad extractiva. El 82 por ciento rechazó que le impongan la megaminería.

En Calingasta (San Juan) se convocó a elecciones en tres oportunidades (2005, 2006 y 2007). Y las tres veces fue suspendida por la acción coordinada de un juez del Poder Judicial y del gobernador José Luis Gioja. Dos personas decidieron por sobre 8.500 habitantes.

Andalgalá, localidad catamarqueña donde hace veinte años se instaló Minera Alumbrera (extrae oro y cobre), estaba a punto de votar el 25 de mayo de 2010. La población iba a decidir el futuro del proyecto minero Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad). Fue suspendido por el Poder Judicial a solicitud del gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Dos personas decidieron por 18.000 personas.

En Misiones, por ley provincial, el gobernador debe llamar a elecciones por nuevos emprendimientos hidroeléctricos. En septiembre de 2013, cientos de misioneros caminaron durante una semana por rutas provinciales y llegaron hasta Posadas con un solo reclamo: que el gobernador Maurice Closs cumpla la ley y llame a votación para decidir el futuro de la hidroeléctrica Garabi. Estudios oficiales precisan que se inundarán 40.000 hectáreas y desalojará a 2.500 familias. El gobernador aún no cumplió la ley y no llamó a elecciones. Una persona decide por un millón de habitantes.

En Malvinas Argentinas (Córdoba), la multinacional Monsanto planea instalar su mayor planta de maíz transgénico de América Latina. Cuenta con el apoyo de los tres niveles de gobierno: la Presidenta (Frente para la Victoria), el gobernador José Manuel de la Sota (PJ, enfrentado con el Ejecutivo Nacional) y el intendente Daniel Arzani (Unión Cívica Radical). Instalará al menos 240 grandes silos y usará agroquímicos en cercanías de casas, escuelas y centros de salud.

La asamblea de vecinos Malvinas Lucha por la Vida exige poder votar. El 27 de noviembre de 2012, el Concejo Deliberante debía tratar un proyecto de ordenanza presentado por los vecinos para llamar a plebiscito. Los concejales (siete) no dieron tratamiento y una patota (con vía libre de la policía) atacó a los asambleístas.

Intendente y gobernador rechazan el llamado a votación.

En Neuquén se ubica la formación llamada “Vaca Muerta”, señalada por empresas y gobiernos como una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales (requiere la cuestionada técnica de “fractura hidráulica”). El gobierno nacional firmó un acuerdo con la estadounidense Chevron. Pero necesitaba la aprobación de la Legislatura de Neuquén.

Distintas asambleas socioambientales, organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda propusieron un plebiscito para que el pueblo neuquino decidiera si aceptaba la llegada de Chevron y la explotación de Vaca Muerta.

En julio de 2013 la consultora Aresco había realizado una encuesta en Neuquén. El 52 por ciento se mostró “poco-nada de acuerdo” con la asociación YPF-Chevron, el 46 por ciento estuvo “poco-nada de acuerdo” con la utilización de la técnica de fractura hidráulica (“fracking”) y el 57 por ciento afirmó que el acuerdo YPF-Chevron era “poco-nada transparente”.

El gobierno provincial rechazó cualquier posibilidad de plebiscito.

El 28 de agosto se votaba en la Legislatura de Neuquén el pacto Provincia-YPF-Chevron. Hubo una masiva movilización. Y una respuesta gubernamental: gases lacrimógenos y balas de goma. La represión duró cinco horas. Ese mismo día, 25 legisladores neuquinos decidieron por toda una provincia (550.000 habitantes).

La clase media urbana infla el pecho de orgullo por votar cada dos años, pero maldice cuando le corta la calle un qom que lucha por la tierra, un desocupado o un trabajador que exige derechos.

Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda. Las clases medias urbanas miran para otro lado. Les preocupa tener combustible para el auto y electricidad para el aire acondicionado. Y minimizan el costo si lo pagan comunidades indígenas y familias campesinas con represión y destierro. Dan vuelta la cara si parajes y pueblos enteros deben ser desplazados por el extractivismo. Se horrorizan si se cortan árboles en la porteña avenida 9 de Julio, pero no les importa si en el norte del país se arrasan un promedio de 32 hectáreas por hora. Se ponen histéricos y corren si un contenedor del puerto de Buenos Aires hace llover agroquímico por unas horas, pero no les importa que millones sean fumigados a diario porque “la soja trae dólares y los necesitamos”.

En la Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 se realizaron siete elecciones presidenciales y otras siete legislativas.

Los partidos que acumulan mayor cantidad de votos (y que aspiran a cargos ejecutivos) hacen campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.

El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.

Curiosas piruetas del establishment político. Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.

Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.

Tiempos de votos calificados y democracias selectivas.

Derechos de sólo un domingo cada dos años. Democracias raquíticas.

Vida

A fines de la década del 90 e inicios de 2000, la mayor conflictividad estaba dada en zonas urbanas, que pedían ser incluidas en el mercado de trabajo. Enorme desocupación y pobreza, días de corralito bancario y crisis. Tiempos de la efímera consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola”. Las mejoras económicas de la última década disminuyeron la conflictividad urbana de sindicatos, organizaciones sociales, movimientos de desocupados. En paralelo, se incrementó la lucha de pueblos indígenas, campesinos, asambleas socioambientales. La disputa no es por mejoras económicas (que son igualmente necesarias) sino por el territorio, el lugar de trabajo, la cultura, la historia y el futuro de esos pueblos.

La lucha contra el extractivismo no se trata sólo de una lucha ambiental (como muchas veces se la quiere acotar). Es una acción que cuestiona el paradigma de (supuesto) desarrollo, interpela al poder político y económico, y desnuda los límites conservadores de la democracia actual.

Esquel y Gan Gan (Chubut), Loncopué y Loma Campana (Neuquén), Colonia Delicia (Misiones), Gualeguay­chú (Entre Ríos), Malvinas Argentinas (Córdoba), Ruta 81 (Salta), Victoria (Entre Ríos), Esteros del Iberá (Corrientes), Rodeo y Calingasta (San Juan), Paraje San Nicolás (Santiago del Estero) y la comunidad qom La Primavera (Formosa). Sólo algunos de los cientos de lugares de la argentina profunda donde se da una lucha de fondo.

Una lucha que, de manera literal, es por la vida.

PETRÓLEO

1
Caso testigo. Loma La Lata

Agua con gusto a nafta. Tierra que huele a solvente.

Es la situación en el territorio mapuche de la comunidad mapuche Kaxipayiñ, con un subsuelo que es la mayor reserva de gas de la Argentina, también conocido como yacimiento Loma La Lata.

La comunidad Kaxipayiñ enfrenta desde hace cuatro décadas un proceso de violación de derechos y son la prueba viviente de la contaminación. Metales pesados en sangre, abortos espontáneos, cáncer, diabetes y cegueras.

Frente al patio de sus casas, el blanco de sus denuncias: la planta de gas Mega, gigantescas cañerías y tanques de diez metros de alto que sobresalen en la estepa patagónica.

La tierra es rojiza. Sólo hace falta tomar un puñado y confirmar que está impregnada (de manera literal) con un fuerte olor a solvente. El agua, fósforo mediante, enciende como nafta.

“Es el corazón de la contaminación, pero no nos afecta sólo a nosotros. Llega a quienes parecen dormidos, río abajo, a Neuquén capital”, avisa el inan logko (segunda autoridad de la comunidad), José Cruz Cherqui, y señala que Loma La Lata ya contaminó los lagos Los Barreales y Mari Menuco, que proveen de agua a la capital provincial.

La comunidad apunta a cuatro responsables: Repsol, YPF, gobierno provincial y nacional.

Volver al origen

A una hora de la capital neuquina, 80 kilómetros, sobresalen las bardas rojas de diversos tamaños y formas moldeadas por el viento patagónico, permanente y fuerte, que alivia el sol del verano.

Desde la ruta se observan enormes tanques plateados, verticales, y cañerías amarillas que suben, bajan, y forman extrañas figuras. Con el fondo de la estepa patagónica y sierras rojas, las plantas compresoras contrastan demasiado. Parecen naves espaciales, brillantes.

La camioneta deja la ruta, gira a la derecha y toma un camino de ripio ancho, en perfectas condiciones. Luego comienza a bajar y bordear las pequeñas sierras. Tierra rojiza, también ripio, y jarillas. Y caños amarillos, de cinco pulgadas y dos metros de alto, diseminados por todo el territorio. Ventean el hidrocarburo. Son parte del paisaje petrolero.

Diez minutos desde la ruta. Una tranquera y un cartel prolijo, en forma de arco: “Kaxipayiñ” (“volver al origen”, en idioma mapuche), un árbol centenario y una construcción rectangular de material, blanca, amplia. El salón de reuniones de la comunidad.

Cuatro hombres: el logko (máxima autoridad) José Luis Cherqui, inan logko (segunda autoridad) José Cruz Cherqui; el werkén (vocero) Gabriel Rolando Cherqui y David Cherqui (segundo werkén).

Presentaciones de rigor. Y Gabriel Cherqui va directo al tema: “Para ellos era territorio de nadie e hicieron lo que quisieron. Destruyeron todo y se llevaron todo. A costa de lo que fuera necesario, a costa de la madre tierra, a costa de nuestra vida. Desde que llegaron no pudimos dormir más tranquilos”.

Desde 1977

Loma La Lata es el mayor yacimiento de gas de la Argentina y uno de los más importantes de Sudamérica. Con una superficie de 30.000 hectáreas, fue descubierto en la década del 70 y el primer pozo fue perforado en 1977 por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La confirmación de las enormes reservas de gas cambió la estructura energética del país, que luego se complementó con la construcción de gasoductos Centro Oeste y Neuba II.

“Nuestros mayores nos contaron que no se sabían los derechos que teníamos. Y a la empresa y los gobiernos comenzaron a correr a las familias, a amenazar, distintas formas de violencia”, recuerda Cherqui.

Los pozos se multiplicaron. Y también los piletones de desechos. Camiones y campamentos petroleros cambiaron radicalmente la vida de la comunidad.

Cherqui explica que el ganado caprino comenzó a morir (por el agua contaminada y por caer en los piletones), que los ruidos alejaron a la fauna que servía de alimento (guanacos, choikes, liebres) y que la agricultura se volvió cada vez más difícil por la escasez de agua.

“Las petroleras necesitan energía. Y ahí les hicieron las represas, nos inundaron con (el lago) Los Barreales. Nunca pidieron permiso a nadie. Nos echaban el agua como cuando le echan agua a las ratas para que se vayan. Los espacios ceremoniales, los recuerdos, el espacio de vida y trabajo de crianceros y de la comunidad quedó bajo el agua”, se enoja el vocero.

El despertar

El salón es amplio y luminoso. Los cuatro dirigentes mapuches se sientan del mismo lado, una mesa funciona como escritorio. Del otro lado, bien diferenciados, los visitantes. El más joven (David) no hablará en toda la entrevista. Cherqui será siempre la voz más escuchada. Articula el discurso, interviene cuando los demás referentes amagan decir algo inconveniente o políticamente incorrecto, piensa detenidamente cada respuesta. Sabe que hay un grabador prendido. Mide las respuestas. El inan logko circula el mate.

Recuerdan que para fines de la década del 80 ya eran comunes enfermedades que nunca antes habían aparecido en la zona. Cegueras, diabetes, cáncer. Todos apuntaban a la misma causa, la riqueza del subsuelo y la explotación empresaria.

El quiebre final lo establecen en 1991. “Un día vimos que un par de topadoras y excavadoras bajaban la barda hacia el lado de las casas. La abuela estaba sentada afuera. Le dijeron que teníamos que corrernos porque las cañerías del nuevo gasoducto iban a pasar por donde estaba la casa. Era demasiado ya”, relata el werkén (vocero).

Los ancianos llamaron a reunión de hijos y nietos. Se organizaron. Dijeron que no se corrían e YPF cambió la traza. Fue el comienzo del despertar.

Hacía décadas que eran comunidad, pero quisieron contar con documentación que lo acreditara. Primera traba, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), mediante la Dirección de Asuntos Indígenas, les dijo que no se podía, que en Neuquén ya no había más comunidades mapuches. Les ofrecieron a cambio ser una Asociación de Fomento Rural (AFR), que nuclea a crianceros y campesinos.

No aceptaron negociar su identidad.

Y comenzó el acercamiento con Newen Mapu, una de las comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN). Se hicieron asambleas, fortalecieron el proceso organizativo y, en 1996, ya eran legalmente comunidad mapuche. “Al Estado neuquino no le gustó”, sonríen los cuatro dirigentes.

YPF había sido privatizada por Carlos Menem. Ya era Repsol/YPF.

Y comenzó la construcción de la planta procesadora de gas Mega (la nave espacial gigante que se visualiza a la entrada de la comunidad), con participación de Dow Chemical, Petrobras y Repsol.

“Les hicimos frente, fuimos a pararlos de a caballo, nos cruzábamos delante de las máquinas. Éramos cuatro o cinco, pero terminamos siendo 600. Fueron 43 días de corte, de resistencia. No teníamos nada, ni para comer, pero estuvieron muchas comunidades mapuches y compañeros no mapuches”, detalla Cherqui.

Hubo órdenes de desalojo, presencia de Gendarmería Nacional e intento de represión. Pero se llegó a un acuerdo. La comunidad cedió 103 hectáreas para la construcción de Mega. A cambio, el gobierno provincial se comprometió a entregar el título de propiedad en 180 días y las empresas dieron dos camionetas y 20 mil pesos.

Pero no hubo milagro: el gobierno provincial nunca entregó el título.

Cherqui reconoce que el acuerdo fue desfavorable para la comunidad, lamenta haber entregado parte de un territorio mapuche, aunque también rescata que fue la primera vez que empresas y gobiernos firmaron un acuerdo con una comunidad indígena para explotar recursos naturales. Lo entendieron como un precedente para todos los pueblos indígenas. “Fue un espacio sacrificado por la lucha del pueblo mapuche”, evalúa a la distancia. Y subraya: “Provincia y empresa reconocen en el acuerdo que el territorio es nuestro, eso para nosotros fue y es importante, aunque no haya título”.

La comunidad Kaxipayiñ reivindica como propias al menos 20.000 hectáreas (incluidas las que fueron inundadas con los lagos de la represa). En la actualidad cuentan con uso efectivo de 6.800 hectáreas.

De Loma La Lata nacen gasoductos que alimentan de gas a Neuquén, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Buenos Aires. Pero el gas no llega a los mapuches de Kaxipayiñ, que cocinan y se calefaccionan a leña o, en el mejor de los casos, con garrafas.

Camino judicial

La comunidad Paynemil (vecino de Kaxipayiñ) realizó en 1995 una perforación para extraer agua. En lugar de agua brotó una mezcla extraña de agua e hidrocarburos que, incluso, se prendía fuego. Ese fue el detonante. Y se sumó a las denuncias que ambas comunidades habían realizado por las continuas enfermedades de los niños.

La Defensoría de Menores de Neuquén, en representación de los niños de las comunidades, inició una causa civil en 1997 para exigir al gobierno provincial (“asociado” por regalías con las empresas petroleras, y en su momento corresponsable junto con la administración nacional del contralor de su actividad) la provisión de agua potable, primero de emergencia y luego también definitiva y suficiente para las familias.

La demanda pidió también que se brindara (previo diagnóstico) seguimiento y atención médica a los niños y jóvenes, que se proveyera un régimen definitivo de agua sana y apta, y que se implementaran acciones tendientes a prevenir e impedir la contaminación del agua, del suelo y del aire.

En abril de 1997, la Justicia hizo lugar al pedido y ordenó al gobierno de Neuquén proveer agua inmediatamente y de manera permanente, realizar estudios médicos a todos los niños y tomar las necesarias para asegurar la preservación del ambiente.

El gobierno apeló dos veces. Pero el fallo fue confirmado por la Cámara en lo Civil y luego por el Tribunal Superior de Justicia.

El gobierno no cumplió con la sentencia.

Estudios

Como en toda actividad extractiva, empresas y funcionarios suelen excusarse con la falta de pruebas que den cuenta de la contaminación. Es el lugar común de la negación extractiva.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en 1998 un informe ambiental sobre la contaminación petrolera en Añelo y Pehuenches (en cercanías a Loma La Lata). Confirmó la contaminación y concluyó que debía resarcirse con 900 millones de dólares al Estado provincial. El gobierno nunca reclamó la indemnización y las empresas nunca pagaron.

En noviembre de 2001 se presentó en la Universidad Nacional del Comahue un estudio del laboratorio alemán Umweltschutz Nord. La investigación, de más de mil páginas, focalizó el trabajo en el impacto de la explotación hidrocarburífera sobre el ambiente y la salud en Loma La Lata.

Confirmó la presencia de 30 metales pesados en la sangre y tejidos de los pobladores de Kaxipayiñ y Paynemil, síntomas del envenenamiento; fuertes dolores de huesos; dificultad de movimiento; dolores crónicos de cabeza; trastornos renales, hepáticos y digestivos; patologías broncopulmonares; afecciones cardiovasculares, neurológicas y alérgicas, entre otras consecuencias. “Los restos de metales pesados en la zona investigada son 700 veces más altos de lo permitido por la legislación nacional”, afirmó el trabajo.

La comunidad comenzó a contabilizar muertes y enfermedades desde 2000. Se repetían abortos espontáneos, casos de diabetes, cáncer y muertes. En 2012 murieron cinco personas. Gabriel Cherqui sufrió la muerte de un bebé, le diagnosticaron “malformación genética”. José Cruz Cherqui, inan logko (segundo jefe), perdió dos bebés y una nieta. Afirma que el 70 por ciento de la población tuvo distintos niveles de pérdida de visión.

Exige que sean enjuiciados los políticos y los empresarios. Apunta principalmente a Guillermo Coco (ministro de Energía y Ambiente) y al gobernador Jorge Sapag: “Son los responsables intelectuales de nuestras muertes, son responsables del genocidio ecológico que se comete en Loma La Lata”.

El laboratorio alemán recordó que la propia Repsol/YPF reconoció la contaminación en 1996, cuando contrató a la firma Laqui SRL para la realización del estudio “Contaminación del Freático con Gasolina, Estudio y proyecto de Recuperación”. Ese trabajo vincula la contaminación del acuífero con la “pileta de efluentes ubicada frente a la Administrac