SIGLARIO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES

AC: Acció Catalana

ACR: Acció Catalanista Republicana

AN: Acción Nacional

ANV: Acción Nacionalista Vasca

AR: Acción Republicana

ARC: Acció Republicana de Catalunya

BN: Bloque Nacional

BOC: Bloque Obrero y Campesino

CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas

CESO: Confederación Española de Sindicatos Obreros

CGTU: Confederación General del Trabajo Unitaria

CNSCO: Confederación Nacional de Sindicatos Católicos Obreros

CNSLE: Confederación Nacional de Sindicatos Libres de España

CNT: Confederación Nacional del Trabajo

CT: Comunión Tradicionalista

DLR: Derecha Liberal Republicana

DRV: Derecha Regional Valenciana

EC: Estat Català

ERC: Esquerra Republicana de Catalunya

FAI: Federación Anarquista Ibérica

FE: Falange Española

FNT: Frente Nacional del Trabajo

FNTT: Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra

FRG: Federación Republicana Gallega

FUE: Federación Universitaria Escolar

IR: Izquierda Republicana

IRS: Izquierda Radical Socialista

JAP: Juventudes de Acción Popular

JJSS: Juventudes Socialistas

JONS: Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista

ORGA: Organización Republicana Gallega Autónoma

PAE: Partido Agrario Español

PCE: Partido Comunista de España

PCP: Partit Català Proletari

PCR: Partit Catalanista Republicà

PG: Partido Galeguista

PLD: Partido Liberal Demócrata

PNE: Partido Nacionalista Español

PNR: Partido Nacional Republicano

PNRE: Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra

PNV: Partido Nacionalista Vasco

POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista

PRC: Partido Republicano Conservador

PRD: Partido Radical Demócrata

PRE: Partit Republicà d'Esquerra

PRF: Partido Republicano Federal

PRG: Partido Republicano Gallego

PRP: Partido Republicano Progresista

PRR: Partido Republicano Radical

PRRS: Partido Republicano Radical Socialista

PRRSI: Partido Republicano Radical Socialista Independiente

PS: Partido Sindicalista

PSOE: Partido Socialista Obrero Español

PURA: Partido de Unión Republicana Autonomista

RE: Renovación Española

SEU: Sindicato de Estudiantes Universitarios

STV: Solidaridad de Trabajadores Vascos

UDC: Unió Democràtica de Catalunya

UFEH: Unión Federal de Estudiantes Hispanos

UGT: Unión General de Trabajadores

UME: Unión Militar Española

UMN: Unión Monárquica Nacional

UPE: Unión Patriótica Española

UR: Unión Republicana

USC: Unió Socialista de Catalunya

PRESENTACIÓN

Cuando, en 1993, la historiadora M.ª Gloria Núñez Pérez publicó el volumen Bibliografía comentada sobre la II República Española (1931-1936), relacionó 4.544 títulos aparecidos hasta el año anterior, de los que 2.611 eran monografías extensas, libros de autor, 1.298 artículos de revista y 635 obras colectivas. Tres décadas después, es posible que la cifra global casi se haya duplicado, pero también que las proporciones se hayan invertido en parecido porcentaje, en detrimento de los libros de autor. En cualquier caso, la historiografía sobre la República ha sido un tema estrella de la investigación sobre la España contemporánea durante mucho tiempo, y solo recientemente ha perdido preeminencia en beneficio de la era franquista. De modo que nuestro conocimiento sobre ese quinquenio resulta ahora tan completo como dispersos y variados son los enfoques de su estudio y las conclusiones alcanzadas en ellos.

Cerca ya de cumplirse un siglo desde aquel 14 de abril, parece posible pautar, conforme a un esquema cronológico de desarrollo, la mutabilidad de estos enfoques. No solo porque la paulatina apertura de archivos o la publicación de memorias de los protagonistas han ido enriqueciendo el acervo de fuentes para la investigación, sino porque la propia dinámica histórica —el peso de lo presente en el estudio del pasado— influye sobre los planteamientos de las sucesivas generaciones de investigadores y divulgadores, así como sobre los prejuicios y expectativas de sus lectores.

El estudio de la Segunda República como análisis de un tiempo pretérito arranca de la posguerra civil. Sus primeras aportaciones procedían de autores que habían protagonizado el momento y escribían con visiones belicistas (el quinquenio republicano como causa y justificación de la contienda), bien desde el franquismo vencedor, bien desde el exilio de los vencidos. Llegaron luego los hispanistas, historiadores extranjeros que en los años centrales de la dictadura estudiaban la historia republicana y la Guerra Civil con la libertad que se les negaba a los españoles. Quienes, sin embargo, desde la década de los sesenta comenzaron a trabajar en las universidades y centros de investigación con criterios de cientificidad aunque, para no pocos de ellos, seguía siendo fundamental el apriorismo justificativo. Los años de la Transición contemplaron una eclosión espectacular de los estudios sobre la República a cargo de historiadores profesionales. Bonanza que se mantuvo en las dos últimas décadas del siglo por impulso de la que podríamos denominar como «generación de Historia 16», por la mítica revista que difundió la historiografía académica entre el gran público y facilitó darse a conocer, fuera de los estrictos círculos de investigadores, a gran parte de los contemporaneístas que hoy peinan canas. Fue en ese último cuarto de la pasada centuria cuando se publicaron muchas de las monografías de historia general de la República que mantienen hoy su plena vigencia.

Estas visiones globales se enriquecían con los estudios de historia regional, provincial y municipal, que se fueron afianzando con el paso del tiempo, tanto por la progresiva disponibilidad de los archivos locales como por la multiplicación de las universidades y centros de investigación, o las pulsiones particularistas del Estado de las autonomías. Un enorme conjunto de aportaciones. Teselas de un gran mosaico cuya armazón está aún en alguna medida pendiente de que los jóvenes historiadores, compelidos en muchos casos por la exigencia del sistema académico oficial a la compulsiva emisión de breves «impactos» hiperespecializados, renueven con sus libros el panorama de las ya veteranas monografías amplias sobre la etapa republicana.

Por otro lado, en estas dos últimas décadas se ha reactivado la polémica sobre la naturaleza, la evolución y la crisis de la República y su corolario de la Guerra Civil. En gran medida, con el surgimiento de una corriente de investigación y publicística vinculada al universo intelectual neoconservador, cuyos autores cuestionan la imagen democrática del periodo consolidada por una tradición historiográfica a la que consideran vinculada a posiciones de izquierdas, desde la que han surgido, a su vez, descalificaciones hacia lo que tachan de revisionismo neofranquista y de falta de calidad científica. Este «combate por la Historia», orientado en parte a disputar en la mentalidad de la ciudadanía la creación de sendos e incompatibles imaginarios colectivos sobre el pasado reciente, ha galvanizado un debate que podía considerarse prácticamente amortiguado. Se han abierto con ello nuevas vías de interpretación y controversia sobre la historia de la República en paz y en guerra.

De modo que la acumulación, en un continuo temporal, de una ingente producción bibliográfica en la que mutan, se combaten y se suceden las metodologías, las temáticas y los objetivos, siempre con el presente como telón de fondo, aconseja hacer altos en el camino cada cierto tiempo: recapitular las recientes aportaciones monográficas y elaborar síntesis actualizadas de la historia republicana que ofrezcan un relato global, un estado del conocimiento que trascienda el ámbito de los investigadores para alcanzar el interés de un público lector más amplio. Tales son los fines pretendidos en este libro: mostrar un cuadro sistematizado de la vida española durante la Segunda República, reflejar lo mucho aportado por la historiografía académica sobre el tema, poner de relieve la pluralidad, incluso la incompatibilidad, de sus enfoques y apuntar claves para el análisis a cargo de los propios lectores. Un estudio casi global, en definitiva, sobre aquel lustro en que un par de generaciones de españoles afrontaron la oportunidad de crear una democracia moderna basada en un espacio de convivencia cívica y fueron incapaces de alcanzarlo.

PRÓLOGO
CAÍDA DE UN TRONO

El 17 de abril de 1931 el diario ABC reprodujo el texto de un mensaje firmado por Alfonso XIII y dirigido «Al País». En él, quien fuera rey de España hasta tres días antes, ahora camino del exilio, se dirigía a sus antiguos súbditos, ciudadanos de la República recién estrenada tras el colapso de la Monarquía:

Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo […] Soy el Rey de todos los españoles y, también, un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y, mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única Señora de sus destinos.[1]

Alfonso XIII ni abdicaba ni renunciaba a la Corona, sino que se limitaba a esperar en el exilio a que las circunstancias posibilitasen su retorno y el final de la «suspensión» del ejercicio de sus poderes. Una suspensión que, sin embargo, había consentido, y para muchos estimulado en septiembre de 1923, cuando el general Miguel Primo de Rivera encabezó un golpe de Estado y estableció una dictadura militar. Desde entonces, España no conocía un régimen constitucional y eran los nuevos gobernantes republicanos quienes debían asumir su retorno dentro de los parámetros de una democracia parlamentaria.

EL FRACASO DEL REGENERACIONISMO AUTORITARIO

En el breve periodo que media entre la caída de la Dictadura, en enero de 1930, y la proclamación de la Segunda República, en abril de 1931, transcurre una de las etapas más decisivas de la reciente historia española. Frustrada la vía autoritaria ensayada durante seis años por el general Primo de Rivera, a partir de enero de 1930 Alfonso XIII se vio obligado a amparar una improvisación de estrategias que permitieran superar el vacío institucional abierto primero por el golpe de Estado de septiembre de 1923 y luego por la dimisión del dictador. En este sentido, el fracaso de los intentos de retorno a la normalidad constitucional proyectados por los gobiernos del general Dámaso Berenguer y luego del almirante Juan Bautista Aznar, y el creciente apoyo popular a los planteamientos rupturistas de la oposición republicana, son dos caras de un mismo proceso, que conduce de la Monarquía a la República.

Es evidente, sin embargo, que la quiebra del Estado monárquico obedeció a causas más complejas y dilatadas en el tiempo que la destrucción del ordenamiento constitucional por los militares golpistas de 1923, o los torpes ensayos aperturistas de los dos sucesores de Primo de Rivera al frente del Ejecutivo. El breve y turbulento periodo que va de enero de 1930 a abril del año siguiente, la «dictablanda», como se le motejó por la incapacidad de los gobernantes para mantener en vigor los resortes autoritarios que habían heredado, pero que no podían anular de golpe, fue por lo tanto un catalizador que aceleró la descomposición del régimen surgido de la Restauración canovista.

A comienzos de los años treinta continuaban vigentes, pero agravados con el paso del tiempo, los problemas estructurales que habían servido de justificación al golpe de Estado. Entonces, el dictador había podido presentarse como el «libertador a caballo» anhelado por un amplio sector de la población. No obstante, su apoyo a la iniciativa de Primo de Rivera no suponía un cheque en blanco para el Directorio de gobierno surgido del golpe, ni se basaba en motivos estrictamente ideológicos. Residía en el temor a que el progresivo deterioro del viejo orden político canovista y a que las tensiones, especialmente patentes en el periodo 1919-1921, generadas por las pautas adoptadas para la modernización económica y social, acabasen afectando al conjunto de las relaciones de poder y provocaran una quiebra de la estructura social.

El militar jerezano y sus colaboradores intentaron aplicar criterios regeneracionistas, inspirados en la apelación de Joaquín Costa al «cirujano de hierro», a la reforma radical —a veces, a la simple eliminación— de las piezas del sistema que, a su juicio, impedían la estabilidad de la Monarquía. Se persiguió a los grupos reacios a admitir el nuevo orden y se marginó a los representantes de la denostada «vieja política», herencia del canovismo. Con patrones parcialmente inspirados en el fascismo italiano y en el catolicismo social, los nuevos gobernantes buscaron imponer moldes intervencionistas a la vida económica y un paternalista reequilibrio de las relaciones de producción que, sin afectar a las bases del modelo capitalista vigente, mitigara el carácter reivindicativo del movimiento obrero. En el terreno político, una vez anulada la transitoriedad que, en un principio, se atribuía a la Dictadura, los primorriveristas pretendieron institucionalizarla a través de una poco representativa Asamblea Nacional Consultiva y de una Constitución vagamente corporativista, cuyo texto se concluyó en 1929 pero que nunca entró en vigor. Parece que el dictador acariciaba la idea de sustituir el anterior sistema de partidos por otro, ajeno a las prácticas viciadas del caciquismo y parcialmente inspirado en el modelo británico. Consistía en la construcción de una organización de masas oficialista, la Unión Patriótica Española (UPE), que vertebrara en torno a un programa regeneracionista a las fuerzas más dinámicas de la derecha conservadora. Competiría con una izquierda laborista en la que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ejercería una función preponderante, secundada por un potente movimiento sindical de carácter reformista, mientras que un renovado liberalismo monárquico constituiría una tercera opción, centrista y minoritaria.

Era un planteamiento irreal, como los hechos demostraron en poco tiempo. Entre otras cosas, porque intentaba vincular en un mismo proyecto intereses y puntos de vista irreconciliables. Las veleidades intervencionistas y el paternalismo social de la tecnocracia gubernamental enajenaron al régimen las simpatías del mundo del dinero. En especial, de la burguesía catalana, que había apoyado decididamente el golpe de Estado, pero que se resintió después por la falta de tacto con que el Directorio primorriverista, que en 1925 suprimió la autonomía administrativa de la Mancomunidad catalana, abordaba la complicada cuestión regionalista. La oposición republicana se mostraba a finales de la década muy activa en sectores de considerable influencia social, como los intelectuales, cuya hostilidad casi masiva a la política autoritaria de que hacía gala el dictador les lanzó en elevada proporción a la beligerancia antimonárquica, actitud en la que fueron seguidos de forma creciente por estudiantes y sindicalistas.

A la Dictadura terminaron fallándole hasta los apoyos que se podían considerar más seguros. Los conflictos internos del Ejército sirvieron de caldo de cultivo a un paulatino malestar de la oficialidad, que condujo a la formación de tramas conspirativas en las que figuraban implicados políticos republicanos, e incluso monárquicos. La UPE se reveló como una variopinta agrupación de intereses, que amparaba casi intactos los aparatos caciquiles que el régimen afirmaba combatir. No obstante, en su seno tomó forma una corriente de pensamiento autoritario —Ramiro de Maeztu, José Pemartín, José María Pemán— en la que se combinaban elementos clásicos del tradicionalismo con influencias más modernas como el maurrasismo francés o el fascismo italiano y que luego daría fundamentación teórica a la derecha radical durante la República. Sin otro programa que la defensa del orden social y su propia perpetuación en las diversas esferas institucionales del Estado, los upeístas constituían una enorme masa gregaria de perfiles mal definidos, tránsfuga de los partidos dinásticos o nutrida por «hombres nuevos» dispuestos a situarse en la élite política, y de dudosa eficacia como valedora del sistema. De hecho, la Unión Patriótica Española fue incapaz de prestar un apoyo efectivo a su líder en los últimos y agónicos meses de la Dictadura.

Pocos eran, por lo tanto, los réditos que el dictador legaba a su sucesor a comienzos de 1930. Algunos miles de desconcertados seguidores, aún integrados en una UPE en proceso de autodisolución, y unas difusas simpatías entre los elementos más conservadores de las Fuerzas Armadas no bastaban para avalar la continuidad de un proyecto político que había sido ya rechazado por las más altas instancias de poder del Estado. La crisis abierta con la dimisión de Primo de Rivera planteó al rey y a sus consejeros un dilema crucial. No parecía conveniente la huida hacia delante que hubiera representado la perpetuación del régimen autoritario en manos de los generales Emilio Barrera o Severiano Martínez Anido, dos leales primorriveristas que el exdictador recomendaba al monarca para la presidencia del Gobierno. Tampoco era factible el establecimiento de una dictadura personal del rey con apoyo del Ejército. La tercera solución, un retorno automático a la situación anterior a 1923, como si la Dictadura hubiera sido un paréntesis sin consecuencias políticas, resultaba igualmente azarosa. Aunque la Constitución de 1876 no había sido derogada por los golpistas, sino solo suspendida, el Parlamento y los ayuntamientos constitucionales llevaban disueltos seis años y el sistema de partidos había sufrido un enorme quebranto.

EL FUTURO ES UN RETORNO AL PASADO: LA «APERTURA» BERENGUERIANA

Sin embargo, esta vuelta al tiempo de la Restauración le parecía la única vía razonable a Alfonso XIII, quien optó por ofrecer el poder al último de la terna de militares que le propusiera Primo de Rivera. El general Dámaso Berenguer, conde de Xauen, era hombre de confianza del rey y jefe de su Casa Militar. De ideas conservadoras, pero sin militancia de partido, se había mantenido al margen de las luchas políticas y de las querellas internas del Ejército en los años de la Dictadura. Su elección respondía a la visión de los círculos palatinos, que deseaban una figura leal al monarca, carente de vinculaciones políticas y con prestigio en las Fuerzas Armadas, a las que debería ser capaz de neutralizar políticamente. Su cometido sería conducir el retorno a la situación previa a 1923, escalonando una transición que permitiera «calmar los espíritus»[2] y restablecer a todos los efectos la Constitución de 1876. Ello requería unos plazos ajustados y exigía unas colaboraciones muy amplias, prácticamente un consenso general de las fuerzas políticas y sociales. Sin embargo, el proyecto se asentó desde el comienzo sobre bases falsas. El «error Berenguer», que denunciara José Ortega y Gasset en un demoledor artículo,[3] no consistía tanto en la elección de un militar cortesano y poco preparado para conducir la transición posdictatorial como en las propias metas de esta.

La aplicación del plan gubernamental de vuelta a la normalidad sufrió desde el primer momento serios problemas que sus medidas de conciliación, interpretadas como fruto de la debilidad del régimen, no lograrían compensar. Al formar Gobierno, Berenguer tuvo que prescindir de la colaboración de los liberales, favorables a una revisión de la Constitución que él no estaba dispuesto a amparar, y de los primorriveristas, cuyo mantenimiento en el poder hubiera supuesto un lastre insoportable a su política de apertura. El general era partidario de formar un Gabinete de gestión con representantes de las fracciones conservadoras, que asumiera el control de los ritmos de la transición y preparase las elecciones a Cortes. Sin embargo, ni Francesc Cambó, ni Gabriel Maura, ni José Sánchez Guerra, ni Juan de la Cierva, las personalidades más destacadas del conservadurismo, entraron por distintas razones en el Gobierno. Berenguer tuvo que recurrir, pues, a las pocas cartas que le quedaban: los círculos palatinos, las Fuerzas Armadas y un grupo de figuras secundarias del conservadurismo. El Consejo de Ministros, que tomó posesión el 30 de enero de 1930, era el siguiente: Presidencia, Guerra y Estado, general Dámaso Berenguer y Fusté; Gobernación, general Enrique Marzo Balaguer; Justicia y Culto, José Estrada; Marina, contraalmirante Salvador Carvia; Hacienda, Manuel Argüelles; Fomento, Leopoldo Matos; Trabajo, Pedro Sangro y Ros de Olano; Instrucción Pública, el duque de Alba.[4]

El Gobierno Berenguer tenía como misión fundamental convocar unas Cortes ordinarias según la Ley Electoral de 1907, que hicieran posible una especie de borrón y cuenta nueva restaurando el orden constitucional y librando a la Corona de cualquier responsabilidad política en el advenimiento y desarrollo de la Dictadura. Para hacer creíble este proceso, el Gabinete procedió a una serie de gestos a fin de limar los aspectos más polémicos de la herencia dictatorial y sumar voluntades a su programa. Se dictó una amplia amnistía para los delitos políticos, se repuso en sus plazas a los profesores universitarios sancionados por su oposición al Directorio y se autorizó el normal funcionamiento de instituciones que, como los Colegios de Abogados o el Ateneo de Madrid, habían sufrido las iras del dictador en su condición de portavoces de la burguesía liberal. A mediados de febrero se disolvió por decreto la inoperante Asamblea Nacional y luego se toleró una progresiva actividad de los partidos políticos, así como la celebración de algunos actos públicos de claro signo republicano. Los sindicatos obreros recuperaron también una considerable libertad de movimientos e incluso a finales de abril se legalizaron a nivel provincial las organizaciones de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la central anarcosindicalista duramente perseguida por la Dictadura. En materia económica, el ministro Argüelles desmanteló muchas de las medidas intervencionistas del Directorio, en un intento de frenar la crisis financiera y de atraer el apoyo político del mundo de los negocios con un retorno parcial a la ortodoxia liberal. Incluso el propio Berenguer renunció a cualquier identificación de su papel con el de un dictador (pese a que el régimen seguía siendo, de hecho y de derecho, autoritario) al derogar el 11 de marzo el real decreto que otorgaba poderes extraordinarios al presidente del Gobierno.

Este equipo ministerial, sin miembros dotados de amplio crédito político, parecía confirmar los temores de la oposición democrática de que la posdictadura no sería más que un retorno a las prácticas del parlamentarismo restauracionista a cargo de unos líderes de partido que moverían los hilos en segundo plano. El programa gubernamental hubiera precisado, para ser creíble, de un calendario corto, que garantizase además la pureza del sufragio. Sin embargo, el Gobierno consideraba imprescindible asegurar un amplio triunfo de las organizaciones monárquicas que, según escribió Berenguer en sus memorias, habían salido «desintegradas» del episodio dictatorial y «arrastraban una vida lánguida y casi clandestina, acumulando agravios y rencores, reducidas al mantenimiento de sus cuadros y en concentrada y airada actitud de protesta». Era necesario, pues, ralentizar el ritmo de la transición, aun a riesgo de que perdiese credibilidad, y relanzar la maquinaria electoral del entramado caciquil para que supliera la falta de efectivos y de organización de los partidos dinásticos. La contradicción entre lo que el Gobierno prometía y los medios que preparaba para lograrlo se revelaría insuperable y contribuiría mucho a frustrar su proyecto de normalización política.

DOS PROYECTOS INCOMPATIBLES: MONARQUÍA Y REPÚBLICA

Para que este proceso fuera posible se necesitaba un sistema de partidos mínimamente consolidado, así como la buena disposición de las fuerzas sociales a negociar un pacto para la transición. Un breve repaso al cuadro de las principales organizaciones actuantes en este periodo muestra bien a las claras tanto su fragilidad y extremada movilidad como lo irreconciliable de sus posturas.

Las fuerzas dinásticas

Los partidos que defendían el trono de Alfonso XIII evolucionaron a partir de febrero de 1930 en medio de una gran confusión, provocada tanto por el renacer de viejas divisiones de carácter personalista en su seno como por el abandono de la causa monárquica por un considerable sector de la clase media y algunos de sus propios dirigentes, y también por el desconcierto que creaban en sus filas las diferencias sobre los ritmos y alcances de la transición que proponía el Ejecutivo, así como la visión del futuro de la Monarquía.

Los antiguos partidos turnistas, liberal y conservador, divididos en facciones en los últimos tiempos de la Restauración, habían desaparecido prácticamente durante la Dictadura, más por la masiva captación de sus militantes y aparatos locales por la UPE que por una represión selectiva, que se centró en figuras emblemáticas como el conservador Sánchez Guerra o los liberales Santiago Alba y conde de Romanones. Tras la caída de Primo de Rivera, ambos sectores intentaron reconstruir sus organizaciones y recuperar sus ámbitos de influencia. La defección, en la primera mitad del año, de políticos como Niceto Alcalá-Zamora, Miguel Maura, Ángel Ossorio y Gallardo o el propio Sánchez Guerra, que se declararon partidarios de la abdicación del rey o abiertamente republicanos, supuso un rudo golpe para el prestigio de la Corona y obstaculizó la recuperación de los partidos dinásticos.

Por otra parte, surgieron nuevas formaciones en busca de superar la inercia de un bipartidismo ya irrecuperable. Tal era el Partido Nacional Agrario, creado en mayo de 1930 bajo la presidencia de Francisco Rodríguez Roldán y destinado a defender los intereses de los pequeños y medianos agricultores propietarios. O el Bloque Constitucional, formado en marzo de ese año por el Partido Reformista, de Melquíades Álvarez, que en los últimos tiempos antes del golpe de Estado había evolucionado desde el republicanismo hacia un posibilismo filomonárquico, y por los seguidores de Sánchez Guerra, Manuel Burgos y Mazo, Francisco Bergamín y otros «notables» liberales y conservadores, que ya habían coincidido con los reformistas en tareas de oposición a la Dictadura. El Bloque, en realidad poco más que una tertulia de políticos veteranos, con cierto prestigio personal pero incapaces de concitar un apoyo masivo entre el electorado, se situaba en las zonas más tibias del monarquismo, no muy lejos de los republicanos moderados. Los constitucionalistas consideraban premisas indispensables para la continuidad del régimen la abdicación del rey en uno de sus hijos, la exigencia de responsabilidades a los gestores de la Dictadura y la convocatoria de Cortes Constituyentes mediante elecciones rigurosamente democráticas.

En el otro extremo del arco dinástico se situaban los primorriveristas que, tras la muerte del exdictador en París, en marzo de 1930, arrinconaron a la inoperante UPE y crearon en junio un partido mucho más reducido y dinámico, la Unión Monárquica Nacional, presidida por el conde de Guadalhorce, ministro de Fomento del Directorio. Los conservadores umenistas, entre cuyos dirigentes figuraban el también exministro José Calvo Sotelo, los escritores Ramiro de Maeztu y José María Pemán y el hijo del dictador, José Antonio Primo de Rivera, se constituyeron en defensores de la obra del régimen caído y en acérrimos críticos del retorno al sistema constitucional, que en su opinión favorecía el desarrollo de las fuerzas revolucionarias. Frente a ellas, proponían una reforma en sentido autoritario de la Constitución de 1876, que permitiera a la derecha mantener el control del Estado de forma prácticamente ilimitada.

Surgidos en la primera mitad de 1930, y próximos al sector más antiliberal de la UMN, se situaban una serie de partidos de derecha radical, deudores en mayor o menor medida del pensamiento tradicionalista o fascista, nostálgicos de la Dictadura y frontalmente opuestos al retorno del parlamentarismo. El mayor de estos pequeños grupos era el Partido Nacionalista Español, fundado por el neurólogo valenciano José María Albiñana Sanz. Influido por el ejemplo de los monárquicos legitimistas franceses, el PNE adoptó el modelo de las Ligas Patrióticas del país vecino. Intentó con nulo éxito crear una gran organización interclasista, que recogiera militancia de la UPE y asumiera la defensa de la Monarquía por encima de cualquier otra consideración, y formó grupos de choque, los Legionarios de España, que se especializaron en el uso de la violencia contra la izquierda. Por su parte, el ministro de Trabajo del Directorio, Eduardo Aunós, creó un Partido Laborista que defendía el Estado corporativo y halló cierto eco entre los afiliados a los Sindicatos Libres. Jóvenes de la aristocracia y de la alta burguesía dieron vida a la Juventud Monárquica, presidida por Eugenio Vegas Latapié, cuya actuación se dirigía a movilizar a la opinión monárquica contra cualquier tentativa de retornar a un sistema parlamentario liberal, en el que veían una puerta abierta a la República.

Los grupos más dinámicos del liberal-conservadurismo intentaron a lo largo de 1930 patrocinar una plataforma de convergencia que alentara la modernización de la Monarquía desde posiciones de centro político, haciendo posible la continuidad de la Corona y el establecimiento de una democracia parlamentaria. La colaboración de la Lliga Regionalista, el partido que dirigía el financiero Francesc Cambó desde 1917 y que era hegemónico en la derecha catalana, con el Partido Maurista, cuyas principales figuras eran Gabriel Maura, conde de la Mortera, y el exministro Antonio Goicoechea, y con varios pequeños grupos de carácter regionalista, condujo a la creación, en marzo de 1931, del Centro Constitucional. Un partido que ofrecía un programa moderadamente reformista y descentralizador, aunque sin renunciar al conservadurismo social. Llegaba, sin embargo, demasiado tarde para frenar el plano inclinado por el que se deslizaba el régimen monárquico.

Situado al margen del monarquismo alfonsino, el tradicionalismo carlista se encontraba en 1930 «en su punto más bajo desde la década de 1870».[5] Movimiento fuertemente dogmático, el carlismo se había ido fraccionando debido a las numerosas querellas internas. A la caída de la Dictadura se podían señalar tres corrientes principales. Los integristas habían roto en 1888 con el exiliado pretendiente al trono, Carlos María de Borbón, Carlos VIII para sus seguidores. Eran fundamentalmente un grupo ideológico ultracatólico y contaban con escaso apoyo popular. Los carlistas que habían permanecido fieles a don Carlos y, desde 1909, a su sucesor, don Jaime Pío (Jaime III), por lo que se los denominaba jaimistas, contaban en cambio con una militancia relativamente numerosa, fundamentalmente radicada en Navarra y el País Vasco y con núcleos menos importantes en Valencia o Cataluña. En los últimos tiempos de la Restauración su principal figura había sido el ideólogo Juan Vázquez de Mella, quien había actualizado el viejo tradicionalismo en torno a tres principios: la tradición católica, la Monarquía autoritaria y corporativista y el retorno a los particularismos regionales preliberales, en especial al fuerismo vasco y navarro. Decididamente germanófilo, Mella había roto con el aliadófilo don Jaime en 1919, y sus seguidores, los mellistas, habían organizado un Partido Católico Tradicionalista. No obstante, las bases sociales del carlismo seguían siendo fundamentalmente jaimistas y reconocían la autoridad del marqués de Villores, delegado del pretendiente en el interior. A comienzos de los años treinta, el viejo y desorientado carlismo parecía, pues, hallarse abocado a un proceso de disolución, del que le iba a salvar la caída de Alfonso XIII.

Sin definirse de forma expresa como monárquico, pero claramente alejado del republicanismo, se hallaba el Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyo papel en la política española durante la «dictablanda» sería, por lo tanto, bastante marginal. Fuerza de ideología nativista, socialmente conservadora y defensora de un foralismo y un clericalismo de raíces tradicionalistas (su lema era «Dios y la Ley Vieja»), el partido que creara Sabino Arana a finales del siglo XIX había visto considerablemente entorpecida su actuación política durante la Dictadura. A la caída del Directorio, los dos sectores que se disputaban desde comienzos de los años veinte el legado sabiniano, los independentistas «aberrianos» del PNV y la Comunión Nacionalista Vasca, dispuesta a aceptar una autonomía política limitada dentro de España, decidieron reunificarse. Aunque el acuerdo se alcanzó a finales de abril de 1930, hubo que esperar a la Asamblea de Vergara, en noviembre, para que la medida se hiciera efectiva bajo las siglas del Partido Nacionalista Vasco. El Acta de Vergara recogía sus principios doctrinales. En primer lugar se situaba el acatamiento a «la doctrina y jurisdicción de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana»; se establecía el derecho a la autodeterminación de Euzkadi, «la nación vasca», integrada por una confederación de los «seis exestados históricos», situados en España —las tres provincias Vascongadas y Navarra— y en Francia; y se hacía hincapié en «la necesidad primordial de conservar y robustecer la raza vasca», a través de la defensa de su cultura tradicional y de la lucha contra las costumbres y usos culturales «exóticos». A lo largo de 1930, el PNV experimentó un fuerte crecimiento organizativo, si bien sufrió la escisión de su minoritaria ala democrática, que creó en noviembre Acción Nacionalista Vasca.

También mantenía cierta accidentalidad sobre las formas de gobierno la Derecha Regional Valenciana, a pesar de que la mayoría de sus miembros procedían del tradicionalismo y de la Acción Católica y de que muchos habían colaborado con la Dictadura. Fundada en marzo de 1930 bajo la dirección del exjaimista Luis Lucia, la DRV poseía un programa que hacía hincapié en el catolicismo social, en el corporativismo y en el regionalismo, y aspiraba a convertirse en el catalizador de todos los grupos de la derecha valenciana frente al avance de los republicanos locales.

El republicanismo

Los republicanos llegaron a 1930 divididos en varios partidos y corrientes de opinión, pero habían forjado lazos de solidaridad en la lucha contra la Dictadura y estaban ahora en condiciones de movilizar considerables apoyos sociales en defensa de sus tesis. Tras décadas de marginación en un sistema político que reducía al mínimo sus posibilidades electorales y de acción política, los dispersos restos del republicanismo histórico y las nuevas formaciones que surgían contaban desde febrero de 1926 con un organismo de coordinación, la Alianza Republicana, constituida por cuatro partidos:

• El Partido Republicano Radical. Era el de mayor implantación territorial, aunque la carencia de una organización centralizada le otorgaba cierto aire caótico, «más una comunión de ideales que un verdadero partido organizado»,[6] lo que favorecía la autonomía de sus organizaciones locales y de los notables que las dirigían. Fundado en 1908 en Barcelona y presidido por Alejandro Lerroux, el PRR se había caracterizado en sus orígenes por su extremismo social y político, por su discurso populista y por su anticatalanismo, pero luego había ido evolucionando, conforme su militancia se aburguesaba, hasta convertirse en una opción francamente moderada, defensora de un vago reformismo liberal que buscaba, básicamente, ser pragmático.

• El Partido Republicano Federal, dirigido por Manuel H. Ayuso, mantenía viva la herencia del más vetusto republicanismo español, fiel al pensamiento de Pi y Margall aunque, víctima de sus propias divisiones y de la competencia de los numerosos grupos locales que reivindicaban el marchamo federal, carecía prácticamente de representatividad fuera de Cataluña.

• Más a la izquierda se situaba el Grupo de Acción Republicana (AR), fundado en 1925 como punto de encuentro de las diversas tendencias del republicanismo y como puente tendido a la colaboración con las organizaciones obreras. Por ello, «no había tenido vida propia» hasta los inicios de 1930.[7] Aunque AR afirmaba «no tener presidente, ni menos jefe», y en sus filas se contaban figuras influyentes del liberalismo progresista como José Giral, Enrique Martí Jara o Ramón Pérez de Ayala, su figura más destacada era Manuel Azaña Díaz, funcionario del Ministerio de Justicia, presidente del Ateneo de Madrid desde junio de 1930 y hombre de sólida formación doctrinal basada «en su singular concepción del denominado “problema español” y del Estado como su solución», por lo que «apeló a la República como sinónimo de Estado políticamente democrático, y socialmente reformista».[8]

• El Partit Republicà Català, creado en 1917 por miembros del Bloc Republicà Autonomista, como Francesc Layret —asesinado tres años después—, Marcelino Domingo y Lluís Companys, junto con algunos federales y reformistas, ocupaba una posición muy a la izquierda en el republicanismo, enfrentado a los lerrouxistas. Bien relacionado con algunos círculos del anarcosindicalismo y, a través de Companys, con el sindicato campesino Unió de Rabassaires, el Partit Republicà Català había estudiado incluso la adhesión a la Tercera Internacional en 1919, pero por encima de su vocación revolucionaria predominaba en él un fuerte componente de nacionalismo catalanista.

• Finalmente, colaboraban con la Alianza Republicana numerosos intelectuales independientes, algunos tan conocidos como Miguel de Unamuno, Antonio Machado y Gregorio Marañón.

Los integrantes de la plataforma tenían en común el credo republicano y en su mayoría procedían de la clase media, pero sus ideas políticas, comenzando por el concepto mismo del Estado, diferían mucho. Algunos de sus miembros preconizaban el desarrollo de una acción política en conjunción con los socialistas, que trajera la República por la presión de las masas y a través de procesos electorales. Otros, conscientes de la debilidad del republicanismo, preferían acortar los plazos, recurriendo a la actividad conspirativa, en la que los militares antiprimorriveristas debían jugar un papel fundamental. Finalmente estallaron las tensiones, y en diciembre de 1929 los elementos más izquierdistas abandonaron la Alianza para constituir el Partido Republicano Radical Socialista (PRRS), que se dotó de un proyecto de liberalismo muy avanzado, pero con escaso trasfondo teórico. Presidido por Domingo, entre sus dirigentes estaban Álvaro de Albornoz, Eduardo Ortega y Gasset, Juan Botella Asensi, Félix Gordón Ordax y Ángel Galarza.

En los primeros meses de 1930, el republicanismo amplió sus bases de apoyo social y completó su organización política. El nacimiento del PRRS animó a AR a convertirse en partido, aunque se mantuvo dentro de la Alianza. La conjunción de varios políticos monárquicos propició, en julio, la creación de la Derecha Liberal Republicana, bajo la jefatura del liberal Niceto Alcalá-Zamora y del conservador Miguel Maura. El nuevo partido, que preconizaba una República socialmente conservadora, a la que pudieran adherirse las «gentes de orden», aportó a la causa republicana «cabezas y figuras de suficiente prestigio para inspirar confianza a las clases medias conservadoras», en opinión de Maura.[9] Por su parte, tres intelectuales liberales, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, alentaron la creación de la Agrupación al Servicio de la República, cuyo manifiesto fundacional llamaba a la movilización «a todos los españoles de oficio intelectual para que formen un copioso contingente de propagandistas y defensores de la República española», ya que «es obligatorio para todos salir de su profesión y ponerse sin reservas al servicio de la necesidad pública».[10] La Agrupación, que negaba ser un partido político, realizó una activa campaña en favor de las candidaturas republicanas a las elecciones municipales de abril de 1931, aunque no presentó candidatos.

En Cataluña, donde el republicanismo poseía un arraigo tradicional, cristalizó un sistema de partidos de ámbito regional, pero que ejerció un papel importante en el conjunto del republicanismo español. A la caída de la Dictadura existían cuatro grupos:

• Acció Catalana, fundada en 1922 por disidentes de la Lliga Regionalista y especialmente de su Joventut, y dirigida por Jaume Bofill i Mates y Lluís Nicolau d'Olwer. Unía a su credo nacionalista y socialmente moderado un cierto accidentalismo sobre las formas de gobierno.

• A finales de los años veinte se había separado de ella su ala izquierda para formar, bajo la jefatura de Antoni Rovira i Virgili, Acció Republicana de Catalunya, de un nacionalismo más acentuado.

• En posiciones independentistas se situaba Estat Català, fundado en 1922 por un antiguo oficial del Ejército, Francesc Macià, y que integraba a su Federació Democràtica Nacionalista, creada cuatro años antes, con miembros de entidades catalanistas de diverso tipo. El radicalismo nacionalista de EC, algunos de cuyos militantes defendían el uso de la lucha armada para acelerar la consecución de la independencia, se agudizó a lo largo de los años veinte, y llevó al partido a crear una milicia, el Exèrcit Català, a cuyos miembros, los escamots («vigilantes»), se les han señalado concomitancias con el naciente fascismo, y a intentar un levantamiento contra la Dictadura mediante la introducción desde Francia de grupos armados (Sucesos de Prats de Molló, en noviembre de 1926).

• Socialmente más progresista que Estat Català, el Partit Republicà Català de Domingo y Companys profesaba un nacionalismo menos radical y formaba parte, como hemos visto, de la Alianza Republicana.

A lo largo de 1930, estos y otros grupos irían acercando posiciones conforme se fortalecían las expectativas de colaboración con el republicanismo de ámbito nacional. En febrero de 1931, Acció Catalana y Acció Republicana de Catalunya se reunificaron en el Partit Catalanista Republicà, un grupo de carácter centrista y autonomista, que aspiraba a competir en estos terrenos con la hasta entonces hegemónica Lliga Regionalista de Cambó. Un mes después (Conferencia de Sants), Estat Català formaba con el Partit Republicà Català y el grupo que editaba el semanario L'Opinió, entre otros, el partido Esquerra Republicana de Catalunya, «una improvisación, una vasta y variada acumulación de centros y grupos de centros que se juntó en la consabida fórmula de una unión republicana»,[11] liderado por Macià y Companys, y con figuras destacadas como Jaume Aiguader, Joan Lluhí i Vallescà y Marcelino Domingo, miembro a la vez de la dirección nacional del PRRS.[12]

Otra región donde tenía tradición un republicanismo autónomo era la levantina. A la caída de la Dictadura estaba representado fundamentalmente por el Partido de Unión Republicana Autonomista (PURA), fundado por el escritor Vicente Blasco Ibáñez. Tras su muerte, acaecida en enero de 1928, su hijo Sigfrido había pasado a encabezar el «blasquismo», que en los dos años siguientes acentuó su tradicional colaboración con el Partido Republicano Radical, tanto por la similitud de su posición moderada dentro del republicanismo como por un reflejo defensivo frente al surgimiento de una pujante sección valenciana del PRRS, salida de las propias filas del PURA y encabezada por Fernando Varela. Al margen de los blasquistas, en abril de 1930 se creó la Agrupació Valencianista Republicana (AVR), un grupo de reducidas dimensiones, cuyos planteamientos de nacionalismo valencianista la situaban en posiciones parecidas a la Esquerra catalana.

Con menos vigor, también en Galicia se desarrollaron en los últimos tiempos de la Dictadura algunos grupos regionalistas de carácter republicano. El principal fue la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA), creada en octubre de 1929 por la alianza de los galleguistas de Antón Villar Ponte y los republicanos autonomistas que acaudillaba Santiago Casares Quiroga. La ORGA, que defendía en su programa la creación de una República federal, se unió en marzo de 1930, mediante el Pacto de Lestrove, a las organizaciones locales de los partidos de la Alianza Republicana en la Federación Republicana Gallega, en cuyo nombre tomó parte Casares en la negociación del Pacto de San Sebastián.

EL MOVIMIENTO OBRERO

En la coyuntura de 1930 la izquierda obrera, dividida en partidos y sindicatos de muy distintas definiciones ideológicas y métodos de acción, contaba con dos sectores tradicionales, el socialista y el anarcosindicalista, que respondían a los históricos planteamientos doctrinales del marxismo y del anarquismo. Ya en el siglo XX, se habían incorporado otros dos modelos de representación de la clase obrera, basados en ideologías muy dispares: el comunismo leninista y el sindicalismo católico.

Socialismo

En el seno del movimiento socialista, el golpe de Estado de 1923 había sido recibido con más expectación que hostilidad. Recién salidos de la traumática escisión comunista y conscientes de la fuerza de sus rivales anarcosindicalistas, el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores habían experimentado desde 1923 un largo debate interno acerca de la utilización de los cauces legales que marcaba el Directorio y de la participación en los órganos oficiales de representación social, que muchos socialistas esperaban que sirviera para mejorar su posición en el seno del movimiento obrero.

En torno a esta cuestión surgieron entre los cuadros organizativos dos sectores, los corporativistas obreros y los reformadores políticos.[13] Los primeros, mayoritarios, aparecían fundamentalmente preocupados por preservar y fortalecer la organización política y sindical socialista y por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, un tanto al margen del sistema político vigente. Dentro de esta ala, sin embargo, los objetivos diferían. Los sindicalistas pragmáticos, que dirigía Francisco Largo Caballero, eran partidarios de una colaboración con el Directorio en temas laborales y sociales, aunque no políticos, a través del aparato corporativo del Estado. Largo y sus colaboradores participaron en organismos oficiales de mediación social y control económico de la Dictadura, como los Comités Paritarios o el Consejo de Trabajo, y el primero fue miembro del Consejo de Estado, como vocal obrero, desde octubre de 1924. Por su parte, el ala socialdemócrata, que acaudillaban Julián Besteiro, el sucesor de Pablo Iglesias al frente del socialismo español, y Andrés Saborit, vicepresidente de la UGT y director del periódico del PSOE, El Socialista, se mantuvo al margen de la colaboración, pero estimaba que el proletariado era aún demasiado débil para hacerse con el poder. Por ello, veía en la labor institucional emprendida por la Dictadura una oportunidad de reforzar la cohesión del movimiento obrero y acelerar la maduración de la revolución burguesa, etapa que consideraba inevitable en el camino hacia el socialismo.

En el otro lado, los reformistas políticos anteponían a la expansión de las organizaciones obreras, o a la consecución de las condiciones objetivas para la revolución, la necesidad de una democracia formal previa, que garantizase las libertades abstractas. Este sector, que dirigían Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, era más sensible a las inquietudes de la pequeña burguesía progresista que a los de la propia clase obrera y se mostraba partidario de colaborar con la izquierda republicana para derribar a la Monarquía e instaurar una República parlamentaria y democrática. Durante años, luchó infructuosamente para imponer sus tesis, como demostró su derrota en el XVI Congreso de la UGT y en el XII del PSOE, ambos celebrados en 1928, en los que se hicieron con los puestos directivos los seguidores de Largo Caballero y de Besteiro.[14] Ello no significaba que peligrase la unidad socialista, ni que ambas organizaciones estuvieran dispuestas a dejarse utilizar al servicio de la consolidación del régimen. En realidad, las relaciones de los socialistas con el Directorio estuvieron siempre llenas de matices y de recelo. En 1927, se negaron a enviar representantes a la Asamblea Nacional Consultiva, y las huelgas mineras de ese año, desaconsejadas por la dirección de la UGT, marcaron el inicio de una escalada reivindicativa de los sindicatos socialistas, que puso en evidencia la política de colaboración laboral sostenida por los caballeristas. En los últimos tiempos de la Dictadura, los reformadores políticos mejoraron paulatinamente sus posiciones, tanto por el estancamiento institucional del régimen y el deterioro de las condiciones económicas, que relanzó la conflictividad social, como por el ingreso en el PSOE de figuras procedentes del republicanismo, como Juan Negrín o Luis Jiménez de Asúa.

A comienzos de 1930, los socialistas se encontraban en pleno viraje hacia posiciones activamente antimonárquicas. Sin embargo, pese a los esfuerzos de Prieto, prevalecía la desconfianza en los republicanos liberales y el temor a las consecuencias de embarcarse en la vía conspirativa, hasta el punto de que un informe gubernativo de enero de ese año afirmaba que los socialistas «no solo no significan en el momento actual peligro para el orden, sino que son una garantía para él».[15] No obstante, el proyecto de retorno a la normalidad constitucional del Gobierno Berenguer fue objeto de un rechazo generalizado y no pasarían muchos meses antes de que el sector reformador asumiera la iniciativa de buscar una franca inteligencia con la coalición de grupos republicanos.

El socialismo español no era propicio a los regionalismos, por lo que al margen del PSOE solo existía un partido de alguna entidad, la Unió Socialista de Catalunya. Fundada en julio de 1923 a partir de una escisión de la Federación Catalana del PSOE, la USC contaba entre sus dirigentes con intelectuales catalanistas como Gabriel Alomar, Manuel Serra y Rafael Campalans. Fracasados sus esfuerzos para captar militancia de la CNT o de la UGT, la Unió se configuró como un partido de clase media, con muy limitada base obrera. Su ideología basculaba entre el nacionalismo radical próximo al PRC y luego a ERC —a la que se afiliaron bastantes militantes de la Unió— y un socialismo reformista similar al que defendían los prietistas dentro del PSOE.

Anarcosindicalismo

Contrarios a la acción política en partidos o a la participación en las instituciones del Estado liberal, los anarquistas españoles habían concertado en 1911 una gran central sindical, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que basaba su actuación en los principios del antiestatismo revolucionario y del sindicalismo puro, apolítico, así como en la práctica de los métodos de acción directa en las relaciones laborales, frente a los organismos oficiales de mediación que habían aceptado los socialistas.[16] No obstante, dentro de la Confederación actuaban tendencias doctrinales muy diversas, que podrían resumirse en cuatro:

1. Una minoría propiamente anarquista, que planteaba tácticas de lucha social muy radicales, como el recurso a la huelga general revolucionaria o la actividad violenta de los grupos de acción, de los que se hizo famoso el colectivo Los Solidarios, entre cuyos miembros se encontraban Buenaventura Durruti, Juan García Oliver y Francisco Ascaso.

2. Una gran mayoría de sindicalistas revolucionarios, o anarcosindicalistas, defensores del comunismo libertario y de la acción directa, pero divididos en diversas corrientes no organizadas, desde el extremismo filoanarquista hasta el anarcosindicalismo moderado que representaba Juan Peiró.

3. Los sindicalistas puros o posibilistas, partidarios de una práctica sindical no violenta y dialogante, acaudillados por Salvador Seguí, «el Noi del Sucre» y, tras su asesinato, en 1923, por Ángel Pestaña.

4. Los bolchevizantes, o sindicalistas comunistas, como Joaquín Maurín, Antonio Mije o Manuel Adame, defensores de la adhesión de la CNT a la Tercera Internacional (Comintern) y que, a lo largo de los años veinte, se habían ido integrando en el Partido Comunista de España y otros grupos leninistas, aunque sin abandonar en muchos casos la militancia en la Confederación.

A partir del Congreso de Sants (1918), la CNT funcionaba como una confederación de sindicatos autónomos, que en las zonas urbanas se organizaban como sindicatos únicos de industria o ramo, agrupados en federaciones locales, mientras que los sindicatos rurales, no especializados, se integraban en federaciones comarcales. El órgano de gobierno por excelencia de la central eran los Congresos, reunidos muy de tarde en tarde. Se celebraban con mayor frecuencia los Plenos de las federaciones regionales, que agrupaban a las locales y comarcales. Y se ocupaba fundamentalmente de las cuestiones administrativas el Comité Nacional dirigido por un secretario general —Peiró, desde 1927— y establecido en Zaragoza.

El anarcosindicalismo había sufrido los rigores de la represión dictatorial, que le forzó a una clandestinidad muy nociva y animó la participación cenetista en alguno de los complots contra el régimen, como la «sanjuanada» de 1926. A finales de la década, las disensiones internas y la actuación policial habían reducido al mínimo la actividad de la CNT. Los grupos de acción anarquistas encontraban cada vez mayores dificultades para desarrollar su labor punitiva, mientras incrementaban su distanciamiento con los sindicalistas revolucionarios, que encabezaba Peiró, y con la línea posibilista, cuyo portavoz, Pestaña, fue acusado de buscar la participación confederal en los Comités Paritarios laborales. En julio de 1927 se creó en Valencia la Federación Anarquista Ibérica (FAI), heterogénea plataforma de convergencia ideológica del anarquismo que, a partir de 1929, se convirtió en un grupo de presión dedicado a controlar la CNT y a combatir en su seno la influencia de dirigentes sindicalistas como Pestaña, Peiró, Progreso Alfarache o Juan López, integrantes del grupo antifaísta de Solidaridad Obrera, el principal órgano de prensa cenetista, así como la de los sindicatos de orientación comunista afiliados a la Confederación.

A comienzos de 1930, favorecido por la relativa permisividad de la «apertura» berengueriana, el anarcosindicalismo comenzó a reorganizase. A mediados de febrero, el Pleno Nacional de Regionales de la CNT designó un nuevo Comité Nacional que en marzo, todavía en la clandestinidad, se pronunció en favor de la libertad sindical, de la jornada de ocho horas y de una amnistía para los presos políticos, aunque sin abandonar los principios del sindicalismo revolucionario. Un mes después, un Pleno de Regionales reunido en la localidad gerundense de Blanes aprobó el retorno a la actividad legal, pese a la oposición de los faístas. Una entrevista de Pestaña con el director general de Seguridad, Emilio Mola, posibilitó el 30 de abril la legalización de la Confederación, aunque cada uno de sus sindicatos hubo de solicitarla por separado. La CNT experimentó enseguida un espectacular crecimiento, bajo la dirección del propio Pestaña, nombrado poco antes secretario del Comité Nacional en sustitución de Peiró.

En la segunda mitad de 1930, la Confederación estuvo en condiciones de relanzar la actividad huelguística en gran escala, a la vez que continuó rechazando la mediación laboral de los Comités Paritarios. Aunque los cenetistas no fueron invitados a integrarse en la coalición antimonárquica surgida del Pacto de San Sebastián, y a pesar de la posición mayoritaria en la CNT, contraria a cualquier compromiso en materia política, algunos de sus dirigentes crearon un Comité de Acción Revolucionaria, que en el otoño de 1930 estableció relaciones con los republicanos. También un grupo de militares que llevaban algún tiempo colaborando con el Comité cenetista (los comandantes Ramón Franco, Enrique Pérez Farrás, los capitanes Alejandro Sancho, Fermín Galán, etc.) se avinieron a participar en los preparativos insurreccionales del Comité Revolucionario republicano. Finalmente, el Pleno de Regionales de la CNT celebrado el 17 de noviembre, aceptó «establecer una inteligencia con los elementos políticos» y sumarse a la huelga general cuando estallara el previsto movimiento insurreccional contra la Monarquía.

Comunismo

Constituía entonces un sector un tanto marginal dentro del movimiento obrero. Su principal organización, el Partido Comunista de España, apenas alcanzaba el millar de afiliados en la primavera de 1931. El PCE había nacido en diciembre de 1921 como resultado de la fusión de dos pequeños grupos: el Partido Comunista Obrero Español, fundado en marzo por Antonio García Quejido, Daniel Anguiano, Virginia González y otros militantes del PSOE partidarios de la Tercera Internacional, y el Partido Comunista Español, surgido en abril del año anterior de una escisión de las Juventudes Socialistas, los llamados «cien niños». A ellos se añadirían más tarde los miembros de los Comités Sindicalistas Revolucionarios, formados por los bolchevizantes de la CNT que habían fracasado en el intento de mantener a la Confederación adherida a la Comintern. Desde sus inicios, el partido se vio perjudicado por las frecuentes disidencias internas, y por la persecución gubernamental, sobre todo tras la proclamación de la Dictadura. En noviembre de 1924, una Conferencia nacional, celebrada clandestinamente en Madrid a instancias de la Comintern, condenó la actuación del secretario general, García Quejido, y del Comité Central (CC), muy contestado por algunas federaciones regionales, e impuso un relevo en la dirección. Pero el nuevo CC, en el que jugaba un destacado papel el dirigente de la Federación Catalano-Balear, Joaquín Maurín, fue detenido en pleno poco después. Tomó entonces el relevo un grupo de exiliados en Francia: José Bullejos, Gabriel León Trilla, Julián Gómez García, alias Gorkin, etc.

En la primavera de 1925 ocupó la secretaría general Bullejos, un sindicalista minero que, en colaboración con sus segundos, Trilla y Manuel Adame, impuso una estricta centralización y una línea dogmática y ultraizquierdista, muy difícil de aplicar desde la clandestinidad. Ello condujo al PCE a un creciente aislamiento, a la pérdida de gran parte de la afiliación y a un gradual alejamiento de la Federación Comunista Catalano-Balear, integrada sobre todo por miembros de los antiguos Comités Sindicalistas Revolucionarios y cuyo dirigente, Maurín, había sido incluso secretario general de la CNT. Fuera de Cataluña, solo el núcleo sevillano, encabezado desde 1927 por Adame y José Díaz, un panadero afiliado también a la CNT, mostraba cierto empuje.

La caída de la Dictadura no varió la postura del PCE, que seguía disciplinadamente las consignas de la Tercera Internacional y de sus delegados en España, quienes en la práctica eran los auténticos directores de un partido que tenía a la mayoría de sus cuadros exiliados o en la cárcel: «El Partido era un cuerpo político extraño que no encajaba en la vida nacional».[17] La conferencia clandestina de Bilbao, celebrada en marzo de 1930 y conocida como Conferencia de Pamplona, se pronunció, en sintonía con la estrategia estalinista de «clase contra clase», por una revolución social que estableciera la República Federativa de Sóviets obreros y campesinos, y rechazó cualquier colaboración —que, por otra parte, no se le había pedido— con el movimiento republicano que, según se definió en la Conferencia, constituía en ese momento «el peligro más grande para la clase obrera». Un mes después, el PCE expulsaba a la Federación Comunista Catalano-Balear, que se mostraba partidaria de colaborar con republicanos y socialistas. Por otra parte, el intento de ampliar la influencia comunista en el mundo sindical a través de un Comité para la Reconstrucción de la CNT chocó con la oposición de los anarcosindicalistas, que terminarían expulsando de la Confederación a los sindicatos de obediencia comunista.

Al margen del PCE, se había creado en noviembre de 1928 un Partit Comunista Català dirigido por Jordi Arquer, que no parece haber pasado de los trescientos afiliados, muchos de ellos procedentes de Estat Català, y que evitó afiliarse a la Tercera Internacional. Dos años después, este grupo se fusionaba con la Federación Catalano-Balear de Maurín en el Bloque Obrero y Campesino (BOC), heterodoxo con respecto a la línea doctrinal de la Tercera Internacional y de su sección española. Otra opción marxista, prácticamente testimonial, era la Oposición de Izquierda Comunista, formada por un reducido grupo de trotskistas catalanes encabezados por Andrés Nin Pérez, un antiguo cenetista, funcionario de la Internacional Sindical Roja en Moscú y colaborador de Trotski hasta su expulsión de la Unión Soviética, en 1930.

Sindicalismo católico y libre

Frente al sindicalismo de clase, que representaban fundamentalmente UGT y CNT, en la España de las primeras décadas del siglo se habían desarrollado otros modelos de organización de los trabajadores. Sin dejar de recurrir a moldes estructurales de tipo clasista, estos sindicatos, tachados de «amarillos» por sus rivales, buscaron plantear alternativas a la labor reivindicativa de las grandes centrales, lo que condujo a determinados sectores obreros vinculados a los medios del catolicismo social a profesar una práctica sindical escasamente reivindicativa, que halló su mejor expresión en el desarrollo de los sindicatos católicos y, en menor medida, en el llamado sindicalismo libre.

Los primeros hundían sus raíces en la eclosión del catolicismo social que había provocado la encíclica Rerum Novarum, publicada por León XIII en 1891. Su antecedente eran los Círculos Católicos, animados a finales del siglo XIX por un acaudalado empresario, el marqués de Comillas. En el plano doctrinal, las Semanas Sociales, celebradas a partir de 1906, sirvieron para sentar las bases de un movimiento sindical católico, escasamente reivindicativo y abiertamente antisocialista, que tuvo sus primeros inspiradores en dos sacerdotes, Antonio Vicent y Pedro Gerard. En 1919, se creó una Confederación Nacional de Sindicatos Católicos Obreros (CNSCO), que agrupaba a las federaciones surgidas a lo largo de la década anterior. No obstante, el sindicalismo confesional era muy débil —unos cuarenta mil afiliados en todo el país— y se encontraba dividido entre los sindicatos «comillistas», integrados en la Confederación y dependientes de la jerarquía episcopal, y los más independientes Sindicatos Católico-Libres, fundados en 1912 por los dominicos Gerard y José Gafo, que se negaron a integrarse en la CNSCO. Durante la Dictadura, esta última siguió siendo muy minoritaria y apenas tuvo representación en los organismos de mediación social.

Si en los medios del obrerismo industrial el sindicalismo católico cosechó un rotundo fracaso, no sucedió lo mismo entre el campesinado del norte y centro de España. Allí, los campesinos acudieron en masa a sindicatos tutelados por la Iglesia, que por la condición de pequeños propietarios

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