CAPÍTULO I

EL RÉGIMEN DE PINOCHET, UNA DICTADURA DESARROLLISTA

El régimen autoritario chileno no fue el único en esos años en América Latina, pero sí el que alcanzó mayor estabilidad e impacto internacional. Desde el golpe de Estado de marzo de 1964 en Brasil, que puso fin al Gobierno del presidente João Goulart, y el de marzo de 1976 en Argentina, que terminó con el Gobierno de Isabel Martínez —viuda y compañera de fórmula electoral del general Juan Domingo Perón—, los militares derribaron gobiernos democráticos, como Uruguay, que tenía una larga trayectoria de alternancia de gobiernos a través de elecciones competitivas (González, 1991) y establecieron regímenes autoritarios en la mayoría de los países de América del Sur¹.

El caso de Chile presentó diversas singularidades que lo distinguieron de las demás experiencias autoritarias de la región. En primer lugar, estuvo fuertemente dominado por el empleo de la violencia, particularmente en los primeros años, aplicada por sus servicios de seguridad, militares y policía. La muerte, las torturas y el exilio afectaron a decenas de miles de personas. El régimen de Pinochet conservó el carácter de un Estado policial en sus diecisiete años de vida, con un estricto control de la población y una sistemática persecución de las organizaciones opositoras.

En segundo término, el orden político adquirió una considerable estabilidad y se caracterizó por un bajo nivel de institucionalización y una alta personalización del poder en la figura de Pinochet. Contó con la participación institucional de las Fuerzas Armadas a través de la Junta de Gobierno y la presencia de centenares de oficiales en las principales posiciones de autoridad. La derecha brindó un amplio respaldo político y tecnocrático al régimen, ocupando múltiples cargos de Gobierno, configurando una amplia y sólida coalición cívico-militar, sin divisiones significativas ni deserciones, a diferencia de lo ocurrido en el Brasil autoritario (1964-1985) (Skidmore, 1988).

En tercer lugar, la concentración de la autoridad y el poder en Pinochet, que lo convirtió en la figura central del régimen. Las principales decisiones fueron tomadas por él y la orientación general del proceso político se ajustó a sus objetivos, pudiendo afirmar que «no se movía una hoja» sin su permiso o conocimiento. Una variedad de factores (véase Capítulo III) explican la preeminencia de su figura al punto que se puede hablar del régimen «de» Pinochet, así como se alude al Gobierno de Franco como el régimen autoritario «del» general Francisco Franco en España (1939-1975)².

En cuarto término, el régimen autoritario concretó profundas transformaciones económicas impulsadas por un grupo de tecnócratas conocidos como los Chicago boys, que modificaron la estructura productiva del país, redefinieron las relaciones del Estado con la economía y la sociedad y permitieron el despegue de estas. No fue una experiencia no democrática que fracasó en su gestión económica, sino que, por el contrario, obtuvo algunos resultados positivos, pero con el consiguiente costo social y en medio de importantes sombras de inhumanidad. El régimen de Pinochet fue la única dictadura desarrollista en la segunda mitad del siglo XX³. El contexto autoritario proporcionó facilidades institucionales que posibilitaron impulsar las reformas económicas con una intensidad casi imposible de aplicar en democracia. Chile comenzó su modernización económica bajo el autoritarismo, lo que dejó profundas huellas en el sistema gestado, aún manifiestas un cuarto de siglo después, en democracia.

En quinto lugar, el régimen de Pinochet no terminó como consecuencia de conflictos y divisiones entre los militares, como en el caso del «Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas» en el Perú (1968-1980), o por el fracaso de su gestión económica, como fueron los casos de Ecuador y Bolivia, o por una derrota bélica, como en Argentina en 1982 con la guerra de las Malvinas. Llegó a su fin dentro de sus propias normas institucionales establecidas en la Constitución de 1980, después de la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. El cambio de régimen siguió una estrategia de reforma y no de ruptura, a diferencia de lo ocurrido en Portugal en 1974⁴. Esto explica la prolongación de algunos componentes del autoritarismo en democracia, entre los que sobresale la continuidad del general Pinochet como comandante en jefe del Ejército hasta 1998, y la de numerosos de sus principales colaboradores, que le apoyaron desde 1990, como parlamentarios y dirigentes de los partidos de derecha y las organizaciones empresariales.

Surgido en un momento de retraimiento de la democracia en el mundo y de auge de los autoritarismos en Europa, Asia y América Latina, el régimen de Pinochet se construyó bajo la influencia de diversas corrientes de pensamiento político nacionales e internacionales, como el corporativismo de la España franquista y la doctrina de la seguridad nacional, que cuestionaron el desarrollo político del país, porque lo habría conducido a la «decadencia» (Vial, 1984) y exigían una ruptura con este para establecer un nuevo orden político. La decisiva influencia de las élites civiles y la vigencia de las ideas políticas de diversas vertientes conservadoras permiten considerar el régimen de Pinochet como una ruptura parcial del desarrollo político, pues mostró una considerable continuidad con ciertas tendencias de este, especialmente de la derecha, que tuvo en el ex presidente Jorge Alessandri (1958-1964) su principal figura, y retomó tendencias previas al golpe de Estado, en busca de legitimidad histórica.

Una multiplicidad de factores —la coerción, el éxito económico y las condiciones personales de Pinochet⁵— proporcionó al autoritarismo vastos recursos de poder que le permitieron alcanzar una larga vida, por lo que Chile se incorporó recién en 1990 a la «tercera ola de las democratizaciones», como las llamó Huntington (1991). También tuvo el respaldo de una parte considerable de la población, como mostraron las encuestas de los centros privados independientes realizadas desde 1985, y la colaboración de las cúpulas de los partidos tradicionales de la derecha, los empresarios y sus organizaciones afines. Un cuarto de siglo después de su término, aún es defendido por sus adherentes, y sus consecuencias, que han incidido durante todos estos años, seguirán afectando al país por largo tiempo, constituyendo significativos legados que han limitado la calidad de la democracia (Huneeus, 2014)⁶.

La sorpresiva detención del general Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998, que duró dieciséis meses, demostró que su figura y su régimen seguían concitando atención internacional como símbolo o paradigma de los atropellos a los derechos humanos y originando divisiones que demuestran que el pasado mantiene su constante influencia⁷.

Las tres identidades del régimen de Pinochet

Las singularidades del régimen del general Pinochet en comparación a las demás dictaduras de América Latina están referidas a tres dimensiones estructurales que, siendo analíticamente distintas, se relacionan estrechamente entre sí. En primer lugar, al empleo de la coerción y la violencia, con la construcción de un Estado policial en que resalta la acción de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organizada y dirigida durante cuatro años por el coronel y luego general Manuel Contreras. En segundo término, a las reformas económicas que transformaron la estructura productiva, desmantelaron el Estado empresario y de bienestar construido en Chile desde varias décadas antes, que quitarían las bases de existencia de las organizaciones laborales, debilitaron el nivel asociativo de los chilenos, provocaron un cambio de valores en estos y modificaron las bases de la política⁸. Y, en tercer lugar, a la figura del general Pinochet, que integró estos componentes.

Su detención en Londres empañó las fronteras entre estas dimensiones, poniendo en primer plano el papel desempeñado por el entonces anciano general. Esto ha conducido a un reduccionismo analítico, que encubre la complejidad de la política en esos años. El éxito económico, por otra parte, trajo como consecuencia la invisibilidad de los componentes políticos del régimen. Sus partidarios presentan el programa económico como si hubiera sido políticamente neutral, separado de la estrategia de legitimación del orden autoritario. Sus detractores, por el contrario, consideran a los Chicago boys como tecnócratas solo interesados en objetivos económicos y en servir al gran capital⁹, como si no hubieran tenido la voluntad de alcanzar objetivos políticos definidos por los militares y sus colaboradores civiles, especialmente los «gremialistas». La coerción y el liderazgo de Pinochet impidieron que las reformas económicas tuvieran efectos favorables a una democratización del régimen, como ocurrió antes en España y Europa del Este¹⁰.

La identificación del régimen con Pinochet dificulta comprender el importante papel desempeñado por los civiles que colaboraron con él en la definición del discurso político y la arquitectura institucional, como parte de la élite gubernativa. Es indispensable considerar el rol de sus ministros y más cercanos colaboradores civiles, como Sergio Fernández, Sergio de Castro, Hernán Büchi y Jaime Guzmán, y el de numerosos uniformados, entre los que destacan los generales Sergio Covarrubias, Julio Canessa, Santiago Sinclair y Manuel Contreras.

Estas tres dimensiones estuvieron integradas de manera coherente, porque se estableció un régimen político con un bajo nivel de institucionalización, que favoreció la decisión de Pinochet de convertirse en su principal figura y que llevó a identificar su persona con el orden político, concentrando un enorme poder, pero recibiendo el rechazo de la opinión pública internacional y de la oposición en Chile. El orden político —la democracia protegida y autoritaria— fue consagrado en la Constitución de 1980 y pretendió ser una alternativa a la democracia occidental, descalificada como obsoleta debido a su incapacidad para «defenderse» de «la amenaza comunista».

A continuación se examinan sucintamente estas identidades.

A. La identidad coercitiva

El régimen de Pinochet será recordado por su altísimo nivel de violencia. Esta fue empleada no solo en su fase inicial o de instauración, como otros regímenes militares (Linz, 1964), sino en todo su desarrollo, especialmente cuando consideró amenazada su estabilidad. La coerción se puso de manifiesto en múltiples ámbitos de la vida cotidiana, dando origen a un Estado policial. Durante mucho tiempo se buscarán explicaciones a la pregunta de Alan Angell (1993: 93), uno de los principales estudiosos del desarrollo político de Chile: «¿Por qué fue tan brutal el golpe?». Esta pregunta tiene otra, derivada de aquella: ¿por qué fue necesario aplicar la represión, cuando el régimen estaba consolidado, incluso hasta finales de los años ochenta¹¹?

La violencia política era casi inédita en el Chile del siglo XX y se hizo presente en forma espectacular la mañana del 11 de septiembre de 1973. Al bombardeo del Palacio Presidencial de La Moneda por dos aviones de la Fuerza Aérea se unió la declaración de uno de los miembros de la Junta de Gobierno, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh, de «extirpar el cáncer marxista» y el establecimiento del estado de sitio a consecuencia del «estado de guerra interna». Se creó un clima político y social de abuso que estimuló el empleo de la coerción como un componente habitual del estilo de Gobierno¹².

Miles de personas fueron detenidas por patrullas militares que irrumpían violentamente en poblaciones, industrias y universidades, en Santiago y otras ciudades del país, siendo recluidas en regimientos y lugares amplios, como por ejemplo el Estadio Nacional. Buena parte de los detenidos, hombres y mujeres, fueron brutalmente torturados y muchos de ellos perdieron la vida. En pueblos y localidades rurales los carabineros cometieron abusos, algunas veces estimulados por civiles, que denunciaban a dirigentes de izquierda, causando numerosos muertos¹³. Los ministros del Gobierno de la Unidad Popular fueron detenidos en la Escuela Militar y luego enviados a una isla en el extremo sur del país, donde la Marina estableció un campo de concentración, teniendo que vivir bajo difíciles condiciones por casi dos años¹⁴.

Aproximadamente cinco mil personas, chilenos y extranjeros, inmediatamente después del golpe se refugiaron en las embajadas¹⁵ y en otros lugares de protección, o se pusieron bajo el amparo de organismos internacionales¹⁶. Cerca de 450.000 personas —incluidos los afectados y sus familias— debieron exiliarse, sea por motivos políticos o económicos. Esta cifra se considera más realista que el 10 por ciento del total de la población, a esos días, que habría sido afectado por esta situación, de acuerdo a estimaciones de algunas organizaciones de derechos humanos¹⁷.

La minuciosa investigación realizada por la Comisión de Verdad y Reconciliación (conocida como Comisión Rettig), constituida por el presidente Patricio Aylwin inmediatamente después de asumir el cargo el 11 de marzo de 1990 como el primer e importante paso de su política de tratamiento a las violaciones de los derechos humanos, demostró que hubo un total de 2.279 personas muertas por efectos de la represión o acciones de violencia¹⁸. Empero, según lo estimado por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la misma Comisión Rettig, el número es mayor, llegando a 3.197 personas (Cuadro I-1), una cifra más ajustada a la realidad y sobre la cual trabaja el Estado en relación a las políticas de reivindicación política y reparación económica. Más de la mitad de las muertes se produjeron en 1973, pero hubo un alto número de personas que perdieron la vida en los tres años siguientes, disminuyendo después la cantidad como consecuencia del alejamiento del entonces coronel Contreras de la dirección de la DINA y el reemplazo de este organismo por la CNI. A partir de 1983 se desencadenó una nueva ola represiva contra la oposición, después que esta iniciara movilizaciones en el contexto de la grave crisis económica de 1982-1983. El total de muertos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policías ascendió a 173, cifra que representa el 5,4 por ciento del total de víctimas.

El perfil sociodemográfico y político de las víctimas, incluidos los uniformados muertos en acciones terroristas, refleja que fueron mayoritariamente jóvenes menores de treinta años, de género masculino, predominando trabajadores, campesinos y militantes de los partidos de izquierda y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Esta última agrupación sufrió la pérdida de 440 militantes, superando las bajas del Partido Comunista (427), bastante más poderoso en militancia y organización, lo que da cuenta de la efectividad de la «guerra» en su contra (Cuadro I-2). El Partido Socialista, con 482 víctimas, fue la colectividad más afectada, porque los militares actuaron contra ella con especial energía debido a la política maximalista impulsada por este durante el Gobierno de Allende, que lo llevó incluso a establecer contactos con marinos proclives a sus postulados.

La coerción no fue aplicada solo por iniciativa de los uniformados. En «el sector rural se produjeron venganzas llevadas a cabo por dueños de fundos con la colaboración de la policía uniformada. En Salamanca, Isla de Maipo, Paine, Mulchén, Laja y otros lugares, decenas de personas acusadas de ser agitadores campesinos o dirigentes sindicales agrarios fueron detenidas por grupos de civiles y policías, y posteriormente ejecutadas»¹⁹.

Los militares justificaron la violencia arguyendo que el país estaba en «guerra» contra el marxismo y denunciando la existencia de un «ejército guerrillero» de aproximadamente 14.000 individuos²⁰. Este clima se mantuvo no solo durante la instauración del autoritarismo, sino también más tarde, especialmente en la crisis económica de 1982-1984. En esta oportunidad la oposición movilizó a miles de chilenos en acciones de protesta que fueron reprimidas por los militares y carabineros, produciéndose decenas de muertos y centenares de heridos²¹.

Los partidarios del régimen también respaldaron la «guerra» contra el marxismo, sin prever las horrendas repercusiones que tendría en la vida de muchas personas y en la determinación del perfil del nuevo régimen. Uno de los que desarrolló esta tesis de la «guerra civil» fue el abogado e historiador Gonzalo Vial, fundador de la revista Qué Pasa y ministro de Educación del régimen de Pinochet (1978-1979), quien escribió que la acción de los militares fue motivada por «la posibilidad cierta e inminente de que la extrema polarización y división político-social que había alcanzado Chile, las polarizara y dividiera también a ellas, las Fuerzas Armadas, provocando la guerra civil». Añade que «la mayor parte de los conductores de la sociedad, incluso algunos situados dentro de las Fuerzas Armadas, LA QUERÍAN» (mayúsculas en el original)²².

Una de las principales herramientas de la violencia coercitiva fue un organismo especializado en impulsar la «guerra»: la DINA, organizada y dirigida hasta 1977 por el entonces coronel (después general) Manuel Contreras. La DINA nació con amplísimas facultades para actuar en el país y en el exterior, llegando incluso a realizar atentados en capitales de tres países amigos (Buenos Aires, Roma y Washington D.C.), que costó la vida a destacadas personalidades chilenas y a una ciudadana estadounidense²³.

B. La identidad económica

El régimen de Pinochet también está asociado a las reformas que contribuyeron a superar la profunda crisis económica existente al momento del golpe militar, producto de la política del Gobierno de la Unidad Popular. Las reformas impulsadas alcanzaron importantes resultados macroeconómicos (caída de la inflación, crecimiento, exportaciones, equilibrio fiscal, etc.) y transformaron la estructura productiva del país²⁴. Estas políticas tuvieron alcances «revolucionarios» (Meller, 1996: 181) y produjeron un despegue económico sostenido a partir de 1985 que continuó durante la democracia, con una tasa de crecimiento anual de 7,9 por ciento hasta 1997.

Abarcaron un amplio abanico de medidas, desde la eliminación de los controles de precios, la apertura comercial a la competencia internacional y el fomento a las exportaciones, hasta un radical proceso de privatización de las empresas públicas e incluso de los servicios de salud y previsión social, así como también de cientos de empresas intervenidas y estatizadas durante el Gobierno de Salvador Allende (Hachette y Lüders, 1992). Estimularon el surgimiento de una numerosa y dinámica clase empresarial (Montero, 1997), y una notable diversificación de las exportaciones. Tales políticas beneficiaron no solo a los empresarios, sino también a amplios sectores de la población que habían sufrido estrecheces e inseguridades durante los últimos meses antes del golpe, por lo que además sirvieron para conquistar su apoyo político.

Las reformas económicas fueron impulsadas en un contexto autoritario que las impregnó en gran medida, especialmente por ciertos componentes de clientelismo y patronazgo, particularmente visibles en las privatizaciones. No fueron neutrales y estuvieron guiadas por intereses políticos, tal como otras experiencias de transformación económica, por ejemplo la impulsada por el Gobierno conservador de Margaret Thatcher en Gran Bretaña (1979-1990). De modo que la economía estuvo subordinada a la política y no esta a aquella, como sostuvieron antes los partidarios de la teoría de la dependencia (Cardozo y Faletto, 1969).

El programa económico se inspiró en ideas neoliberales y fue aplicado por un amplio grupo de profesionales conocidos como los Chicago boys²⁵. Su objetivo final era alcanzar el desarrollo para legitimar mediante el rendimiento el orden político que se estaba construyendo, la democracia protegida y autoritaria, impulsando el programa económico con persistencia y rigidez, exhibiéndolo con gran publicidad como exitoso, aunque manipulando algunos de sus indicadores²⁶.

El pensamiento neoliberal influyó en la acción gubernativa como una cosmovisión, en el sentido que lo define Dahrendorf (1997), aplicándose a diversos sectores económicos. Todo se explicaba a través de sus ideas. La política fue sometida a las reglas del mercado, al que se le atribuía una capacidad ilimitada para asignar los recursos; el ciudadano fue reducido a la condición de un consumidor guiado por las apariencias; las instituciones políticas fueron consideradas entidades económicas, donde solo contaban la «eficiencia» y la rentabilidad. Hubo un rechazo al papel del Estado, buscando alejarlo de la economía en términos tales que esta filosofía neoliberal parecía confundirse con una especie de anarquismo, imaginando una sociedad sin Estado²⁷.

La visión ideológica del neoliberalismo permitió que sus ideas se aplicaran en los más variados ámbitos, incluso en la cultura, sirviendo de fundamento a una nueva política de educación superior. También inspiró el marco institucional de los grupos de interés, traducido en la afiliación voluntaria a los colegios profesionales y en la eliminación del control ético de sus miembros por parte del correspondiente colegio y se aplicó a la política urbana, eliminándose las normas que regulaban el uso del espacio territorial. El neoliberalismo en Chile no fue el de Milton Friedman, con el cual se le asocia, que fue influyente en la formulación de su política monetaria, sino la visión de su colega Gary Becker, que se empeñó en mostrar la utilidad del pensamiento económico para explicar problemas políticos y sociales, hasta el matrimonio y el divorcio, como ha recordado Sandel (2012)²⁸. Esta amplísima visión de la economía explica el enorme poder de los economistas en la dictadura de Pinochet.

Las reformas económicas y la coerción no eran dos mundos opuestos, sino caras de una misma moneda. Hubo un «Estado dual», usando el concepto de Fraenkel (1984), en que cada una de estas dos facetas respondió a distintas racionalidades: la racionalidad económica y la racionalidad política. La racionalidad económica privilegió la eficiencia, el lucro empresarial y la libertad económica, sin preocuparse por sus costos sociales; la racionalidad política canceló libertades básicas, convirtió los derechos humanos en bienes subordinados a los intereses políticos y justificó el empleo de la violencia.

Las reformas económicas y la modernización parcial

No es indiferente el contexto político en que se realiza la transformación económica, pues este influye en su contenido, en la forma de aplicación y en sus principales beneficiarios. No es lo mismo una modernización en democracia que la hecha en un régimen autoritario, como fue la experiencia de Chile²⁹. Por este motivo, en términos conceptuales, corresponde a lo que se llama modelo prusiano al desarrollo, formulado a la luz de otras experiencias de modernización económica realizadas en contextos no democráticos, como Alemania, con su tardía industrialización, brusca y acelerada (Dahrendorf, 1971) y la España del régimen autoritario del general Francisco Franco³⁰.

En este tipo de modernización económica, el contexto autoritario impone condiciones que si bien favorecen el cambio de ciertas partes del sistema económico, determinan enormes limitaciones en otras áreas del mismo. La concentración de la autoridad y el poder en el jefe de Estado, característico de este tipo de régimen —y que lo distingue de la democracia— también tiene consecuencias en el sistema económico, entre otras provocar una menor separación de los intereses públicos y privados. El resultado es que surgen espacios para decisiones discriminatorias en favor de individuos y grupos participantes del poder o con acceso privilegiado a este. Se establecen condiciones muy favorables para que altos funcionarios y colaboradores hagan uso en su propio beneficio de información privilegiada. La centralización del poder explica que en los regímenes autoritarios no exista en términos estrictos la corrupción, pero sí abusos de enormes dimensiones, que reciben el calificativo de corruptos cuando ocurren en una democracia (Lamo de Espinosa, 1996).

Por estos motivos, las modernizaciones autoritarias son parciales, sin afectar al conjunto de la economía y a la totalidad del sistema social; solamente cambian ciertas zonas de la institucionalidad económica y social y mantienen otras conservándolas como tradicionales o semimodernas (Rüschemeyer, 1969). Este tipo de modernización compensa los cambios e inseguridades provocadas por las reformas a través de un sistema político que restringe las libertades públicas y utiliza componentes tradicionales en la estructura de autoridad, incentivando el nacionalismo y recurriendo incluso a la religión. Si los empresarios consiguen enormes ventajas, los trabajadores y los sindicatos son perjudicados, excluyéndoselos del sistema político, penalizándolos indirectamente a través de una integración negativa, lo que beneficia aún más la situación de poder de los primeros³¹.

En el caso de Prusia, la modernización impulsada por Bismarck y las convulsiones producidas por la industrialización acelerada e intensa favorecieron el desarrollo de las grandes industrias, que fueron neutralizadas por la estabilidad que proporcionó la conservación de la estructura latifundista de los junkers y la primacía de sectores conservadores y aristocráticos en la administración pública y en el Ejército, y por el empleo de ciertas políticas económicas³². Como resultado se dio la posibilidad de que «los medios modernos fueron empleados parcial o plenamente para imponer los objetivos tradicionales y, a la inversa, determinados elementos de la tradición fueron útiles para alcanzar objetivos modernos» (Rüschemeyer, 1969: 388).

La modernización económica de los Chicago boys fue parcial, con avances en algunas áreas y atrasos en otras. Por ejemplo, la política laboral privilegió la posición de los empresarios y perjudicó a los sindicatos para evitar que tuvieran protagonismo en su campo y a nivel de la política nacional³³. El fortalecimiento empresarial privilegió a los grandes empresarios, en desmedro de los medianos y pequeños, y no incluyó instituciones reguladoras para proteger al consumidor. La estructura económica tendió hacia la concentración en conglomerados que aún controlan los principales sectores de la economía, como la banca, la prensa y las AFP, entre otros. Como se desatendió el establecimiento de marcos regulatorios, el poder económico de los grupos económicos fue muy superior, complicando aún más las relaciones entre el sistema económico y el político. Hubo una visión tradicional de aprovechamiento de los recursos naturales, sin que se incorporara la protección del medio ambiente. En términos sociales se descuidaron los estratos bajos, que vieron afectados sus niveles de vida porque las políticas de estabilización se hicieron a costa de disminuir los recursos destinados a educación, salud y vivienda. Una modernización mostrada como exitosa, como el sistema de pensiones, también tuvo importantes debilidades que no ha entregado los resultados que prometió, porque las pensiones son muy bajas y ha requerido considerables cambios, con financiamiento del Estado para financiar las pensiones mínimas, sin perfeccionarla. Las propuestas de reforma apuntan a modificar deficiencias organizativas, como el alto costo de administración³⁴, sin abordar sus limitaciones estructurales provenientes del hecho que el nuevo sistema fue construido sin tomar en cuenta los rasgos dominantes del mercado de trabajo, con bajísimas remuneraciones e inestabilidad laboral, que limitan los aportes de los trabajadores a su fondo de pensiones, el marcado sesgo hacia los trabajadores de ingresos medios y altos, la discriminación que afecta a las mujeres y el elevado costo que representa para el Estado, que se hace cargo, entre otras responsabilidades, de las pensiones mínimas³⁵. Este tipo de modernización implicó el establecimiento de relaciones de clientelismo y patronazgo, especialmente visibles en las privatizaciones, que permitieron el beneficio personal de altos ejecutivos de las empresas públicas y de asesores o colaboradores del Gobierno.

La modernización parcial generó un desarrollo institucional con profundos desequilibrios, en que partes modernas coexisten con otras premodernas o tradicionales, que provocaron profundos desajustes en la democracia³⁶. La continuidad de las reformas económicas en democracia derivó en una falta de congruencia entre un sistema económico impregnado de componentes institucionales que eran funcionales al contexto autoritario y un escenario democrático que debe responder a otros parámetros institucionales y éticos, que genera tensiones y conflictos, distorsionando el proceso político y perjudicando la calidad de la democracia³⁷.

Esta modernización no alcanzó a la administración pública, que los Chicago boys no incluyeron en su agenda por su visión ideológica del Estado, considerado responsable de los problemas económicos. Esto es una importante limitación a la modernización económica porque el crecimiento económico requiere una administración pública moderna. Esta fue una de las diferencias con la modernización económica exitosa realizada por el régimen autoritario del general Franco desde comienzos de los años cincuenta. Junto con liberalizar la economía, abriéndola drásticamente a mercados externos, abordó la modernización de la burocracia estatal para apoyar el impulso económico, transformando la economía española desde el predominio de la agricultura a una moderna y diversificada, con un importante sector industrial, que llegó a ser el décimo del mundo hacia fines de los años sesenta. La modernización de España no tuvo los sesgos ideológicos del neoliberalismo, porque no arremetió contra la intervención del Estado con numerosas e importantes empresas públicas, los economistas que definieron el programa económico no tuvieron los sesgos ideológicos que tuvieron los Chicago boys y una de sus principales figuras no fue economista, sino un catedrático de derecho administrativo, Laureano López Rodó (1990, 1991), que promovió la modernización de la administración del Estado³⁸.

Efectos no buscados de la modernización económica. La tesis de la «revolución liberal» de Pinochet

El éxito económico del régimen militar ha llevado a sus partidarios a tener una visión idealista de su política económica. Se argumenta que esta tuvo desde un comienzo el propósito de establecer las bases de la democracia, por lo que constituyó una «revolución liberal», de la cual surgió «un nuevo Chile, notoriamente más

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