Presentación

Se cumplen cincuenta años de la muerte del dictador Franco y, asimismo, medio siglo del primer atentado del Batallón Vasco Español (BVE) en el sur de Francia, y casi cuarenta de la última acción «oficial» de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) contra ETA. Las siglas —BVE y GAL— son distintas, pero llevan el mismo collar: el terrorismo de Estado. Los comandos ultraderechistas actuaron entre 1975 y 1981 y los controlados por el Gobierno de Felipe González, entre 1983 y 1986.

La primera etapa de la guerra sucia del BVE contra ETA nació en junio de 1975 con Franco en la cama con párkinson y concluyó poco después del intento de golpe de Estado de 1981 con un Gobierno centrista. El segundo periodo echó a andar a mediados de 1983, poco después de la llegada de Felipe González a la Moncloa, y terminó en la primavera de 1986 tras la llegada de Chirac al palacio de Matignon como primer ministro del Gobierno francés.

En esa década de actividad paramilitar, los grupos de mercenarios llegaron a asesinar a 80 personas y perpetrar más de 150 atentados. Cientos de familias quedaron destrozadas como las que ETA desmembraba desde mediados de los sesenta.

Cuando me refiero, repetidamente, a guerra sucia de los GAL no pretendo hacer ninguna discriminación o diferencia con los atentados de ETA, que, además de guerra sucia, podrían calificarse de crímenes de lesa humanidad, como defendió la asociación Dignidad y Justicia ante las Naciones Unidas. La banda terrorista vasca inició con el asesinato del guardia civil José Antonio Pardines, el 7 de junio de 1968, su genocidio hacia el pueblo español, ya fuera civil, miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado o militar, por el simple hecho de no pensar como ella o compartir sus postulados.

El saldo final de 853 muertos[1] y los más de 2.500 heridos reflejan el terror que sufrió España en los cuarenta y dos años de guerra sucia de ETA hasta el asesinato de un gendarme francés cerca de París en 2010. Macabramente, los años con más sangre y dolor fueron los del inicio de la democracia, después de las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 y la aprobación de la Constitución un año después. Solo en el trienio 78-80, la organización criminal asesinó a 244 personas y secuestró a 39. Algo nunca sucedido en un país democrático de Occidente.

El genocidio de ETA se plasmó, principalmente, en el propio pueblo vasco, al asesinar a 575 personas. Al margen de Guipúzcoa (319) y Vizcaya (211), que fueron las provincias más castigadas, destacan Madrid con 123 muertos y Barcelona con 53.

Mientras los escuadrones parapoliciales del BVE y los GAL actuaban en territorio francés, la banda terrorista vasca llegó a asesinar en España a cerca de 500 personas, 420 muertos más que durante la guerra sucia. Un saldo parcial de sangre y terror nada comparable, pero que podría nublarnos la mente a la hora de hacer comparaciones y llevarnos a cometer errores, como sucedió con algunos de los fundadores de los GAL. Estos no dudaron en justificar la ley del Talión, del ojo por ojo, y en afirmar que era difícil entender los momentos de violencia por parte de ETA que se vivían en aquellos años sin buscar una respuesta del mismo signo. El número dos de Interior, Rafael Vera, llegó a sentenciar: «Los que mataban eran ellos, nosotros nos defendíamos».

En esa escalada de terror fruto de la estrategia etarra de acción-reacción-acción, que también se aplicó en los crímenes de Estado, nos equivocaríamos si calibráramos la magnitud del terror solo por el número de muertos. Es cierto que el saldo de los abatidos por ETA es abrumador, pero nunca podría servir de exculpación o justificación a las acciones propiciadas y pagadas por un Gobierno democrático. Esos crímenes también deberían ostentar la calificación de lesa humanidad.

La finalidad de un terrorista es matar y provocar el terror. La misión de un Estado de derecho es poner medidas coercitivas, dentro de la ley, para que eso no ocurra. Si los gobiernos cruzan esa línea roja, las sociedades democráticas se convierten en una jungla de sangre y odio.

Es cierto que Francia consentía que ETA disfrutara de un santuario de impunidad en su territorio donde los terroristas se cobijaban y paseaban libremente por las calles de San Juan de Luz o Biarritz sin ser molestados mientras no fueran armados...

Es cierto que los comandos etarras mataban en España y, cuando sus integrantes eran identificados, cruzaban la frontera y se escondían en territorio galo sin que las autoridades francesas aprobaran sus expulsiones o extradiciones...

Es cierto que París se negó a entregar a los asesinos de Carrero Blanco tras ser identificados con pruebas contundentes...

Es cierto que, tras la Ley de Amnistía de 1977, los etarras perdonados siguieron actuando desde Francia y nunca fueron detenidos...

Es cierto que dirigentes de la banda con más de diez muertos a sus espaldas vivían plácidamente en el País Vasco francés mientras los familiares de las víctimas se retorcían de dolor en España...

Es cierto que la estrategia de la tensión en territorio galo por medio de los comandos de mercenarios provocó el cambio de actitud de las autoridades francesas...

Y así un sinfín de valoraciones para buscar una justificación a las acciones paraterroristas de los cazaetarras. Sin embargo, el terror por el terror nunca ha supuesto una solución para resolver los estragos de las organizaciones terroristas. Incluso entorpecieron algunas de las acciones legales de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como se destaca en los documentos confidenciales de los servicios secretos que desvelo en el libro.

Tanto los policías como los guardias civiles serios y profesionales, en su inmensa mayoría, nunca justificaron las acciones de los GAL. Para ellos la única fórmula para acabar con las alimañas de ETA era la información policial y la eficacia de los tribunales. Tal cual me lo confesaron. Y esa afirmación tuvo después su valía porque ETA desapareció en parte por las investigaciones y actuaciones de las unidades de información y antiterroristas de la Policía y la Guardia Civil, ayudadas por sus colegas franceses y después por las sentencias judiciales.

Los gobiernos democráticos, sus dirigentes y sus funcionarios que se enfrascaron con el BVE y los GAL conocían a lo que se arriesgaban y también sabían que, si eran descubiertos, acabarían en la cárcel. Para analizar la conveniencia o no de la guerra sucia para luchar contra una banda terrorista, la solución más sencilla es la de la legalidad y el Estado de derecho. Las otras dos —la moral y la política— pasarían por un desajuste de subjetividad o de militancia partidista.

En el aspecto moral o político es cierto que un sector de la sociedad española justificó las acciones de los GAL, incluso los resultados de las encuestas aportaban unos porcentajes elevados a favor de la guerra sucia contra ETA. Esos ciudadanos eran libres de pronunciarse como partidarios de la ley del Talión o de poner por encima de lo moral —en defensa de la vida— su afiliación política defendiendo a los gobiernos posfranquistas, centristas o socialistas, u otros principios morales.

Sin embargo, los defensores del crimen de Estado nunca podrían pretender que los jueces y fiscales del sistema judicial español se pusieran de perfil y no investigaran las causas judiciales por asesinato y terrorismo, como lo hacían con ETA, con los GRAPO o con los grupos neofascistas. El Poder Ejecutivo en ningún momento podía exigir a los tribunales patente de corso para tapar los 27 asesinatos de los GAL.

Como nadie asumió su error y los señalados y sospechosos detentaban el poder de la nación, pusieron en marcha la maquinaria contra otros políticos, fiscales, jueces y periodistas. Ahí empezó lo que yo denomino la tercera fase de la guerra sucia: la conspiración contra los buenos. La Moncloa puso en marcha la maquinaria de la destrucción —hoy día han impuesto el término «fango»— y echó mano de todos sus medios para perseguir y desacreditar a quienes investigábamos el crimen de Estado. Pero, como en otros casos de corrupción, el Poder Ejecutivo no pudo con los otros poderes, el Legislativo y el Judicial y, por qué no, el cuarto poder.

No se trata de una paranoia conspiranoica, sino que existe documentación suficiente de los servicios secretos y de otros departamentos de la Seguridad del Estado para demostrar cómo el Gobierno espió e intentó desacreditar a un grupo de periodistas y jueces con falsedades y montajes. En algunas situaciones superaron a los métodos estalinistas con sus demoledores Kompromat (material comprometedor) y su uso torticero. Basta recordar dos casos: el informe Veritas contra Baltasar Garzón y la manipulación del vídeo sexual contra el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. Pero todo ello daría para otro libro.[2]

La obra que tienen en sus manos también podría haberse titulado «El Estado de desecho», una expresión que acuñó el expresidente del Gobierno Felipe González en los pasillos del Congreso en junio de 1988 para defenderse de las críticas sobre el desvío de fondos reservados para la financiación de los GAL. El dirigente socialista usaba esa expresión como parte de su brillante repertorio oratorio para justificar su negativa a desvelar dónde había ido a parar una partida de dinero de las arcas públicas. González se aferraba a un juego de palabras —«Estado de derecho» y «Estado de desecho»— para hacer ver que él no podía transgredir una serie de leyes para no acabar en ese «desecho». La trampa al solitario le salía mal: la opinión pública se quedaba con el mensaje de que los GAL sí habían convertido el «Estado de derecho» en un «desecho» antidemocrático.

Los grupos parapoliciales con más de 50 muertos en su primera fase y con 27 asesinatos en la segunda vulneraron los derechos humanos y perpetraron crímenes de lesa humanidad. Y no solo contra otros terroristas, sino también contra ciudadanos indefensos que nada tenían que ver con ETA. Lo más sorprendente era que la máquina de la muerte no cesó cuando se produjo el primer error de los objetivos a abatir. Para algunos de sus responsables, como luego se demostró judicialmente, se había convertido en un negocio más que en una razón de Estado. La riqueza se anteponía al derecho a la vida. Hasta el asesinato del joven insumiso vasco Juan Carlos García Goena, en julio de 1987, los mercenarios de los GAL asesinaron a nueve personas ajenas a la banda terrorista.

La versión idílica y pastoril de que la razón de los GAL era la supervivencia —«O ellos o nosotros», en plan escena de dos pistoleros en un filme de cowboys— era toda una superpatraña. Podría tener su consistencia vengativa después de las muertes del capitán de Farmacia Martín Barrios, a finales de 1983, o del dirigente socialista Enrique Casas, a comienzos de 1984, pero en 1987, dos años después, en los últimos estertores de la guerra sucia, ya no colaba. Los propios intermediarios de los GAL, con quienes me he entrevistado en multitud de ocasiones para realizar mi trabajo, reconocen que en una fase de la guerra sucia los atentados se perpetraban indiscriminadamente. No se realizaba la preselección de los objetivos y las acciones carecían del componente de la venganza. Tampoco se practicaba una estrategia diseñada y coordinada. Respondía a una dinámica de matar por matar para golpear a ETA, presionar a las autoridades francesas y desestabilizar el País Vasco francés.

En el prólogo del libro El origen del GAL, el más grande de los grandes, Manuel Vázquez Montalbán, todo un referente para cualquier periodista o escritor, afirmaba: «El caso de los GAL gravita sobre la democracia española y no dejará de hacerlo hasta que se ultimen los encausamientos y procesamientos. Mientras tanto, el nuevo Gobierno [se refería al de José María Aznar], afectado por la psicopatología de la razón de Estado, ni oscurece ni aclara, en nombre de la Teología de la Seguridad. Junto a los responsables políticos de los GAL y sus agentes, y a la sombra de un Gobierno éticamente secuestrado por las razones de Estado, se alinea una confusa tropa formada por paniaguados del antiguo y nuevo poder, tramas implícitas de políticos distorsionadores, periodistas sectarios o simplemente tan enemigos de Garzón y sus maneras que prefieren condenar al juez que a los torturadores y asesinos de los GAL».

La razón de Estado ha impedido que, definitivamente, se alcance una catarsis para cerrar la herida de uno de los más abyectos escándalos de la democracia española. Y en ese desliz han participado todos los presidentes: Aznar, Zapatero, Rajoy y, cómo no, también Sánchez. El último inquilino de la Moncloa no ha movido un dedo ni un legajo para esclarecer la trastienda de la guerra sucia, quizá porque le molestaba para el blanqueamiento de los herederos de ETA.

Como no me canso en recordar siempre que puedo, la historia de un país no puede escribirse con borrones, renglones torcidos o folios en blanco. En el caso de los diez años de la guerra sucia, que arrancó hace cincuenta, se necesita una catarsis para que los familiares de las víctimas, sean de ETA, del círculo de los refugiados vascos o de vascofranceses que se hallaban en el lugar y en la hora equivocada cuando actuaban los grupos paramilitares, lleguen a conocer la verdad. Todavía quedan decenas de atentados sin sus autores en el banquillo o en la cárcel y más de un centenar de víctimas —entre heridos y fallecidos— que desconocen los nombres de sus verdugos. Ya no es una cuestión de justicia, sino de humanidad y del derecho de las víctimas a su memoria.

Este libro es el fruto del trabajo y la experiencia personal de su autor, que inició su carrera periodística en el diario Información de Alicante hace cincuenta años, los mismos que ha cumplido la guerra sucia. Curiosamente, la primera noticia que redacté como becario estaba relacionada con el terrorismo de ETA: una gacetilla sobre el homenaje a un cabo primero de la Policía Armada que había sido asesinado por un comando de la banda en un atraco a una sucursal bancaria de Barcelona.

Con los años, esa misma acción se cruzó en mi vida profesional durante mi investigación sobre el libro de Lobo, un topo en las entrañas de ETA. El autor del asesinato del subinspector, según la sentencia de un tribunal militar, había sido el etarra nacido en Extremadura, Jon Paredes Manot, que luego fue fusilado. «Txiki», como se le conocía en la banda, fue detenido junto a Pérez Beotegui, «Wilson», en la Ciudad Condal, durante el desarrollo de la Operación Lobo, propiciada por el infiltrado Mikel Lejarza.

Durante todo ese tiempo de mi actividad periodística he tenido la oportunidad de entrevistarme con personajes de la guerra sucia y de la lucha antiterrorista relacionados tanto con el BVE como con los GAL. Les puedo asegurar que la lista es interminable y que, por tanto, la información que desvelo en este libro procede no solo de documentos, sino de protagonistas que vivieron directamente los hechos. Es un guiño para los historiadores que menosprecian a los periodistas. En el argot policial, esas fuentes podrían ser calificadas de «pata negra» y en los círculos de los servicios secretos, de «A1». Eran las expresiones que usaban sus profesionales cuando querían resaltar el valor de una confidencia.

Comencé en Interviú entrevistando en 1985 —cuando los GAL seguían en activo— en la cárcel a dos traficantes que habían facilitado armas a los grupos antiterroristas: Ludo Dionis y El Francés; un año más tarde, al sargento José Luis Cervero, que destapaba los entresijos de la guerra sucia contra ETA y denunciaba a sus superiores con nombres y apellidos, y, finalmente, a otro guardia que había estado destinado en San Sebastián bajo las órdenes del entonces teniente coronel Rodríguez Galindo. Velázquez Soriano, como se llamaba (falleció en 2024), destapaba toda la estructura de los aguerridos agentes de la Comandancia de San Sebastián. Sus datos fueron después corroborados por las investigaciones judiciales que llevaron a la cárcel al superjefe Galindo y a otros compañeros.

Para desmontar las declaraciones de Velázquez Soriano, Rodríguez Galindo acudió a la célebre frase de Confucio: «Señalas con un dedo la rama de un árbol y el necio se limita a mirar la mano». Galindo se escudó en que la publicación había alquilado un traje de guardia civil para hacer las fotos: «En la segunda quincena de julio cedieron un uniforme de la Guardia Civil de los años sesenta a la revista». En lugar de desacreditarnos, Galindo nos echaba una mano para demostrar la diligencia periodística. Si los artículos fueron publicados en Interviú en octubre de 1986, la fecha del alquiler del traje demostraba que los periodistas habían dedicado más de tres meses a las investigaciones sobre las revelaciones de Soriano con diversos viajes al País Vasco. No se habían limitado a transcribir sus declaraciones y depositarlas ante un notario.

Otros elementos que utilizó el teniente coronel para echar por tierra las denuncias de la revista sobre Intxaurrondo fueron: que el guardia había contraído deudas, que había declarado por dinero y que había visitado previamente la Biblioteca Nacional para consultar ejemplares del diario vasco Egin. Señalaba que Interviú le había pagado para que contara mentiras y que el guardia se retractó tras ser detenido por compañeros del Cuerpo.

Efectivamente, la revista le entregó al guardia una cantidad de dinero porque estuvo más de dos meses trabajando con sus redactores, codo con codo, hospedado en un hotel, y porque después de sus declaraciones se vería obligado a desaparecer durante una temporada y necesitaba ayuda para subsistir.

Pero Galindo se callaba en sus memorias varias cosas: que la revista nunca buscó la opacidad en la entrega del importe y pagó por medio de un talón a sabiendas de que dejaría un rastro; que el guardia firmó la transcripción de sus declaraciones ante notario porque sospechábamos que iba a suceder lo que luego ocurrió; que los periodistas fueron comprobando uno tras otro los hechos desvelados por el denunciante y no se limitaron a reproducir sus palabras sin una verificación previa con las personas que él mencionaba; que el exagente de Intxaurrondo acabó en urgencias de un hospital de Madrid tras un duro interrogatorio por parte de los agentes de la Unidad de Contrainteligencia con sede en la madrileña calle Vallehermoso; y que las revelaciones eran una profecía de lo que años después se constataría judicialmente sobre el papel de Intxaurrondo en la guerra sucia contra ETA.

Galindo no podía vanagloriarse de sus palabras en sus memorias escritas en 2006 porque ya había sido condenado por el secuestro y muerte de los etarras Lasa y Zabala. Los periodistas nos habíamos adelantado en el tiempo y anticipado lo que más tarde corroboraría la Justicia y las investigaciones policiales. En periodismo a eso se le llama pisotón informativo o exclusiva. Ese éxito profesional siempre conlleva un precio a pagar porque uno se convierte en el precursor de las investigaciones criminales. Gran parte de lo que denunciaba el guardia civil en Interviú, al margen de los argumentos saduceos de Galindo, fue rubricado por jueces españoles y franceses como Garzón, Gómez de Liaño, Seys, Riberolles o Cavalerie.

También tuve la oportunidad de conocer a Sánchez Pajares, el primer empresario que por razones ideológicas colaboró con la Guardia Civil y los servicios secretos en la primera etapa de la guerra sucia del BVE. El delegado de Play Boy para España financió y contrató a los primeros sicarios que intentaron asesinar a José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, «Josu Ternera», en la primera acción de un grupo paramilitar en 1975. En el libro desvelo el contenido de sus memorias que me confió a comienzos de los ochenta y que ven la luz por primera vez. Les aseguro que se trata de una crónica negra de los primeros años de los crímenes de Estado.

En el libro también reproduzco nuevos documentos secretos del Centro Superior de Información de Defensa (CESID) y de la CIA sobre los GAL. En ellos se demuestra que los servicios secretos ayudaban a su Gobierno a incubar el huevo de la serpiente de los GAL y que la CIA ya señalaba en 1984 al Ejecutivo de González de ser el responsable de los grupos parapoliciales.

Si se da por entendido que una de las pretensiones de la política antiterrorista del Ministerio del Interior, a través de las armas de los GAL, era trasladar al seno de ETA el miedo, ese propósito nunca cristalizó. Es lo que algunos teóricos denominan la «coerción psicológica», a fin de que la banda negociara con el Gobierno y depusiera las armas.

Los terroristas siguieron matando —poniendo muertos en la mesa— y colocando artefactos explosivos en España hasta su último atentado con muertos en Palma de Mallorca. El 30 de julio de 2009 puso una bomba lapa en un automóvil provocando la muerte a dos guardias civiles. Sin embargo, la última víctima mortal se produjo en Francia un año más tarde. El 16 de marzo, tres etarras que atracaban un concesionario de coches asesinaron a un gendarme francés. Era la primera vez que ETA asesinaba a un policía galo.

El 10 de enero de 2011, la banda emitía un comunicado en el que se comprometía a aplicar «un alto el fuego, permanente, general y verificable». La presión de las Fuerzas de Seguridad y de los jueces franceses había sido determinante para que los etarras se vieran acorralados y depusieran las armas. Fue una derrota como resultado de la colaboración francesa y de los agentes antiterroristas (Policía, Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia o CNI).

Altos cargos de la Seguridad del Estado siempre me han comentado que los GAL nunca habrían existido si Francia hubiera colaborado con España en los años ochenta como hizo una década más tarde. Por tanto, la frase de Bandrés de que «los GAL fueron una provocación para que hubiera más ETA» es una verdadera boutade de una cabeza tan privilegiada como era la del dirigente de Euskadiko Ezkerra.

La estrategia copiada a ETA durante los años de guerra sucia de «acción-reacción-acción» solo tuvo un interés coyuntural condensado en diez años cuando el terror de la banda permaneció más de cincuenta. A ningún gobierno de UCD, PSOE o PP jamás le interesó que «hubiera más ETA»; todo lo contrario. Sabían que la organización terrorista era la carcoma de la estabilidad democrática en España, como sucedió con el 23-F. Basta repasar el programa electoral del PSOE de las elecciones de 1982 para entender esa preocupación.

Tras el franquismo, los gobiernos centristas de Suárez combatieron a ETA con todas sus fuerzas, pero con lo que tenían a mano: pocos medios, bajo nivel profesional y todavía con el aliento putrefacto de la dictadura. Aquello no se podía comparar con la España moderna de mediados de los ochenta y mucho menos con la de la Expo de Sevilla, los Juegos de Barcelona 92 o el ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE).

EL OFICIO MÁS ANTIGUO DEL MUNDO

El crimen de Estado o la guerra sucia, como queramos llamarlo, es una de las prácticas de violencia institucional que se remonta hasta las primeras civilizaciones de la humanidad. El oficio de sicario o de mercenario es uno de los más antiguos del mundo. Su práctica habría que circunscribirla con más pasión en los años de la República u otros periodos dictatoriales de la Roma clásica. Los césares y dictadores usaban sus grupos paramilitares para acabar con sus enemigos de una manera cruel y anónima. En lugar de mercenarios al mejor postor, como hacían los GAL, quienes protagonizaban ese papel eran los Collegium territoriales de la capital del Imperio. Se distribuían por barrios y funcionaban como más tarde aprendió y se organizó la mafia italiana.

Los Collegium actuaban para controlar y defender sus zonas con una violencia inusitada, destruyendo y asesinando a los enemigos. La mayoría de las veces seguían la orden del tribuno o césar de turno. Eran organizaciones criminales que defendían su territorio, conocidos como rione —los distritos de la ciudad—, de donde procede la palabra española «región».

En el siglo XX, las operaciones de guerra sucia fueron aplicadas por los dictadores militares de algunas de las repúblicas del Cono Sur americano entre 1974 y 1975. Su cerebro fue el general chileno Manuel Contreras. En el plan, que se aplicó a escala internacional, participaron Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Su objetivo era exterminar a todo aquel político o activista que se opusiera a las consignas del régimen militar, y para ello no existían fronteras nacionales. Los países conjurados crearon una especie de Internacional del Crimen que no conocía límites fronterizos.

Los sicarios de los dictadores actuaban tanto en América como en Europa: el general chileno Carlos Prats y su esposa fueron asesinados en Buenos Aires (septiembre de 1974); el exvicepresidente de Eduardo Frei y líder de la Democracia Cristiana en el exilio, Bernardo Leighton, y su esposa, Ana Fresno, fueron ametrallados y resultaron gravemente heridos en un atentado en Roma (octubre de 1975), y el exministro de Exteriores y Defensa de Allende, Orlando Letelier, y su secretaria murieron en Washington en un atentado con coche bomba (septiembre de 1976).

En el atentado de Letelier participó el ciudadano norteamericano Michael Townley, que era agente de los servicios secretos de la DINA chilena. Fue detenido y condenado tras reconocer los hechos y confesar que recibió las órdenes de forma directa del general Contreras. Durante la investigación en Estados Unidos se encontró correspondencia de Townley con su contacto en la DINA chilena. Estos mensajes descubrieron que el norteamericano tenía hilo directo con el neofascista italiano Stefano Delle Chiaie, a cuyo grupo, Avanguardia Nazionale, le encargó el atentado contra Leighton en Roma. Delle Chiaie se había convertido en un enlace entre los servicios secretos italianos y sus homónimos de las dictaduras del Cono Sur. Después recibió refugio en Chile entre 1977 y 1978.[3]

En el libro también le dedico un apartado especial a Stefano Delle Chiaie y a sus sicarios neofascistas que encabezaron las acciones de guerra sucia de los años setenta en España. Aporto documentos inéditos de la Justicia italiana donde se constata el terrorismo transnacional. El líder de Avanguardia Nazionale, junto al francés Guérin-Sérac, organizó la Internacional Negra desde Madrid con otros dirigentes neofascistas de Francia e Italia.

Otro activista neofascista, Vincenzo Vinciguerra, que fue condenado en Italia a cadena perpetua por el asesinato de tres carabineros, declaró a los magistrados italianos que se había entrevistado en Madrid, a mediados de 1975, con el agente de la DINA chilena, Townley, para planear otro asesinato, el del secretario de los socialistas chilenos, Carlos Altamirano. El dirigente comunista chileno superó tres intentos de atentado contra su persona: en Madrid (1975), en Ciudad de México y en París.

La misma correspondencia de Townley demostraba también que Delle Chiaie se había entrevistado con Pinochet en Madrid cuando el general chileno se desplazó en noviembre de 1975 al entierro de Franco. El neofascista italiano importó a España la estrategia de la tensión que había provocado infinidad de estragos violentos en Italia. Su grupo se convirtió en los cazaetarras del BVF en el sur de Francia.

Estos antecedentes de las relaciones de Delle Chiaie justificaban el rumbo que tomó cuando abandonó España a finales de los años setenta. Su destino fue Bolivia, donde recib�

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