El saqueo de los grupos economicos al estado de Chile

Fragmento

NOTA DE LA AUTORA

NOTA DE LA AUTORA

Desde que el caso Penta saltó al primer plano de la opinión pública, colegas de diferentes medios de comunicación, en especial digitales, radios y algunos canales de televisión, han requerido con frecuencia mi análisis y mi opinión acerca de la privatización de las empresas del Estado chileno en tiempos de dictadura y sus protagonistas.

Las redes del poder en Chile son densas e intricadas, y sobre ellas he hablado en diferentes investigaciones periodísticas. Pero aunque la privatización sea un tema que alcance y traspase a los grupos económicos, las universidades, a los políticos y hasta a la Iglesia católica —todos temas de mi interés profesional que han dado origen a libros—, es en El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno donde lo abordé como materia principal.

Cuando publiqué este libro, en abril de 2001, tuvo una excelente acogida y se convirtió en un bestseller, pese al silencio —como era de esperar— de los diarios más importantes del país, que solían y aún hoy suelen obviar este tipo de investigaciones.

Lo notable es que catorce años después, El saqueo ha saltado con vida propia al escenario y es ampliamente citado y comentado, pese a que durante varios años estuviese agotado y no existiera en las librerías.

Son muchas las personas que en los últimos meses me han escrito para solicitarme espontáneamente que reedite este libro. Otros me lo han planteado en reuniones y conversaciones. Lo sienten necesario, me dicen, para comprender mejor el trasfondo histórico de los casos que están siendo investigados por la justicia, como Penta o su «arista» Soquimich —que en realidad ha mostrado ser un caso en sí mismo—.

Por esto y porque los que hoy tienen veinte o treinta años no tuvieron oportunidad de leerlo en la época en que apareció, he decidido que este libro se reedite en formato de bolsillo, tal como se publicó en 2001, sin modificaciones ni actualizaciones. Se trata simplemente de poner al alcance de los nuevos lectores antecedentes que muestran una impresionante actualidad, más allá de los datos coyunturales referidos a la época en que fue escrito.

Espero que el lector actual pueda apreciar en este libro cuestiones de fondo, como que los grupos económicos de entonces, que nacieron y crecieron bajo la dictadura, son los mismos de hoy. O que el modelo impuesto sin ninguna transparencia en el país, que se mantuvo durante los años de la transición prácticamente intacto, está mostrando fisuras y puntos críticos.

Como ya he señalado en numerosas ocasiones, mi aspiración no es otra que la de ayudar a entender lo que, a mi juicio, ocurre detrás de las noticias aparentes, con el objetivo de contribuir desde un periodismo crítico a la construcción de una democracia con todas sus letras.

MARÍA OLIVIA MÖNCKEBERG PARDO

Abril de 2015

PRESENTACIÓN

Una sociedad no puede vivir ni profundizar su democracia sin información. A las puertas del siglo XXI, mientras internet llega a nuestras casas y oficinas, cuando todos hablamos de la importancia del conocimiento y nos aprontamos a experimentar más y más cambios en nuestros hábitos de trabajo y estilos de vida, la falta de información sobre nosotros mismos y lo que sucede a nuestro alrededor parece ser una de las dolencias de nuestro país.

Es un hecho visible que en los medios de comunicación no hay pluralidad, en particular en la prensa escrita, la que tradicionalmente y, hasta ahora, forma opinión. No hay tiempo tampoco para detenerse a analizar o a juntar elementos que nos den ideas más claras sobre lo que está ocurriendo o lo que ha sucedido en Chile en tiempos recientes.

A diferencia de lo que pasa en otros países, incluidos muchos de nuestro continente, constatamos que nuestro periodismo no interpreta ni investiga, salvo contadas excepciones. Y eso sucede no tanto por falta de interés de los periodistas en hacerlo, sino porque no están dadas las condiciones para que lo hagan en los medios masivos.

De estas reflexiones y de la voluntad por compartir parte de lo vivido, lo investigado y lo observado surgió este libro.

Estas páginas están escritas desde la óptica de una periodista. No pretenden constituir un texto académico ni demostrar una tesis sociológica. Quieren ser una invitación a conversar, a compartir información y a reflexionar sobre temas que están en el nudo de nuestra convivencia democrática y que por diferentes motivos se han dejado en el casillero de los asuntos «pendientes».

Tengo la aspiración de ayudar a entender lo que, a mi juicio, ocurre detrás de las noticias, de los editoriales y de las polémicas del día a día. Mi interés es aportar al debate nacional con antecedentes y puntos de vista diferentes a los que suelen transmitir los voceros de la derecha —sean estos empresarios o parlamentarios— a través de los medios de comunicación.

La observación de los hechos ocurridos en nuestro país en las últimas décadas y el devenir de los acontecimientos de los últimos meses me llevan a la conclusión de que tras la actividad política hay una profunda historia movida por los hilos de los intereses económicos que tienen nombres y apellidos. Desde luego, he podido apreciar, ya desde fines de los años setenta, en algunos casos, que la misma red de poder que gobernó con Augusto Pinochet sigue vigente hoy, pretendiendo influir en el desarrollo económico y político del país con sus palabras y acciones.

El tiempo y la observación me acercaron a la hipótesis de que todo esto se explicaba mejor por la «causalidad» que por la «casualidad».

Por eso focalicé mi interés en los nuevos grupos económicos que han aparecido en escena en Chile después de la dictadura militar. Aquellos forjados al amparo de este régimen, que primero fueron asesores y ejecutivos de Gobierno, que privatizaron empresas —muchos de ellos para privatizarse con ellas después—, que «normalizaron» otras y que decidieron por todos nosotros cuando no había Parlamento ni libertades.

Me impresionaba, además, cómo y en qué cantidad, muchos de los mismos personajes que habían sido actores del proceso de privatización de las grandes empresas del Estado reaparecían en los noventa en el primer plano de la actividad económica y política del país.

La idea de escribir un libro sobre el poder económico en Chile venía dando vueltas en mí desde hace tiempo. Pero, como suele ocurrir con estos proyectos, no había tenido el momento ni la decisión para llevarlo adelante bajo la forma de una publicación que integrara los antecedentes recogidos a lo largo de años.

Paradójicamente, fue la fuerte polémica desatada en torno al caso de las indemnizaciones la que motivó en mí la urgencia de poner «manos a la obra» y, más aún, la actitud asumida por actores políticos y empresariales que a partir de ese lamentable episodio hablan de que hoy «es la gran oportunidad para privatizar». Las palabras del presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Felipe Lamarca, expresadas en noviembre pasado, vinieron a corroborar esa inquietud, cuando planteó que «con la venta de las empresas públicas de una vez por todas podemos cambiarle el destino a todas las generaciones del futuro».

Ante este panorama y tras muchas reflexiones, sentí que tenía la obligación de compartir mis observaciones e investigaciones periodísticas con mis lectores de hace algunos años, con los amigos de antes y de ahora, con mi familia, y con todos los chilenos que sientan interés por saber algo más de lo que está sucediendo y tengan algún tiempo para leer.

Me dediqué a revisar archivos e indagar en documentos antiguos y nuevos, a cruzar antecedentes, cargos y empresas; a mirar lo de ayer con los ojos de hoy y lo de hoy con la perspectiva que da el haber reporteado día a día, semana a semana, un ayer cercano.

En esta oportunidad no recurrí a las entrevistas personales transcritas como tales ni a las opiniones de otros. Muchas de las personas con que conversé y a las que agradezco su confianza, me entregaron testimonios o piezas de un puzle que me sirvieron para chequear antecedentes o para dar una mirada distinta a un hecho.Tampoco intenté hacer una recopilación de opiniones que recogiera puntos de vista diversos. Preferí optar por el camino de poner en papel el resultado de las observaciones y las investigaciones desde mi personal punto de vista. Ordené así los antecedentes como los estaba percibiendo y así nacieron los capítulos. Podría haber más, pero había que optar y poner un cierre en el tiempo y el espacio.

Gracias a todos los que de un modo u otro me alentaron en esta tarea. A los que me estimularon y ayudaron a ver que valía la pena encararla.

INTRODUCCIÓN

Desde fines de septiembre del año 2000, la opinión pública ha sido impactada por el controvertido caso de las «indemnizaciones», calificadas por la derecha política, los medios de comunicación y algunos dirigentes de la Concertación como «escandalosas, excesivas e inmorales». De inmediato, esta discusión instaló el peso de la culpa en el Estado chileno y sus funcionarios, haciendo referencia específica a los gobiernos de la Concertación y sus gobernantes. Esta acusación ha olvidado muchos antecedentes y hechos ocurridos con anterioridad a 1990, que deben ser recordados para acercarse a conocer toda la verdad en torno a las empresas públicas en Chile.

La discusión suscitada no solo ha cuestionado la probidad de los gobiernos de la Concertación, sino que además ha enlodado la imagen y el honor de los funcionarios públicos de nuestro país. Pero, simultáneamente, nada o muy poco se ha dicho sobre la actividad privada que se oculta en el día a día del mundo de los grandes negocios efectuados a expensas de los chilenos. Hoy, cuando el límite entre el dominio de lo público y lo privado es muy difuso, la actividad privada debe ser parte de este objetivo por transparentar los hechos.

El proceso privatizador, seguido por el régimen militar, amén de una operación económica de pingües beneficios para los compradores, fue una estrategia política destinada a mantener el poder de ciertos grupos, aun después del ocaso del Gobierno militar. De esta manera, mientras la derecha gobernante vendía, la derecha económica compraba.

Muchas de las empresas privadas que hoy posee la derecha económica y que eran públicas hasta la década de los ochenta, o algunas que han sido transferidas a consorcios internacionales en el último tiempo, fueron privatizadas bajo la dictadura y alojadas en manos de sus mismos gerentes y ejecutivos. Principalmente aquellas más estratégicas y de mayor rentabilidad económica, como la industria química y la siderúrgica, las eléctricas y las de telecomunicaciones.

El solo destino y las formas de apropiación de estas empresas por parte de quienes hoy son los sostenedores de la oposición, y la pérdida que esto significó para el Estado chileno, hace insostenible la acusación de voceros derechistas en el sentido de que la Concertación busca un empate cuando habla del pasado. En efecto, ningún gobierno de la Concertación, ni grupo de poder dentro de ella, se ha apropiado de empresas del Estado, bajo excusas «modernizadoras», como estrategia de control político y futuro control económico.

Junto a la discusión sobre las indemnizaciones, la derecha, sin trepidar en los efectos de su campaña de enlodar indiscriminadamente al sector público, las emprendió también contra las remuneraciones de los trabajadores de las empresas del Estado. Sin embargo, la evidencia empírica aportada por el estudio encargado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) hace justicia a la gestión de las empresas estatales.

Si se comparan las remuneraciones promedio de las empresas privatizadas a fines del Gobierno militar, muchas de las cuales todavía están en manos de los vendedores de entonces, con los sueldos pagados en la mayor empresa pública, Corporación del Cobre (Codelco), nos encontramos con la sorpresa de que su presidente ejecutivo, quien detenta la renta más alta de la empresa, percibe una remuneración líquida de 7.635.382 pesos y bruta de 12.490.047 pesos. Se constata así que esa remuneración es bastante inferior a la de sus similares en las grandes empresas privadas que operan en el país. Es decir, el ejecutivo mejor pagado de la empresa pública más grande percibe un sueldo inferior en alrededor de un 40 por ciento (4.111.080 pesos mensuales) al de un similar en las empresas privadas que lejanamente se pueden comparar al tamaño de Codelco.

Remuneraciones en empresas privatizadas1

Empresas grandes/Sueldo mensual/año 2000

Chilectra S.A., Chilquinta Energía S.A., Endesa S.A., Gener S.A. (Chilgener), CAP, Soquimich e Iansa S.A., entre otras.

Esta diferencia en un año alcanza alrededor de 50 millones de pesos y en seis —lo que corresponde al período presidencial—, la brecha sería de 300 millones de pesos. Esta situación se repite en la Empresa Nacional de Minería (Enami), donde la remuneración del gerente comercial, por ejemplo, es inferior en un 43 por ciento a la de las compañías privadas. Igual caso ocurre con la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), cuya diferencia es de 70 por ciento menos en la remuneración de su gerente que en una empresa privada de su tamaño.

Por otra parte, estos montos contrastan también con las sumas que se han logrado conocer de remuneraciones de un gerente general en el sistema de Isapre y administradoras de fondos de pensiones (AFP), que se encuentran en el rango de 7.196.117 a 11.633.621 pesos mensuales. Y estos sueldos se pagan mes a mes con el dinero de todos los chilenos que entregan a estas «administradoras» sus recursos destinados a la salud y previsión.

Como se observa en el cuadro, estos sueldos superan con creces los pagados en las empresas públicas y la justificación de esta política salarial radica, según fundamentan los dueños y directivos de estas empresas privadas —muchas de ellas antiguamente públicas—, en que los sueldos altos evitan la fuga de buenos ejecutivos a otros sectores del mercado. Por esa razón, las indemnizaciones2 se deben ajustar a lo establecido en el Código del Trabajo, estrategia que también apuntaría a mantener a los buenos ejecutivos en sus puestos laborales. Sin embargo, el estudio de D&T advierte que los ejecutivos en estas empresas reciben indemnizaciones en mejores condiciones a las establecidas en el Código del Trabajo.

Las indemnizaciones más altas pagadas a funcionarios públicos fueron otorgadas por el Gobierno militar, según la información entregada por la Contraloría General de la República a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, donde indica que el Estado habría pagado durante los últimos diez años la suma de 22 millones de dólares3.

El informe de la Contraloría desató oportunistas críticas de la derecha, haciendo recaer la totalidad de la responsabilidad en los gobiernos de la Concertación. Sin embargo, este juicio ocultó el hecho de que el Gobierno del ex presidente Patricio Aylwin debió pagar las indemnizaciones heredadas del régimen militar, correspondientes a los ejecutivos que cumplieron funciones en aquel Gobierno

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