1

Introducción. Impuestos y populismo tras la pandemia

El mundo ha cambiado más en los últimos tres años que en las dos últimas décadas. Por una parte, hemos sufrido, durante más de dos años, una profunda crisis causada por la pandemia. Poco después, el ejército ruso invadía Ucrania, iniciando la primera guerra en Europa en mucho tiempo. Las consecuencias políticas, económicas y sociales del conflicto bélico han alcanzado al mundo entero y especialmente a Europa. Son tiempos de incertidumbre en los que hemos visto demasiadas muertes, y estamos inmersos en una nueva y prolongada crisis económica cuando todavía no habíamos superado las secuelas de la anterior.

Todo ha sucedido a tal velocidad que cualquier ciudadano apenas entiende nada, pero tenemos bastante claro que han sido tres los factores fundamentales para contrarrestar los graves efectos de la pandemia: las reglas de higiene, la sanidad y los avances científicos. En todas ellas la financiación es imprescindible, y sin el pago de impuestos simplemente no existirían los recursos económicos necesarios para sostener esta lucha. Aún menos se puede dudar de que mantener una guerra cuesta vidas y también dinero, que fundamentalmente pone el contribuyente, es decir, que se exige mediante impuestos. En el caso de Ucrania, con una economía arrasada, si ha podido continuar su lucha por la independencia, la libertad y la democracia ha sido porque se le han facilitado armas que han pagado los contribuyentes europeos y estadounidenses. Por suerte, la máxima de Benjamin Franklin se ha cumplido en su totalidad.

Por otra parte, en España la sanidad la hemos pagado sobre todo con impuestos. En casi todo el mundo, los servicios sanitarios se han pagado con impuestos. Efectivamente, hay servicios sanitarios que se ofrecen en el mercado, y que por consiguiente tienen un precio. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una pandemia, que por definición es contagiosa, hay que atender a todos los enfermos, puedan pagarlo o no. Algo similar se puede decir de la innovación científica, los tratamientos y las vacunas. El coste fundamental de tratamientos y vacunas es una enorme inversión inicial. El coste individual de producción en el caso de la fabricación masiva de medicamentos o vacunas es muy pequeño. Eso hace necesario, o por lo menos muy conveniente, financiar buena parte de los nuevos tratamientos y vacunas mediante impuestos. Pero, sobre todo, si hay que vacunar al 85 por ciento de la población o más, tenemos que hacerlo tanto si un individuo quiere y puede pagarlo como si no.

Por otra parte, los virus mutan, y el coronavirus causante de la pandemia de la COVID-19 no es una excepción, precisamente. Esto es algo que ya preveía la teoría de la evolución, y es que la evolución ocurre por mutación. Por esa razón, tenemos variantes que son probablemente más letales que la cepa original, y sin duda alguna más contagiosas. Si el coronavirus sigue circulando entre cientos de millones de personas, es probable que alguna variante sea resistente a las vacunas. Por esa razón, hasta que un porcentaje significativo de la población mundial esté vacunada no estaremos seguros. Y la realidad es tozuda: esta gran coordinación global sólo será posible con los recursos fruto del pago de impuestos, tanto en la investigación como en la distribución y el pago del personal que pone los pinchazos.

Frente a la certeza de que los impuestos pueden ser odiosos, pero necesarios, en estos días resurge el populismo fiscal en sus dos variantes fundamentales. La primera es que, para recuperar la economía, hacer una transición ecológica hacia un planeta más limpio y seguro o reducir sustancialmente las desigualdades, lo único que hace falta es subir los impuestos, y, por supuesto, este aumento no tendría ningún coste económico. La segunda variante considera, literalmente, que «todo impuesto es un robo», que no existe «justificación filosófica» para los impuestos y que, sobre todo, a la economía le iría mejor bajando impuestos, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.

Todas estas cuestiones merecen un análisis en profundidad porque falta conocimiento de lo que realmente son los impuestos y de sus consecuencias. Existe una creencia bastante extendida de que en España se pagan unos impuestos demasiado elevados, sobre todo si los comparamos con nuestros vecinos europeos. Este es el punto de partida del populismo fiscal de derechas; se pueden rebajar de forma drástica los impuestos, y así recaudaríamos incluso más. Aquí conviene no cerrar los ojos ante la realidad, y esta es que los impuestos indirectos en España están entre los más bajos de Europa. Pensemos tan sólo que el precio del combustible es menor aquí que en todos nuestros vecinos europeos.[2]Esto se debe a que los denominados «impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco y los carburantes» son los más reducidos de Europa.

Eso sí, el IRPF no es precisamente reducido, sino que está entre los de mayor progresividad de Europa. Esto quiere decir que los contribuyentes de rentas medias y medias altas declaradas pagan más en España que en otros países. Aun así, hay bastantes países que recaudan más que nosotros de sus impuestos directos; en recaudación del IRPF estamos en la media, es decir, la recaudación del IRPF dividida por el PIB da una ratio parecida a la de otros países. Algo similar se puede decir de la recaudación de cotizaciones de la Seguridad Social, que suponen el recurso público más importante. (Un inciso: las cotizaciones no son exactamente un impuesto que se paga a cambio de nada, sino una aportación que da derecho a una pensión en el futuro).

Con todo esto, el lector se estará preguntando cómo es posible que recaudemos menos que nuestros vecinos europeos con impuestos que no son precisamente bajos, al menos los directos. Esto se suele medir en términos de presión fiscal, es decir, el resultado de dividir la recaudación total de impuestos y contribuciones sociales por el producto interior bruto (PIB, todo lo que produce la economía en un año). Aquí estamos claramente por debajo de la mayor parte de Europa, aunque en los últimos años la distancia se ha reducido bastante. La explicación puede estar, al menos en parte, en que hay más fraude fiscal y una mayor economía sumergida, pero no es la razón más importante.

Señalaba Adam Smith en La riqueza de las naciones que el trabajo de los habitantes de un país es la verdadera fuente de riqueza. Esto es particularmente cierto en lo que se refiere a la recaudación de impuestos. Aproximadamente el 80 por ciento de la recaudación del IRPF proviene de las rentas del trabajo. Por otra parte, las cotizaciones sociales también proceden sobre todo del trabajo personal. Si más de la mitad de la recaudación de las arcas públicas procede del trabajo personal asalariado, nuestra recaudación depende del empleo. Y somos el país con la mayor tasa de desempleo de Europa. En consecuencia, si tenemos impuestos indirectos más bajos y, además, tenemos menos empleo que otros países, no es de extrañar que recaudemos menos de lo que nos gustaría.

Todo esto son apuntes que iremos desgranando a lo largo del libro. En primer lugar, ¿qué sistema fiscal tenemos? ¿Es realmente un sistema fiscal o es más bien un conjunto deslavazado de impuestos? ¿Cómo un billete de cincuenta euros, emitido ahora por el Banco Central Europeo, puede acabar en las arcas públicas? ¿Quién cobra impuestos en España? ¿Cómo se distribuyen esos impuestos en nuestro país?

Una cuestión clave en cualquier Estado descentralizado, federal o autonómico es la distribución del poder; o, mejor dicho, esa es, con toda probabilidad, la cuestión. Y no todo el poder es dinero, pero el dinero es poder. Como señalaba en su día Jordi Pujol, la «autonomía financiera es autonomía política». La realidad financiera y fiscal que hay detrás del opaco, complejo y en algunos aspectos absurdo «sistema de financiación autonómico» explica muchas cosas que han pasado en España, especialmente a partir de 2017. Y no sólo hablamos de Cataluña, sino también de los míticos y especialmente desconocidos regímenes forales del País Vasco y Navarra. Aquí, como en casi todos los temas que trata este libro, abundan las opiniones, y más aún los prejuicios, en uno u otro sentido. Lo que casi nunca se aportan son explicaciones claras y, sobre todo, datos y fuentes. Es lo que trataremos de hacer.

Una consecuencia de todo esto es la polémica sobre Madrid como «paraíso fiscal». Aquí se superponen dos debates: en primer lugar, si existe o no una renta de capitalidad, esto es, si en Madrid las administraciones, las empresas y los particulares obtienen más rentas por el simple hecho de que la capital del Estado esté en la Villa y Corte; el otro es un debate que tiene mucho de ideológico, pero en el que se suele obviar la realidad fiscal y económica: la imposición de la riqueza, es decir, qué hacemos en la práctica con los impuestos de sucesiones y donaciones y con el de patrimonio. Aquí hay argumentos como la doble imposición, el fomento del ahorro o el libre movimiento de capitales, pero también hay cuestiones como la arcaica y caótica normativa de estos impuestos que nadie explica, quizá porque a estas alturas es muy poco racional. Sorprendentemente, como veremos, el principal impuesto a la riqueza en España es el de bienes inmuebles, el IBI, que es muchísimo más impopular porque no sólo lo pagan los ricos.

Si hay una polémica económica que enerve a los ciudadanos es el denominado «rescate de la banca». El coste del rescate financiero ha vuelto a la actualidad después de que las restricciones derivadas de la COVID-19 pusiesen a muchas empresas contra las cuerdas. Cualquier país necesita un sistema financiero, pero también un sistema productivo que lo sostenga. Todos estos «rescates» hay que pagarlos, y eso se hace con impuestos. Además de explicar los procesos de rescate, convendría echar un vistazo a las propuestas de nuevos impuestos al sistema financiero, como impuestos a los depósitos, tributos para disminuir los riesgos, el nuevo gravamen temporal sobre beneficios extraordinarios o la tasa Tobin. ¿Qué efectos tienen y qué recaudación se puede esperar?

Otra cuestión muy relacionada con la anterior es cómo se van a financiar los fondos europeos de recuperación y resiliencia. Suena muy bien que lleguen decenas de miles de millones de euros a fondo perdido para financiar el cambio del modelo productivo. Pero eso, ¿quién lo paga? Y, no menos importante, ¿cómo se paga y qué efectos tiene?

La introducción de nuevos impuestos europeos incluye una tasa de carbono en frontera. ¿Es esto un nuevo arancel? ¿Vuelven a ponerse de moda los aranceles después de que Trump los revitalizase en Estados Unidos y que después, en buena medida, se han seguido aplicando? ¿Quién acaba pagando un tributo de este tipo?

En general, la transición ecológica hacia un mundo menos contaminante supone una transición hacia nuevas formas de energía limpia, con lo que se reduce drásticamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Este es un cambio muy importante en multitud de aspectos, y uno de ellos es la fiscalidad de la energía. Buena parte de la factura eléctrica eran «costes regulados» e impuestos. Y si hay algo difícil de entender, pero que todos casi sin excepción sufrimos, es la factura eléctrica. Asimismo, la mayor parte del precio de un litro de gasóleo o gasolina son impuestos.

¿El coste de la transición energética también repercutirá en un aumento de los impuestos? ¿Qué puede ocurrir cuando consumamos menos petróleo? Pues, entre otras cuestiones, que recaudaremos menos... Los impuestos y la transición ecológica necesitan una explicación que un ciudadano normal pueda entender si queremos enfrentarnos al negacionismo climático, que es otra forma de populismo.

Todas estas cuestiones han cobrado importancia con el final de la pandemia y el estallido de la guerra de Ucrania, que nos han llevado a una crisis energética sin precedentes. Resulta extraordinariamente complicado explicar a cualquier ciudadano por qué su factura de gas se ha multiplicado ¡por diez! en un par de años, mientras que la factura de la luz también ha subido como la espuma, pero si no se intenta es imposible que tenga una opinión racional y no opte por soluciones «mágicas» que crea que pueden solucionar su empobrecimiento... Esto siempre es importante, pero en una democracia lo es aún más.

La otra gran fuente de financiación de los fondos europeos será el impuesto europeo sobre las multinacionales tecnológicas. Las empresas que más dinero ganan del mundo son, paradójicamente, las que menos impuestos pagan sobre sus beneficios. Casi todas estas empresas son multinacionales tecnológicas norteamericanas, y en Europa estas empresas pagan menos que en el resto del mundo. Tenemos un problema europeo, que se agrava ahora que tenemos que financiar el fondo de reconstrucción. Lo que no pagan las multinacionales por sus operaciones overseas (en el extranjero) lo acabaremos pagando los ciudadanos europeos, mientras nuestras empresas compiten con desventaja frente a gigantes que apenas pagan impuestos. Y para solventar un problema europeo necesitamos una solución europea en un tema crucial.

Por supuesto, en España, como en casi toda Europa, el de sociedades sigue siendo un impuesto en crisis, algo que ya era así cuando las empresas ganaban casi tanto dinero como antes de la crisis de 20082014. ¿Qué ocurrirá ahora, cuando muchas empresas tienen abultadas pérdidas? En Europa se libra una lucha despiadada por hacerse con las sedes y centros operativos de las grandes empresas, y eso tiene un coste en impuestos que se dejan de recaudar, en impuestos que acaban pagando ciudadanos y empresas más pequeñas. Y, por supuesto, tiene un coste del que no se suele hablar: el coste económico de que las decisiones de localizar empresas se tomen fundamentalmente por cuestiones fiscales. Eso nunca es eficiente para la economía en su conjunto.

Últimamente, estos problemas de deslocalización, de pasar a tributar en el país de Nunca Jamás, ya no son sólo una cuestión de empresas. Ahora vemos que también los profesionales se fugan a antiguos paraísos fiscales para pagar menos impuestos. ¿Qué hemos hecho con ellos? En realidad, ¿qué es eso de un paraíso fiscal? Pero además de cuestiones de fiscalidad internacional y tecnológica, incluidos nuevos impuestos que nunca habían existido, como impuestos a los datos, todo esto ha abierto un debate moral: ¿cómo queda la conciencia fiscal cuando los referentes de la juventud hacen gala de no querer pagar impuestos en España?

Todos estos problemas fiscales y recaudatorios se han vuelto a reflejar en la «salud» de nuestras cuentas públicas, que también ha salido muy tocada de la pandemia. Como el problema es común, las instituciones europeas han suspendido las reglas fiscales. Sin embargo, el problema sigue estando ahí. ¿Es una solución la condonación de la deuda pública contraída por el Banco Central Europeo que proponían hace unos meses algunos economistas y políticos encabezados por Thomas Piketty?

Con toda probabilidad, esa no es la solución, pero esto no deja de poner de manifiesto que no tenemos una unión fiscal, aunque sí tengamos una moneda única. Esto sigue generando problemas, y azuza el auge del nacionalismo y el populismo, cuya manifestación más reciente es el Brexit. Una reflexión sobre el déficit, la deuda y la política fiscal y monetaria en Europa es algo imprescindible.

Saldremos de la doble crisis sanitaria y energética en una situación económica mucho peor, y ello tendrá su reflejo en los impuestos. Esa es la compleja realidad, en algunos aspectos seguramente deprimente, pero que merece la pena contar.

Los impuestos se pagan con dinero. De hecho, hemos afrontado las consecuencias económicas de la pandemia gracias, entre otras cosas, a la masiva emisión de dinero por parte de los bancos centrales. ¿Esto es gratis o simplemente hemos comprado tiempo? Para tener una respuesta, en el próximo capítulo comenzaremos hablando de dinero que sirve para pagar impuestos. Antes de responder a la pregunta que da título a este libro, «y esto, ¿quién lo paga?», hay que contestar a la cuestión de «y esto, ¿cómo se paga?», porque son dos respuestas que están vinculadas.

2

¿Esto cómo se paga?

El dinero y los impuestos

AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR

«¿Es lícito pagar impuesto al César o no?». Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto». Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta cara y esta inscripción?». Le respondieron: «Del César». Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios».

Esta célebre cita del Evangelio de Mateo[3]no sólo establece una clara separación entre el poder religioso y el poder civil en el mundo cristiano, sino que también identifica al poder terrenal, al César, con la exigencia de los impuestos y con el dinero para pagarlos. El dinero y el poder son las dos caras de los impuestos.

Los impuestos se pagan con dinero de curso legal. Y, precisamente, una moneda es de curso legal porque con ella, y sólo con ella, se pueden pagar los impuestos. Estas dos afirmaciones parecen de Perogrullo, pero encierran unas cuantas conclusiones que son imprescindibles para entender la situación fiscal actual. Y nuestra situación fiscal viene marcada por la actuación de los bancos centrales. Como sus medidas en todo el mundo han sido similares, podemos decir que la emisión masiva de dinero ha condicionado la política fiscal en el mundo entero. Evidentemente, no quedaba otra opción que hacerlo, pero, como veremos, esta opción de política económica, como todas, tiene consecuencias.

Empecemos por el principio. El dinero es un mecanismo económico que permite superar el trueque, posibilitando el intercambio de bienes y servicios, aunque dos individuos no tengan necesidades recíprocas. O sea que si yo tengo algo que usted no necesita directamente, pero que alguien sí puede necesitar, usted puede cambiármelo por dinero, para luego cambiar ese dinero por algo que usted sí necesite. Para que el dinero pueda cumplir su función con eficacia se necesita que todo el mundo quiera ese dinero, y en segundo lugar que ese dinero valga más o menos lo mismo, es decir, se necesitan demanda y estabilidad financiera. Además, el dinero, derivado de su función principal como mecanismo de pagos, funciona también como depósito de riqueza y unidad de cuenta.

Como señala el profesor Jesús Fernández-Villaverde,[4]el «dinero es la memoria de la sociedad», precisamente porque resuelve el problema de que nuestras necesidades casi nunca son recíprocas. Cuando voy a un supermercado y pago cualquier producto en la caja, la sociedad recuerda que me «debe» algo a través de billetes o en mi cuenta bancaria. Si estoy pagando con la tarjeta de crédito, lo que ocurre es que el banco asume mi deuda y yo paso a deberle el dinero al banco, que me lo recordará a fin de mes reduciéndome el saldo.

Desde un punto de vista económico, una moneda es dinero de curso legal en un país cuando los impuestos se tienen que pagar en esa moneda. Como todo el mundo o casi todo el mundo tiene que pagar algún tipo de impuesto, es precisamente el pago de impuestos lo que hace que una moneda tenga demanda. Si un país es una superpotencia, entonces es fácil que su moneda se acepte en transacciones internacionales, dado que resulta sencillo encontrar a alguien, por ejemplo, que necesite dólares estadounidenses, que en última instancia sirven para pagar impuestos a la Hacienda estadounidense.

Esta forma de ver las cosas tiene la ventaja de que explica por qué todas las hiperinflaciones vienen precedidas de una crisis fiscal en el Estado correspondiente. Y también explica, como señalaba Keynes, que la «inflación es un impuesto». Cuando se dice que el valor de una moneda refleja la marcha de la economía del país que la emite, en realidad se trata de una verdad a medias. Lo que debería reflejar es la situación fiscal futura de esa economía en relación con las demás. Digo «debería» porque los mercados no son perfectos, pero al mercado y a todos nosotros lo que nos interesa es el futuro, porque, como señalaba Woody Allen, «es el lugar donde vamos a vivir el resto de nuestra vida». Lo que ocurre es que esa predicción del futuro se construye con datos del pasado y del presente, que son las únicas realidades que podemos conocer, si bien en el mercado cotizan las expectativas. Y, por supuesto, la capacidad futura para recaudar impuestos está enormemente condicionada por la situación económica del país correspondiente.

La inflación es la subida del índice de precios; esto quiere decir que hay bienes y servicios que valen más y otros que valen menos, pero de media, con una determinada moneda, se pueden comprar menos bienes y servicios. La inflación es la pérdida de la capacidad de compra de una moneda. En consecuencia, ¿la inflación es un impuesto, como señalaba Keynes? Como explicaremos en el capítulo 3, relativo al sistema fiscal, en casi todos los impuestos, los que tienen base monetaria, una elevación del nivel de precios aumenta la recaudación del Estado en términos reales, aunque la capacidad económica de las empresas y los ciudadanos sea la misma. Esto significa que todos los que pagan impuestos pagan más a causa de la inflación, por lo que sí, la inflación es un impuesto. Esto se acentúa en el IRPF, que es un impuesto progresivo, como luego explicaremos, lo que da lugar al fenómeno de la «progresividad en frío» si las magnitudes del impuesto no se ajustan a la inflación.

Hay un segundo efecto, un poco más sutil, y es que los deudores deben menos y los acreedores tienen créditos por menor valor. Como los estados están muy endeudados y la deuda pública se ha disparado por el efecto de la pandemia, en teoría uno de los grandes beneficiados de la inflación sería el Estado, porque reduce en términos reales lo que tiene que pagar en el futuro por la deuda pública. Este segundo efecto es independiente del primero. Lo explicaremos en detalle en los próximos capítulos.

Para completar el panorama, hay que tener en cuenta que los principales gastos del Estado, en el mundo moderno, se corresponden de un modo u otro con la inflación, lo que en jerga económica se conoce como «indexación» o «indiciación». El ejemplo más claro es el de las pensiones, que también son el principal gasto público desde el punto de vista de su cuantía. Esta vinculación puede estar o no en las leyes, pero, si no se produce, el coste político para el Gobierno es enorme, con lo que prácticamente siempre se tiene en cuenta.

Esto quiere decir que, aunque se incremente la recaudación del Estado con la inflación, es posible que el déficit continúe aumentando porque los gastos crezcan aún más. Si esto es así, el país entra en una espiral inflacionaria. Como señalaba Keynes —citando a Lenin— en Las consecuencias económicas de la paz, «la forma más sencilla de socavar las bases del capitalismo es la corrupción de la moneda». Aquí Keynes se refería a la Alemania de entreguerras, que financió un creciente gasto público y las reparaciones de guerra por su derrota en la Primera Guerra Mundial mediante la emisión masiva de dinero, lo que provocó una hiperinflación brutal.

EL DINERO VIRTUAL

Antes de hablar de inflación y deuda pública, hago un inciso para referirme a las nuevas monedas virtuales. Hasta ahora, estas monedas no eran de curso legal, pero en septiembre de 2020 El Salvador oficializó el bitcoin. Esto supone renunciar a la política monetaria, dejando que sea «otro» el que emita moneda. En ese caso la soberanía monetaria sólo es real si hay demanda para esa moneda. Si no es así, el Estado correspondiente tendrá que endeudarse en moneda extranjera. En ocasiones los estados ligan su moneda a la emitida por otro Estado, como Argentina cuando «dolarizó» su economía. Desde 2001 El Salvador no emitía moneda propia y la moneda oficial era el dólar estadounidense, con lo que no hubo renuncia a la soberanía monetaria por adoptar el bitcoin.

Pero ¿es el bitcoin —con mucha diferencia la moneda virtual más conocida y relevante del mundo— un buen dinero, en el sentido de que cumpla su función, al menos, como medio de pago?

Para tener una respuesta a esa pregunta, esbozaremos algunas características de esa moneda virtual. Al lector interesado lo remitimos a la excelente serie de artículos que el economista y catedrático de la Universidad de Pennsylvania Jesús Fernández-Villaverde publicó en Nada es gratis.[5]

Para que el dinero sea la memoria de la sociedad, alguien tiene que recordar las deudas recíprocas. Esto se puede hacer con una moneda física, o bien anotando en un libro contable quién tiene la moneda. Por eso, el saldo en mi cuenta bancaria es dinero, y obviamente también lo será un euro digital, es decir, que un ciudadano posea, como ahora tienen los bancos, una cuenta en el Banco Central Europeo. Esto se conoce en la jerga como CBDC, acrónimo de Central Bank Digital Coin («moneda digital de un banco central»).

El bitcoin tiene tres diferencias fundamentales respecto de las monedas emitidas por los estados. En primer lugar, este libro mayor de contabilidad, que indica quién tiene cada bitcoin y a quién se realizan los pagos, no está centralizado, sino sostenido por una red de ordenadores. En segundo lugar, el sistema de ordenadores necesario para que el sistema funcione se retribuye mediante el sistema de minado, es decir, creando nuevas claves criptográficas, que son, al final del camino, las propias monedas. Por lo tanto, tampoco hay una autoridad que emita las monedas y las ofrezca. En tercer lugar, no hay un sistema de identificación de nadie que tenga un monedero de bitcoins, y eso hace que el sistema sea, por definición, anónimo.

Estas características hacen que las criptomonedas generen importantes desafíos. Si no hay una autoridad central que emita las monedas, los bancos centrales se quedan sin trabajo, o por lo menos sin una buena parte de él. Ya más en serio, no se podría hacer política monetaria. Si la política monetaria es un fracaso, algunos países pueden optar por no hacerla, pero en términos generales, si en una crisis económica como la derivada de las restricciones de la COVID-19 no se hubiese podido emitir dinero, el desplome económico habría sido muchísimo peor.

Otro asunto relevante es el derecho a la intimidad, el derecho a que me dejen en paz y sólo sepa de mis asuntos quien yo quiera. Si el dinero sólo son cuentas corrientes en el Banco Central Europeo, entonces las autoridades pueden conocer en todo momento mis pagos y cobros; adiós intimidad. Además, si el dinero digital se centralizase en el Banco Central Europeo ello nos dejaría sin intermediarios, es decir, sin bancos. En el capítulo 7 trataremos el tema del rescate del sistema financiero y quién lo ha acabado pagando, pero, por mucha manía que se les pueda tener a los bancos, un sistema financiero es necesario, ya que permite conectar el ahorro con la inversión.

Sin embargo, el bitcoin es el otro extremo: descentralización y anonimato. Aunque la novedad fundamental es la descentralización, parte del éxito y de los problemas que genera el bitcoin se deben precisamente al anonimato; no se puede saber quién es el propietario último del dinero o, por lo menos, no a través del sistema. Si quiere usted cobrar una cantidad y no desea que nadie sepa que la ha cobrado, tiene al menos tres sistemas: cobrar en efectivo, que se lo ingresen en un paraíso fiscal o que se lo ingresen en una moneda virtual, como bitcoin.

Aunque la oferta de bitcoins crece muy poco y hay que invertir grandes recursos informáticos y energéticos para obtener otros nuevos, existen pocos activos que tengan una volatilidad tan extrema, o sea, que varíen tanto de precios. Las principales monedas del mundo, como el dólar, el yen o el euro, son muchísimo más estables. Es cierto que una moneda como el bolívar venezolano es muchísimo menos estable, ya que se ha estado devaluando continuamente, pero el Banco Central de Venezuela ha estado muchos años emitiendo dinero sin control, un reflejo de la brutal crisis fiscal de ese país.

Obviamente, la clave de la volatilidad del bitcoin está en la demanda. ¿Para qué se necesita un bitcoin? Pues alguien puede querer bitcoins porque otros los aceptan como medio de pago o para especular. Pero, como hemos señalado antes, muchos quieren bitcoins precisamente para que nadie sepa que han cobrado. Como comentaremos en los capítulos 11 y 17, esto supone todo un desafío de futuro. De momento, dejemos aquí el dato de que el 46 por ciento de las transacciones en bitcoins estaban asociadas a actividades ilegales como el tráfico de drogas.[6]Es probable que, este porcentaje haya disminuido con la entrada masiva de inversores minoristas para especular con bitcoin. En cualquier caso, desde luego, quienes trafican con droga no quieren que se les rastreen los pagos, pero tampoco los que no quieren pagar los impuestos que les corresponden.

Especulando con criptomonedas se puede ganar dinero, y también perderlo. De hecho, como es un activo que habitualmente no tiene un subyacente, es decir, que no está basado en otro activo, ni hay nada real detrás, sino que no representa más que un código de 0 y 1, su comportamiento es más volátil (y también, como se ha demostrado, más sensible a la subida de los tipos de interés). En cualquier caso, la demanda de que los criptoactivos o criptomonedas se regulasen comenzó cuando empezaron las pérdidas de muchos inversores. Por supuesto, muchos de estos inversores se dieron cuenta en ese momento de que el anonimato no era tan ventajoso. Para poder reclamarle a alguien hay que justificar las operaciones y las pérdidas. Y, por supuesto, para deducirse (restar estas pérdidas de las ganancias) en una declaración de impuestos también hay que hacerlo.

Sin entrar en otras consideraciones, una demanda basada en estos factores no es estable por definición, y, por lo tanto, el bitcoin es problemático como mecanismo de pago. Seamos realistas, la clave de la demanda de bitcoins no estará en la realización de pagos en El Salvador. Eso sí, no parece probable que el bitcoin desplace al dólar en el país centroamericano, y no sólo por el grado de exclusión financiera, que hace que buena parte de la población sólo opere en efectivo, sino por la inherente volatilidad del esquema del bitcoin.

Hay otros criptoactivos que emiten las «plataformas de intercambio». Habitualmente, estos activos son NFT (siglas de non fungible token), es decir, activos digitales «únicos». El problema, adicional al de cualquier criptoactivo, es decir, que no tiene soporte, es que el que los emite se queda con el dinero cuando lo crea, cuando se emiten por primera vez. Si este dinero se gasta, luego puede no quedar nada. Desde mediados de 2022 se empezaron a producir quiebras de plataformas de intercambio como Luna o FTX, entre otras. Era la crónica de una muerte anunciada. No se trataba de una cuestión tecnológica; de hecho, es posible que las tecnologías de blockchain o cadenas de bloques tengan un gran futuro. Sin embargo, la ausencia de contabilidad, control, transparencia y regulación no es el terreno ideal para las inversiones. En el siglo XVII, muchos holandeses perdieron su dinero invirtiendo en tulipanes; hoy, otros lo han hecho invirtiendo en cripto tulipanes.

INFLACIÓN Y DEUDA PÚBLICA

Antes de describir en los siguientes capítulos nuestro sistema fiscal, y luego algunas de las consecuencias económicas de la pandemia, concluyo este capítulo con un apunte sobre la deuda. Casi todos los estados grandes de Europa con la excepción de Alemania, así como Japón y Estados Unidos, estaban muy endeudados antes de la pandemia. Como detallamos en el capítulo 4, las restricciones asociadas a la pandemia tuvieron muchas y muy negativas consecuencias económicas, entre ellas el aumento de los gastos y la disminución de los ingresos públicos. Esto significa que todos los estados salieron aún más endeudados de la crisis sanitaria.

Y esto, ¿cómo se paga? Pues, esencialmente, hay cuatro vías para pagar la deuda pública. Una de ellas, en puridad, consiste en no pagarla y repudiarla. Las quiebras de los estados se han sucedido a lo largo de la historia. Bajo el reinado de Felipe II la Corona española tuvo tres bancarrotas. Esto supone un desastre económico, porque los servicios públicos se dejan de prestar al no poder pagarse. Aunque suene paradójico y se vista de reestructuración, no existe un sistema más caro para reducir la deuda pública que no pagarla. Para evitar que la deuda pública acabe impagada, hay que conseguir que no aumente indefinidamente.

El sistema más ortodoxo, y el más rápido, para reducir la deuda pública es generar superávits presupuestarios: gastar menos, ingresar más o una combinación de ambos. Este es el único sistema que reduce la deuda tanto en términos nominales —es decir, en la moneda en que está denominada— como en términos reales. El otro gran factor que reduce la deuda, pero sólo en términos reales, es el crecimiento económico. Aquí hay dos modalidades que no son incompatibles, el crecimiento real —producir más bienes y servicios— y el crecimiento de los precios —la inflación—.

Una deuda es sostenible cuando no aumenta indefinidamente en términos reales. Eso no significa que se pueda pagar de inmediato, ni siquiera que no aumente, sino que aumenta menos que la economía del país que la sostiene. En consecuencia, para que la deuda entre en una «senda de sostenibilidad» (sea cada vez más pagable), el déficit de un Estado debe ser inferior en porcentaje a su crecimiento nominal, es decir, al crecimiento con inflación. Por ejemplo, si un país crece al 2 por ciento con una inflación del 1 por ciento, su producto interior bruto aumenta (no es exacto) un 3 por ciento. En ese caso, pese a tener un déficit público del 3 por ciento, su deuda como porcentaje del PIB sigue siendo la misma.

En resumen, la deuda pública que deja la COVID-19 es enorme, y además se añade a la que ya teníamos. Parece complicadísimo pagarla sólo a través de superávits públicos que en España no se consiguen desde el año 2007. En consecuencia, la alternativa es no sólo el crecimiento, sino también la inflación. Pero para que sea una alternativa viable hay que conseguir que la deuda sea sostenible, porque, si no, la moneda se corrompe, como señalaba Keynes. Cierto grado de disciplina presupuestaria sigue siendo imprescindible.

Por eso el Banco Central Europeo redefinió su objetivo de estabilidad de precios al 2 por ciento en julio de 2021, y toleró que los índices de precios en Europa quedasen por encima. Es una de esas decisiones que no se comentan demasiado, pero que afectan mucho más que otras al ciudadano de a pie. Parte de la responsabilidad de este incremento de precios fue del propio BCE. Si emite dinero de forma masiva comprando activos —fundamentalmente deuda pública—, entonces, en el momento en que se reactiva la demanda, los precios crecen. También pueden aumentar por el estrangulamiento de la oferta de materias primas, semiconductores o productos energéticos. En cualquier caso, esto supone un primer coste de la crisis. La inflación moderada puede ser una alternativa, pero no es gratis.

Pensemos que en un entorno de inflación cero una inversión en esa moneda no pierde valor. Sin embargo, si tras veinte años la inflación media es del 0,5 por ciento, la moneda habrá perdido un 10 por ciento de su valor. Si esta inflación es de un 2 por ciento después de veinte años, la moneda habrá perdido un tercio de su valor. Y llevamos veinte años con un objetivo de inflación inferior al 2 por ciento, precisamente para que el crecimiento de los precios no influya en las decisiones de los agentes económicos. Por supuesto, es previsible que en adelante todos los agentes económicos procurarán que sus rentas no pierdan valor, intentando incrementarlas un mínimo del 2 por ciento anual.

Esto nos puede llevar, de forma casi inevitable, a volver a la indexación en la economía, pero

tal mecanismo genera efectos perversos. La indexación está en el origen de los denominados efectos de segunda ronda. Cuando el precio de un bien o servicio aumenta, los índices de precios como el IPC suben, y esto supone un aumento automático en el precio de otros bienes simplemente porque están indexados a este índice. Ocurre así que un aumento del precio del petróleo o de un alimento encarece, debido a su impacto en el IPC, el precio de bienes cuyos costes de producción no tienen una conexión directa con esos dos bienes. Por eso la indexación tiende a generar una inflación más elevada y favorece su persistencia en el tiempo, aun cuando desaparece la causa inicial que motivó el incremento de precios. Una inflación elevada y persistente implica costes económicos: entre otros, desvirtúa la información que deben transmitir los precios, dificulta la concertación de contratos a largo plazo y deteriora la competitividad.[7]

El BCE se enfrentó en julio de 2021 a un dilema entre recesión e inflación y optó por intentar conseguir una inflación moderada del 2 por ciento, pero de carácter permanente. Más allá de los riesgos, esto ya es un coste para la economía de Europa en su conjunto; los estímulos monetarios no son gratis, y mantenerlos durante un tiempo, que es probablemente la opción menos mala, tampoco lo era.

Como el lector sabe a estas alturas, el BCE, al igual que prácticamente todos los demás bancos centrales, pecó de un optimismo exagerado porque a partir de mediados de 2021 la inflación se disparó a escala mundial. La principal diferencia es que el BCE fue el banco central que más tardó en reaccionar contra una inflación exagerada que nadie en su sano juicio considera como un coste aceptable. Pero esta cuestión, la del coste de reconducir una inflación elevada, generalizada y persistente como la del año 2022, y quién lo paga y cómo, la tratamos al final del libro, en el capítulo 33, porque es el elemento final de todo el análisis sobre la crisis económica que padecemos.

Antes de echar un vistazo a la factura que nos han dejado primero la crisis del coronavirus, la energética después y, finalmente, la inflación, vamos a echar un vistazo al instrumento fundamental que tiene el Estado para hacer frente a sus compromisos, el sistema fiscal.

3

El precio de la civilización.

El sistema fiscal y los impuestos

EL PRECIO DE LA CIVILIZACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

«Los impuestos son el precio que pagamos por la civilización. En la selva no existen». Esta conocida cita tiene en realidad dos autores. Uno de ellos es Oliver Wendell Holmes, magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el siglo xix y conocido como «The great dissenter».[8]La afirmación de que en la selva no existen los impuestos es de Robert Wagner, un político estadounidense. Es probable que en ningún momento de la historia se haya visto con más claridad la realidad de esta afirmación que durante la pandemia. El esfuerzo por mantener la civilización ha exigido un esfuerzo brutal de los estados en tres vías: atención sanitaria y hospitalaria, el despliegue y la exigencia de restricciones para detener la transmisión del virus, y una política para preservar las rentas que evitase el derrumbe de la economía y una explosión social.

En el siguiente capítulo veremos cómo está impactando todo ello en la deuda pública y cuál es la factura pendiente a cargo de los contribuyentes. Ahora basta decir que los efectos de la pandemia habrían sido muchísimo peores si estas cargas no se hubiesen trasladado al sector público. La prueba es que pandemias anteriores, como la gripe española (1918) o, sobre todo, las tres pandemias de peste negra en Europa en el siglo xiv, tuvieron efectos mucho más devastadores, entre otras razones porque, o bien los estados eran mucho más débiles, o bien estos no existían y lo que había era un sistema feudal.

Las vacunas son el principal remedio y el ejemplo perfecto de bien público que debe ser financiado mediante impuestos. En una pandemia, si no está vacunada un porcentaje enorme de la población mundial, todos seguimos estando en peligro. La razón es que los virus mutan, aunque algunos, como el de la gripe, mucho más que otros, y el coronavirus no es una excepción. Por esa razón, si se deja sin vacunar a una parte importante de la población mundial, el virus seguirá mutando y volviendo a infectar incluso a los ya vacunados. Si hay que poner miles de millones de vacunas, evidentemente, no se le puede exigir un precio a cada persona, que puede querer (y poder) pagarlo o no. Desde luego, el coste del desarrollo de las vacunas es importante, así como el de la fabricación y la logística. Si estos costes no se sufragan, simplemente no hay vacunas.

Y todo esto, ¿cómo se paga? Pues esencialmente con impuestos. En este capítulo vamos a ofrecer una panorámica general de los impuestos que tenemos en España, es decir, de cómo se financian las administraciones existentes en España, que podemos agrupar en cuatro niveles: la Administración general del Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.[9]Veremos como un billete de cincuenta euros, que es el más común y que tiene demanda intrínseca porque sirve para pagar impuestos, acaba volviendo a su origen público.

¿QUÉ ES UN IMPUESTO? CONCEPTOS BÁSICOS

El lenguaje nunca es neutral, y tampoco en la economía. No es lo mismo hablar de «hachazo», «confiscación» o «voracidad recaudatoria» que de «justicia fiscal» o de que pague más quien más tiene. Son titulares que todos hemos visto para «explicar» una subida de impuestos. Para comprender, resulta imprescindible ponerse de acuerdo en el lenguaje. Y esto no siempre ocurre. Además, las figuras fiscales varían de un país a otro, con lo que a menudo hay que aceptar un cierto grado de imprecisión.

Teniendo esto claro, el concepto de «impuesto» es el de un pago obligatorio al Estado o a otra Administración pública, sin contraprestación. No genera derecho a nada. Pagar el IRPF (impuesto sobre la renta a las personas físicas) a la Agencia Tributaria, que gestiona el sistema fiscal estatal en nombre y por cuenta del Estado, es el ejemplo paradigmático de pagar impuestos. La definición es sencilla, pero, como casi todas, da problemas. Es cierto que todos pensamos que pagamos impuestos para algo. Hemos comenzado el capítulo señalando que los impuestos son el «precio» que pagamos por la civilización. Evidentemente, esto es así, los impuestos se pagan para financiar el gasto público, para poder desarrollar políticas públicas, para poder vivir en la civilización. No obstante, pagar el IRPF no da derecho a nada concreto para el individuo que lo paga.

Si hablamos de vacunación en una pandemia, un precio es lo que paga un individuo por vacunarse. Si se exige un precio, entonces la persona que no lo paga simplemente no se vacuna. Si, por el contrario, la vacuna se paga «con el dinero de los contribuyentes», aunque alguien no pague impuestos por la razón que sea, podrá vacunarse de todas formas.

A diferencia de los precios, los impuestos no se pagan por obtener un determinado beneficio, sino en función de la capacidad para pagarlos, de la capacidad económica. Esto es una cuestión de justicia en términos estrictos de «dar a cada uno lo suyo» (Ulpiano). Por otra parte, siendo pragmáticos, la forma de asegurar el cobro de los impuestos es que los pague el que pueda pagarlos. Por la razón que usted prefiera, el principio fiscal más importante es el de capacidad económica.

Por otra parte, como quitarle el mismo porcentaje de lo que tiene a un pobre que a un rico es mucho más gravoso, y doloroso, para el primero, entonces los impuestos deben ser progresivos. La progresividad significa que los impuestos aumentan más que proporcionalmente con el aumento de la capacidad económica. Traduciendo: si un contribuyente que gana 30.000 euros paga un 10 por ciento de impuestos, el impuesto será progresivo cuando otro contribuyente que gana 60.000 paga más del 10 por ciento, será proporcional si paga el 10 por ciento y será regresivo si paga menos del 10 por ciento.

Por último, los impuestos no pueden ser tan elevados como para absorber toda la capacidad económica, esto es, la renta, el consumo o el patrimonio que deben pagar los contribuyentes. Desde un punto de vista estrictamente técnico, un impuesto es confiscatorio cuando su tipo efectivo, lo que realmente se paga, se aproxima al ciento por ciento, o incluso excede esa cifra, cuando se trata de un impuesto directo. En el caso de un impuesto indirecto, concepto que explicamos más adelante, entonces el tipo puede ser muy elevado, incluso superior al precio del producto, pero, mientras el consumidor pueda comprar el producto, el impuesto no será confiscatorio.

Todo esto se recoge en el artículo 31.1 de la Constitución, que además establece que los impuestos deberían formar un sistema. Como veremos a lo largo del libro, una de las razones fundamentales por las que se necesita una reforma fiscal es que, por desgracia, los impuestos en España se parecen más a un conjunto deslavazado que a un sistema coherente y riguroso.

A partir de estas cuestiones elementales surgen todas las opciones de política económica, desde las más viables hasta el puro populismo fiscal.

Como todo populismo, su variante fiscal consiste en decirle a l

Suscríbete para continuar leyendo y recibir nuestras novedades editoriales

¡Ya estás apuntado/a! Gracias.X