La universidad pública argentina

Emiliano Yacobitti

Fragmento

Prólogo

Prólogo

Por Luis Tonelli

El debate sobre la educación pública, la universidad y la ciencia en la Argentina es hoy necesario y urgente. Nos invita a reflexionar sobre el tipo de sociedad que somos y, especialmente, sobre aquella que aspiramos a construir en momentos críticos, tanto a nivel nacional como global.

En un contexto caracterizado por la incertidumbre económica, la fragmentación social, la aceleración tecnológica, la multiplicación de la información y los problemas concretos que atraviesa la democracia liberal, la educación debe ocupar un lugar central, no como un tema sectorial sino como un eje vital para el desarrollo, la igualdad de oportunidades, la libertad y el fortalecimiento democrático. Contribuir a esa reflexión es uno de los principales objetivos de La universidad pública argentina. Un modelo que funciona.

En particular, la universidad pública argentina se ha constituido a lo largo de la historia como una de las instituciones más valiosas y distintivas del país. Su carácter no arancelado, el acceso irrestricto, la autonomía académica y el cogobierno expresan una concepción profunda de la educación como derecho y del conocimiento como bien público. Durante décadas, incluso en contextos de crisis económicas recurrentes, este sistema ha demostrado una notable capacidad para enseñar con calidad académica, formar profesionales altamente calificados, generar conocimiento avanzado y ofrecer oportunidades reales de movilidad social.

En términos sociales más amplios, lejos de ser un privilegio para unos pocos, la universidad pública es la puerta de entrada a una vida con mayores márgenes de libertad para millones de personas. Su impacto, además, trasciende a quienes la transitan de manera directa porque el beneficio es colectivo, acumulativo y se proyecta sobre el conjunto de la sociedad. Y en esto se manifiesta su carácter doblemente público: tanto su acceso como su beneficio también lo son. Por eso la universidad pública es verdaderamente de todos.

Sin embargo, en los últimos años este consenso histórico comenzó a ser cuestionado desde miradas dogmáticas que conciben a la educación como un gasto o que reducen el análisis a balances de corto plazo. Estas posiciones ponen en duda la sostenibilidad y la legitimidad de un sistema que, paradójicamente, es reconocido a nivel internacional por su calidad y prestigio.

En el caso de la Universidad de Buenos Aires hay un hecho innegable: es masiva y de excelencia. Y es de excelencia porque es masiva: este carácter le permite atraer a un estudiantado plural y que, en muchos casos, no podría acceder a ella. Esta pluralidad de alumnos es también una pluralidad de talentos cuya valoración social cambia con el tiempo. Hay entonces un dinámico intercambio entre alumnos, profesores, contenidos y contexto social que impulsa la renovación de la universidad, en una aventura de desarrollo conjunto emocionante.

Es en este punto de inflexión donde se vuelve indispensable recuperar una discusión basada en datos, acuerdos amplios y una mirada orientada al mediano y largo plazo frente a las críticas en general, pero, en especial, a las que solo buscan interesadamente destruir este capital público. Algunos poderes no soportan el contrapoder de la opinión formada y prestigiosa que proviene de miembros de la universidad pública.

Tal como reflejan las páginas del libro, invertir en educación pública es una decisión racional desde el punto de vista económico, fiscal y productivo. Las sociedades que lograron desarrollarse de manera sostenida lo hicieron apostando al conocimiento, a la formación de capital humano y a la ciencia como motores del crecimiento.

La evidencia empírica es clara: la educación genera efectos positivos en la productividad, los ingresos, la innovación, la salud, la cohesión social y el funcionamiento democrático, consolidando su carácter de inversión con externalidades positivas que se proyectan sobre toda la sociedad. Por lo tanto, el retorno de esta inversión se expresa no solo en términos monetarios, sino también en calidad de vida, integración social y estabilidad democrática. De este modo, la educación es autopoética, como diría el biólogo sistémico chileno Humberto Maturana: su consumo genera más educación, y con un efecto multiplicador.

Este impacto positivo se vuelve aún más visible cuando se analiza el rol de la universidad pública dentro del sistema científico-tecnológico nacional. Las ciencias básicas, la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la innovación encuentran en las universidades nacionales un espacio privilegiado. En un mundo donde el conocimiento se ha convertido en el principal factor de poder, renunciar a esta capacidad implicaría aceptar un lugar periférico y dependiente.

La construcción de esta obra refleja una compilación de miradas complementarias sobre un mismo fenómeno y reúne aportes de distintos autores provenientes de enfoques disciplinares variados —históricos, institucionales, económicos y sociales— que permiten comprender la complejidad del sistema universitario argentino desde una perspectiva integral. Lejos de fragmentar el análisis, esta diversidad lo fortalece, ya que los capítulos abordan cuestiones centrales del debate actual vinculadas con la economía, la política educativa, el análisis fiscal, la ciencia y la realidad social, apoyándose en datos, estudios comparados y análisis rigurosos con el objetivo de contribuir a una discusión pública informada.

Defender la universidad pública no implica negar la necesidad de transformaciones; implica asumir el desafío de fortalecerla y adaptarla a las demandas del presente y del futuro. La educación pública, la universidad y la ciencia son condición para el desarrollo y uno de los activos más valiosos de la Argentina, capaces de articular libertad con igualdad, mérito con inclusión y crecimiento con cohesión social.

Y nadie puede negar que el acceso a cada vez mayores niveles educativos también significa una multiplicación de lo que Ralph Dahrendorf llamó las oportunidades vitales, tanto personales como colectivas.

Este libro invita a comprender ese valor y a debatirlo con seriedad. Porque la pregunta que lo atraviesa no es solo si podemos invertir en educación pública, sino si podemos darnos el lujo de no hacerlo.

Introducción

Por Emiliano Yacobitti

¿Cuáles son los desafíos más complejos que enfrenta la universidad argentina en los próximos años? ¿La educación es un gasto o una inversión que genera rendimiento para los Estados? ¿Es cierto que los estudiantes extranjeros generan mayores ingresos para el fisco argentino que el costo que implica solventar su educación en nuestras aulas? ¿La Argentina está preparando a sus jóvenes para los desafíos del futuro? ¿Puede nuestro país convertirse en un actor relevante en la sociedad del conocimiento?

El sistema argentino de educación superior es único en el mundo. Sus principales distintivos se vinculan con el no arancelamiento, el acceso irrestricto y la autonomía. La Constitución argentina establece el derecho a la educación como un principio fundamental y garantiza estos tres pilares: las universidades públicas argentinas son no aranceladas, gozan de autonomía académica, administrativa y financiera, y todas las personas que deseen estudiar en ellas pueden hacerlo. Las consecuencias de este sistema son claras y comprobables: calidad, excelencia y prestigio.

La autonomía no implica ausencia de control ni discrecionalidad en el uso de los recursos públicos: las universidades rinden cuentas ante el Poder Legislativo a través de la Auditoría General de la Nación, lo que asegura un verdadero control externo sin intervención en las decisiones académicas, administrativas o de gobierno. A su vez, cada universidad cuenta con sistemas de auditoría interna y órganos de control propios, encargados de supervisar la administración de los recursos, el cumplimiento de normas y los procesos de gestión. De este modo, la autonomía universitaria se ejerce dentro de un marco institucional que garantiza independencia académica y, al mismo tiempo, responsabilidad en la gestión pública.

Esta estructura ha posicionado a las universidades públicas argentinas entre los lugares más altos de los rankings internacionales de educación superior, en comparación con otras universidades de la región y del mundo. Estos rankings —entre los que se encuentran el QS World University Rankings, el Scimago Institutions Rankings, el Times Higher Education World University Rankings y el Academic Ranking of World Universities (“Shanghai Ranking”)— se basan en indicadores de calidad académica, investigación científica y empleabilidad.

Una dimensión central de esa calidad se vincula con los mecanismos institucionales que garantizan la selección y evaluación del cuerpo docente. Una de las más importantes tiene que ver con que los docentes son elegidos a partir de la realización de concursos públicos, lo que asegura la excelencia, la transparencia del proceso, el reconocimiento del mérito académico y el pluralismo. Los investigadores de las universidades nacionales crean redes, publican en las revistas más prestigiosas y son reconocidos en el mundo por sus aportes. Por su parte, la empleabilidad demuestra la valoración de los empleadores hacia la calidad formativa de las universidades, así como la capacidad concreta de sus graduados para insertarse y destacarse en el mercado laboral.

La calidad y el prestigio de estas instituciones atraen permanentemente a estudiantes de distintos países de América Latina y del mundo, quienes eligen a las universidades argentinas para cursar estudios de grado y posgrado. Esto, además de promover una diversidad cultural inédita en sus claustros, genera ingresos económicos para las arcas estatales a partir del consumo de estos estudiantes en sectores estratégicos. Más aún, todas las encuestas muestran que las universidades nacionales gozan del más alto reconocimiento social.

Cada año, las aulas reciben nuevas generaciones de estudiantes que, en muchos casos, son los primeros de sus familias en acceder a la universidad. Esto únicamente es posible en un sistema que fomenta el ingreso irrestricto y financia la educación, convirtiendo a las universidades públicas en una de las experiencias personales y colectivas más significativas para los argentinos.

La inversión estatal en educación no solo produce avances en términos de equidad y oportunidades, como la movilidad social ascendente, sino que también genera mejoras económicas: mayores niveles educativos tienen efectos positivos sobre la salud, los índices de criminalidad, el ambiente y la cohesión social. En un mundo cada vez más desigual, la educación constituye una de las herramientas más potentes para superar la transmisión intergeneracional de la pobreza, y la educación pública tiene mucho que aportar en ese sentido, tanto en los contenidos que se ofrecen en sus aulas como en la posibilidad de acceso para todos los que desean transitar por ellas.

Que la universidad sea no arancelada no implica que sea gratuita. Su financiamiento proviene del presupuesto estatal, sostenido por los impuestos de toda la ciudadanía, tanto de quienes estudian en ella o eligen instituciones privadas como de aquellos que no han tenido la oportunidad de llegar a este nivel educativo. Además, no todos aportan de la misma manera: quienes tienen mayores ingresos pagan más a través de sus impuestos. De este modo, se configura un modelo solidario que permite sostener un sistema universitario masivo y equitativo. A su vez, el beneficio de esta inversión es colectivo. Incluso quienes no asisten a la universidad pública se benefician de ella, ya que allí se forma la gran mayoría de los profesionales que sostienen los sistemas de salud, la infraestructura y los servicios del país.

Gráfico 1: Porcentaje de graduados universitarios en carreras estratégicas seleccionadas, por tipo de gestión (2007-2023)

Gráfico de barras verticales apiladas que muestra la distribución porcentual entre instituciones públicas y privadas para cinco disciplinas académicas: Física, Matemática, Medicina, Odontología y Veterinaria. El eje vertical representa el porcentaje, con marcas cada 10 unidades desde 0 hasta 100,00. El eje horizontal detalla las cinco carreras. Los valores numéricos indicados en cada sección de las barras son Física: 97,9 por ciento en el sector público y 2,1 por ciento en el sector privado. Matemática: 94,0 por ciento en el sector público y 6,0 por ciento en el sector privado. Medicina: 79,0 por ciento en el sector público y 21,0 por ciento en el sector privado. Odontología: 84,9 por ciento en el sector público y 15,1 por ciento en el sector privado. Veterinaria: 88,1 por ciento en el sector público y 11,9 por ciento en el sector privado.

Fuente: Anuarios Estadísticos de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación.

Como se observa en el Gráfico 1, la gran mayoría de los profesionales de la salud que atienden en nuestro país se formaron en universidades públicas. Tomando datos de las últimas décadas, el 79 % de los médicos, el 84,9 % de los odontólogos y el 88,1 % de los veterinarios son graduados de universidades nacionales.

Cuando la universidad pública es atacada —por ejemplo, desfinanciándola— se pierden docentes que ya no pueden sostener sus cargos, y se resiente el conjunto del sistema de enseñanza, investigación y extensión que se desarrolla en hospitales y programas específicos. La consecuencia, en el mediano y largo plazo, es la disminución de profesionales. En la Argentina no sobran médicos, odontólogos ni veterinarios; por el contrario, faltan en casi todo el país y en muchas especialidades el acceso a la salud continúa siendo complejo para una parte significativa de la población.

El peso de la universidad pública en las ciencias básicas es aún más pronunciado: en ellas se formaron más del 90 % de los físicos y matemáticos de la Argentina. Los desafíos que plantean las tecnologías del conocimiento —y sus aplicaciones en inteligencia artificial y en desarrollos que aún no podemos prever— requieren contar con un número creciente de personas formadas en estas áreas.

Tanto las carreras de ciencias de la salud como las de ciencias básicas requieren una elevada inversión para contar con las condiciones adecuadas para su dictado. No alcanza con aulas, pizarrones y pupitres: se necesitan laboratorios y consultorios equipados con una amplia diversidad de instrumental e insumos de alto costo. La evidencia empírica acumulada en las últimas cuatro décadas muestra que el esfuerzo presupuestario que realiza el subsistema público de universidades en estas carreras estratégicas resulta insustituible.

El ejercicio profesional de los graduados de las universidades nacionales vuelca conocimientos y servicios en beneficio de toda la ciudadanía, incluso de quienes nunca pisaron una universidad. Por consiguiente, la inversión en educación pública no se limita a quienes transitan las aulas, sino que repercute directamente en el bienestar de la población en su conjunto.

Asimismo, toda la sociedad se beneficia del impacto de la función social de la universidad y de los avances científicos y tecnológicos que allí se generan. Por ejemplo, el programa de extensión “UBA en Acción” de la Universidad de Buenos Aires ofrece a la población atención médica, odontológica, óptica y veterinaria, así como consultoría jurídica y asesorami

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