POR QUÉ NO ME ACOSTUMBRO A LA CORRUPCIÓN

ODEBRECHT

UN OTROSÍ SUI GENERIS¹

Odebrecht no solo pagó sobornos para quedarse con el tramo II de la Ruta del Sol por 6,2 millones de dólares a un exviceministro del Gobierno de Uribe, sino que cuatro años después, en el Gobierno de Santos, contrató a un oscuro personaje, Otto Bula, para que consiguiera un otrosí a la medida de sus exigencias. Según lo ha dicho la propia vicefiscal general, María Paulina Riveros, el documento contractual del otrosí de 2014 “incorporó las mismas condiciones (número de peajes, aumento de los ya existentes y anticipo de las vigencias futuras), que habían sido requeridas por Odebrecht”.

Al exviceministro Gabriel García, la Fiscalía lo cogió prácticamente con las manos en la masa con solo hurgar en su patrimonio y encontrar que era dueño de una zona franca, la cual habría comprado por 2.600 millones de pesos, tras su salida del ministerio. García confesó y ha prometido cooperar con la Justicia, pero Otto Bula —un personajillo que debería estar tras las rejas hace rato si la Justicia colombiana funcionara— ha tenido el cinismo de declararse inocente pese a que está probado que Odebrecht le pagó 4,5 millones de dólares para que manipulara las condiciones en que se dio el otrosí firmado en 2014.

Por lo pronto, son muchos los interrogantes que suscita este otrosí de 900.000 millones de pesos. No hubo licitación, pese a que el monto lo ameritaba y a que se cambió sustancialmente el diseño del contrato original además de que traía enredado un serio conflicto de intereses.

No obstante, para una agencia nueva como la ANI, modelo de la contratación moderna, este otrosí no era ni inusual ni sui géneris porque todos sus movimientos y decisiones tenían una explicación técnica: no se había abierto licitación por razones presupuestales —esa vía era más costosa y la ANI prefirió ahorrar esos dineros públicos para invertirlos en el desarrollo de las 4G—. La carretera Ocaña-Gamarra, pese a que cambiaba radicalmente el diseño inicial de la obra, tenía un importante valor estratégico ya que servía no solo para sacar de manera más expedita el carbón del Cesar y unir al Norte de Santander con el centro del país, sino para el desarrollo portuario del río Magdalena. Todas estas explicaciones pueden resultar técnicamente ciertas, pero con la denuncia de que hubo sobornos de por medio todas esas razones resultan hoy precarias e insuficientes.

El conflicto de intereses que traía el contrato fue pasado por alto, por todos los controles, pese a que era evidente. La misma Cecilia Álvarez, ministra de Transporte, sabía que estaba entrando en arenas movedizas cuando desde su llegada a esa cartera, en un acto de transparencia, se declaró impedida para conocer puntualmente los temas referidos a los puertos de Cartagena y Buenaventura, en los que la familia Parody tenía intereses económicos. Sin embargo, las dos firmaron el acta del Conpes (que también firma Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general, en su calidad de ministro de la Presidencia) en la que se aprobó, en octubre de 2014, la adición presupuestal para el corredor Ocaña-Gamarra, pese a que la carretera beneficiaba un puerto en Gamarra donde los Parody tienen intereses.

Conozco la integridad de estas dos mujeres y sé de su verticalidad en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, ante esta línea tan fina a la que se enfrentaban, lo más transparente habría sido pelear porque la carretera se hubiera concedido a través de una licitación pública y no de un otrosí tan sui géneris.

Por último, está el hecho también inusual anunciado por la ANI de que va a pedir la nulidad del contrato en lugar de pedir su caducidad como lo manda el estatuto anticorrupción. ¿Cuál es la diferencia? Que si se le aplica la caducidad, no solo Odebrecht, sino sus socios —Episol, del grupo Sarmiento que tiene el 34 por ciento, y el grupo Solarte que tiene el 4 por ciento— se verían seriamente afectados: tendrían que proceder a la terminación de este contrato, pagar las multas correspondientes con el agravante de que las demás obras del consorcio quedarían igualmente sancionadas y por cinco años no podrían volver a contratar con el Estado. En cambio, si se aplica la nulidad solo se afectaría este contrato en particular, las demás obras del consorcio no se verían afectadas y los socios de Odebrecht, es decir, el Grupo Sarmiento y Solarte no tendrían ninguna sanción.

VÍCTIMA²

Un documento en poder de la Fiscalía colombiana podría dar al traste con la pretensión de Corficolombiana —empresa de propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo— de ser reconocida como víctima de su socio Odebrecht en el proceso penal que se adelanta contra los responsables de los pagos de sobornos en la adjudicación de la Ruta del Sol II.

Corficolombiana, a través de su filial Epysol, tiene el 33 por ciento de la Ruta del Sol II, en la que Odebrecht tiene el 66 por ciento y el grupo Solarte, un 4,9 por ciento.

El documento, del que tuve conocimiento en calidad de periodista, fue firmado en Brasil el 6 de enero de 2017 por tres de los 77 altos directivos de Odebrecht que decidieron colaborar con la justicia brasileña, luego de que su jefe, Marcelo Odebrecht, fuera encarcelado a mediados de marzo de 2016: Luis Antonio Bueno Junior, director para Colombia de la firma brasileña; Luis Antonio Mamery, director de Odebrecht para América Latina, y Luis Eduardo Da Rocha Soares, alto ejecutivo de la compañía.

Este documento, que, repito, ya reposa en la Fiscalía colombiana, es una declaración juramentada en la que los tres ejecutivos de Odebrecht revelan que José Elias Melo, quien para entonces se desempeñaba como presidente de Corficolombiana, lejos de haber sido una víctima ingenua de los torcidos de Odebrecht, habría sido su presunto cómplice.

Según esta declaración, que tiene la rúbrica de estos tres ejecutivos de Odebrecht, esta sórdida estrategia habría quedado sellada a la salida de una reunión que estos tres empresarios brasileños sostuvieron con Gabriel García cuando fungía como viceministro de Transporte del gobierno Uribe, en un apartamento de Bogotá en el año 2009. Uno de ellos, Luis Antonio Bueno Junior, le habría informado al presidente de Corficolombiana sobre el soborno de 6,5 millones de dólares que había exigido el viceministro de Transporte y habrían acordado pagarlo entre Odebrecht y Corficolombiana con cargo a las cuentas del contrato. Como dato curioso, dice el documento que ambas partes también habrían convenido no contarle al otro miembro del consorcio, los Solarte, en razón de que su participación era muy baja y no valía la pena involucrarlo.

No sobra recordar que para ese momento el viceministro García era también el gerente encargado del Inco, del gobierno Uribe, y por ende el funcionario que tenía que firmar el contrato objeto del soborno.

Esta columna ha podido establecer también que Corficolombiana, luego de que estalló el escándalo de Odebrecht a finales de diciembre pasado, realizó una serie de auditorías internas en las que se encontraron unos pagos irregulares que habrían sido aprobados por Melo en el año 2009 relacionados con el contrato de Ruta del Sol II, los que al parecer se habrían hecho sin la aprobación de su junta directiva.

Hoy García está preso y se encuentra negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía colombiana y José Elías Melo, quien fue retirado sorpresivamente de la presidencia de Corficolombiana en abril de 2016 y ha sido llamado —por ahora— a un interrogatorio como indiciado ante la Fiscalía. En opinión de entendidos, con las pruebas que al parecer tiene la Fiscalía en contra del expresidente de Corficolombiana debería haberle imputado cargos hace rato.

¿Por qué salió Melo de Corficolombiana? Hasta hoy las razones de su sorpresivo retiro siguen siendo todavía un misterio. Lo que sí se puede afirmar es que su salida coincide con dos noticias sucedidas en Brasil por la misma época: la condena del dueño de la multinacional, Marcelo Odebrecht, a 19 años de cárcel y el anuncio de su acuerdo con la justicia brasileña para revelar información clave sobre la manera como se hicieron los sobornos en diferentes países de América Latina, entre ellos, Colombia.

De resultar cierta la participación de José Elías Melo en estos pagos de sobornos, no solo estaría comprometida su responsabilidad personal sino la patrimonial de Corficolombiana, sociedad que para entonces representaba y que pertenece al Grupo Aval.

En esas condiciones resulta exótico, por decir lo menos, que Corficolombiana se haya precipitado a presentarse ante la Fiscalía como víctima de un delito que, como van las cosas, su representante legal habría patrocinado y ejecutado en nombre de esa sociedad.

Hasta donde lo sugiere el documento que tiene la Fiscalía, los dineros con que se pagaron los sobornos no habrían salido del bolsillo de Melo, sino de las cuentas de Odebrecht y Corficolombiana. A la Fiscalía colombiana le va a quedar cuesta arriba avalar el papel de víctima que Corficolombiana se autoadjudicó pocos días después del 22 de diciembre con la tesis de que todo fue a sus espaldas. Y al fiscal Néstor Humberto Martínez, exasesor del Grupo Aval, con mayor razón.

LA PANTOMIMA³

La manera olímpica como el fiscal Néstor Humberto Martínez y el incompetente Consejo Nacional Electoral, se dieron el lujo de despachar en par patadas la investigación sobre si Odebrecht financió las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga en las elecciones del 2014, es una burda pantomima que no resiste el mínimo escrutinio.

Juzguen ustedes si no se trata de una farsa: el pasado miércoles 10 de julio, en una compulsa de copias que le envía al CNE, la fiscalía concluye que Odebrecht sí financió las dos campañas presidenciales. Evidentemente no se trata de ninguna resolución de acusación sino de una opinión concluyente, dicha ya cuando se tiene la certeza de que el proceso está a tres días de prescribirse en el CNE, pero los noticieros de esa noche la presentan como si fuera la gran revelación. Tras varios días de estar con el agua al cuello por cuenta del escándalo de su exfiscal Moreno, NHM logra por fin un titular que lo deja bien parado y la opinión pública, que no sabe cómo funciona esta justicia espectáculo, no se da cuenta de que esta pantomima es en realidad un falso positivo.

La verdad es que hoy, cinco meses después de que reventó el escándalo, la investigación sobre la financiación de Odebrecht en la dos campañas presidenciales del 2014, va camino a ser sepultada por vencimiento de términos y la responsabilidad de que eso esté sucediendo recae no solo en el CNE que no investigó sino en la fiscalía que tampoco hizo su trabajo.

Esta burda pantomima comenzó el mismo día en que reventó el escándalo, cuando el fiscal NHM sorprendió al país con la insólita tesis que desafiaría cualquier abogado penalista de que no era la fiscalía sino el ineficaz Concejo Nacional Electoral —un organismo secuestrado por los intereses políticos, reconocido por dejar morir las investigaciones—, el ente que debería asumir la investigación.

El fiscal pudo haber hecho las cosas al derecho para evitar lo que muchos vaticinamos en su momento cuando cuestionamos su decisión de enviar la investigación al incompetente CNE con el argumento de que esa era la forma para que el país no supiera la verdad de lo sucedido, pero no lo hizo.

En lugar de que la fiscalía hubiera asumido la responsabilidad de la investigación para que una vez concluida esta se hubiera enviado al Consejo Nacional Electoral con el propósito de que investigara las infracciones electorales, se hizo todo lo contrario.

Durante estos cinco meses, su fiscalía le fue entregando al menudeo las pruebas al de por sí negligente CNE; este organismo, que no tiene ni las herramientas ni la voluntad para escrutar las campañas de los políticos, no investigó —como bien lo ha dicho el propio magistrado Armando Novoa—. Ahh!, pero eso sí, cuando la prescripción ya era inevitable, NHM armó un titular de la nada para vestirse de gloria.

Lo cierto es que hoy, gracias a la incompetencia del CNE y de las maniobras del fiscal, las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga, el candidato por el Centro Democrático, quedaron blindadas en materia de infracciones electorales, a pesar de que sí recibieron dineros de Odebrecht. Y tal como van las cosas, lo más probable es que la investigación penal en manos de un fiscalía tan poco independiente, puede terminar ídem.

Este precedente no es solo una vergüenza para la poca dignidad que todavía le queda a la justicia en Colombia, sino una invitación a que las próximas elecciones del 2018 sean un festín de dineros que fluirán a sus anchas, sin que nada los frene.

Coda: Preocupa el precedente que quiere sentar Alejandro Lyons haciéndose pasar por víctima ante la justicia norteamericana para tratar de evitar enfrentar las investigaciones pendientes que tiene en la fiscalía, entre las cuales está la que lo vincula al homicidio del director de regalías de su departamento, Jairo Zapa. Si todos los políticos corruptos deciden negociar con los gringos, no solo nunca van a pagar en Colombia por sus delitos, sino que nuestra justicia va a quedar convertida en un simple apéndice de la justicia norteamericana.

ACLARACIÓN: a propósito de la filiación política del exgobernador Alejandro Lyons de quien dije en la columna pasada que hoy era de Cambio Radical. Este político llegó a la gobernación de Córdoba por el partido de la U pero luego, como exgobernador, trató de separarse de esa colectividad y buscó el aval de Cambio Radical para su candidato Carlos Gómez. Sin embargo según el director de Cambio Radical, Jorge Enrique Velez, Lyons dejó solo a Gómez en la mitad de la campaña porque finalmente se fue con Edwin Besaile —hermano de Musa Besaile—, el actual gobernador del departamento de Córdoba por la U y con Susana Piedrahita, su prima, quien hasta hoy sigue siendo la representante a la cámara por ese mismo partido.

PREGUNTAS AL TODOPODEROSO⁴

Ya va siendo hora de que el fiscal Néstor Humberto Martínez le cuente al país cuál fue su relación con los señores de Odebrecht, en vez de judicializar a todos los que se atreven a correr ese velo. Por el bien de la Justicia, o mejor, de lo que queda de ella, luego de que el cartel de la toga la volvió pedazos, el fiscal Néstor Humberto Martínez debería decirle la verdad al país.

Le pregunto al fiscal todopoderoso:

—¿Es cierto que usted ayudó a gestionar ante la multinacional brasileña 4.000 millones de pesos para la campaña del presidente Juan Manuel Santos, como lo afirmó la semana pasada el senador Armando Benedetti?

—¿Tiene usted en la Fiscalía el registro de la entrada de esos 4.000 millones?

—… Si los tiene, ¿sabe si estos 4.000 millones que, según Benedetti, habrían sido gestionados por usted fueron debidamente registrados en las cuentas de la campaña o si terminaron entrando por medio de una compañía de propiedad de Esteban Moreno, quien en ese momento era asesor del jefe del Partido Liberal, Simón Gaviria?

—Si usted ayudó a conseguir recursos para la campaña del presidente Santos, ¿no debería por lo menos declararse impedido para investigar todo lo relacionado con el escándalo de Odebrecht y la financiación ilegal a las campañas?

—Usted ha salido a decir que las dos campañas presidenciales de 2014, es decir, tanto la de Óscar Iván Zuluaga como la de Juan Manuel Santos recibieron dineros de Odebrecht. En el caso de Óscar Iván Zuluaga, usted ha dicho que hay evidencias claras de que Odebrecht pagó los servicios de Duda Mendonça. Sin embargo, hasta ahora no le ha abierto ninguna investigación a Óscar Iván Zuluaga. ¿Por qué no lo ha hecho?

—¿Por qué no ha compulsado copias a la Comisión de Acusación contra el presidente Santos si usted mismo salió a los medios a decir en febrero de este año que tenía prueba de que dineros de Odebrecht habían entrado a esa campaña?

—Si como afirma el senador Benedetti usted gestionó ante los señores de Odebrecht esos 4.000 millones para la campaña de Santos, ¿de dónde salieron esos dineros? ¿Los enviaron del Brasil sin el conocimiento de sus socios en Colombia? ¿Salieron del dinero del consorcio colombiano?

—¿Es cierto que su Fiscalía está trabajando un principio de oportunidad con Martorelli y demás directivos de Odebrecht?

Dirá NHM que un hombre tan poderoso como él, que tiene a los medios comiendo de la mano —las filtraciones siempre son bien recibidas— y que cuenta con una corte de periodistas aduladores que no demoran en nominarlo como el personaje del año no tiene por qué darle explicaciones al país; mucho menos si quien lo fuerza a darlas es un senador con rabo de paja como Armando Benedetti.

Así él tenga investigaciones en la Fiscalía, lo que el cuestionado senador Benedetti ha sacado a flote no es una novedad. Esos señalamientos ya los han hecho de manera reiterada otros senadores como Jorge Enrique Robledo y como Claudia López sin que tampoco hayan merecido una respuesta clara y contundente.

Hasta el momento, el fiscal ha optado por la táctica de acallar a sus contradictores con la amenaza de los estrados judiciales. Pero el palo no está para cucharas. En momentos en que la Justicia está en el ojo del huracán, envuelta como nunca antes en el escándalo del cartel de la toga, el fiscal debería tener un acto de sinceridad con el país y contar lo que no nos ha querido contar: por qué nombró a un fiscal corrupto como Gustavo Moreno en la Fiscalía y cuál fue realmente su participación en la campaña del presidente Juan Manuel Santos.

Investigar un escándalo siendo juez y parte es una moñona que podría acabar con la Justicia en Colombia.

¿UN PACTO DE SILENCIO?⁵

El país sabe que el señor fiscal NHM ha sido uno de los más cercanos asesores del Grupo Aval.

Episol, filial de Corficolombiana de propiedad del grupo Sarmiento Angulo, sí tuvo serias diferencias con Odebrecht, su socia en la Ruta del Sol II, en torno a varios pagos hechos a proveedores entre 2013 y 2015, pero decidió firmar un contrato de transacción confidencial en marzo de 2016, ocho meses antes de que estallara el escándalo de Odebrecht en Colombia en el que ambos se comprometieron a no demandarse. Es decir, las partes convinieron en ‘hacerse pasito’. El contrato de transacción, de fecha del 11 de marzo de 2016, está firmado por los representantes legales de las partes (Odebrecht tiene el 64 por ciento de la concesión y Episol, el 33 por ciento) y trae varias revelaciones. La primera es que entre septiembre y noviembre de 2015 —es decir, casi un año antes de que estallara el escándalo de los sobornos de Odebrecht— las partes se reunieron en varias ocasiones para “analizar y discutir la pertinencia de varios desembolsos que fueron realizados por la Concesionaria y el Consorcio Constructor a favor de terceros contratistas y proveedores del proyecto, (…), que a juicio de Episol y Corficolombiana resultaban innecesarios para el desarrollo y la correcta ejecución del proyecto”. Las discusiones habrían sido tan agrias que Odebrecht tuvo que presentarle a Episol-Corficolombiana un informe elaborado por una comisión investigadora, designada por el Comité de Ética, en el que se “analizan las inquietudes planteadas respecto de la procedencia de los desembolsos acerca de cuya pertinencia no se alcanzó un consenso entre las partes”.

En el contrato ambos lados se comprometen a transigir sus “diferencias presentes” en torno a la estructura de la gobernanza del proyecto y “a las contrataciones y desembolsos realizadas hasta la fecha” y acuerdan no demandarse entre ellos. El contrato es confidencial y obliga a las partes a no divulgar su contenido salvo orden judicial. El hallazgo de este documento vuelve a poner la lupa sobre una serie de pagos sospechosos que se habrían detectado en la contabilidad del Concesionario Ruta del Sol II y de su constructora, que ni Odebrecht ni Episol-Corficolombiana le han explicado al país. Quedan muchas preguntas sin respuesta: ¿qué decía el informe del Comité de Ética de Odebrecht que hizo desistir a Episol y a Corficolombiana de denunciar a su socio, pese a que nunca hubo consenso en torno a los “pagos innecesarios” que se detectaron? ¿Sobre qué transigieron? ¿Qué debemos entender por pagos “innecesarios”? ¿Acaso son los mismos pagos irregulares detectados por Jorge Enrique Pizano, el controller de la concesionaria, designado por Corficolombiana para la época de los hechos y por el gerente contractual de la obra nombrado por Episol, Javier Mejía?

(Pizano desde 2012 hizo varios reportes en los que encontró una serie de contratos irregulares que no cumplían el procedimiento de contratación ni de lavado de activos, y que se consolidaron en un gran informe que le fue presentado al entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, en junio de 2015; este reporte fue complementado con el del gerente contractual de la obra nombrado por Episol, Javier Mejía, quien detectó otros contratos irregulares que habrían sido pagados por la constructora sin su visto bueno, como lo estipulaba el acuerdo consorcial. Ambos informes los tiene la Fiscalía). ¿Estos “pagos innecesarios”, que motivaron este contrato de transacción hasta ahora desconocido, son acaso los mismos de donde se pagaron los sobornos que hoy tienen en la cárcel a Eduardo Zambrano —uno de los socios de Consultores Unidos—, a Gabriel Dumar —del Consorcio Sion— o a Gustavo Adolfo Torres —de Profesionales de Bolsa—, quienes han sido señalados por la Fiscalía de ser intermediarios de las coimas a políticos como Ñoño Elías, Plinio Olano y excongresistas como Otto Bula, con el propósito de hacer lobby en favor de Odebrecht y de aceitar la campaña presidencial de Santos de 2014?Si Odebrecht tenía la administración del proyecto y hubo problemas en los pagos a proveedores, ¿por qué esos dineros no fueron reembolsados?… Y si no lo fueron, ¿por qué Episol-Corficolombiana no demandó a su socio mayoritario? Y si no lo demandó, ¿por qué no lo denunció teniendo en cuenta que el Grupo Aval es una entidad bancaria en cuyo capital hay recursos de ahorro público respecto de los cuales los directivos de Corficolombiana y Episol tienen el deber fiduciario de proteger? ¿Por qué el Grupo Aval insiste en presentarse como víctima de Odebrecht cuando tenía un acuerdo de transacción en el que se comprometía a desistir de cualquier reclamación?

Teniendo en cuenta todo lo que hoy sabemos —de los 50 millones de dólares que Odebrecht habría pagado en sobornos, por lo menos 30 habrían salido de la Ruta del Sol II—, los representantes de Corficolombiana-Episol como los del Grupo Aval tienen el deber moral y ético de explicarle al país si esos “pagos innecesarios” o irregulares corresponden o no a los sobornos. El país también sabe que el señor fiscal NHM ha sido uno de los más cercanos asesores del Grupo Aval. Igualmente, se conoce que a través de sus distintas sociedades de abogados los asesoró en temas relacionados con la Ruta del Sol II y que además actuó como asesor de Navelena, empresa controlada por Odebrecht. Con b