PRÓLOGO

En los últimos años fue avanzando en ciertos sectores de la sociedad la reivindicación de los muertos por la guerrilla en el marco de la violencia desatada en los setenta.

Aunque cuando Raúl Alfonsín dispuso su histórico juicio a los comandantes impulsó también el juzgamiento del liderazgo guerrillero, asentado en la “teoría de los dos demonios”, con el tiempo esta segunda finalidad quedó diluida. Posteriormente fue desechada por diversos fallos judiciales incluso el de la Corte Suprema de Justicia, que consideró prescriptibles los asesinatos perpetrados por las organizaciones armadas, basándose en una doctrina asentada en el orden internacional que bajo ningún concepto ha querido equiparar los atropellos del Estado, considerados “crímenes de lesa humanidad” (secuestros, robos de bebés, torturas, muertes ilegales, etc.), es decir perseguibles en el tiempo, con las acciones de quienes no detentaron el monopolio de la fuerza.

Detrás del lema “justicia para todos”, reiterado en los tiempos más recientes por quienes aspiran a equiparar los actos de la guerrilla con el terrorismo de Estado, se oculta una realidad más compleja, en la que se mezclan el dolor y el oportunismo político. Es un asunto muy delicado, cuyo esclarecimiento no debe dejar duda con respecto a lo odioso de toda muerte signada por la controversia política. El sufrimiento de numerosas familias por sus víctimas y sus reclamos de que sean reconocidas como parte de los tiempos más traumáticos del siglo pasado no deberían ser confundidos con la tipificación legal de esos hechos.

Es necesario iluminar la simplificación que suelen hacer diversos sectores de la sociedad cuando usan de manera indistinta los términos “terrorismo” y “guerrilla”. La politóloga Pilar Calveiro expresa al respecto: “Los movimientos armados latinoamericanos no fueron terroristas, salvo algún caso verdaderamente excepcional, como parece haber sido el de Sendero Luminoso; resulta importante señalar que guerrilla y terrorismo no son sinónimos, como afirma cierto discurso pretendidamente democrático. El terrorismo se basa en el uso indiscriminado de la violencia sobre población civil, con el objeto de controlar a un grupo o una sociedad por medio del terror. Las prácticas de las guerrillas latinoamericanas no se caracterizaron por este tipo de accionar sino por operaciones militares bastante selectivas, dirigidas contra el Estado, principalmente contra fuerzas militares y policíacas. Esta distinción es de primordial importancia en el momento actual, en que se tiende a fundir y confundir cualquier recurso a la violencia con el terrorismo, como forma de descalificación. En realidad, la asimilación de toda práctica violenta al fenómeno terrorista es una manera de desacreditar en bloque las violencias revolucionarias o resistentes para, al mismo tiempo, convalidar las estatales —siempre más poderosas y letales— como ‘necesarias’”.¹

La derrota, aniquilación o dispersión de las organizaciones armadas y de todo aquello que se englobó como “subversión” acalló cualquier reclamo por las víctimas de la guerrilla: las FF.AA. habían “ganado la guerra”. Durante el gobierno de Alfonsín los nostálgicos de la dictadura presionaron de todas las formas posibles para impedir el Juicio a las Juntas y que se avanzara en las investigaciones sobre delitos contra los derechos humanos. La agrupación Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión (FAMUS) se hizo conocida por sus misas y solicitadas contra la democracia, pero nunca se interesó por investigar las acciones de la guerrilla ni por buscar justicia. Los indultos de Carlos Menem que beneficiaron a los militares fueron aplaudidos por la mayoría de esos sectores, que toleraron como un mal menor, primero, el perdón para los ex guerrilleros y, años más tarde, la autocrítica del entonces jefe del Ejército, Martín Balza. Pero todo cambió con la administración Kirchner y con el nombramiento de una Corte Suprema que fijó los marcos de enfoque judicial de la violencia heredada. La derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los diversos fallos del máximo tribunal y de otros estrados menores, con la consecuente reapertura de los juicios, fueron tomados por aquellos grupos como avances intolerables. Pronto surgieron numerosas asociaciones que, a la vez que defendían a la última dictadura, reclamaban que los actos de la guerrilla fueran considerados “crímenes de lesa humanidad”. La consigna había cambiado: si la amnistía era imposible en la nueva coyuntura política, si no cabía la posibilidad de frenar las causas judiciales, entonces todos debían pasar por Tribunales, ex militares y ex guerrilleros. Así como en los ochenta el “revanchista” había sido Alfonsín, a pesar de sostener la “teoría de los dos demonios”, en el comienzo del nuevo siglo la calificación le era endilgada al matrimonio Kirchner, y se completaba con una conceptualización que trató de instalarse en la opinión pública: “el gobierno de los Montoneros”. Ese mote, con su carga despectiva, nunca se aplicó a las administraciones de Menem o de Eduardo Duhalde, que también tuvieron como funcionarios a antiguos miembros de la agrupación armada peronista. El porqué es obvio. Sin embargo, más allá de las declaraciones públicas de los Kirchner, su apego a los ideales montoneros es más una expresión de deseos, una remembranza envuelta en nostalgia, que una realidad concreta y palpable en su política de gobierno.

No debería descartarse que en un futuro se sucedieran cambios políticos y judiciales que avalasen la ampliación del concepto de “lesa humanidad” y quedaran igualadas las acciones guerrilleras con el terrorismo de Estado. De esta manera, quienes adhieren a una nueva “teoría de los dos demonios” podrían impulsar una amnistía como reivindicación histórica. Por ahora, la Corte tiene fijada una postura a favor de la continuidad de los juicios reabiertos contra represores y su criterio sobre los crímenes de lesa humanidad.

Básicamente en el mundo se acepta la opinión de los supremos jueces argentinos. Juan Méndez, presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), admite que “en el derecho internacional se reconoce que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra pueden ser cometidos por agentes no estatales, como los grupos alzados en armas, con tal que se cometan como práctica masiva o sistemática y que respondan a un mando unificado y organizado”. “Es por eso”, aclara, “que el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional no hace distinción entre agentes estatales y no estatales, y de hecho los imputados por la CPI pertenecen a ambas categorías.” Sin embargo, precisa: “Lo que me parece más difícil es encontrar una base fáctica en el caso argentino, por dos razones. En primer lugar, porque los delitos atribuidos a los alzados en armas en la Argentina no incluyen ataques a la población civil, ni la tortura al enemigo rendido. En segundo lugar, porque aun en los hechos que podrían ocupar una zona gris —como la toma de rehenes o la eliminación de un rehén en estado de indefensión— el Estado argentino ha tenido más de treinta años para procesar y castigar a los responsables, y durante todo ese tiempo no hubo amnistías ni indultos generalizados que lo impidieran. El Estado represor no tuvo interés en juzgar y castigar sino en eliminar físicamente al adversario, y además de maneras terriblemente crueles. Es por eso que ahora la justicia no tiene elementos para perseguir penalmente aquellos delitos cometidos por los alzados en armas, no porque haya respecto de ellos una doble vara que los distinga de los crímenes del terrorismo de Estado”.²

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En octubre de 2008, el canal de cable C5N, integrante del multimedio periodístico del empresario Daniel Hadad, emitió dos programas especiales dentro del ciclo “Informe Klipphan” sobre las víctimas de la guerrilla argentina de los setenta. El nombre escogido no daba lugar a dudas sobre el tratamiento que se le iba a dar al tema: “Terroristas”. La jornada elegida para el envío de la primera emisión era significativa: la noche del 6 de octubre, horas después de que los seguidores de la última dictadura se habían congregado en Plaza San Martín para conmemorar lo que denominan “Día de los caídos en la lucha contra la subversión”. Los parientes de los muertos por la guerrilla reunidos para la televisión no planteaban amnistías ni perdones presidenciales de ningún tipo. Reclamaban que las acciones de los grupos armados también fueran consideradas “crímenes de lesa humanidad”.

Esos programas mostraron de manera cabal la nueva estrategia emprendida por los familiares de las víctimas de la guerrilla: un aggiornamientode la doctrina que sostiene que en los setenta hubo un “terrorismo de derecha” y un “terrorismo de izquierda”. En los ochenta, ese pensamiento, consagrado en el prólogo del Nunca más, era rechazado de plano por los militares y sus seguidores, que lo consideraban una maniobra del “progresismo”, la “socialdemocracia radical”, para “desprestigiar” a las Fuerzas Armadas; dos décadas después, gran parte de esos sectores admiten “errores” de la última dictadura y, por ende, toleran, a regañadientes, los juicios, pero impulsan una campaña para equiparar esos crímenes con la lucha armada desplegada por los grupos guerrilleros. El resquicio legal: blandir el concepto de “lesa humanidad”.

Entre los participantes en “Terroristas” estuvo Arturo Larrabure, hijo de un militar secuestrado en 1974 y muerto al año siguiente en circunstancias aún no esclarecidas por la Justicia, que a partir de la causa de su padre se convirtió en el principal impulsor de extender la noción de “lesa humanidad” a los hechos cometidos por la guerrilla. La figura del coronel Argentino del Valle Larrabure había reemplazado a la del general Pedro Eugenio Aramburu como emblema para los familiares de las víctimas de la guerrilla y los defensores del último régimen castrense. Ambos habían sufrido el drama del secuestro, el cautiverio y la muerte —aunque en el caso de Larrabure, los militares hablen de asesinato y la guerrilla, de suicidio—. Pero las diferencias existían: Aramburu estaba atado a un pasado cargado de contenido político —el bombardeo a Plaza de Mayo de 1955, el golpe contra Juan Domingo Perón, los fusilamientos del año siguiente, su protagonismo público posterior—; en cambio, Larrabure estaba “limpio” de esos conflictos.³ Ya en el Juicio a las Juntas, durante el alegato presentado por su defensa, el almirante Emilio Eduardo Massera alzó el caso Larrabure como símbolo de lo que podía realizar la “delincuencia terrorista”.

La instalación de la “teoría de los dos demonios” renovada por parte de algunos familiares de las víctimas de la guerrilla tuvo en Arturo Larrabure a uno de sus impulsores más tenaces. Encontró eco favorable en el diario La Nación, que no sólo le dio espacio en sus páginas de diferentes maneras, sino que también convirtió el tema de la ampliación de los “crímenes de lesa humanidad” para las acciones de la guerrilla en un baluarte de su línea editorial: entre noviembre de 2003 y septiembre de 2008, el matutino dedicó más de medio centenar de editoriales a ese asunto.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación fueron aprovechadas en ese proceso. Decenas de sitios de Internet, blogs y foros se multiplicaron con las consignas de quienes cuestionaban lo que dieron en llamar “memoria hemipléjica”.

Algunas situaciones paradójicas ocurrieron en este marco. Aquellos que se opusieron al Juicio a las Juntas en 1985 o que lo aceptaron con disgusto, denostando la acusación de la fiscalía, más de veinte años después celebraban y difundían las palabras del ex fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo, quien desde su actual puesto de fiscal de la Corte Penal Internacional planteó a principios de 2007 la necesidad de considerar las acciones de la guerrilla “delitos de lesa humanidad”. Es un debate no concluido que interesa no solamente a los nostálgicos de la dictadura o a la derecha extrema.

La causa Larrabure, reabierta en 2007, reavivó el debate sobre las muertes causadas por la guerrilla, que tuvo su momento de mayor repercusión mediática con la publicación al año siguiente de Operación Traviata, que afirma que el líder de la CGT José Ignacio Rucci había sido ejecutado por Montoneros, y con el pedido de los familiares del sindicalista metalúrgico de que su muerte fuera considerada de “lesa humanidad”, un reclamo que se cristalizó en la reapertura del expediente judicial.

“La otra historia”, “las víctimas del terrorismo”, “así secuestraban y mataban” fueron los eslóganes reiterados en las emisiones de “Terroristas”, en las que sobresalió la falta de contextualización histórica para explicar el fenómeno de la lucha armada, como si la guerrilla hubiera surgido por generación espontánea y la violencia en la Argentina hubiera comenzado con la muerte de Aramburu. Esa misma liviandad quedó evidenciada al explicarse el caso del filósofo nacionalista Jordán Bruno Genta, muerto en 1975: en ningún momento se hizo mención sobre su trayectoria como uno de los teóricos más relevantes del pensamiento autoritario argentino. Sólo se escuchó la versión de su hija, María Lilia Genta.

La misión del periodista es esclarecer, profundizar en los hechos, escapar del lugar común y del calificativo fácil. El conductor de “Terroristas”, Andrés Klipphan, incurrió en liviandades cercanas, en el mejor de los casos, a la desinformación o la ingenuidad. Afirmó que los “asesinados” del “terrorismo” fueron “miles y miles”; que a Genta lo mató el ERP, cuando en realidad se le atribuye el atentado al ERP-22 de Agosto; que los episodios tratados en el programa ocurrieron en democracia, como si entre 1973 y 1976 ese concepto significara lo mismo que en la actualidad, olvidándose del carácter represivo de ese Estado. Si bien calificó al golpe de 1976 como “el más sangriento”, que provocó “30 mil desaparecidos”, planteó una función pedagógica que la pantalla estaba lejos de ofrecer, con una mirada parcial vestida de objetividad, al instar a los padres a que se sentaran frente al televisor con sus hijos “para que los más chicos comiencen a comprender toda nuestra historia, sobre todo la reciente”. Pero la prioridad era mostrar los relatos de los familiares de las víctimas desde lo emocional, los detalles de las muertes, con cartas, versos, fotografías, recuerdos de la vida diaria y de situaciones cotidianas, todo acompañado con una música instrumental de fondo, suave y lúgubre. La información se diluía en la emotividad. El dolor ante la pérdida de un ser querido no puede juzgarse. Ese sentimiento es incuestionable, inopinable. Pero cuando ese dolor se transforma en acciones políticas queda expuesto, y ellas tienen consecuencias concretas en la vida del país y en la conformación de la sociedad.

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Este libro intentará desentramar las relaciones entre algunos casos emblemáticos de víctimas de la guerrilla —aunque aún persistan las dudas sobre los autores de las muertes, por ejemplo, de Larrabure y de Genta— y la amplia red de discursos autoritarios, nuevos actores y alianzas que se fueron construyendo en torno de esas figuras, en los últimos cuarenta años. El fin de esta investigación no es justificar o condenar la lucha armada adoptada por la guerrilla, ni polemizar sobre si fueron “crímenes” o “ejecuciones”, pero sí ahondar en las representaciones de esos sucesos que perduran en la actualidad, a la luz del momento histórico en que ocurrieron. Una pregunta es ineludible: ¿por qué la evocación en torno de las víctimas de la guerrilla implica siempre de manera explícita o velada una reivindicación de la última dictadura o del discurso autoritario? Los cuatro protagonistas elegidos para este libro —Argentino del Valle Larrabure, Pedro Eugenio Aramburu, Jordán Bruno Genta y José Ignacio Rucci— no fueron tomados por azar. Alguien podrá cuestionar que estas páginas sólo se detienen en cuatro protagonistas cuando en total, según las cifras manejadas por diferentes fuentes, las víctimas de la guerrilla suman varios centenares. Los casos Larrabure, Aramburu, Genta y Rucci reúnen todos los elementos necesarios para ensayar una respuesta a aquel interrogante crucial para la construcción de un futuro sin lastres de autoritarismo. Fueron símbolos para la última dictadura y son fantasmas que aún acosan a esta democracia imperfecta.

El empleo de la lucha armada por parte de la guerrilla aún es tema de debates. En 2004, un testimonio de Héctor Jouvé, ex miembro del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), motivó una carta de Oscar del Barco, quien ayudó a la guerrilla de Ernesto Che Guevara en la provincia de Salta, en la que cuestionaba el asesinato político como método revolucionario. A esa reflexión le siguieron contestaciones de varios intelectuales en diversos medios de comunicación, a favor y en contra de la postura de Del Barco, y algunos de esos textos fueron reunidos en un libro.⁴ Más allá del formato papel, la polémica se extendió con rapidez por la web. Aunque con menos difusión mediática, otra polémica sobre el mismo asunto se había producido una década atrás entre los escritores Osvaldo Bayer y Mempo Giardinelli. En 1993, Bayer escribió en el diario Página/12 “Matar al tirano”, en ese texto recordaba al anarquista Kurt Gustav Wilckens, solitario protagonista del atentado en el que falleció el teniente coronel Héctor Benigno Varela, ejecutor de la represión de peones en la Patagonia durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. El artículo, que defendía el derecho a la resistencia y a la rebelión de los