Testimonio de gratitud

Mientras preparaba la primera edición de este libro, viví en España durante más de tres años e hice muchas visitas cortas posteriores. No es de sorprender que, dada la cordialidad de los españoles en general, contrajera una serie de deudas de gratitud por las que una vez más quisiera expresar mi agradecimiento.

Muchas horas de conversación con dos participantes en los acontecimientos que aquí se describen me ayudaron a comprender la brutalidad cotidiana de la vida rural española en los años treinta. Miguel González Inestal fue uno de los mayores expertos del movimiento libertario en cuestiones agrarias. Ignacio Arenillas de Chaves, marqués de Gracia Real, fue un terrateniente monárquico de Salamanca que intervino activamente en Acción Popular y en la Comunión Tradicionalista. Tras la Guerra Civil, su experiencia como abogado defensor en el proceso de Julián Besteiro junto con la negativa de Franco a restaurar la monarquía le inclinaron a adoptar una posición crítica sobre el papel de la derecha durante los años treinta. Ambos fueron más generosos en tiempo y en información de lo que un joven y desconocido historiador extranjero podía haber esperado.

Dos amigos, y a la vez estudiosos de estas materias, me ayudaron a no ver España con la mirada de un inglés. Durante muchos años, Jerónimo Gonzalo me ha prodigado ideas, hospitalidad y amistad. Joaquín Romero Maura ha profundizado mi sentido de la historia española y me ha enseñado mucho sobre la investigación en general. Sin querer implicarles como cómplices de los defectos de este libro, quiero reiterarles mi agradecimiento por su contribución a él.

Norman Cooper, Frances Lannon y Martin Blinkhorn se tomaron un trabajo considerable leyendo y comentando el texto de la primera edición. Christopher Seton-Watson supervisó con inagotable paciencia la tesis doctoral en la que se basa este libro. Hugh Thomas me mostró una gran amabilidad con libros y con asesoramiento cuando comencé mi investigación. El fallecido Herbert R. Southworth durante muchos años puso a mi disposición con gran generosidad los incomparables recursos de su biblioteca y de sus conocimientos de la derecha española. También me he servido de las sugerencias y las críticas de los siguientes amigos y colegas: el fallecido Edward A. Bayne, Juan José Castillo, Elías Díaz, Juan Pablo Fusi, Juan García Durán, Gabriel Jackson, Joe Harrison, Alistair Hennessy, el fallecido James Joll, Victor Kiernan, Edward Malefakis, José Ramón Montero Gibert, Eduardo Sevilla Guzmán y Ángel Viñas.

Desde la publicación de la primera edición he sacado un gran provecho del contacto con muchos de los historiadores españoles que están trabajando en este periodo, especialmente José Manuel Macarro Vera en Sevilla, Salvador Forner en Alicante, Francisco Moreno Gómez en Córdoba y Julio Aróstegui en Madrid. También tengo una gran deuda intelectual con Santos Juliá, responsable de algunos de los más importantes avances de la historia de la izquierda durante la Segunda República. He tenido la mayor satisfacción y he sacado buen provecho de la continua colaboración con mis amigos Julián Casanova de Zaragoza, Enrique Moradiellos de Oviedo e Ismael Saz de Valencia, primero durante el tiempo que permanecieron como investigadores en Londres y después en España. Entre el grupo creciente de especialistas británicos sobre España que han influido en mi pensamiento a través de sus trabajos y que me han animado a continuar con el mío, querría mostrar mi agradecimiento a Helen Graham, Sheelagh Ellwood, Paul Heywood, Adrian Shubert y Nigel Townson.

Si no hubiera sido por el amable empuje del profesor Robert F. Lesley cuando yo acababa de ser nombrado agregado del Queen Mary College, puede que este estudio no hubiera visto nunca la luz. Sin embargo, lo hizo con la mejor intención y ni él ni ninguno de los citados anteriormente son responsables de los juicios o de los errores contenidos aquí.

Glosario de siglas

ACNP: Asociación Católica Nacional de Propagandistas, organización de élite de prominentes católicos de derechas, con influencia en la prensa, la judicatura y los círculos profesionales, vinculada a Acción Católica.

ASM: Agrupación Socialista Madrileña, sección del PSOE en Madrid, un baluarte de la izquierda socialista.

BOC: Bloc Obrer i Camperol, de tendencia trotskista, liderado por Joaquín Maurín, que se unió al POUM en 1935.

CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas, agrupación política de la derecha legalista.

CMI: Círculo Monárquico Independiente, organización monárquica cuya aparición en mayo de 1931 desencadenó la quema de iglesias en el país.

CNCA: Confederación Nacional Católico-Agraria, organización del campesinado minifundista católico en el norte y centro de España, que constituyó la base de la CEDA.

CNT: Confederación Nacional del Trabajo, anarcosindicalista.

DRV: Derecha Regional Valenciana, liderada por Luis Lucia Lucia, sección valenciana de la CEDA.

FAI: Federación Anarquista Ibérica, vanguardia insurreccional del movimiento anarquista.

FJS: Federación de Juventudes Socialistas, movimiento de juventudes del PSOE, que se fusionó con las juventudes comunistas en abril de 1936 para formar las JSU.

FNTT: Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, sindicato de trabajadores de la tierra de la UGT.

JAP: Juventud de Acción Popular, milicias uniformadas de las juventudes de la CEDA.

JSU: Juventudes Socialistas Unificadas, colectivo de las juventudes socialistas y comunistas.

PCE: Partido Comunista de España.

POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista, grupo de disidentes comunistas del BOC y de la Izquierda Comunista, que unieron sus fuerzas a finales de 1935 para crear una alternativa revolucionaria al PSOE y el PCE.

PSOE: Partido Socialista Obrero Español.

SOMA: Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, afiliado a la UGT.

UGT: Unión General de Trabajadores, organización sindical del movimiento socialista.

Prólogo

La salida de España de Alfonso XIII estuvo acompañada por una explosión de alegría popular y una expectación excesiva de que el nuevo régimen pudiera remediar las injusticias y deficiencias políticas tanto de la monarquía como de la dictadura del general Primo de Rivera. La victoriosa coalición republicana socialista se proponía emprender una serie de reformas sociales y construir una España moderna, libre de las influencias reaccionarias de la Iglesia católica y de las Fuerzas Armadas. La debilidad central de la República estribaba precisamente en el hecho de que se planteara un abanico tan amplio de reformas en un momento de grave crisis económica. Por tanto, la República comenzó su vida con una coalición gubernamental dispar que había asumido la tarea de destruir la influencia reaccionaria de la Iglesia y el ejército, crear relaciones laborales más equitativas, acabar con los poderes casi feudales de los latifundistas y satisfacer las demandas autonómicas de los regionalistas vascos y catalanes.

Una de las consecuencias de la anulación de la Constitución de 1876 por la dictadura de Primo de Rivera fue la desaparición de los partidos Conservador y Liberal. Por tanto, a la llegada de la República, la derecha se encontró temporalmente carente de organizaciones políticas eficaces. En cierto sentido, la clase alta y numerosos sectores de la clase media tuvieron que admitir el exilio de Alfonso XIII porque no tenían otra alternativa aunque sí acariciaron la esperanza de que, sacrificando un rey y tolerando un presidente, podrían evitar mayores desgracias en términos de reformas sociales y económicas. Aunque el advenimiento de la República significó que por primera vez el poder político hubiera pasado de la oligarquía a las izquierdas moderadas, la clase conservadora todavía tenía otros instrumentos para proteger sus privilegios. Para obstaculizar el proyecto reformista republicano socialista dispondría del poder económico, la propiedad de los bancos, de la industria y de la tierra, y del poder social, el control de los medios de comunicación, la prensa y la radio, el sistema de enseñanza, que en gran parte era privado. Además, los amos del poder social y económico disponían del poder persuasorio de la Iglesia y el monopolio de la violencia en manos del ejército y la Guardia Civil en su determinación de impedir cualquier ataque contra la propiedad, la religión o la unidad nacional. En este sentido, las semillas de la guerra estaban ya presentes en las esperanzas de la izquierda y en el miedo y el resentimiento de los elementos de la derecha amenazados.

Las esperanzas de los socialistas eran relativamente moderadas. Los líderes de la UGT y del PSOE sabían que la implantación del socialismo era un sueño lejano y buscaban simplemente una mejora de las condiciones de vida de los braceros del sur, los mineros asturianos y otros sectores de la clase obrera industrial. Su moderación sería vana porque los grandes latifundistas y propietarios de las minas consideraban cualquier intento de reforma como una agresión intolerable contra el reparto existente del poder social y económico. Sin embargo, en los primeros dos años de la República, antes de darse cuenta de que estaban atrapados entre las exigencias de las masas impacientes y la tenaz hostilidad de la derecha ante cualquier tipo de reforma, los socialistas colaboraron con la República en un espíritu de autosacrificio y optimismo.

El compromiso de la República de mejorar las condiciones de vida de los más pobres implicaba una importante redistribución de la riqueza. En medio de una depresión económica mundial, los aumentos salariales y el coste de mejores condiciones de trabajo no podían ser simplemente compensados por mayores beneficios. De hecho, en una economía en proceso de contracción, las reformas humanitarias parecían desafíos revolucionarios al orden económico establecido. En las provincias latifundistas del sur, los terratenientes no solo hicieron caso omiso de la nueva legislación reformista, también empleaban guardas armadas para intimidar a los obreros que protestaban. Además, tanto a nivel nacional como en provincias, las poderosas redes de prensa y canales de radio de la derecha empezaron a presentar a la República como responsable de los problemas de la economía española y de las respuestas a veces violentas de las masas frustradas por la falta de cambio social.

En este conflicto y en la manera en que fue interpretado y tergiversado por la derecha se encuentran las semillas de la destrucción de la democracia entre 1931 y 1936. Reconozco que la Guerra Civil española no fue una, sino varias guerras. Lo que intenta demostrar este libro es que el conflicto social y sobre todo el agrario —endémico desde hacía siglos y que se hizo crónico durante la Segunda República— debe verse como el más decisivo de los diversos enfrentamientos dentro de la guerra civil que estalló en 1936. Esto no significa que se pueden descartar otros conflictos entre católicos y anticlericales, entre regionalistas y centralistas —especialmente militares— o entre obreros y patronos industriales. La compleja interacción de intereses religiosos, ideológicos y económicos no se puede reducir a una sola fuerza motora. Es evidente que los carlistas navarros o los nacionalistas vascos se vieron obligados a aferrarse a las posturas que adoptaron por motivos distintos del antagonismo social de Andalucía y Extremadura. Con todo, ningún enfrentamiento social o ideológico de los años treinta puede compararse en amplitud o alcance con el problema agrario.

Los dos mayores partidos de masas de la Segunda República —el Partido Socialista Obrero Español y la católica y autoritaria Confederación Española de Derechas Autónomas— encontraron suficiente apoyo electoral en el campesinado: el PSOE entre los braceros sin tierras del sur y la CEDA entre los pequeños terratenientes del centro y del norte. Ambos partidos canalizaron los conflictos agrarios de estas zonas hasta convertirlos en una cuestión de política nacional, cuyo efecto polarizador iba a rebasar con mucho sus propios confines regionales. Concretamente, las penalidades de los braceros del sur repercutieron en la escena política de ámbito nacional de dos maneras principales. La intransigencia de los terratenientes llevó al campesinado de Andalucía y Extremadura a un estado de desesperación, que los anarquistas transformaron en desórdenes y agitaciones. Para los braceros que eran leales al movimiento socialista y mantenían su disciplina, la frustración ante el entorpecimiento de la reforma agraria por parte de la derecha se transformó en desencanto por el reformismo moderado del PSOE. Por consiguiente, la presión de los militantes rurales del sur sirvió de acicate al apremio para radicalizar el partido que encabezaban los socialistas de Madrid. Tanto las espontáneas explosiones de desesperación de los anarquistas como el deseo de minar la moderación socialista tuvieron efectos trascendentales en la política republicana, afianzando la belicosidad derechista contra un régimen que toleraba esos desmanes y privando a la República del apoyo de sus puntales más leales.

Aparte de la explotación propagandística generalizada del desorden social en el sur para avivar el temor de la clase media por la República, el conflicto agrario de Andalucía y Extremadura se tradujo, en términos concretos, en una mayor militancia de la CEDA y de sus organizaciones filiales. Esto no se debía a que las aspiraciones de los jornaleros sin tierras amenazaran directamente los intereses de los pequeños propietarios, aunque las exigencias de jornales dignos perjudicaran tanto a los pequeños patronos ocasionales y a los grandes terratenientes. Era más bien que los grandes terratenientes —castellanos o andaluces— que dominaban la CEDA estaban convencidos de que su función política no era la defensa de los intereses de su electorado sino la de sus partidarios más poderosos. Como el sur era la región de donde provenía el reto más acuciante, aunque en modo alguno exclusivamente, las energías políticas y propagandísticas de la CEDA se desplegaron primordialmente para bloquear el impulso de la reforma agraria que emanaba del sur. Entre 1931 y 1933, las tácticas de Gil Robles se plasmaron en la creación e instrumentalización de una base de masas entre el pequeño campesinado propietario católico, la obstrucción en el Parlamento de todo esfuerzo conducente a una reforma agraria y la defensa de la violencia utilizada por los grandes terratenientes a escala regional. A partir de 1933, se dirigieron a la destrucción legal de la legislación agraria social de la coalición republicana socialista y a la aniquilación de los sindicatos rurales. Después de las elecciones de 1936, desafiando la defensa legal de los intereses agrarios de la derecha, los hacendados dominantes de la CEDA abandonaron todo legalismo y volvieron su mirada a los militares para su protección.

Me ha alegrado sobremanera que la editorial Debate haya decidido publicar esta tercera edición de lo que fue mi primer libro, basado en mi tesis doctoral que fue presentada en la Universidad de Oxford un par de años antes. Ni la tesis original ni el libro basado en ella tenían la pretensión de ser una historia completa de los años de la Segunda República hasta el comienzo de la guerra civil. De hecho, el tema central del libro es simplemente el proceso a través del cual se traducían en conflicto político nacional los intentos del movimiento socialista de introducir reformas y la determinación de los propietarios e industriales de impedirlos. Esto significaba que el libro se centrara en la confrontación de dos grandes fuerzas parlamentarias que representaban ambas fuerzas sociales, el Partido Socialista y la Confederación Española de Derechas Autónomas. Cuando las confrontaciones sociales no se podrían solucionar dentro del ámbito parlamentario, se manifestaba en desórdenes sociales en los campos y en las calles y en los esfuerzos militares de acabar con la República.

Creo que el valor del libro estriba precisamente en lo que sigo considerando el tema crucial en la destrucción de la democracia: el fracaso de las posibilidades de paz como consecuencia de varios factores. Este fracaso tenía muchos elementos. Aquí se examinan dos de los más cruciales: los éxitos de José María Gil Robles en sofocar el espíritu reformista de la República y los errores estratégicos cometidos por algunos líderes del Partido Socialista, sobre todo por Francisco Largo Caballero.

Por tanto, aunque se tocan tangencialmente, hay temas que no se tratan a fondo en el libro. La omisión más notable para el lector que añorase una historia general del periodo es el movimiento anarquista. Evidentemente, el libro trata de las dificultades que suponía para la República y para el movimiento socialista la hostilidad hacia ambos de la CNT-FAI en términos de insurrecciones que la derecha pudo achacar a la supuesta anarquía de la República. Tampoco se centra el libro en las actividades conspirativas de la llamada derecha catastrofista, desde los monárquicos partidarios de Alfonso XIII y los Carlistas hasta la Falange, actividades que desembocaron en el golpe militar de julio de 1936. Estos temas los he tratado con más detalle en El holocausto español.

Desde la publicación de la última edición del libro en 2001, ha habido un flujo constante de aportaciones sobre diferentes aspectos de la Segunda República. Esta edición contiene una bibliografía ampliada que refleja el trabajo masivo de los historiadores en las últimas dos décadas. La intención más frecuente en estos libros ha sido, lógicamente, la búsqueda de las razones que pueden explicar el fracaso de un régimen creado en medio de la alegría popular y unas expectaciones sin límite —o sea, han perseguido la misma meta que este libro—. Recientemente, ha surgido una tendencia hacia un enfoque sobre los errores de la izquierda. Se han publicado libros francamente sesgados, como los de Pío Moa, un exterrorista de ultraizquierda convertido en propagandista de ultraderecha. Se trata de libros que ocultan una abierta simpatía por el golpe militar de 1936 con una máscara de autoproclamado «revisionismo». Aunque estos libros han tenido un éxito comercial masivo, no han sido recibidos con respeto por los historiadores profesionales.

Luego ha habido otra tendencia, muchísimo más seria, y basada en investigaciones originales, que aspira a una especie de equidistancia entre los que culpan del golpe militar a la derecha y los que culpan a la izquierda. No cabe duda de que esta tendencia —en los libros de Fernando del Rey, Manuel Álvarez Tardío y otros— ha aportado unas perspectivas muy útiles. La retórica belicosa de la izquierda fue sin duda a veces equivocada y dañina. Sin embargo, el análisis de los discursos hirientes no siempre los relaciona con su contexto social. No es lo mismo ser un bien educado y acomodado representante de las clases pudientes, como José María Gil Robles, que ser alguien que intentara mejorar la condición de los braceros hambrientos, como Margarita Nelken. Estos trabajos han suscitado unas vivas polémicas y contestados por varios historiadores como Ricardo Robledo, Alberto Reig Tapia y Ángel Viñas. Las consecuencias historiográficas de estos debates, reflejados en la bibliografía de este libro, han sido dobles. Por un lado, han subrayado en un contexto político muy crispado hasta qué punto la democracia española no ha superado su pasado franquista y, por otro, ha reavivado y enriquecido el estudio de la República y la Guerra Civil.

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Los orígenes del cisma socialista

1917-1931

Los oficiales del ejército español que se levantaron en armas en 1936 tenían una serie de agravios. Estaban indignados por los intentos de la República de terminar con la posición privilegiada de los militares dentro de la sociedad civil a través de una serie de reformas militares que habían amenazado sus ascensos y su posición. Igualmente, si no más, estaban furiosos por el programa de la República de conceder la autonomía regional a las nacionalidades históricas de España, Cataluña, el País Vasco y Galicia. En un ejército que había perdido muchas batallas, los oficiales estaban obsesionados por la decisión de no perder la última de ellas, la de la integridad nacional. También les motivaba la creencia, cuidadosamente cultivada por la prensa de derechas, de que la Segunda República había sido profundamente anticatólica y no había hecho nada para proteger la propiedad contra la marea creciente de desorden social.

El hecho de que muchos oficiales pudieran mantener semejantes ideas y estuvieran dispuestos a arriesgar su carrera y su vida en un golpe de Estado indica el fracaso de la política parlamentaria convencional. Cuando se estableció la República el 14 de abril de 1931, se enfrentaba a problemas sociales, económicos y políticos que habían acuciado a España durante décadas. La pérdida de su condición imperial y la consolidación del retraso económico habían coincidido con la emergencia de los modernos movimientos de izquierdas. Como consecuencia, el siglo anterior a 1931 había contemplado la profunda división de España en dos bloques sociales antagónicos. Simplificando los términos, de un lado estaban los ejércitos de proletarios urbanos y rurales, divididos amargamente entre socialismo y anarquismo, y la pequeña burguesía intelectual y liberal de abogados y profesores ilustrados; del otro lado, la Iglesia, el ejército, los grandes terratenientes, la burguesía industrial y mercantil y la gran masa de pequeños propietarios agrícolas católicos y conservadores. Las expectativas de la izquierda hicieron explosión en abril de 1931 en un ambiente de fiesta popular en las calles de muchas ciudades y en las tabernas de los trabajadores de los pueblos del sur. Al mismo tiempo, hubo mucho crujir de dientes en las salas de banderas de muchas guarniciones, en las mansiones de las grandes fincas y en las iglesias de toda España.

Sin embargo, el 14 de abril de 1931, solo los sectores más exaltados de la extrema izquierda y la extrema derecha creían que los problemas que yacían profundamente tras las estructuras social y económica de España tendrían que resolverse a través de una guerra. No obstante, cinco años y tres meses más tarde, gran parte de la población políticamente instruida había llegado a la triste conclusión de que la guerra era inevitable, si no simplemente deseable. Cuando una parte del ejército se rebeló el 18 de julio de 1936, lo hizo con un apoyo civil considerable. Los éxitos y los fracasos de los rebeldes reprodujeron la geografía electoral de los años treinta. El levantamiento, con pocas excepciones, fue derrotado en las zonas donde la clase trabajadora era fuerte y tuvo éxito en las que los partidos de la derecha habían ganado en las elecciones de la Segunda República.

La dimensión en la que la configuración de las zonas de guerra reflejaba la política de la Segunda República tal vez no sea sorprendente. En cualquier caso, subraya el hecho de que las razones de la ruptura de la coexistencia parlamentaria durante la República hay que buscarlas más en los fracasos de los partidos de masas de este periodo que en las actividades de los extremistas de la izquierda y de la derecha. Los dos grandes partidos parlamentarios de aquel tiempo, el Partido Socialista Obrero Español y la Confederación Española de Derechas Autónomas, católica y autoritaria, representaban los intereses incompatibles de los campesinos sin tierra, los braceros, y los grandes latifundistas, de los trabajadores industriales y de los empresarios, especialmente de los mineros y de los dueños de las minas. El PSOE, de 1931 a 1933, y la CEDA, a lo largo de 1933 y 1934, intentaron utilizar el poder del Estado para defender los intereses de sus seguidores. En un contexto de depresión económica mundial, el bienestar de las bases socialistas solo podía defenderse a costa de amenazar seriamente el poder económico de los que apoyaban a la CEDA, y viceversa. Por consiguiente, los dos partidos llevaron a Madrid desde las provincias, y especialmente desde Andalucía, Extremadura y Asturias, las luchas agrarias, mineras e industriales más amargas. Puesto que era imposible que tales conflictos sociales quedasen contenidos en los márgenes de la arena parlamentaria, regresaron a los campos y a las calles más agriados que antes.

Al ser el mayor partido de la izquierda, el PSOE proporcionó tres ministros a los gobiernos reformistas de 1931-1933 y fue la piedra angular de su apoyo parlamentario. Durante el periodo de predominio del centro derecha, de 1933 a 1935, los socialistas fueron la única oposición importante, tanto en las Cortes como en la calle, e incluso tomaron parte en la transcendental insurrección de 1934. Sin participar en ellos, la CEDA utilizó su poder parlamentario para dominar a los gobiernos radicales de 1934 y a continuación, después de octubre de ese año, controló una serie de coaliciones a lo largo de 1935. Desde las llamadas elecciones del Frente Popular de febrero de 1936 hasta el estallido de la guerra en julio de ese año, los socialistas y la CEDA estuvieron fuera del Gobierno. Los dos estaban profundamente divididos, y aun así, poderosas secciones de cada uno abogaban por el recurso a soluciones extremas de violencia.

Desde finales del verano de 1934, la disposición de la CEDA para hacerle un sitio a los militares había quedado clara. El recurso a la violencia fue uno de los síntomas más claros de la creciente radicalización del PSOE, que comenzó en 1933 como consecuencia de la desilusión ante los escasos logros reformadores de la República, del temor de que una línea menos militante llevase a los socialistas españoles a compartir la suerte de sus compañeros alemanes y austriacos, y de una radical reconsideración de la ideología y las tácticas del partido.[1] La radicalización o «bolchevización», como la denominaron sus defensores, no fue nunca completa y no progresó más que a costa de enconadísimas polémicas dentro del partido. De hecho, fue la persistente lucha interna por el poder lo que paralizó virtualmente a los grupos más moderados del partido, impidiéndoles contribuir a la defensa de la República cuando se vio amenazada en la primavera de 1936. Posiblemente a esto se refiere Salvador de Madariaga cuando afirma que «lo que hizo inevitable la guerra civil española fue la guerra civil dentro del Partido Socialista».[2]

Ha habido un debate considerable sobre los orígenes de la radicalización de los socialistas. El presente trabajo lo interpreta en términos de un conflicto social agudo en las grandes propiedades del sur y en los yacimientos de carbón del norte, probablemente las dos áreas de más violencia social endémica durante la Segunda República. En ambas, el sindicato hegemónico fue el socialista, la Unión General de Trabajadores. Cientos de miles de campesinos sin tierra se habían incorporado en masa a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), el sindicato agrario de la UGT, convirtiéndose en una de las secciones más amplias del sindicato socialista, situada en la línea de frente de la guerra social que se libraba en esta área. La violencia diaria a que se veían sometidos los miembros de la FNTT tenía su equivalente en la que experimentaba otro sindicato de la UGT, el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias.[3]

En la estela de la derrota de la guerra civil muchos militantes del PSOE, y no solo los que adoptaron posturas moderadas en la polémica, se han mostrado muy duros en sus juicios posteriores sobre los intentos de «bolchevizar» el partido.[4] En el caso de los moderados, no es difícil de explicar. Aparte de un comprensible resentimiento por los ataques personales de los que fueron objeto, como antiguos militantes se opusieron a lo que consideraban un ataque a las tradiciones del partido, que eran cualquier cosa menos radicales. En el caso de los bolchevizadores arrepentidos, tampoco es difícil de explicar su cambio de opinión. Uno de los resultados de la «bolchevización» fue que amplios sectores del PSOE cayesen bajo la influencia del Partido Comunista, cuya conducta durante la guerra civil dejó un legado enorme de amargura entre sus antiguos aliados republicanos y socialistas. Tras la derrota, lamentaron abiertamente el papel que habían desempeñado al ayudar a los comunistas en su ascenso. De hecho, ninguna de estas críticas justifica la opinión de Madariaga, aunque ambas ayudan a explicar por qué ha sido ampliamente aceptada como explicación de la ruptura de hostilidades en 1936. Sin embargo, las críticas a los intentos de «bolchevización» no nos deben confundir sobre la medida en que la radicalización del PSOE fue una respuesta, aunque mal calculada, a una serie de provocaciones de la derecha tanto a nivel nacional como local dentro de España y a un contexto de auge del fascismo.

Todavía está por explicar la radicalización del Partido Socialista español, sobre todo porque constituyó un fenómeno único en Europa en una época en la que la mayoría de los movimientos socialistas evolucionaba hacia posiciones cada vez más moderadas. El contraste era aún mayor en relación con el propio pasado del PSOE, de un reformismo fuertemente enraizado y con una falta de tradición de marxismo teórico.[5] El partido no rompió nunca con sus orígenes, que radicaban en la aristocracia obrera de los tipógrafos madrileños. Pablo Iglesias Posse, su fundador, no dio nunca a su partido un cuerpo de teoría independiente. El «pablismo», como más adelante serían denominadas sus ideas por los críticos trotskistas, se preocupó siempre más del saneamiento de la política existente que de la lucha de clases, adoptando un tono austero y monacal que le hacía parecer, al menos a los ojos de uno de sus observadores, como una hermandad de moralistas. De hecho, el «pablismo» era una mezcla de ideología revolucionaria y de táctica reformista que, dada la debilidad numérica del partido, era para Iglesias la única alternativa realista a la destrucción o a la clandestinidad. Julián Besteiro, su sucesor en la dirección del partido, también creía que la austeridad y la reserva eran las únicas tácticas viables dentro de la política corrompida de la época de la Restauración.[6] Así, tras la Semana Trágica de 1909, el PSOE se unió a las fuerzas republicanas en lo que virtualmente era una campaña de derechos civiles. En 1914, aunque España no estaba implicada en las hostilidades, la dirección del PSOE desaprovechó la oportunidad de condenar la guerra y siguió la orientación francesa de romper la solidaridad internacional, pese a la consternación de algunos grupos dentro del partido.

Las aspiraciones de la dirección reformista se centraron hasta los años treinta en la necesidad de sustituir la monarquía desacreditada por una república popular y apenas se ocuparon de revolución social y lucha de clases. El Socialista, el periódico del partido, ignoró en un principio la revolución soviética, y más adelante declaró que era una desviación del auténtico deber de Rusia: la derrota de Alemania.[7] Consecuencia de la pobreza del marxismo del partido, su falta de aliento revolucionario se debía también en parte a que desde la fundación del PSOE en 1879 hasta el auge de la Gran Guerra los precios y salarios permanecieron relativamente estables, aunque estuvieron entre los precios más altos y los salarios más bajos de Europa. Tal vez, como consecuencia parcial de esa estabilidad, la clase obrera española se mantuvo en gran medida desmovilizada.[8] En 1914 empezaron a cambiar las circunstancias. La posición no beligerante de España le permitió asumir el papel de abastecedora de alimentos, ropas y equipamientos a ambos bandos. Un crecimiento industrial vertiginoso se vio acompañado de una feroz inflación, que alcanzó su máximo en 1916. En respuesta al deterioro de las condiciones sociales, el PSOE y su organización sindical, la UGT, se vieron envueltos en el amplio movimiento reformador de 1917. En unas circunstancias complejas, tres movimientos contra el sistema compartieron una retórica de reforma antimonárquica mientras perseguían fines contradictorios. Durante el verano de 1917 se produjeron una protesta militar sobre pagas y condiciones de ascenso, una rebelión burguesa contra el Gobierno central dirigida en interés de la oligarquía terrateniente y una determinación de la clase obrera para luchar contra el rápido derrumbamiento del nivel de vida. Incluso cuando la UGT tomó parte en una huelga nacional general a mediados de agosto de 1917, los objetivos máximos de los socialistas eran el establecimiento de un gobierno republicano provisional, la convocatoria de elecciones a Cortes constituyentes y una actuación vigorosa contra la inflación.[9] A pesar, o a causa, de su carácter pacífico, la huelga fue sofocada con relativa facilidad por el Gobierno a costa de una feroz represión en Asturias y en el País Vasco, dos de los principales reductos socialistas; el otro era Madrid. En Madrid, el comité de huelga integrado por el vicepresidente del PSOE, Julián Besteiro, el vicepresidente de la UGT, Francisco Largo Caballero, el director de El Socialista y dirigente del sindicato de artes gráficas, Andrés Saborit, y el secretario general del sindicato de ferroviarios Daniel Anguiano, fueron detenidos y estuvieron cerca de la ejecución sumaria. Finalmente fueron condenados a cadena perpetua y pasaron varios meses en prisión hasta que fueron puestos en libertad al ser elegidos para las Cortes en 1918.[10]

La represión de 1917 tuvo un doble efecto en el movimiento socialista español. Por una parte, traumatizó a la dirección, especialmente a la burocracia sindical, dispuesta a no volver a arriesgar jamás sus consecuciones legislativas y la autonomía del movimiento en una confrontación con el Estado; por otra, los que se habían opuesto a la línea del partido respecto a la guerra mundial empezaron a adoptar posturas más revolucionarias. La consecuente polarización se hizo cada vez más clara en los años siguientes. Entre 1918 y 1923 se produjo una considerable agitación revolucionaria (especialmente en el sur rural y en la industrial Barcelona) ante la cual el movimiento socialista mantuvo una actitud de deliberada indeferencia.[11] Sin embargo, la inflación continuada y el aumento del desempleo en la depresión posbélica habían creado, en la estela de la revolución bolchevique, un clima de opinión dentro del movimiento socialista, especialmente en Asturias y en el País Vasco, favorable a una orientación revolucionaria. Su opinión se expresaba en la revista Nuestra palabra, que bajo la dirección de Ramón Lamoneda y Mariano García Cortés, defendía que los acontecimientos en Rusia y el fracaso del movimiento reformista español en 1917 mostraban la irrelevancia de la fase democrática en el camino hacia el socialismo. Esto les hizo entrar en conflicto con la burocracia sindical, especialmente con tres figuras clave, el líder de los ferroviarios Trifón Gómez, el secretario general del sindicato de mineros asturiano Manuel Llaneza y una de las figuras más destacadas de la UGT, Francisco Largo Caballero, que estaban dispuestos a no repetir lo que ellos consideraban el aventurismo insensato de 1917.[12]

Como consecuencia se produjo un amplio debate, doloroso y extenuante, sobre cuál debía ser la actitud del PSOE y de la UGT respecto a la revolución soviética y a la III Internacional. La tendencia probolchevique fue derrotada en tres congresos del partido que se celebraron en diciembre de 1919, junio de 1920 y abril de 1921. Tras una lucha cerrada, la dirección consiguió el triunfo apoyándose en los votos de la fuerte burocracia sindical con sueldo y con puestos fijos.[13] La izquierda derrotada se separó para formar el Partido Comunista de España. Numéricamente, el cisma comunista no fue un golpe serio, pero acentuó la debilidad ideológica de los socialistas en una época de grave crisis económica y social. La esencial moderación del partido se reforzó con ello, pero quedó una depresión moral que duró varios años.[14] Tras la derrota de 1917, la división de 1921 dejó a los socialistas sin un sentido claro de dirección y algo apartados de los problemas candentes del momento. Las batallas sindicales que se libraban en otros países atrajeron menos la atención socialista que la campaña parlamentaria contra la guerra de Marruecos y la supuesta responsabilidad del rey en la gran derrota de Annual.

La postura defensiva y el conservadurismo ideológico de los socialistas se manifestaron con la llegada de la dictadura militar del general Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923. Su toma del poder fue en gran medida una respuesta a la agitación social de los seis años anteriores. Pero los socialistas ni previeron el golpe ni mostraron gran inquietud cuando ocurrió, a pesar de que el nuevo régimen empezó pronto a perseguir a otras organizaciones obreras. Una nota conjunta de las ejecutivas del PSOE y de la UGT anunciaba que no tenían ningún lazo de solidaridad ni simpatía política con la élite política que había derrocado el ejército y cuestionaba el derecho de los conspiradores a tomar el poder, pero ordenaba a los trabajadores que no tomasen iniciativas sin instrucciones de los comités ejecutivos del Partido Socialista y del sindicato. Al rechazar la convocatoria a una huelga general de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la dirección socialista no hizo nada por impedir el establecimiento del régimen, hizo poco para analizar su naturaleza y pronto empezó a colaborar con él. Al no haber concedido una importancia especial al ascenso de Mussolini, los socialistas españoles no tuvieron la tentación de hacer comparaciones entre la dictadura italiana y la española.[15] Ello refleja hasta qué punto sus líderes habían salido de la crisis de 1917 convencidos de la necesidad de persistir en una táctica legalista, de no volver a arriesgar jamás la existencia de los sindicatos en un combate frontal con el Estado y de conservar a toda costa los logros de la legislación social existente.[16]

Años después, la colaboración con el dictador se convertiría en una carga moral para los socialistas. Es posible que parte del extremismo retórico que mostraron durante la República fuese el síntoma de su deseo de borrar el reformismo egoísta del periodo de la dictadura. Es verdad que varios apologistas socialistas se preocuparon de justificar la debilidad del PSOE y de la UGT para resistir el golpe. Para ellos, hubiera sido absurdo arriesgar el movimiento obrero para salvar el sistema degenerado de la monarquía de la Restauración.[17] El argumento era engañoso, puesto que estaba en juego algo más que el derrocamiento por Primo de Rivera de los políticos de viejo cuño, como mostró la persecución sufrida por otros partidos.[18] Además, hubo críticos de izquierdas que opinaban que una huelga general hubiera impedido el golpe y situado a los socialistas en una posición dominante en la política nacional.[19] Más significativo aún, dentro del propio PSOE algunos se escandalizaron por el oportunismo mostrado por la dirección. Reconocieron que una acción huelguística contra el ejército habría sido un heroísmo sentimental e infantil, pero no podían admitir que ello justificase una estrecha colaboración con él. Se sintieron decepcionados al ver que el partido se limitaba a encogerse de hombros en lugar de adoptar una decidida postura de principios, que hubiera podido convertirse en un punto de convergencia para una posterior oposición al dictador.[20]

En la realidad, los socialistas no tuvieron un papel significativo en los diversos movimientos de resistencia a la dictadura, al menos hasta sus últimas etapas. Esta «discreción» dividiría las filas socialistas, aunque los socialistas de izquierdas la defenderían más tarde como una negativa a hacer el juego de la oligarquía.[21] A medida que decrecía la popularidad del dictador, el movimiento socialista en conjunto empezaba a disociarse del régimen, pero en los primeros tiempos solo un pequeño grupo estuvo a favor de una oposición abierta. Sus integrantes eran los seguidores de Indalecio Prieto, que contaba con cierto apoyo en Bilbao y en Asturias, y Fernando de los Ríos, cuyos partidarios estaban en Granada. Aunque el resto de los dirigentes socialistas estaban a favor de la colaboración, no todos lo hacían exactamente por las mismas razones. De hecho, los colaboracionistas eran todos en la práctica reformistas, como también lo eran Prieto y Fernando de los Ríos. En teoría, sin embargo, podían distinguirse dos tendencias distintas: los sindicalistas prácticos dirigidos por Francisco Largo Caballero y los sindicalistas que seguían al revisionista marxista Julián Besteiro. Sus diferencias solo se hicieron patentes gradualmente, e incluso entonces estuvieron lejos de resultar claras para los militantes de base. Sin embargo, iban a llevar a las acerbas polémicas de los años treinta y a dividir el movimiento a causa de los muchos seguidores personales que cada uno de los dirigentes de primera fila tenía a sus órdenes.

Después de Pablo Iglesias, el fundador del socialismo español, Julián Besteiro era la figura más significativa del PSOE y uno de sus escasísimos teóricos. Cuando falleció Iglesias en diciembre de 1925, Besteiro se convirtió en presidente del partido y de la UGT. Su posición teórica era análoga a la de Kautsky, al que admiraba abiertamente.[22] Con Kautsky compartía un análisis teórico marxista ortodoxo del inevitable progreso de la sociedad a través de una revolución burguesa hacia el socialismo, y deducía de ello una praxis pacífica y gradualista. Como Kautsky, rechazaba la noción de la dictadura del proletariado, considerando que la experiencia bolchevique era irrelevante para la situación española.[23] Besteiro, como Iglesias, se fijaba mucho más en el partido laborista británico y en los fabianos como modelo. En 1924 pasó siete meses en Inglaterra consolidando su admiración por el modelo británico de socialismo gradual. No es de sorprender que estuviera a favor de que los socialistas españoles aprovechasen las oportunidades ofrecidas por Primo de Rivera para defender sus intereses materiales.[24]

Los sindicalistas del movimiento que no eran seguidores de Besteiro lo eran generalmente de Largo Caballero, aunque también Prieto tenía sus partidarios, especialmente en el norte. La actitud de Largo Caballero frente a la dictadura era similar a la de Besteiro, aunque sin la base teórica de este. Largo era fundamentalmente un sindicalista pragmático, que siempre afirmó haber conseguido un puesto destacado dentro del movimiento gracias a la realización asidua de los deberes sindicales y a su seguimiento de cerca de las tareas diarias de organización. Una vez había escrito que el movimiento obrero era resultado de la inalterable necesidad de mejorar la situación moral y material de los trabajadores dentro del sistema capitalista.[25] No era, pues, extraño que se opusiera a cualquier empresa que pusiese en peligro ese movimiento, especialmente tras el desastre de 1917. Cuando llegó la dictadura, él y sus seguidores razonaron que, aunque la lucha política había sido suspendida, el combate sindical tenía que seguir adelante. Después de la crisis posbélica se estaba produciendo una recuperación económica y pensaron que la primera tarea de la UGT era hacer todo lo posible por proteger los intereses materiales de sus miembros en las fábricas y talleres.[26] En la práctica, esto significaba pasar del simple pragmatismo a un oportunismo estricto basado en el deseo de ganar por la mano a los anarcosindicalistas.[27] Este sectarismo egoísta tropezó con una considerable oposición en las bases, especialmente en Asturias, pero también entre los sectores agrarios de la UGT.

La iniciativa formal de la colaboración procedió del dictador en persona, que podía confiar en una respuesta positiva en vista de la pasividad socialista durante su golpe —el comunicado conjunto del PSOE y de la UGT había ordenado al movimiento socialista no seguir el ejemplo de los obreros de Bilbao que habían declarado una huelga general—. La oferta del dictador vino en forma de un manifiesto a los trabajadores, el 29 de septiembre de 1923, en el que Primo agradecía a la clase trabajadora su actitud durante la toma del poder. El manifiesto iba claramente dirigido a los socialistas. Favoreciendo por una parte la legislación social, tan cara a los reformistas de la UGT, llamaba luego a los trabajadores a dejar las organizaciones que les conducían «por caminos de ruina». Esta referencia a los revolucionarios CNT y PCE era un ofrecimiento apenas velado de que la UGT podía llegar a ser la única organización de la clase obrera y, a cambio de su colaboración con el régimen, eliminaría a sus rivales anarquistas y comunistas.[28] La alusión alcanzó el objetivo de la vieja hostilidad socialista a la CNT. Poco después, Pablo Iglesias predecía con regocijo la caída de la CNT en términos similares, sobrentendiendo que los trabajadores afiliados a esta se encontraban allí por error o por la fuerza. Dos días después de su manifiesto, Primo hizo una oferta directa a Manuel Llaneza, secretario general del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA), invitándole a formar parte de una comisión que iba a examinar los problemas de la industria minera. Recibiendo la errónea impresión de que el SOMA podría así defender sus logros en el terreno de los salarios y las horas de trabajo, al día siguiente Llaneza habló con entusiasmo en una reunión conjunta de las ejecutivas nacionales del PSOE y de la UGT favorablemente predispuesta.[29] La reunión decidió apoyar la colaboración iniciada por Llaneza, aunque hubo tres votos en contra, entre ellos los de Prieto y De los Ríos.[30]

El moderado Llaneza había sido dirigente del SOMA durante la huelga de 1917 y, testigo de la brutal represión, fue uno de los socialistas más traumatizados por los acontecimientos de aquel año. Escribió sobre el «odio africano» que se había desatado contra las localidades mineras en una orgía de violaciones, saqueos, malos tratos y torturas. Según Llaneza, solo un jefe militar, el coronel Borbón, se había comportado de una forma civilizada, lo que le valió ser relevado de su puesto.[31] El miedo a otro choque con el ejército era la base de su colaboracionismo. Sin embargo, Teodomiro Menéndez, otro de los dirigentes de 1917 y seguidor incondicional de Prieto, se opuso a sus opiniones desde el primer momento.[32] Era el síntoma de la naciente división entre las bases de UGT y la dirección reformista. El SOMA, además de constituir una de las secciones más importantes de la UGT, era también una de las más militantes, e incluso después del cisma de 1921 mantenía relaciones cordiales con los comunistas locales.[33] Pero por el momento, la oposición a la táctica de la ejecutiva fue expresada únicamente por De los Ríos y Prieto, quien escribió a Besteiro a finales de 1923 protestando. Reunido el 9 de enero de 1924, el comité nacional del PSOE ratificó la línea colaboracionista adoptada hasta entonces, aunque hizo una pequeña pero significativa concesión a Prieto: una declaración de que no se aceptarían puestos gubernamentales sin que las personas que fueran a ocuparlos fuesen designadas por el organismo socialista correspondiente.[34]

A pesar de ello, la integración de la dirección nacional en el nuevo régimen fue considerable y la UGT estuvo representada en varios organismos estatales.[35] Las casas del Pueblo socialistas permanecieron abiertas y la mayor parte de las secciones de UGT pudieron seguir funcionando en tanto que los anarquistas y los comunistas vieron totalmente amordazadas sus actividades. El primer indicio del precio puesto por el Directorio Militar a la posición privilegiada concedida a los socialistas apareció en marzo de 1924, cuando se prohibieron las manifestaciones previas a las celebraciones previstas para el 1 de mayo.[36] A cambio de la docilidad de los obreros, se ofreció a la UGT la mayor recompensa obtenida hasta entonces: un puesto en el Consejo de Estado. El 2 de junio de 1924, el Instituto de Reformas Sociales fue reemplazado por un Consejo del Trabajo, y la delegación de la UGT pasó tal cual de un organismo a otro. Además, el 13 de septiembre un real decreto permitió que un representante de los trabajadores y otro de los empresarios en el nuevo consejo se incorporaran al Consejo de Estado. Los representantes de la UGT eligieron a Largo Caballero, sin que dentro del sindicato hubiera repercusiones desfavorables; Besteiro era presidente y Largo secretario general. Pero sí hubo protestas dentro del PSOE.

Prieto y De los Ríos escribieron sendas cartas a la ejecutiva del PSOE denunciando el oportunismo de la aceptación del puesto por Largo Caballero y advirtiendo que sería explotada por el dictador por su valor propagandístico. De hecho, Primo de Rivera mencionó la presencia de Largo Caballero en el Consejo de Estado como una razón para no restablecer la democracia.[37] La ejecutiva se reunió el 17 de octubre para examinar esas objeciones y acordó que el PSOE no interferiría en nada relacionado con la UGT. No era un proceder muy honrado, puesto que los mismos individuos formaban parte de los comités ejecutivos de ambas organizaciones y era una práctica habitual tener deliberaciones comunes sobre cuestiones nacionales de importancia. Como consecuencia, Prieto dimitió.[38] La decisión se planteó ante un pleno del comité nacional del PSOE el 10 de diciembre, y la aceptación de Largo Caballero fue ratificada por catorce votos contra cinco. De los Ríos propuso un referéndum entre los militantes, pero no se aceptó.[39] Esta división dentro del partido iba a tener repercusiones hasta la guerra civil, aunque solo fuese por las enemistades personales que originó. De hecho, ante los rumores de escisión en el partido, Prieto declaró públicamente que las discrepancias tácticas no habían afectado en absoluto la cordialidad y unión existentes entre los dirigentes del partido. No obstante, es evidente que, tanto entonces como después, Largo Caballero abrigó un tremendo rencor personal contra Prieto.[40]

La colaboración continuó y aumentó a pesar de que en Asturias aparecían datos que mostraban que semejante táctica servía poco para proteger los intereses de los trabajadores. Los propietarios de las minas provocaron una huelga en noviembre de 1924 al exigir una reducción salarial. Mientras Llaneza se precipitaba a Madrid para visitar a Primo, los propietarios dieron un golpe preventivo despidiendo a trescientos cincuenta trabajadores. Cuando estalló la huelga, solo fue defensiva y apenas consiguió mantener los salarios a su nivel anterior, lo que provocó las críticas de elementos de la izquierda socialista que afirmaron que la colaboración significaba entregar atados de pies y manos los mineros a los propietarios.[41] En absoluto desalentada, la UGT mantuvo su actitud pacífica, negándose a unirse a los movimientos de resistencia a la dictadura. Citando la acción en Asturias como un triunfo resultante de la colaboración con el régimen, Pablo Iglesias afirmó que, a pesar de la censura y los límites a las reuniones y huelgas, tanto la UGT como el PSOE crecían bajo la dictadura. De hecho, en 1926 se daría la cooperación más importante de la UGT hasta ese momento. Largo Caballero, hablando en la casa del pueblo de Madrid, condenó rotundamente el sabotaje industrial, los ritmos lentos y las huelgas como provocadores de los cierres empresariales y declaró que la oposición al régimen podría ser desastrosa para la organización de la clase obrera. Besteiro no autorizaba ninguna acción contra el régimen, salvo que no supusiese ningún riesgo para los socialistas. Más tarde, los apologistas del PSOE señalaron con parte de razón que la mayoría de los movimientos de resistencia pretendían restaurar la monarquía y, por tanto, tenían poco que ofrecer al movimiento obrero.[42]

En noviembre de 1926, el ministro de Trabajo de Primo de Rivera, Eduardo Aunós, creó la Organización Corporativa Nacional. Resultado en gran medida de un viaje de estudio que había realizado a Italia, e incorporando gran parte de la legislación social existente, pretendía a largo plazo eliminar la lucha de clases.[43] Su manifestación más práctica fue la creación de unos organismos de arbitraje, los comités paritarios. La UGT decidió aceptar la invitación del régimen, basándose en que se podían obtener beneficios materiales inmediatos. Creyeron que si la mejora de la situación de los trabajadores era negociada a través de los comités, y la representación de los trabajadores estaba exclusivamente en manos de la UGT, los trabajadores no socialistas afluirían a sus filas. Las principales actividades de los comités consistían en negociar los salarios y las bases de trabajo, así como en establecer las indemnizaciones por despido improcedente. La burocracia sindical pensaba que los comités evitarían muchas huelgas y sacrificios innecesarios a la clase obrera.[44] Años después, cuando se criticó a la UGT su oportunismo al haber aceptado los comités paritarios, se alegó que los oradores de la UGT se servían de ellos como plataforma propagandística contra la dictadura.[45] Hay pocas pruebas de ello, y si realmente ocurrió así, fue cuando ya la marea de la opinión pública se había vuelto contra el dictador y la UGT intentaba disociarse del régimen.

En cualquier caso, es difícil calcular cuántas huelgas evitó la existencia de los comités paritarios. Ciertamente, hacia 1927 la expansión económica, que tanto había favorecido a la dictadura, estaba llegando a su fin y cada vez había más pruebas de descontento sindical y aumentos significativos del desempleo. En 1927 hubo 107 huelgas registradas, en las que participaron 70.616 trabajadores y que supusieron 1.311.891 jornadas laborales perdidas. En 1928, con aproximadamente el mismo número de huelgas y de huelguistas, solo se perdieron 771.293 jornadas. En 1929 el número descendió aún más: 96 huelgas, 55.576 huelguistas y 313.065 jornadas perdidas.[46] Estos datos parecen avalar el éxito de los comités paritarios anestesiando la disidencia de la clase obrera. En Barcelona, por ejemplo, el desempleo casi dobló entre principios de 1927 y finales de 1929.[47] Además, después de haber subido lentamente hasta 1925, los salarios empezaron a caer de forma continua, aunque con grandes diferencias regionales y por sectores. El precio de los alimentos básicos de la clase obrera, como las patatas, el pan y el aceite de oliva, también subió.[48] Además de afectar a la estabilidad del régimen, la intensificación del descontento laboral iba a repercutir esencialmente en el movimiento socialista, ya que indicaba la existencia de una división entre la militancia de base y el tímido conservadurismo de la dirección de la UGT. En ningún lugar fue más evidente que en Asturias. En el otoño de 1927, los propietarios de las minas trataron de aumentar las horas de trabajo y de disminuir las tasas de los destajos. Llaneza estaba en contra de la huelga porque temía que se enviase al ejército contra los mineros. El SOMA rechazó sus opiniones y siguió adelante con la huelga, que tuvo éxito. El efecto a nivel nacional fue que los dirigentes asturianos empezaron a defender el abandono de la línea colaboracionista de la UGT. Apenas tenían otra alternativa, pues los efectivos del SOMA estaban disminuyendo a un ritmo alarmante, con una afiliación que había pasado de veinte mil en 1921, su mejor momento, a 5.998 en 1928.[49]

La oposición a la dirección no se limitó a los mineros asturianos, sino que afectó también a las secciones rurales de la UGT. Los trabajadores agrícolas formaban el grupo profesional más numeroso dentro de la UGT, y la alarma por la disminución de sus efectivos muestra que su importancia estaba siendo reconocida en el movimiento socialista.[50] Además, era el sector que menos beneficios había obtenido de la cooperación de la UGT con la dictadura. Los comités paritarios agrarios no fueron establecidos nunca, y los débiles intentos de Aunós para ayudar a los trabajadores del campo sirvieron para unir a los terratenientes del sur contra Primo.[51] Sesenta y cinco secciones rurales de la UGT, con quince mil miembros, se habían clausurado en 1928. En diciembre de 1929, la UGT tenía únicamente treinta mil miembros rurales, en agosto de 1922 eran 65.405.[52] Un reflejo significativo de los sentimientos del sector agrario del movimiento provino de Gabriel Morón, un veterano dirigente de Córdoba y una voz importante dentro del partido. En una crítica devastadora del fracaso de la dirección en la resistencia contra la dictadura, aseguró que la actitud egoísta de la UGT estaba dividiendo al movimiento obrero, y se quejó de que no se hiciese nada para preparar a las masas para el fin del régimen. Pidió que se abandonasen los cargos oficiales, porque seguir en ellos significaba cambiar el prestigio histórico del partido por una protección oficial a corto plazo.[53]

El descontento que salía a la luz parecía justificar la actitud adoptada cuatro años antes por Prieto y De los Ríos. Más aún, su postura parecía ganar adhesiones, sobre todo dentro del PSOE. En septiembre de 1927, Primo de Rivera ofreció seis puestos en su nueva Asamblea Nacional, que iba a deliberar sobre una posible reforma constitucional. Los seis —Largo Caballero, Núñez Tomás, Llaneza, De los Ríos, Santiago Pérez Infante y Lucio Martínez Gil— rechazaron el ofrecimiento. Se convocaron congresos extraordinarios de la UGT y del PSOE para el 7 y el 8 de octubre, respectivamente. El rechazo fue ratificado, una victoria clara de los anticolaboracionistas. Aún más, el PSOE hizo una declaración pidiendo el restablecimiento de la libertad y la democracia. Sin embargo, los seguidores de Besteiro se aferraron a la táctica colaboracionista. Besteiro se encontraba enfermo, pero dos de sus más fieles partidarios, Trifón Gómez, del sindicato de ferroviarios, y Andrés Saborit, de la Federación de Artes Gráficas, propusieron que se aceptara la oferta si los socialistas podían elegir a sus representantes. La polémica suscitada fue tan áspera que se decidió postergar la decisión.[54] El debate sobre la Asamblea Nacional mostró que la agudización del conflicto social estaba teniendo un efecto gradual, aunque significativo, en la configuración de las fuerzas dentro del movimiento socialista. De las tres tendencias que existían dentro del movimiento —los socialdemócratas que seguían a Prieto, el kautskismo de Besteiro y el sindicalismo pragmático de Largo Caballero— esta última fue la más visiblemente afectada por el cambio de ánimo de las masas obreras socialistas. En 1924 Largo había optado por la cooperación con la dictadura por la única razón teórica de que al actuar así podía ver beneficios materiales sustanciales para la UGT. Por la misma razón, ahora en 1927, empezó a cambiar de opinión ante las pruebas crecientes de que semejante táctica estaba teniendo efectos nefastos sobre la afiliación a la UGT. La colaboración le había costado ya a los socialistas el oprobio de otros grupos de izquierdas.[55] La pérdida de prestigio solo se podía justificar si iba compensada por un incremento de los efectivos. Y no parecía que el monopolio virtual de la UGT en los mecanismos estatales de arbitraje tuviese un efecto positivo importante en el reclutamiento. De hecho, dos de las secciones más fuertes de la UGT, los mineros asturianos y los trabajadores agrícolas, habían sufrido pérdidas apreciables durante la dictadura.

Es difícil establecer el incremento de la afiliación sindical durante este periodo. La UGT admitía la pérdida de quince mil trabajadores rurales, pero como compensación afirmaba un aumento de diecisiete mil trabajadores industriales en el momento de la celebración del XVI Congreso en septiembre de 1928.[56] Incluso en el sector de la minería, a pesar de las pérdidas espectaculares en Asturias, hubo algún aumento. Llaneza había conseguido asegurar mejores salarios y condiciones laborales para los mineros del cobre en las minas de Tharsis, cerca de Huelva, de propiedad británica. Este éxito llevó a los mineros de esta área a afiliarse a la Federación Minera de la UGT.[57] Las ganancias globales dentro de la UGT no fueron importantes. La afiliación creció como sigue: 1923, 210.617; 1924, 210.742; 1925, 217.386; 1926, 219.396; 1927, 223.349; 1928, 210.567; 1929, 238.501.[58] Considerando la posición privilegiada de la UGT, estos resultados eran muy pobres, difícilmente superiores a los que podrían haberse esperado en los años normales y en ningún caso los esperados por la absorción de las bases de la CNT. Al mismo tiempo, las cifras recogían solamente los miembros cotizantes, y los tiempos eran difíciles. En el XVI Congreso de la UGT, celebrado entre el 10 y el 15 de septiembre de 1928, los 591 delegados representaban solo a 141.269 afiliados, pero esa cifra tan baja posiblemente refleja el hecho de que algunas secciones no pudieron costear el envío de delegados.[59] En el PSOE las cosas iban algo mejor, con un aumento de 5.395 miembros en 1923 a 12.815 en 1929. Se ha afirmado que el aumento reflejaba simplemente a los miembros de la UGT que se habían adherido también al PSOE. En los principales centros industriales la afiliación al PSOE era muy baja. En Asturias había caído de 528 en 1923 a 391 en 1929; en el País Vasco de seiscientos setenta a seiscientos treinta y uno.[60] El bienestar material del movimiento socialista en general y de la UGT en particular significó siempre para Largo Caballero más que cualquier teoría, y por ello fue siempre sensible a los cambios en los sentimientos de los afiliados de la base, lo que sirve también para explicar muchos de sus cambios de estrategia durante la República, cuando otra vez los asturianos y los trabajadores de la tierra estuvieron a la vanguardia de la militancia.

La extensión que estaba alcanzando la oposición a la dictadura en el seno del movimiento socialista se vio claramente en el XII Congreso del PSOE, que se celebró del 29 de junio al 4 de julio de 1928. De los Ríos se hallaba en Suramérica, pero Prieto y Teodomiro Menéndez defendieron una línea clara de oposición y ya no estaban solos. Se conformó una comisión especial para examinar la táctica del partido. La colaboración fue rechazada por la comisión por seis votos contra cuatro. La mayoría incluía a Morón, de Córdoba, y a Teodomiro Menéndez, de Asturias, que pronunció también un resonante discurso contra la colaboración en el propio congreso.[61] Por motivos de censura, no se dio publicidad a las discusiones de la comisión sobre táctica. Pero al suponer la derrota de los partidarios de Largo Caballero, parecen haber influido en la concepción de este sobre el papel de los socialistas en la dictadura. No obstante, por el momento, y a pesar de la creciente oposición verbal en favor de una actitud en pro de la libertad y la democracia, el parecer mayoritario siguió siendo procolaboracionista, como se reflejó en las elecciones a los cargos del partido en el XII Congreso, así como para los puestos de la UGT en el XVI Congreso de la UGT, celebrado del 10 al 15 de septiembre. Besteiro fue elegido presidente del PSOE y la UGT, y todos los cargos directivos fueron atribuidos a besteiristas o seguidores de Largo Caballero. En el PSOE la división de puestos fue la siguiente: presidente, Besteiro; vicepresidente, Largo Caballero; tesorero, Saborit; secretario, Lucio Martínez Gil; secretario de actas, Wenceslao Carrillo; y en la UGT: presidente, Besteiro; vicepresidente, Saborit; secretario general, Largo Caballero; tesorero, Wenceslao Carrillo.[62]

Sin embargo, el conflicto entre el movimiento obrero y el régimen iba creciendo. Después de que las fuerzas del orden reprimieran una huelga en Sevilla, a los socialistas del sur les quedó poca fe en la eficacia de la cooperación.[63] Esto fue el principio de lo que a partir de 1930 se convertiría en una ola masiva de huelgas en el sur.[64] En Asturias la incapacidad de los comités paritarios para resolver los problemas de las minas era aún más evidente. Las minas no estaban bien organizadas y su carbón era de poca calidad. En 1928 la industria carbonífera empezó a resentirse de la competencia del dumping del carbón inglés barato. Fueron despedidos cuatro mil mineros. La negociación era imposible, y las soluciones reformistas, fuera de propósito. Los mineros pedían la nacionalización de las minas; los propietarios, reducción de salarios y despidos. Evidentemente Primo de Rivera no podía consentir ataques contra la estructura de la propiedad. Cuando Llaneza se quejó de que los mineros solo tenían trabajo dos semanas al mes, el dictador le respondió: «Ustedes se alarman demasiado, más vale trabajar dieciséis días que nada». A medida que aumentaba el número de despedidos, se cerraban las minas y la disminución de horas de trabajo se convertía en la norma, el SOMA empezó a dividirse sobre la opción de una huelga general. La polarización interna del sindicato mostró que los mineros ya estaban siendo empujados hacia la radicalización que iba a ser uno de los principales problemas de la República.[65]

Cada vez era más difícil a la dirección socialista sostener que la colaboración beneficiaba a la clase obrera. Sin embargo, todavía en enero de 1919, Largo Caballero continuaba oponiéndose a la acción directa y apoyando la legislación del gobierno.[66] Sin embargo, progresivamente se separaba del compromiso estrecho con el régimen. Las posibilidades de elección no eran muy amplias, puesto que este se iba a pique. En la fase final de la dictadura, como consecuencia de diversas huelgas (especialmente en Santander y en Vigo), se disolvieron ciento cincuenta secciones de la UGT, noventa y tres centros obreros fueron cerrados y cientos de socialistas arrestados.[67] Las universidades estaban amotinadas. Intelectuales, republicanos e incluso políticos protestaban contra los abusos de las leyes y llegaron a preparar movimientos de resistencia en colaboración con elementos progresistas del ejército. El apoyo militar derivaba del amargo resentimiento de los cuerpos más profesionales de artillería e ingenieros que habían visto cómo su compromiso con los ascensos por estricto orden de antigüedad había sido ignorado por Primo, que impuso de forma prepotente los ascensos por méritos. La burguesía estaba alarmada por la caída de la peseta, y conforme transcurría el año 1929 empezaron a hacerse notar en la economía española los primeros efectos de la depresión mundial. Los socialistas se quedaban gradualmente aislados como únicos defensores del dictador, salvo su Unión Patriótica.

El temor a ser superados por las circunstancias cambiantes y a perder el apoyo de la base acabó por afectar a la mayoría colaboracionista de la dirección socialista. El 26 de julio de 1929, Primo de Rivera ofreció a la UGT la posibilidad de escoger cinco representantes para su Asamblea Nacional. Su primitiva oferta de septiembre de 1927 había sido rechazada únicamente porque no permitía la elección de los representantes del PSOE por los propios socialistas. Los comités nacionales del PSOE y la UGT tuvieron una reunión conjunta el 11 de agosto para discutir el ofrecimiento. Se presentaron dos propuestas principales. La primera, de Largo Caballero, propugnaba rechazar la oferta, basándose en que aceptarla significaría la violación de los acuerdos del congreso extraordinario de la UGT del 7 de octubre de 1927. Esto, aparte de no ser totalmente cierto, significaba un importante cambio de postura por parte de Largo Caballero, que, evidentemente, había decidido que la dictadura estaba desacreditada y que sería contraproducente para el movimiento socialista prolongar su asociación con ella. La otra propuesta, de Besteiro, estaba a favor de aceptar la oferta de Primo de Rivera.

Las discusiones de la reunión mostraron hasta qué punto habían advertido los líderes sindicales el peligro de perder su ascendiente sobre las masas socialistas. Solo Enrique de Santiago y Wenceslao Carrillo apoyaron la propuesta de Besteiro. Pero el cambio de táctica solo se adoptó de mala gana y redujo la presión de los acontecimientos y de la base. Andrés Saborit, el más fiel seguidor de Besteiro, comentó: «Nuestro voto se fundamentaba en el examen que hacíamos de las circunstancias políticas. En el fondo era una rectificación de toda una política acertada, puro oportunismo».[68] Besteiro había convocado un congreso extraordinario de la UGT para decidir la cuestión. Las objeciones a su propuesta pusieron de manifiesto hasta qué punto habían comenzado a influir en los dirigentes las opiniones de las masas socialistas. Largo Caballero afirmó que estaba totalmente de acuerdo con las razones de Besteiro a favor de la colaboración con el régimen, pero no con la convocatoria de un congreso. Era evidente que no quería tener que enfrentarse con una rebelión de la base. Trifón Gómez, dirigente del Sindicato Nacional Ferroviario y besteirista, dijo, defendiendo su voto en contra del presidente:

Yo no tengo inconveniente en suscribir el documento que acaba de leer Besteiro, pero tengo en cuenta los sentimientos de la clase obrera organizada y creo inútil y perjudicial la convocatoria de un congreso, porque los delegados vendrán, en su inmensa mayoría, a votar en contra de ir a la Asamblea.

En la votación final, solo Santiago votó a favor de Besteiro, pues Carrillo también estaba convencido de que los delegados de un congreso votarían contra la ejecutiva.[69]

Incluso a Besteiro le afectaron las circunstancias, aunque con una consistencia teórica mayor. Si se veía obligado a criticar a la dictadura, era a causa de un reformismo intelectual, y no por las consideraciones prácticas que movían a la burocracia sindical. La Asamblea Nacional, a la que se había invitado a la UGT, iba a discutir un proyecto de reforma constitucional, que habría bloqueado toda vuelta a la normalidad «democrática». Besteiro se había mostrado partidario de aceptar la invitación para impugnar el proyecto en la Asamblea. De hecho, salvo el grupo prietista, el resto de la dirección socialista estaba básicamente de acuerdo con él, pero prefería ceder ante los sentimientos de la base. Rechazada la invitación del dictador, Besteiro redactó un manifiesto con sus opiniones sobre la proyectada reforma constitucional. Firmado por Besteiro y Saborit, por el PSOE, y por Besteiro y Largo Caballero, por la UGT, el manifiesto salió a la luz el 13 de agosto de 1929. La censura prohibió su publicación y fue impreso y distribuido clandestinamente.[70]

El texto del manifiesto contenía una amplia demostración del pensamiento de Besteiro sobre la crisis política y el papel en ella del movimiento socialista. No era incoherente con su postura acerca de la colaboración con el régimen. Besteiro pensaba que en la larga marcha hacia el establecimiento del socialismo era legítimo utilizar todos los medios legales para mantener o mejorar la situación del movimiento socialista. Considerando a la dictadura como un estadio transitorio de la descomposición del régimen monárquico, le parecía lógico aceptar los privilegios ofrecidos por el dictador, y ello porque, conforme a su análisis marxista rígidamente ortodoxo, la monarquía tenía que ser derrocada por una revolución burguesa y, por tanto, la tarea de los socialistas consistía en mantener intacta su organización hasta que llegase su hora. En 1929 el proyecto de reforma constitucional de Primo parecía tratar de legitimar y convertir en permanente la naturaleza transitoria de la dictadura. Besteiro consideraba que la vía hacia el socialismo había de ser legal, y el plan de Primo de Rivera intentaba cerrar las posibilidades legales. Su primera reacción fue impugnar legalmente el proyecto en la Asamblea. Cuando el movimiento socialista se opuso a ello, redactó el manifiesto. Sus críticas al proyecto eran de dos clases. La más inmediata y a corto plazo se basaba en que el proyecto solo hacía vaguísimas promesas de reforma social y expresaba la intención de restringir el derecho de huelga. Más importantes eran sus críticas de los efectos a largo plazo del proyecto si llegaba a ponerse en práctica. Los poderes que se otorgarían al rey imposibilitarían que el Parlamento introdujese reformas que socavaran los intereses de la oligarquía. De acuerdo con ello, Besteiro llegaba a la conclusión de que la condición previa para la marcha democrática hacia el socialismo consistía en «un Estado republicano de libertad y democracia donde podamos alcanzar la plenitud del poder político que corresponde a nuestro creciente poder social». Si Primo de Rivera acababa con la posibilidad de establecer las condiciones políticas necesarias para el desarrollo del socialismo, ni la UGT ni el PSOE serían responsables de las acciones a que se vieran obligados.[71]

Sin embargo, esta declaración tajante no significó la unión de las tres tendencias del movimiento socialista. Podría haberse pensado, por ejemplo, que el rechazo por Besteiro de la dictadura le acercaría a las posiciones de Prieto y De los Ríos, pero la coincidencia era únicamente accidental. No eran marxistas de convicción, y estaban siempre más interesados por la libertad y los derechos democráticos como fines en sí mismos. Besteiro era también un demócrata convencido, pero pensaba que el establecimiento de las libertades básicas era labor de la burguesía. De ahí que, en tanto que Prieto y De los Ríos estaban a favor de la cooperación con los republicanos de clase media contra la monarquía, Besteiro temiese que se utilizara a la clase obrera para fines burgueses y perdiese de vista sus objetivos a largo plazo. La postura de Largo Caballero era también distinta. Pragmático y oportunista, se interesaba solo por dos cosas: los intereses materiales del movimiento socialista frente a cualquier otro grupo y el mantenimiento del control de la burocracia socialista sobre la base. Este pragmatismo hizo que la postura de Largo Caballero se viese sujeta a variaciones más repentinas e inconsistentes que las de las otras dos tendencias.

Largo se iba aproximando a la postura de Prieto de colaborar con los republicanos, aunque todavía dentro de un contexto de reformismo profundo. Pronto se vio que este cambio era una adaptación a los deseos de los militantes de base. El 16 de septiembre de 1929 pronunció un discurso ante la Federación Gráfica Española, en Santander, en el que declaró que los socialistas no podían seguir limitando su interés a cuestiones estrictamente sindicales, «porque, contra nuestra voluntad, las circunstancias nos llevan a tener que intervenir en todos los problemas de carácter nacional». Dejó bien claro que estaba alerta ante el fin de la dictadura y que cambiaba su táctica de acuerdo con ello.

Yo, que soy tachado de tendencia de derecha, soy de los que opinan que, mientras la clase obrera pueda actuar relativamente dentro de una esfera de un círculo legal que le permita desarrollar su organización, sería locura salirse de este círculo; pero también creo que si los que tienen obligación de conocer los anhelos del país cierran los ojos ante estos anhelos y anulan las posibilidades por donde nuestro país pueda desarrollarse hacia el progreso, la

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