Prefacio

La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas.

ALBERT CAMUS (1913-1960),

escritor francés, premio Nobel de Literatura

La gangrena se ha extendido ya por todo el sistema. El gran acuerdo entre la jerarquía del moribundo régimen franquista y los opositores demócratas alcanzado a la muerte del dictador, y que dio origen a la Transición, ya está acabado. Aquellos acuerdos fueron consagrados en la vigente Constitución, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Hoy apenas un tercio de la población española participó en aquel proceso. Las élites políticas empiezan a intuir el final de la España de la Transición, pero no quieren creerlo. Se juegan demasiado y piensan estirar tanto como puedan las reglas pactadas en 1978. Y, sin rubor alguno, se aferran a aquel «espíritu de reconciliación» que dio origen al actual régimen político en España, una de las principales leyendas que componen el conjunto de mitos, bulos y pactos de silencio de la Transición.

La población, especialmente ese 66 por ciento que no pudo participar en el referéndum constitucional de 1978 —bien porque no tenían edad para hacerlo, bien porque no habían nacido—, percibe claramente el olor a podredumbre que emana del sistema. Y sufre las consecuencias de la agonía del régimen. El proceso de la muerte es penoso para casi todos. Esos dos tercios de la población son los que se han puesto en marcha para exigir el fin de la España de la Transición y una democracia real que trabaje para la ciudadanía y no para las élites. Movimientos ciudadanos, surgidos muchos de ellos en 2011, con un seguimiento sin precedentes en las múltiples protestas ciudadanas, alzan la voz cada vez con mayor contundencia contra el agonizante sistema. Nuevos movimientos políticos logran amedrentar, con sus resultados y sus apoyos sociales, a la vieja clase política que pactó con los represores tras la muerte del dictador. Pruebas más que evidentes de una desafección hacia las viejas políticas que es cada vez más generalizada. La desafección no ha desembocado de momento en crispación ni en estallidos sociales, pero sí en exigencias a los gobernantes hasta ahora nunca vistas.

Aun así, las moribundas reglas del juego se resisten a ser reemplazadas. La agonía del sistema pactado entre franquistas reformistas y opositores amenazados se eterniza. Y, a veces, los estertores de la muerte se prolongan de forma tan interminable como dolorosa. El coma, la respiración sincopada, los largos suspiros que se perciben con una mezcla de profunda tristeza y de alivio, el retorno de los estertores que nos hacen olvidar lo sentido solo unos segundos antes... El régimen político español hace años que agoniza. Es difícil determinar cuándo empezó a morirse. Pero es evidente que solo sobrevive gracias a la respiración asistida. La población es consciente de que, en cuanto se desconecte la maquinaria de soporte vital, llegará el desenlace inevitable. Sin embargo, aun desconectados los respiradores e interrumpida la alimentación por vía intravenosa, el moribundo puede mantenerse en estado vegetativo durante un tiempo indeterminado.

Las mentiras, o medias verdades, que forman parte sustancial de los pactos de la Transición ya no cuelan entre la mayor parte de una población decepcionada y maltratada. Y es precisamente la imperfección del sistema la que impide a la ciudadanía, que hace menos de cuarenta años estaba sometida a un régimen totalitario, sentirse representada en unas instituciones nominalmente democráticas, pero reservadas a las élites de siempre.

La mayoría ya da por hecho que esa Transición fue un proceso vigilado, controlado, por las élites franquistas más conscientes de la necesidad de transformar el régimen en una democracia parlamentaria equiparable, supuestamente, a la de los países de nuestro entorno, y tutelado por Estados Unidos, que quiso asegurarse de que la fuerza de la izquierda en el nuevo régimen fuera minoritaria. Lo denunciaba el abogado valenciano Joan Garcés en su obra Soberanos e intervenidos, un relato sin adornos de la Transición.

Los representantes de la oposición democrática serían una parte esencial del nuevo régimen. A cambio, debían aceptar que jamás se perseguirían los crímenes del franquismo, fueran o no de Estado. Algunos crímenes de lesa humanidad se prolongarían hasta los primeros años noventa del siglo pasado, como el robo de recién nacidos. La primera iniciativa para pedir responsabilidades por los crímenes del franquismo, en diciembre de 1978, recién aprobada la vigente Constitución, se estrelló contra los pactos ocultos. A finales de los años setenta, aprovechando la aprobación de la Constitución, familiares de desaparecidos del franquismo y un grupo de abogados que representaban a movimientos de derechos humanos y políticos se reunieron en Madrid para crear un Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo que diera cobertura legal a las exhumaciones de los desaparecidos. Todos los participantes fueron detenidos y el proyecto fue abortado.¹

Y no ha sido la Justicia española la que los ha importunado, sino la insistencia de una juez argentina, María Romilda Servini, que ha abierto una investigación en Buenos Aires por las torturas y atrocidades cometidas al servicio del franquismo. Servini pidió a la Interpol que detuviera a los presuntos responsables, pero el gobierno español del PP hizo oídos sordos. Mientras estos antiguos gerifaltes del franquismo no salgan de las fronteras españolas estarán a salvo hasta su muerte. Y todos ellos ya tenían una edad más que avanzada cuando la juez argentina solicitó su extradición.

Esa parte esencial del pacto quedó oficializada en la Ley de Amnistía de 1977. La consecuencia inmediata fue la excarcelación de los presos políticos, incluso de los que penaban por delitos de sangre, y la salida a la luz pública desde la semiclandestinidad de los dirigentes políticos que protagonizarían la vida parlamentaria de la Transición. No obstante, el objetivo real de aquella Ley de Amnistía era que ningún juez español tuviera la «ocurrencia» de intentar perseguir los crímenes del franquismo. El establishment, la élite, lo que ahora algunos denominan la «casta», atribuye precisamente a la Ley de Amnistía otra de las falacias que forman parte de la leyenda de la Transición, la supuesta ausencia de violencia durante el proceso de transformación de la dictadura franquista en una democracia parlamentaria: «Entre la muerte de Franco y el primer episodio de alternancia democrática en el poder en octubre de 1982, en España perdieron la vida más de 700 personas como consecuencia de las actividades de grupos armados y de las Fuerzas de Seguridad del Estado».²

Entre los mitos que los reformistas franquistas impusieron en la verdad oficial de la Transición destaca la idea de que el papel de España durante la Segunda Guerra Mundial fue completamente irrelevante. Ese triste balance es, a primera vista, el de la aportación de España a la escena política internacional durante el siglo pasado. A pesar de su posición geoestratégica en Europa, en general se asume que, aunque en la actualidad la española es la octava economía mundial, durante el siglo pasado la Guerra Civil, la «neutralidad»³ que adoptó en la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, el aislamiento que sufrió España mientras estuvo sometida al régimen dictatorial del general Franco (entre 1939 y 1975) impidieron que su participación en la configuración del orden mundial fuera, en el mejor de los casos, marginal. Hoy sabemos, sin embargo, que la verdad oficial difundida en su momento por las grandes potencias sobre los episodios políticos o militares del siglo pasado distaba mucho de la realidad. La caída de la antigua Unión Soviética y la desclasificación continua de documentos de los servicios de inteligencia occidentales, en especial los estadounidenses y los británicos, demuestran hasta qué punto se manipularon los relatos históricos. España fue un valioso aliado de las fuerzas del Eje germano-italiano. Durante el conflicto, Franco puso al servicio de la Alemania nazi y de la Italia fascista tantas infraestructuras como se le solicitaron, desde bases de submarinos en el Atlántico hasta tropas para la campaña de Rusia, pasando por facilitar a los nazis que se hicieran con tanto wolframio como pudieron acumular en territorio español. Era en justa correspondencia por los bombardeos realizados por la Luftwaffe en Guernica o los de la aviación italiana sobre Barcelona. Si España no entró en la Segunda Guerra Mundial fue por el desdén que le demostró Hitler en su encuentro en Hendaya el 22 de junio de 1940 al rechazar la denominada Operación Félix, que consistía en permitir a los alemanes cruzar la península para que tomaran Gibraltar. A medida que resultaba evidente que el Eje se dirigía a la derrota, Franco cambió la posición de España en el conflicto de «no beligerante» a «neutral». A ello contribuyó de manera decisiva la «operación de soborno» a los generales españoles «incluyendo millones en fondos británicos secretos» para la jerarquía militar de Franco, «ingresados en la Swiss Bank Corporation de Nueva York».⁴

El siglo XX alumbró una criatura política siniestra y devastadora que sometió a la humanidad a formas de sufrimiento y destrucción sin precedentes: el totalitarismo. En su versión socialista, gobernó en la Unión Soviética y sus países de influencia del este de Europa prácticamente hasta 1991. Su otra cara, el fascismo, se extendió por Europa entre las dos guerras mundiales y asoló la mayor parte del continente.

ABDICACIÓN TRAS IGUALAR A FRANCO

El 18 de junio de 2014, Juan Carlos de Borbón abdicó como jefe del Estado español tras 39 años en el cargo, los mismos que su predecesor, el general Francisco Franco, autoproclamado generalísimo y caudillo de España en 1936 tras el golpe de Estado fallido que dio lugar a la Guerra Civil. Franco fue responsable de la elección y del nombramiento de su sucesor en la jefatura del Estado. El actual monarca, Felipe VI, fue proclamado sin que el pueblo español participara en el proceso, a pesar de que la institución de la monarquía fue decidida durante la dictadura. El relevo se produjo en plena emergencia de nuevas formaciones políticas creadas ante la esclerosis de las tradicionales y ante la creciente capacidad de movilización de la sociedad civil, que ha visto como la corrupción llegaba a la Corona y ponía en evidencia tanto el funcionamiento como la utilidad de la institución.

El rey Juan Carlos fue proclamado tan solo dos días después del fallecimiento oficial del general Franco, tal como había previsto su mentor 28 años antes, en la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. El 22 de julio de 1969, Franco había designado a Juan Carlos de Borbón (saltándose el orden sucesorio natural que correspondía a su padre, Juan de Borbón, gracias a la ley de sucesión que otorgaba a Franco, y solo a él, la potestad de nombrar al monarca del reino) como su sucesor a la jefatura del Estado, con el título de «príncipe de España». Así fue proclamado por las Cortes como sucesor de Franco el 22 de julio de 1969, cuando Juan Carlos juró fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino. El joven príncipe juraba así fidelidad al dictador, y sería un silente protagonista de los avatares políticos hasta que llegó su hora. Muerto el dictador, asumió la jefatura del Estado y, a su manera, propició que los franquistas reformistas y los demócratas pactaran la sustitución de las instituciones franquistas por una democracia de corte europeo occidental. Juan Carlos aprovechó su largo reinado para rodearse de una camarilla propia, la que a su vera hizo pingües negocios a los que el monarca no era nada extraño. Era el «valor» del sacrificio, pasado y presente. Estos fueron los amigos con los que surcó el Mediterráneo a bordo del yate Fortuna. Pero las cacerías y el paso de los años precipitaron el final. Juan Carlos I ha sido el primer Borbón que ha abdicado y se ha mantenido la monarquía bajo la misma estirpe.

España fue, así, el último sistema totalitario en territorio europeo en dar el paso, y el único en ver como el dictador se mantenía en el cargo hasta su muerte. Portugal logró acabar con la dictadura en 1974 por medio de la Revolución de los claveles —aunque el dictador portugués António de Oliverira Salazar⁵ quedó incapacitado en 1968 y falleció en 1970, el régimen se mantuvo hasta 1974 bajo el mando de Marcelo Caetano—⁶ y Grecia en julio de ese mismo año, cuando el régimen de los coroneles dejó paso a un régimen democrático tras optar en referéndum por instaurar una república.

Franco, a su pesar, lo había dejado todo «atado y bien atado». No está del todo claro cuál era el camino indicado por Franco, especialmente tras el asesinato por ETA Político-Militar, el 20 de diciembre de 1973, del entonces presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco.⁷ Aquella muerte trastocó los planes del dictador, aunque él solo lo sobrevivió menos de dos años.

La Transición, pensada y ejecutada por los reformistas del régimen, con la oposición de la «caverna», fue posible gracias a las renuncias de la oposición democrática. A cambio de una amnistía para todos los presos políticos del franquismo, los demócratas cerraban los ojos y se olvidaban de pasar cuentas con los colaboradores de la dictadura. Desde los jerarcas del Movimiento hasta jueces y fiscales que aplicaban con ligereza la pena de muerte o que enviaban a la cárcel a los demócratas. Desde agentes del orden público que disparaban y mataban a manifestantes hasta empresarios que se aprovechaban de sus «contactos» con la administración. Todos ellos fueron exonerados, y muchos de ellos se convirtieron de la noche a la mañana en «demócratas de toda la vida». Aquella reforma política fue posible porque el establishment franquista —la casta, formada por los poderes económicos, fuertemente influidos por el Opus Dei, pero también por la alta administración— lo permitió. Con el paso de los años, poderes en la sombra, como el ejército, fueron democratizados subyugándolos al poder civil. No pasó así con otros: la Justicia (jueces y fiscales) y la alta administración del Estado (abogados del Estado, registradores de la propiedad, notarios, técnicos, etc.) son los mismos. Bien, los mismos no, pues han sido sus hijos y familiares directos los que han ocupado los puestos de sus padres, como pasa en las sociedades de castas, en las que es casi imposible entrar a formar parte de una casta superior. Y esto teniendo en cuenta que en la España de la Transición el PSOE ha gobernado durante 21 de esos 37 años.⁸

Estas élites han seguido mandando en España a pesar de la democratización de muchos de sus poderes. Muchos apellidos que durante la larga noche del franquismo ostentaron el poder en España y se aprovecharon de las ventajas de la dictadura siguen, hoy en día, siendo los que realmente mandan. Así, podemos recordar apellidos como los Botín, que incluso ha dado nombre a una polémica sentencia que el Tribunal Supremo dictó en plena democracia y bajo un gobierno de izquierdas, una sentencia en su favor que ya es conocida como «doctrina Botín». Una larga dictadura como la del general Franco no hubiera sido posible sin el beneplácito del poder financiero. Durante el franquismo, se estableció lo que se conoció como «los siete grandes», que eran los siete grandes bancos.⁹ Lo que decidían estos, fuertemente penetrados por la élite franquista y del Opus Dei, era más importante que cualquier decisión política. Quien mandaba en España en materia de política económica era el sanedrín que formaban estos siete bancos. Pero con la democracia, y durante los años de Felipe González en la Moncloa, el Banco de España, con Mariano Rubio al frente, promovió una concentración bancaria. El Banco Vizcaya y el Banco Bilbao se fusionaron y, más tarde, absorbieron la banca pública Argentaria,¹⁰ que a su vez ya era el resultado de otra fusión. Primero se unieron el Banco Central con el Hispano Americano y se creó el Banco Central Hispanoamericano, que quedó finalmente en manos del Banco Santander, el cual también terminó quedándose con Banesto tras su quiebra y posterior reflotamiento por las arcas públicas. Si hay unos ganadores en todo este proceso, esos han sido el Banco Santander y la familia Botín. Ahora es el primer banco español y uno de los más importantes de Europa.

Pero no solo el poder financiero estaba de acuerdo con la Transición, a la que controló desde el primer momento. Las élites empresariales también permanecían vigilantes. Los holdings bancarios mantenían una fuerte presencia industrial y, además, estaba el viejo Instituto Nacional de Industria, desmantelado durante los años de la democracia y que sirvió de paraguas para recolocar a numerosos políticos apeados de su cargo, o bien a amigos de pupitre de presidentes. Con estos empresarios también florecieron los que podríamos llamar «magnates y conseguidores», personajes con currículos más que dudosos elevados por el poder a la condición de «empresarios modelo» y protagonistas de escándalos que los llevarían a la cárcel tras el desfalco de millones y millones.

La joven democracia tuvo que aprender rápidamente. Pero el poso de cuarenta años de dictadura en las mentes sirvieron para mantener el mismo tipo de relación entre los administradores y los administrados, entre la élite funcionarial y la ciudadanía. Y los partidos políticos pronto aprendieron que se necesita mucho dinero para funcionar diariamente. Y que las campañas electorales cuestan mucho dinero. Todos los partidos buscaron una financiación «extra» a través de diferentes fórmulas: el caso Filesa (PSOE), el caso casinos (CDC), el caso Naseiro-Bárcenas-Gürtel (PP), el caso Palau (CDC), el caso Trabajo (UDC)...

Pero no solo los partidos tuvieron que buscar la financiación más allá de las cuotas de los afiliados. Las patronales y los sindicatos también han sido actores

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