Esta es una selección de los hechos más notables de corrupción desde que Argentina no era tal hasta 2023, año de publicación de esta primera edición. Se observará que la “idea” de corrupción cambió, y que el óxido que fue corroyendo nuestras tuberías se amplió y perfecciono poniéndose al abrigo de la impunidad.

Algo, sin embargo, se mantuvo invariable: el rol del Estado a la hora de diferenciar entre hijos y entenados: el inventor de la barrera siempre cobró peaje. Jueces venales completan el cuadro, sumándose a un Poder Judicial dependiente del Ejecutivo que lo convirtió en “tiempista”. No hay un país posible sin Justicia independiente. Un análisis de las bases de datos del Observatorio de la Corrupción de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y de la Corte Suprema, firmado por Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz, determinó que solo el 12 % de los casos de corrupción que tramitó la Justicia Federal de la Capital en los últimos treinta años llegó a juicio oral. De 1736 causas por delitos en la función pública iniciadas entre 1980 y 2022 (de las cuales el 78 % fueron abiertas a partir de 2013), solo el 6 % (25 causas) llegó a juicio. La mayoría de los casos culminó con el archivo (21 %) o el sobreseimiento (20 %) en la etapa de la investigación. Solo el 2 % llegó a una sentencia de culpabilidad. El promedio de duración de este tipo de causas está entre los seis y los diez años. En 2021 el Foro de Estudios sobre la Administración Pública (FORES) presentó a la OEA un informe titulado “Un país en estado de sospecha: la Argentina y la corrupción 2009-2021”. Sus conclusiones generales describen la situación judicial:

• “La gran mayoría de las causas en donde se investigan hechos de corrupción no concluyen: los acusados son sobreseídos por prescripción, muerte del imputado, duración excesiva del proceso (más de 20 años) o porque las pruebas se degradan o erosionan.
• En estas condiciones, no hay funcionarios inocentes ni culpables: son sospechosos.
• La Argentina tiene un sistema normativo aceptable para combatir y reprimir la corrupción. Pero las reglas no se cumplen. Parecería que el país ha construido un sistema funcional a la corrupción, sea en forma deliberada, sea por omisiones o negligencias.
• La Auditoría llevada adelante por el Consejo de la Magistratura de la Nación respecto de las causas de corrupción en la Justicia Federal reveló problemas de recursos humanos, tecnológicos y funcionales que hacen casi imposible investigar y sancionar la corrupción en nuestro país.
• Las notorias demoras en la tramitación de los juicios reflejan una preocupación más por los aspectos formales que por un interés concreto en hacer avanzar las causas.
• Diferentes órganos del Estado se hacen juicio unos a otros por negarse unos a compartir información con otras instituciones estatales, con un notorio desinterés por el avance de las causas.
• Durante el período 2009-2016, los casos en donde se investigan hechos de enriquecimiento ilícito son aproximadamente 600, pero en el mismo período se registra solo una condena.
• Las causas prescriben pero ningún funcionario judicial ni del ministerio público es investigado o auditado por haber permitido la prescripción”.

Sucede frente a nuestros ojos: ¿queremos verlo? Deberíamos detenernos aquí en dos teorías psicológicas:

1. La disonancia cognitiva: el concepto fue formulado por primera vez en 1957 por el psicólogo estadounidense Leon Festinger, en su obra A Theory of Cognitive Dissonance (Teoría de la disonancia cognitiva). Refiere a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, que presenta dos pensamientos en conflicto, o un comportamiento que entra en conflicto con nuestras creencias. Para dar un ejemplo clásico, en la fábula de Esopo La zorra y las uvas, cuando la zorra no logra alcanzar las uvas, decide que ya no las quiere. Festinger sostiene que si una persona que ha sido criada con valores pacifistas se enfrenta a una guerra, debe, para reducir las tensiones que se producen en su interior, justificar y revisar sus valores anteriores: la defensa de la Patria, evitar males mayores, etc.
2. El sesgo de confirmación: es una distorsión del pensamiento que representa la tendencia automática a buscar información que confirme las convicciones que ya tenemos. En los países anglosajones lo llaman cherry picking. En su libro de 2020 Por qué creemos en mierdas, el psicólogo sanitario y divulgador Ramón Nogueras afirma sobre el sesgo de confirmación: “Es la solución a la disonancia cognitiva y es lo que más importa cuando explicamos por qué creemos en mierdas y, sobre todo, por qué seguimos creyendo en mierdas, aunque nos demuestren que no son verdad”. El psicólogo estadounidense Raymond Nickerson lo llama “efecto de primacía”: es la situación que se presenta cuando un individuo formula una conclusión sobre un tema determinado, basado en conocimientos o creencias previas. Habiendo tomado una posición de antemano, prefiere, sin reflexionar, aquella información y evidencia que defienda, confirme o justifique tal postura; concordante, por tanto, con su forma de pensar. Las redes llevaron este fenómeno hasta la exasperación: lo que comenzó como un “servicio” (acercar temas de interés propio marcados por el historial de cada uno) terminó siendo un monólogo dentro de un ascensor: se perdió la sorpresa de encontrar, de disentir, de responder emocionalmente a un contenido. Solo nos llega aquello con lo que estamos de acuerdo.

CAPÍTULO 1

Consuelo de tontos

Se diría que siempre estuvo aquí: la corruptela siempre estuvo aquí. Hay una tradición: cuando América empezaba a hacerse hispana, sus invasores tan cristianos trajeron esa ayuda inestimable. Aquellos creyentes podían hacer cualquier cosa y algo más, porque lograban el perdón de sus pecados –sus infracciones a su propia ley– comprándole a la institución que debía aplicar esa ley los perdones que les abrían las puertas de su cielo. Si su dios y padre y creador sabía mirar para otro lado a cambio de dineros o atenciones especiales, ¿cómo no iban a hacerlo los pinches hombres que regían en su nombre? ¿Quién tendría la soberbia de no dejarse corromper? ¿Quién sería más altanero que el Más Alto?

La corruptela, entonces, es constitutiva: la forma en que funciona la religión que nos formó. La corruptela siempre estuvo aquí: en la Colonia, en las nuevas repúblicas, las viejas dictaduras, las renovadas democracias, en cada momento de los cinco siglos alguna regla se dobló con dinero, algún poder cobró por poder demasiado o no poder. Hay pocas pautas culturales tan asentadas en estas vastas tierras: corromper es, al fin y al cabo, llevar hasta sus últimas consecuencias los mecanismos habituales. Que el que tiene más lo use para tener más, que el que tiene algo que vender —su pequeña autoridad, sin ir más lejos— lo venda tan caro como pueda: mercado en todo su esplendor, sus límites confusos.

(La corrupción siempre existió, pero sería bueno que tan antigua tradición no nos hiciera caer en la tentación del estamos como estamos porque somos como somos. La corrupción, como todo, como cualquier cosa, es una forma histórica que la historia, alguna vez, transformará).

MARTÍN CAPARRÓS, Ñamérica

La historiografía (la Academia, bah) se ha resistido durante décadas a mencionar, siquiera, la palabra ‘corrupción’. La palabra, parece, es demasiado asertiva para quienes enarbolan una supuesta objetividad. Escribió Stephan Ruderer, profesor asistente en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile:

Debido a la dificultad para definir el término ‘corrupción’ y la carga moral que contiene, los historiadores se han mostrado reacios, durante mucho tiempo, de utilizarlo como categoría analítica. Una definición mínima, que hoy también es aceptada por la mayoría de los investigadores, se refiere al ‘abuso de un puesto público para el beneficio privado’ (Johnston 1996: 321-335). Fue la definición de James Scott la que abrió el campo de la corrupción a la investigación historiográfica. Scott destaca tres aspectos de la corrupción: abuso de un puesto público, discusión pública y existencia de reglas y normas establecidas, que se quiebran para beneficio propio (Scott 1972: 36-55). En este marco, el debate público adquiere un papel fundamental al definir corrupción como un ‘delito de percepción’; esta solo se vuelve tangible en la ‘comunicación sobre corrupción’ (von Alemann 2005: 14). Esto implica que el significado del término corrupción es algo cambiante, que depende del estado actual de las normas y reglas que rigen una sociedad.¹

Si las respuestas son cambiantes, habrá que recurrir a la filosofía, esto es, a las preguntas permanentes. ¿La corrupción forma parte de la personalidad de una Argentina oxidada?

Empecemos por ethos: la palabra proviene del griego y significó, primitivamente, estancia, lugar donde se habita. En la tradición aristotélica llega a significar modo de ser y carácter, pero no en el sentido pasivo de temperamento como estructura psicológica, sino en un modo de ser (activo, no estático) que se va adquiriendo e incorporando a la propia existencia. El segundo significado de la palabra ethos es hábito, costumbre. Así, el término fue empleado en el mundo helénico con dos significados: a) con eta (e larga), ethos tiene relación con el concepto de carácter; y b) con épsilon (e breve), ethos denota el concepto de costumbre. Sin embargo, en el paso del griego al latín se debilitó uno de sus significados, ya que en latín solo existe una palabra para expresar los dos significados de ethos: este término es mos (en plural, mores, de donde viene la palabra moral) y significa costumbre.

La moral es un conjunto de juicios relativos al bien y al mal, destinados a dirigir la conducta de los humanos. La ética, por otro lado, es una reflexión sobre la moral. La ética, como filosofía de la moral, se encuentra en un nivel diferente: se pregunta por qué consideramos válidos unos y no otros comportamientos. Heráclito, uno de los más importantes filósofos presocráticos, en el año 500 a. C. advirtió en el ethos una cualidad casi mágica que resulta aún hoy, sin embargo, del todo real. “El ethos es el daimon del ser humano”, escribió en su aforismo 119. La traducción más llana sería: “La casa es el ángel protector del ser humano”. Pero, aunque en aquellos buenos viejos tiempos las diferencias entre filosofía, poesía y ciencia no eran tan notables, Heráclito no se refería al daimon (“ángel protector”) como una metáfora: el ethos, la casa, no estaba constituido solamente por cuatro paredes y un techo, también formaban parte de ella las relaciones de sus habitantes entre sí, las tradiciones y los sueños. Aquella amalgama que hacía del ethos una verdadera casa era fruto de la presencia del daimon, un ángel bienhechor. Sócrates llamó “voz interior” al ángel de Heráclito, pero guardando el mismo sentido. “Una voz profética dentro de mí —definió— proveniente de un poder superior. Una señal de Dios”. Aunque sonara místico, nada estaba más cerca de lo concreto: se referían así a la conciencia, al sentimiento íntimo de lo justo.

Una nación, entonces, no podría sino estar compuesta de ciudadanos, vinculados por la lealtad y una memoria común, basada en la reciprocidad.

Ernest Renan va más allá al proponer que “una nación es un alma, un principio espiritual”; en ella se deben “haber hecho grandes cosas juntos, querer hacerlas todavía. Se ama en proporción a los sacrificios soportados, a los males sufridos. La existencia de una nación es (perdónenme esta metáfora, pide Renan) un plebiscito todos los días, del mismo modo que la existencia del individuo es una perpetua afirmación de vida”.

¿Qué sucederá, entonces, cuando esa visión trascendente se nubla, cuando esos vínculos del saber íntimo del bien y el mal se tuercen, cuando el sentido de pertenencia histórica recíproca deja de percibirse como un valor, cuando la ley se transforma en una ficción que solo resulta útil a los tentáculos del poder?²

La corrupción es un estado de decadencia, contaminación o equivocación. En la Biblia, la corrupción es uno de los efectos del pecado que resultaron de la caída del hombre.

Para la época de Noé, la corrupción de la humanidad se había incrementado: “Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra” (Génesis 6: 11-12).

En la Biblia se describe a la humanidad pecadora como corrupta: “Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables; no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” (Salmo 14: 1-3; ver también Salmo 53: 1-3; Isaías 1: 4).

En La República, de Platón, se menciona el caso de Giges, quien encontró un anillo que lo convertía en invisible; pronto Giges se dio cuenta de que la invisibilidad le permitía realizar actos reñidos con la ética, como robar. Uno de los dialogantes de este texto se pregunta si todos los hombres no son corruptos en sí y solo esperan la oportunidad de no ser vistos para perpetrar un acto venal. Sin embargo, líneas más adelante se menciona que la virtud de obrar bien debe ser cultivada en todo ser humano para justamente evitar cualquier acto de corrupción, lo que, siglos más tarde, Kant llamaría la ontología del deber.

Glaucon (hermano de Platón) hace referencia a esta leyenda para ejemplificar su teoría de que todas las personas son injustas por naturaleza. Solo son justas por miedo al castigo de la ley o por obtener algún beneficio por ese buen comportamiento. Si fuéramos “invisibles” a la ley como Giges con el anillo, seríamos injustos por nuestra naturaleza.

Este mito ha tenido gran influencia en la filosofía, ya que da a entender que el ser humano hace el bien hasta que puede hacer el mal.

Con esta historia, Glaucon concluye que “nadie es justo de grado, sino por fuerza y hallándose persuadido de que la justicia no es buena para él personalmente; puesto que, en cuanto uno cree que va a poder cometer una injusticia, la comete. Y esto porque todo hombre cree que resulta mucho más ventajosa personalmente la injusticia que la justicia”.

Platón responde al mito desde su “intelectualismo moral” y afirma que “es peor cometer una injusticia que padecerla, porque la injusticia destruye el alma”. “La práctica de la justicia es en sí misma lo mejor para el alma considerada en su esencia, y esta ha de obrar justamente tenga o no tenga el anillo de Giges y aunque al anillo se agregue el casco de Hades”.³

Ocuparía varios volúmenes escribir sobre la corrupción en la Historia, y resultaría también un consuelo de tontos, pero valga la pena mencionar solo algunos hechos de la Antigüedad: volviendo a la Biblia, recuérdese que Judas Iscariote vendió a los romanos a su maestro Jesús por treinta monedas de plata.

En el año 324 a. C. Demóstenes, acusado de haberse apoderado de las sumas depositadas en la Acrópolis por el tesorero de Alejandro, fue condenado y obligado a huir. Y Pericles, conocido como el Incorruptible, fue acusado de haber especulado sobre los trabajos de construcción del Partenón.

Escribe Carlos Alberto Brioschi, autor de Breve historia de la corrupción: “Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, en el año 1500 a. C., establecer un trato económico con un poderoso no era distinto de otras transacciones sociales y comerciales y era una vía reconocida para establecer relaciones pacíficas”.

En Roma, el potente caminaba seguido por una nube de clientes: cuanto más larga era su corte, más se lo admiraba como personaje. Esta exhibición tenía un nombre: adesectatio. A cambio, el gobernante protegía a sus clientes, con ayudas económicas, intervenciones en sede política, etcétera. Y los clientes, a su vez, actuaban como escolta armada. También había acuerdos entre candidatos para repartirse los votos (coitiones) y para encontrar un empleo solía recurrirse a la commendatio, que era el apoyo para conseguir un trabajo, lo que hoy equivaldría al “acomodo”.

Bertolt Brecht, en su obra Los negocios del señor Julio César, escribe: “La ropa de sus gobernadores estaba llena de bolsillos”. En Roma se llevaron a cabo irregularidades que recuerdan mucho a las de hoy: por ejemplo, el teatro de Nicea, en Bitinia, costó diez millones de sestercios, pero tenía grietas y su reparación suponía más gastos, por lo que Plinio sugirió que era más conveniente destruirlo.

Es cierto que no hay nada nuevo bajo el Sol y tal vez entonces —como veremos más adelante— el problema en la Argentina no sea solo la corrupción, sino la impunidad que la acompaña.

CAPÍTULO 2

Cabildo y cárcel

El gobierno político local estuvo representado por el “Cabildo”, como se lo llamaba en las colonias. “Los funcionarios del Cabildo eran principalmente los siguientes: alférez real (heraldo portaestandarte de la ciudad), alguacil mayor, depositario general, fiel ejecutor (inspector de pesas y medidas, y encargado de la provisión de alimentos y del ajuste de los precios del mercado) y receptor de penas (recaudador de multas judiciales). Encontramos a algunos de estos funcionarios o a todos ellos como regidores con voz y voto en los cabildos. Había, además, otros funcionarios que no tenían asiento en el Cabildo. Entre los más importantes estaba el ‘síndico’ o ‘procurador general’, el ‘mayordomo’ (custodio de las propiedades del municipio), uno o más ‘alcaldes de la hermandad’ (funcionarios policiales para los distritos rurales), a veces llamados ‘alcaldes de la mesta’, y el ‘escribano’, que también servía como empleado o secretario en las reuniones del Cabildo. En épocas posteriores, en las ciudades grandes, había a menudo ‘alcaldes de barrio’, que ejercían vigilancia policial sobre los distritos, barrios o parroquias”.⁴

Felipe II, hijo y sucesor de Carlos V, fue quien introdujo la práctica de vender cargos al mejor postor. Como dice Antonio de León Pinelo en su Tratado de confirmaciones reales, Felipe, tras la abdicación de su padre, en 1556, se encontró con una virtual bancarrota por herencia y con la necesidad de buscar inmediatamente nuevas fuentes de ingreso, sobre todo en las provincias de ultramar. Ya era entonces habitual en España la venta de cargos públicos, que comienza en 1559 con el de escribano, y que afectó tanto a los escribanos ordinarios como a los agregados al Cabildo. Muy pronto se pusieron en venta otros cargos del Cabildo, como el de alférez real: “Debido a las necesidades de la Corona, se vendieran todos los ‘regimientos’ vitalicios vacantes en las ciudades donde existieran, y agregaran tantos como fuera conveniente, para ser entregados ‘a los precios que se pagan usualmente y que parezcan justos’. Y, en lugares donde los regimientos eran anuales, ellos serán abolidos y se venderían puestos vitalicios ‘en la cantidad que parezca conveniente de acuerdo con la calidad de estos pueblos y con el número de vecinos’. El producto se usaría para equipar y mantener la Armada del Mar Océano, luego de la destrucción de la Gran Armada, en 1588”.⁵

Se prescribía siempre que, al adjudicar cargos en pública subasta, se diera preferencia a los hombres de capacidad y, cuando fuera posible, a los primeros colonizadores y a sus descendientes. Pero existen numerosas pruebas de que estas precauciones no siempre fueron observadas. Al principio, los nombramientos eran solo por una generación; pero en 1581, a medida que la estrechez económica comenzó a dominar a la Corona, el cargo de escribano fue ofrecido por dos generaciones y en 1606, todos los cargos vendibles se otorgaron a perpetuidad, con derecho de reventa o donación durante la vida del poseedor, a condición de que se pagara la primera vez la mitad y luego una tercera parte de su precio al Tesoro Real. Cada transferencia tenía que recibir confirmación formal del Rey dentro de los tres años. La innovación causó el efecto de aumentar el valor del cargo para el comprador, sin implicar, a la larga, pérdida financiera considerable para la Corona.

El cargo municipal se tomó así, en todo sentido, objeto de propiedad privada que pasaba libremente, por venta, de una persona a otra, o entre miembros de una misma familia. Una vacante podía incluso ser comprada para un menor, y en ese caso hasta la mayoría de edad ocupaba el cargo su padre u otra persona apta.

“En Buenos Aires los adquirientes de oficio aparecen por vez primera en 1607. El depositario general Bernando de León, que obtuvo su título por 2.000 pesos y lo ejerció durante treinta años, fue el primero en incorporarse al Cabildo”.⁶

Describe Clarence H. Haring: “En todas las ciudades del Virreinato la hacienda municipal se encontraba en un estado de increíble confusión y desorden. En muchas de ellas no se llevaba ningún libro que documentara lo más elemental de los ingresos y gastos. La corrupción en la administración pública se había generalizado. La situación era tan mala que se estableció en México una contaduría general, a la cual cada municipalidad debía enviar su libro mayor para la revisión de cuentas”. Por supuesto sirvió para poco.

PRÓXIMAMENTE

En el caso de Buenos Aires, “lo que fundó Mendoza, en verdad, fue un Fuerte, hecho con el casco de uno de los navíos que nunca regresó. Para tener ‘categoría de ciudad’, según las leyes españolas, debía contar con un Cabildo que no tuvo hasta 1580”. “Al mencionar el Cabildo, debo aclarar que nos referimos al órgano legislativo en sí, que funcionó durante años en otros edificios y no en el conocido luego; los cabildantes ocupaban generalmente algunas habitaciones del Fuerte, y allí sesionaban, aunque estaba por demás claro que, a la hora de considerarse ciudad, la Trinidad debía contar con un Cabildo construido como tal”. “Después de veinticinco años de la fundación, el 3 de marzo de 1608, el alcalde ordinario Manuel de Frías, atento a ‘que no hay casa de Cabildo’ propuso que ‘se ponga remedio y diligencia en hacerlas’, financiando dicha construcción con nuevos impuestos a los navíos ‘que han entrado a este puerto y entraren de ahora en adelante’, y fue cobrado de manera retroactiva, haciéndolo también extensivo a las carretas con leña que entraban a la ciudad ‘atento a la mucha necesidad y pobreza’ de las autoridades. Recién en 1766, ciento cincuenta años más tarde, el Cabildo logró conseguir una campana. Cuando esto sucedió, ya casi nada quedaba del Cabildo original —en un terreno que, por otra parte, había sido alquilado— ya que en 1632 amenazó con derrumbarse y fue construido casi enteramente de nuevo. Más adelante volveremos sobre el tema, ofreciendo más detalles del ‘estado de obra constante’ en que vivió el Cabildo”.⁷

Las actas del Cabildo y, eventualmente, algunos pocos libros de viajeros son los únicos testimonios de la época a los que se puede recurrir. Así como se extraviaron las actas de Fundación de la ciudad, lo mismo sucedió con las del Cabildo desde la Fundación hasta 1588 y las de 1591 hasta 1605.

Durante más de doscientos años —en realidad, hasta su cierre definitivo, en 1821— el Cabildo de Buenos Aires “estuvo en obra”. José Torre Revello realizó la investigación más minuciosa sobre los destinos del Cabildo, publicada en 1951 bajo el título “La Casa Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires”, por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras. Torre Revello asegura que “las designaciones de regidores que debieron integrar los cabildos de las ciudades fundadas por Pedro de Mendoza nunca fueron erigidas, ni aquellos ejercieron sus cargos”. De modo que la historia del Cabildo comenzó con una excepción: “nombrar al Cabildo” era una de las primeras obligaciones de quien fundaba una ciudad en el siglo XVI y el Cabildo era, en términos institucionales, el distintivo que se imponía entre una ciudad y un fuerte. De allí que sería inexacto sostener que Mendoza fundó en Buenos Aires una ciudad; lo que emplazó fue un Fuerte que, como se vio, fue luego despoblado.

Cuando Juan de Garay repartió solares en la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, asignó un sitio para que allí se levantara la “Casa Cabildo y Cárcel”. Sin embargo, por las demoras ya señaladas, el Cabildo funcionó durante los primeros años de la ciudad celebrando sus reuniones en casas particulares hasta que el gobernador Hernandarias de Saavedra, en 1592, doce años después de la Fundación, acomodó dentro del recinto del Fuerte una pequeña habitación destinada a celebrar las reuniones de los cabildantes. Según el Acuerdo de Hacienda del 17 de febrero de 1603, “la ciudad carecía de edificios destinados a Aduana y Cabildo”. Torre Revello señala que “tales propósitos no pasaron de proyecto, porque no hay constancia alguna de que se hicieran diligencias de acuerdo con lo expresado”. Antes que edificio, el Cabildo tuvo un portero: el 7 de agosto de 1603 se solicitaba por escrito el abono de su sueldo, fijado en veinte pesos anuales; el portero debía dar aviso a los ediles del día en que se celebraban acuerdos. En 1606, una de las actas del Cabildo vuelve sobre el punto de la necesidad de tener un edificio propio, señalando que “no poseen residencia para celebrar sus reuniones”, de lo que se desprende que habían sido desalojados del Fuerte en fecha y circunstancias desconocidas. Luego efectuaron sus sesiones en casa de los tenientes de gobernadores Víctor Casco de Mendoza y Manuel de Frías. En 1608, en un solar abandonado, comenzó la construcción de la Casa Cabildo. Diversas actas dan constancia de quienes trabajaron en la obra y las retribuciones que recibieron por ello. El carpintero Pedro Ramírez, por ejemplo, recibió veinte pesos por el labrado de dos puertas y dos ventanas “con destino a los locales construidos debajo de los corredores, que serían ocupados por cuartos de alquiler y tiendas de comercio”.

Según Hernandarias, quien fue electo cinco veces como gobernador, las obras del Cabildo terminaron alrededor de 1609. Pero en el Acuerdo del 1 de marzo de 1610 el alcalde Don Juan de Bracamonte hizo constar que el Rey había cedido por el término de diez años el producto de las condenaciones de Cámara y gastos de Justicia con destino a obras públicas de la ciudad. “Es de necesidad —dijo— atender la defensa del lugar y será muy conveniente proseguir el edificio de las casas del Cabildo”. Al año siguiente algo debía haber en el solar del Cabildo ya que la corporación decidió, en una de sus sesiones, alquilar dos locales de su propiedad. Según las cuentas del mayordomo y depositario del Cabildo, Bernardo de León, en 1612 estuvieron terminadas las obras; más allá de los recibos por dos mil tejas, transporte de una reja y arena, hay otros que indican la compra de cal para el blanqueo y limpieza “de las casas del Cabildo después de acabadas”. Pero el flamante Cabildo resultó pequeño: dos años después la Cárcel y el resto del edificio estaban abarrotados de presos, y las reuniones volvieron a hacerse “temporalmente” en la casa del Gobernador. En ese mismo año los cuartos de alquiler destinados para negocios estaban desocupados, sin locatario posible en vista, les faltaban cerraduras a las puertas, y los locales servían de vertederos de agua. En 1624 en las actas de una de las sesiones se expresa que el Cabildo “se estaba cayendo” y que “no obstante estar obligado Bacho de Filicaya a hacer todas las refacciones que el edificio pudiera necesitar, dicho personaje se niega a su cumplimiento”. Dice Torre Revello: “Un lustro después, en acuerdo que la corporación efectuó en el Fuerte el 25 de enero de 1629 dejó constancia de que las reuniones que celebraba en edificio propio se efectuaban en una sala donde también se hallaba la cárcel pública. Allí se aglomeraban los presos, blancos, indios y negros, encontrándose a la vista de los ediles el cepo y el burro. Con el último de los instrumentos mencionados se daba tormento a los delincuentes. Además se hizo notar que la sala tenía ventanas a la calle, no pudiéndose guardar secreto de las deliberaciones porque a través de las mismas se oía cuanto se trataba en el interior. Desde entonces los ediles volvieron a celebrar sus reuniones en el Fuerte, mientras el ruinoso edificio se iba desmoronando lentamente. Un curioso debate se desarrolló en la reunión celebrada el 9 de agosto de 1634, en cuya acta se dejó constancia de la imposibilidad material, por parte de la corporación, para restaurar las casas o habitaciones que se destinaban a alquiler”. Otra acta de 1645 indica que no había podido celebrarse acuerdo en la Sala Capitular “por encontrarse ésta ocupada por presos”. Una carta del Obispo Antonio de Azcano Imberto al Rey, del 28 de agosto de 1678, hizo referencia al paupérrimo estado de la ciudad y la situación ruinosa del Cabildo. El Rey respondió solicitándole a la corporación un proyecto atinente a reconstruir el edificio, y asegurando su financiación.

En el acuerdo del 13 de mayo de 1682 se discutió el proyecto de Cabildo: necesitaban un edificio de dos plantas, con las siguientes dependencias: en la planta baja, la sala que se destinaría a la cárcel “de las personas privilegiadas” (claro antecedente de nuestras cárceles vip), más dos viviendas asignadas a toda clase de presos, una para hombres y otra para mujeres. Con vista sobre la Plaza Mayor se construirían dos habitaciones destinadas a jueces y escribanos. En el patio se instalarían cuatro calabozos y un cuarto para el servicio de vigilancia, y en la planta superior, la sala capitular y el archivo. Los gastos de la obra demandarían unos quince mil pesos, y se demoraría unos tres años su finalización. Faltaba precisar la cantidad de empleados públicos: el Ayuntamiento necesitaría dos alcaldes porteros que serían, a la vez, alguaciles ejecutores, con un sueldo anual de ciento cincuenta pesos. Dos mulatos libres que percibirían ochenta pesos cada uno. Ochenta pesos anuales en calidad de propina a cada uno de los regidores, que eran ocho. Unos ochocientos pesos anuales para atender las festividades religiosas, para sueldo del capellán y otros gastos fortuitos, unos tres mil pesos por año. La respuesta del Rey fue autorizar cien pesos por año para “atender los reparos que debían efectuarse en el edificio”. El 23 de julio de 1725 el maestro albañil Julián Preciado, acompañado de un grupo de obreros, inició los cimientos y comenzó la construcción del tantas veces proyectado Cabildo de Buenos Aires, bajo la gestión del gobernador Bruno Mauricio de Zavala. En febrero de 1728 las obras fueron suspendidas. Hasta ese momento se habían construido la sala baja, sitio que fue utilizado temporalmente para la celebración de acuerdos, una habitación que se usaba como depósito, dos calabozos “usuales” y uno chico, lugares comunes para los presos y un pozo de balde; además, un cuarto independiente con salida a la calle y otro cuarto en la planta alta, que fueron arrendados como tiendas. A partir de ese momento, cuenta Revello, la construcción sufrirá grandes interrupciones debido a la falta de recursos. Las obras se reanudaron el 1 de agosto de 1731; en mayo del año siguiente la corporación, por falta de presupuesto, resolvió dejarlas en suspenso. En la sesión del Cabildo del 17 de octubre de 1733 el alcalde de primer voto Juan Gutiérrez de Paz y el regidor Sebastián Delgado dieron cuenta del “estado miserable en que se hallaban las Casas Capitulares y sus cuartos y calabozos por las goteras”, por lo que resolvió utilizar la labor de los presos de “poco delito”, pagándoles a cada uno un real diario de jornal, para realizar los arreglos más urgentes. Hasta 1739 no se había dado término a la Sala Capitular. En 1747 se propuso la continuidad de las obras, para lo que el Cabildo pidió un préstamo de cuatro mil pesos pagando un interés del cinco por ciento anual. La dirección de la obra fue puesta entonces a cargo de un conocido contrabandista llamado Juan de Narbona, a quien el Cabildo consideraba “persona de mucha inteligencia en las fábricas y edificios”. Once presos, “delincuentes de lo más criminosos”, se fugaron del Cabildo en 1748; este hecho concentró la atención de la obra en aspectos de seguridad y relegó la construcción proyectada de la torre. En 1764 el regidor Fermín de Aoiz aseguró que estaba “concluida y cerrada, la torre, en lo substancial”. Algunas actas de 1784 brindan una idea acabada de la situación de los presos en la Casa Cabildo y Cárcel: aquel año había en el edificio 47 detenidos purgando delitos comunes, 147 con causas pendientes y siete mujeres, y la higiene dejaba mucho que desear, tomándose entonces algunas medidas para evitar que las ratas, cuya abundancia era notoria, pudieran propagar alguna epidemia. Los calabozos sólo podían albergar a unos cincuenta reclusos. Dice Torre Revello en su investigación: “Cuando estalló la Revolución de Mayo, el Cabildo no había alcanzado a dar término al edificio que había proyectado para sede de sus actividades, aun reduciendo las proporciones del mismo, tal como hemos expuesto. La llamada Cárcel Nueva se hallaba sin concluir, pero se dio término a la obra antes de finalizado 1810. De modo que las Casas Consistoriales, prácticamente dentro de las líneas que nos son familiares a través de láminas realizadas en el siglo XIX, se dieron por terminadas en el memorado año”. La última sesión efectuada por el Cabildo se celebró el 31 de diciembre de 1821.

CONTRABANDO DE ESCLAVOS

Kara Schultz⁸ afirma que casi todos los envíos de esclavos a Buenos Aires que se realizaron a lo largo del período 1580-1630 fueron ilegales. De acuerdo con la correspondencia de los oficiales reales: “Al menos 34.224 africanos fueron desembarcados en Buenos Aires en 253 viajes entre 1587, año de la primera llegada de esclavos registrada en la ciudad refundada, y 1640, representan una fracción del tráfico total de esclavos del puerto”. Las ocasiones en que la Corona decidió cerrar el puerto no hicieron más que estimular el contrabando, en lugar de contenerlo. Entre las prácticas más comunes estaban las “arribadas forzosas”: los capitanes aseguraban que las tormentas y los piratas los obligaban a evitar su destino en la costa brasileña (normalmente Bahía, Río de Janeiro o São Vicente), y parar forzosamente en Buenos Aires para reparar y reabastecerse.

“Muchos conversos lusos se asentaban directamente en Buenos Aires, encontrando facilidad para obtener una posición ventajosa en el mercado, pues las manufacturas castellanas eran más caras que las que traían los portugueses, compradas a los europeos a cambio de azúcar y esclavos. Como resultado, obtenían la plata con la cual continuar sus operaciones. Los castellanos protestaron frecuentemente por su presencia y sus prácticas de comercio ilícito, tratando de frenar el tráfico mediante el cierre del puerto de Buenos Aires en 1591 y las visitas inquisitoriales, como la de 1591-1595. Esta última medida sirvió, sin embargo, para acelerar el traslado de los conversos hacia la América española, sobre todo a Buenos Aires, donde no había un Tribunal del Santo Oficio establecido todavía. Al asentarse, los conversos trataban de introducirse en la estructura de la sociedad colonial, por un lado mediante alianzas matrimoniales con familias locales y, por otro, accediendo a cargos de la administración, con lo que llegaban a convertirse en elementos fundamentales del desarrollo regional”.⁹

“Dentro del establecimiento de portugueses cristianos nuevos en la América española, destaca el caso de Diogo da Veiga, comerciante de origen portugués que se estableció en Buenos Aires en 1601. Desde este enclave, tejió toda una red de relaciones para desarrollar sus actividades comerciales, muy frecuentemente ilegales. Para esto se sirvió, no solo de personajes locales o de la región del Río de la Plata, sino que aprovechó sus contactos en lugares tan diversos como Madrid (sus familiares formaban un consorcio de banqueros en la capital), Portugal (sus agentes Jorge Lopes Correia y João de Argumento), y mantuvo una fluida correspondencia con Brasil, Angola y Flandes, posiblemente gracias al desempeño de cargos como el de factor primero del asentista Duarte Dias Henriques y luego del sucesor de éste en el asiento, Antônio Fernandes d’Elvas. Los asentistas se servían de su factor para introducir clandestinamente esclavos por el puerto. Todo el proceso se hacía con la connivencia de los oficiales reales y con la protección de Diego Marín Negrón¹⁰ (gobernador entre 1609 y 1612). Para ‘legalizar’ los cargamentos, se fingía la denuncia de los contrabandistas, los esclavos eran requisados y subastados públicamente a bajos precios, ‘siendo comprados nuevamente por los mismos negreros, que de ese modo obtenían la licencia’ para navegarlos legalmente hasta los mercados peruanos”.¹¹

“Hacia el interior tenía negocios con Tucumán, Chile y Perú. Con vistas a fortalecer su posición, integró en sus intereses y operaciones a personajes de distinta índole y ocupación: funcionarios como Juan de Vergara (capitán que obtuvo primero el cargo de escribano y luego el de regidor del cabildo de Buenos Aires, con gran influencia política al servicio de la red), el tesorero Simão de Valdés, Rui de Sousa, alguacil mayor en Córdoba, etcétera. En Tucumán contaba con Baltazar Peres, proveedor de uno de los mayores hombres de negocios de San Miguel de Tucumán, Fernán Báez (que suministraba ganado a los centros mineros de Potosí). Llegaba así el cabecilla a ejercer un verdadero monopolio de los negocios realizados en Buenos Aires. Tras los continuos conflictos con Hernandarias Saavedra (gobernador en los períodos de 1592-1593, 1596-1599, 1602-1609, 1615-1618), ocupó su cargo Diogo de Góngora. Éste se vinculó en 1618 a los agentes de Diogo da Veiga en Lisboa, desde donde salió para tomar posesión del nuevo cargo. Góngora partió con 3 naves y un cargamento (de contrabando) valorado en 300.000 ducados. Mientras hacía escala en Bahía, recibió un aviso enviado desde Buenos Aires acerca de una denuncia hecha al Consejo de Indias sobre su carga. Góngora la dejó en manos de los agentes del contrabandista en Bahía, y terminó su trayecto, donde el juez pesquisidor enviado encontró dificultades para demostrar su culpabilidad. En 1630 se mandó prender a Diogo da Veiga, acusado de extraer plata por el puerto de Buenos Aires. Éste escapó a Lisboa; se ordenó la confiscación de sus bienes y haciendas. Fue prendido, pero finalmente en 1632 se le concedió la libertad tras pagar una parte de la multa”.¹²

El gobernador de Buenos Aires Francisco Bucarelli y Ursúa (1766-1770) también estuvo involucrado en muchas prácticas ilegales. El virrey Cevallos dejó pocas dudas sobre el hecho de que su predecesor, el gobernador Bucarelli, estaba profundamente involucrado en el contrabando, la corrupción y el robo. “El ex gobernador fue acusado de haber participado en el comercio a gran escala en colaboración con Francisco San Ginés, además de haber creado un desorden general en el gobierno en relación con esta área. (...) Las redes de tráfico ilícito, que permitieron su florecimiento no sólo fueron posibles debido a la corrupción individual de los funcionarios reales, sino también debido a la pesada regulación mercantilista del sistema de comercio del Atlántico español que indujo a los agentes mercantiles coloniales a participar de la ‘cultura de la evasión’”.¹³

EL FRONTING

Miguel de Riblos fue el comerciante más importante de su época en Buenos Aires, y también el más influyente. Era el “hombre de confianza” del gobernador Agustín de Robles y —no de casualidad— el propietario de la tierra sobre la que se edificó El Retiro.

“La primera edificación en los alrededores de la actual Plaza San Martín era una casa de campo llamada ‘El Retiro’. Su propietario, el gobernador Agustín de Robles, compró la tierra y construyó la casa por intermedio de su socio y amigo Miguel de Riblos, quien actuó como su testaferro”.¹⁴

Miguel de Riblos (1649-1719) nació al sur de Navarra y llego solo a los 20 años a Buenos Aires. A los 24 se casó con Gregoria de Sylveira Gouvea, una portuguesa de 46 años, viuda y muy rica. Este era el tercer matrimonio de Gregoria y le permitió al joven Riblos entrar en los grandes negocios de la época: carnes, cueros y, claro, préstamos al gobierno, que esperaba la llegada del dinero de la Corona. Robles fue designado gobernador y capitán general de las Provincias del Río de la Plata, con jurisdicción sobre las ciudades de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, en la de Santa Fe y en la de San Juan de Vera de las Corrientes del río Bermejo el 3 de agosto de 1690. En 1692 Riblos pidió que le vendieran “trescientas baras en quadro” en la zona del Retiro. Nunca pudo encontrarse escritura de venta del terreno de Riblos a Robles. En 1696 el gobernador Robles, a punto de finalizar su mandato, le pidió autorización al Virrey para edificar una vivienda fuera del ejido; la llamó El Retiro y empleó como peones a los soldados del presidio (con lo que complementó la falta de paga de la tropa) y les permitió, a la vez, que se llevasen la carne que quisieran.

En 1713, como consecuencia de la firma del Tratado de Utrecht,¹⁵ la Compañía Inglesa del Mar del Sur (South Sea Company) obtuvo por intermedio del gobierno de Inglaterra, que el rey de España, don Felipe V, le concediera el 26 de marzo de 1713, licencia para introducir en América a los negros esclavos.¹⁶ Pronto se estableció en Buenos Aires con el nombre de Real Compañía de la Gran Bretaña, y su presidente, don Thomas Douex, entró en tratos con don Miguel de Riblos, para alquilar la casa del Retiro a objeto de desembarcar y retener en ella, hasta el momento de la venta, los negros esclavos. Poco después resolvió comprarla.

A DIOS ROGANDO

Georges Hays viajó a Buenos Aires entre 1703 y 1710. En su correspondencia describe al gobierno diciendo que “preferían su interés a cualquier otro y no tenían otra finalidad que amasar grandes fortunas durante los cinco años de su función, a expensas de todo el mundo”. “Los pueblos establecidos en Indias son dóciles, aman a su Rey pero odian al gobierno. Declaran francamente que su mayor pena es ver que los gobernantes (cuyo número es grande en las Indias) se enriquecen a expensas del Rey y de los pueblos, y que, si uno reuniera solamente la mitad de las sumas que cada gobernador amasa durante su gobierno, se llegaría a sumas inmensas y la gente agrega que preferirían que las aprovechara el Rey y no los gobernantes tiránicos que los saquean”, escribe.

“Hay una población de indios reducidos a 200 leguas de Buenos Aires, del otro lado del río —dice Hays en otra de sus cartas—. Esta población ha crecido tanto que está compuesta de más de trescientas mil familias. Los jesuitas gobiernan esos pueblos despóticamente y mantienen más de sesenta mil hombres armados, tanto de caballería como de infantería, para hacer, según dicen, la guerra a los portugueses paulistas y a los indios salvajes. Han hecho construir ciudades, villas y aldeas, e iglesias soberbias donde el oro macizo reluce por todas partes”.

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