Agradecimientos

Debo hacer constar mi agradecimiento al gran número de personas que me han escrito sobre cuestiones relativas a la guerra civil desde que se publicó este libro por primera vez. Tanto ellas como todos aquellos con quienes he hablado desde entonces son demasiado numerosos para mencionar sus nombres, pero les estoy muy agradecido. También deseo dar las gracias a una serie de amigos que me han ayudado o aconsejado en alguna parte del libro, en particular a Paul Preston, por sus sugerencias sobre la revisión de los capítulos que se refieren a la República, y demás ayuda; al vicealmirante sir Peter Gretton, por sus consejos sobre el aspecto naval de la guerra; a Norman Cooper, por su ayuda en los capítulos referentes a la economía nacionalista; a la señora Jill Edwards, por su trabajo sobre la no-intervención y el papel del gobierno británico; al doctor Michael Alpert; y a Norman Jones, por sus sugerencias sobre Cataluña. Y finalmente debo agradecer a Ronald Fraser que tuviera la amabilidad de leer las pruebas de imprenta. He manifestado mi agradecimiento a otras personas en las notas a pie de página, en el lugar correspondiente. También quiero agradecer a W. H. Auden y a Faber & Faber que me permitieran citar su poema «Spain»; a Edgell Rickword, por idéntico motivo, con su poema «To the Wife of a Non-Intervention Statesman»; a A. L. Lloyd por su traducción al inglés de un poema de M. Hernández; a Librairie Gallimard por autorizarme a citar parte de «Aux Martyrs Espagnols» de Claudel; y finalmente a C. Day-Lewis y Bodley Head por permitirme reproducir parcialmente su poema «Na barra».

Siglas de algunos grupos y partidos políticos

CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) — Partido católico

CNT (Confederación Nacional del Trabajo) — Sindicato anarcosindicalista

FAI (Federación Anarquista Ibérica) — Vanguardia doctrinal anarquista

FIJL (Federación Ibérica de Juventudes Libertarias) — Juventudes anarquistas

JAP (Juventudes de Acción Popular) — Movimiento juvenil de Acción Católica

JCI (Juventud Comunista Ibérica) — Juventudes del POUM

JONS (Juntas de Ofensiva Nacional- Sindicalista) — Fascistas

JSU (Juventudes Socialistas Unificadas)

POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) — Comunistas revolucionarios (es decir, anti-stalinistas).

PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña) — Comunistas Catalanes

UGT (Unión General de Trabajadores) — Sindicato socialista

UME (Unión Militar Española) — Grupo de militares de derechas

UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista) — Grupo de militares opuestos a la UME

Abreviaturas empleadas en las notas

CAB Notas del gabinete británico (inéditas, en el Public Record Office) con las referencias pertinentes FD Documentos de política exterior francesa, 2.ª serie, 1936-1939, del tomo III en adelante FO Foreign Office, aludiendo a los documentos inéditos del Public Record Office GD Documentos alemanes de política exterior, serie D, vol. III, a menos que se especifique otra cosa NIC Documentos del subcomité de no-intervención NIS Documentos comité de no-intervención USD Volúmenes 1936-1939 de política exterior de Estados Unidos

Prólogo

Este libro fue publicado por primera vez en Inglaterra en abril de 1961. En aquellos momentos no se había escrito ningún estudio histórico general sobre la guerra civil y sus orígenes, si exceptuamos las obras, muy anteriores, de Salvador de Madariaga (la segunda mitad de su España, publicada en 1946) y de Julián Zugazagoitia (Historia de la guerra de España, que vio la luz en 1940.) También había una serie de historias militares escritas en su mayoría poco después del final de la guerra civil, como las de Manuel Aznar y Luis María de Lojendio.

A finales de los años 50, la idea de escribir una historia general de la guerra desde un punto de vista histórico se les había ocurrido a varias personas además de a mí: al cabo de un mes de la publicación de la mía, apareció otra historia general escrita por dos franceses, Fierre Broué y Émile Témime. También se habían publicado ya para entonces una o dos monografías, como los dos libros del profesor Cattell sobre el comunismo y la política rusa, y el estudio un tanto inquisitorial de Burnett Bolloten sobre la actuación comunista, publicado al mismo tiempo que mi libro. Así, pues, en el extranjero «necesitaban» una historia de la guerra civil, al decir de los editores. Parecía que se habían enfriado las pasiones entre los que habían luchado o simpatizado con uno u otro bando. Al mismo tiempo, ya podía encontrarse mucho material disponible relacionado con la guerra civil que, en su mayor parte, no había sido aprove­chado.

En cuanto a la propia España, la guerra civil parecía muerta tanto histórica como políticamente. Ahora hay que hacer un esfuerzo de imaginación para recordar la atmósfera intelectual de España a mediados o finales de los años 50. El pasado reciente era un tema tan prohibido como el del futuro inmediato. Quien intentara profundizar se exponía a tropezar con un clima de enemistad, silencio y sospecha. En aquellos momentos, yo creía que aquella reticencia era debida al temor, pero ahora me parece que se debía más a la conmoción o a la sorpresa por el hecho de que un gran país como España hubiera sufrido un conflicto tan destructivo como aquél; de que hubiera perdido tantos habitantes que habían tenido que emigrar; y de que, después de una historia moderna menos dura en muchos aspectos que la de sus vecinos europeos, hubiera experimentado durante tanto tiempo un régimen tan implacable como el del general Franco.

Al parecer, la historia de la guerra civil y sus consecuencias no era el único tema prohibido. Parecía como si hubiera caído un pesado telón sobre la historia española posterior al exilio del rey, en 1931; un telón doblemente impenetrable, porque era tanto de polvo como de hierro. El gobierno utilizaba el pasado; es cierto, pero sólo como parte de su propaganda.

Fui a España por primera vez en el invierno de 1955-1956. Entonces trabajaba en el Foreign Office británico, y estuve presente en Nueva York cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas admitió a España en la organización. Fui a España de vacaciones, leyendo El laberinto español, de Gerald Brenan, un libro brillante que para muchos ingleses ha servido de iniciación a la historia de la España moderna. De aquel viaje recuerdo dos o tres impresiones muy vividas. Voy a darme la satisfacción de recordarlas: un hombre que cantaba una canción sobre Manila en el andén de Irán mientras le limpiaban los zapatos; una encantadora pensión de Madrid, detrás de la calle de Fuencarral, que ahora ha sido demolida; y, la más fresca de todas, la maravillosa sensación de despertarme de repente en el tren y encontrarme en Andalucía, un nuevo mundo hermoso, encendido y caluroso. En aquellos momentos, consciente o inconscientemente, sin duda yo estaba buscando un tema sobre el cual escribir un estudio histórico, y sospecho que aquella repentina inundación de sol andaluz en un tren que pasaba al norte de Bobadilla debió de influir en mi decisión. En cualquier caso, recuerdo muy bien haber dicho a un amigo mío al volver: «¿Por qué nadie ha escrito una historia de la guerra civil española?» Y él me contestó: «¿Por qué no lo haces tú?»

Escribí el libro con la intención deliberada de ser imparcial. Consideraba (y considero) que el gobierno representativo es preferible al autoritarismo, tanto si es reaccionario como si es revolucionario, pero eso me daba un punto de partida razonable. Todo el mundo actúa según sus intereses: para un historiador, la sociedad buena es aquella en la que los historiadores pueden respirar a pleno pulmón y libremente.

Creo que en aquella época no albergaba ninguna esperanza de que mi libro fuera a aparecer en España, ni de que nadie quisiera publicarlo fuera de Inglaterra. Pero mis amigos de Ruedo Ibérico lo publicaron en París poco después de su aparición en inglés, y conservan sus derechos sobre la traducción española. Ahora, sin embargo, han cambiado muchas cosas, y me alegra pensar que esta nueva edición, totalmente revisada, va a publicarse y distribuirse en la propia España, aunque sólo sea por contribuir al debate sobre el pasado reciente que está teniendo lugar en el país y que puede ser una baza importante en la preparación del camino hacia un futuro seguro. Soy consciente de que mucha gente está decidida a olvidar la guerra civil, en un país donde mucho más de la mitad de la población nació después de 1939. A pesar de todo, sospecho que el pasado sólo podrá ser enterrado cuando se conozca claramente la verdad respecto al mismo. Por eso creo que la preocupación por la historia contemporánea en la España moderna tiene que ser terapéutica.

Esta edición es una revisión sustancial de la que apareció en 1961. Publiqué una edición ligeramente revisada en 1965, pero la presente ha sido parcialmente reescrita teniendo en cuenta la inmensa cantidad de material aparecido en fecha reciente, e incorporando además otras investigaciones y opiniones mías. También existe una cuestión de perspectiva: en 1960, era posible considerar al régimen del general Franco como algo aberrante, y pensar que el gobierno representativo (como el existente entre 1931 y 1936, y antes de 1923 con menos honestidad pero con más éxito) constituía, además de ser el ideal, la norma de la vida española moderna. Ahora, en cambio, cualquiera que sea el ideal, los cinco años de la República parecen una interrupción dentro de la tendencia general hacia el gobierno autoritario que empezó con el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. Además, en 1961 el momento era muy diferente al de ahora: entonces, en los comienzos de la era Kennedy, el mundo parecía inundado de optimismo: fue casi una segunda belle époque.No había razones para suponer que el desarrollo económico del mundo no fuera a continuar de manera indefinida, y se creía que los países avanzados, crecientemente ilustrados, prestarían cada vez más atención a las necesidades de los más pobres. La guerra fría había terminado. La guerra civil española parecía un hecho de un pasado remoto, negro y desgraciado que, por lo que se refiere al otro lado de los Pirineos, había sido enterrado con la crisis que dio lugar a la segunda guerra mundial.

Hoy en día, la problemática que llevó a la peor guerra civil de la Europa moderna se plantea en muchos países (no sólo «latinos»). El aumento del autoritarismo de izquierdas y de derechas; la falta de fe en la democracia; el choque de entusiasmos que degeneran en brutalidad; el impacto de la tecnología en un país mal preparado para ella; la relación entre guerra civil y crisis internacional... todas estas cosas resultan mucho más próximas a mayor número de gente ahora que en 1961. En cualquier caso, así son las cosas al norte de los Pirineos y al sur de Gibraltar.

Sólo en España, tal vez, la situación parece más prometedora en 1976 que en 1961. Sospecho que, en otros países, pocos dirían que los últimos quince años han sido años de progreso. Pero en España serían pocos los que pudieran decir honradamente, en esta primera primavera después de la muerte del general Franco, que no están más contentos hoy en día que en abril de 1961. Ahora en España se respira la sensación de que el futuro promete realmente la paz, la piedad y el perdón de los que hablaba Azaña en plena guerra civil (con estas palabras termina este libro en ésta y en su última edición). En cuanto la guerra civil pase a ser primordialmente un tema de controversia entre historiadores, podremos considerar que, por fin, ha terminado.

HUGH THOMAS

Londres, abril de 1976

Referencias en notas a pie de página

La primera vez que se menciona un libro, se dan el título, el lugar y la fecha de publicación, después del nombre completo del autor; si aparece de nuevo, se da sólo el nombre del autor. Cuando se menciona un segundo (o tercer) libro del mismo autor, las referencias ulteriores a ese libro y al primero que se ha mencionado del autor se dan con un título abreviado.

LIBRO PRIMERO

Los orígenes de la guerra

1

Preludio

La sesión de las Cortes del 16 de junio de 1936. -El gobierno de Casares Quiroga. - Habla Gil Robles. -Las amenazas a la vida democrática.- La Pasionaria. -Altercado de Calvo Sotelo con el jefe del gobierno.

El edificio de las Cortes, el parlamento de España, está situado hacia la mitad de la cuesta que sube del Prado a la Puerta del Sol.[1] Unos leones de bronce fundido de los cañones capturados al enemigo en las guerras de Marruecos guardan sus puertas. En el frontón que remata sus columnas corintias, la Justicia abraza esperanzada al Trabajo. Actualmente, los lujosos pasillos y salones de las Cortes sólo se usan de vez en cuando para que unos cuantos dignatarios honoríficos presten asentimiento formulario a los decretos que dicta el jefe del Estado. Sin embargo, el 16 de junio de 1936, este edificio clásico era el centro de toda España.

Habían transcurrido más de cinco años desde que el rey Alfonso XIII había abandonado el trono español; para evitar, según dijo él (quizás exagerando su propia importancia para su pueblo), el desastre de una guerra civil. Habían sido cinco años de actividad parlamentaria. Antes de irse el rey, hubo un lapso de ocho años —de 1923 a 1931— durante el cual la mayor parte del tiempo bajo el afable dictador militar general Primo de Rivera, las Cortes permanecieron tan desiertas como en la actualidad. Entonces, en junio de 1936, la vida parlamen­taria en España parecía hallarse al borde de la destrucción.

Un inquieto grupo de liberales de clase media y de edad madura ocupaban el banco azul del gobierno, frente al hemiciclo de la cámara de diputados. Hombres honrados e inteligentes, tanto ellos como sus seguidores odiaban la violencia. Admiraban las formas agradables y democráticas de Inglaterra, Francia y Norteamérica. Sin embargo, este odio y esta admiración los hacían insólitos entre los españoles de su tiempo, solitarios incluso entre los cuatrocientos diputados que, sentados o de pie, a su alrededor y en los escaños más altos, como podían, ocupaban la atestada Cámara.[2] No obstante, los hombres de este gobierno tenían un fanatismo propio no muy típico de los países de mentalidad práctica que ellos deseaban reproducir en España.

Tomemos el caso, por ejemplo, del jefe del gobierno, Santiago Casares Quiroga. Hombre rico, nacido en Galicia, había pasado gran parte de su vida luchando por conseguir la autonomía para su pobre región, aunque la única ventaja que habrían podido sacar los gallegos de ella hubiera sido la mejora del servicio ferroviario.[3] Aunque Casares parecía actuar de acuerdo con principios liberales y wilsonianos formulados más allá de los Pirineos, no dejaba de ser por ello típicamente español. Era un liberal apasionado cuando el desarrollo de las organizaciones obreras hacía parecer al liberalismo casi tan anacrónico como el enemigo de los liberales, el feudalismo. Sin embargo, teniendo en cuenta que en España no había triunfado ninguna revolución de la clase media, según el modelo de la de Francia de 1789, no podía reprocharse su actitud a Casares Quiroga y sus partidarios. En los primeros años de la República, en 1931 y 1932, los ojos de Casares Quiroga (entonces ministro de Gobernación) relucían brillantes en su pequeño rostro, ante amigos y enemigos, como los de Saint Just. Ahora se advertía en ellos un extraño optimismo irónico, sólo explicable como síntoma de la tuberculosis que ya padecía.

La naturaleza de la crisis de España fue descrita el 16 de junio de 1936 por Gil Robles, el atildado, obeso y casi calvo, aunque todavía joven, jefe del partido católico español, la CEDA.[4] Su partido era conservador y católico, e incluía a los que querían restaurar una mo­narquía, y a quienes deseaban una república demócrata cristiana. Algunos miembros de la CEDA, particularmente de su movimiento juvenil (JAP),[5] eran casi fascistas; y algunos admiraban el Estado corporativo de Dollfuss. Gil Robles era elocuente y hábil, pero vacilante y tortuoso. Era odiado tanto por monárquicos y fascistas como por socialistas. No obstante, había creado el primer partido español de masas de clase media. Ahora recordaba que el gobierno, desde las elecciones de febrero, había tenido poderes excepcionales, incluidas la censura de prensa y la suspensión de garantías constitucionales. A pesar de todo, durante aquellos cuatro meses —decía—, se habían quemado 160 iglesias, se habían cometido 269 asesinatos básicamente políticos, y 1.287 agresiones de diferente gravedad. Habían sido destruidos 69 centros políticos, habían habido 113 huelgas generales y 228 huel­gas parciales, y habían sido saqueadas las redacciones de 10 periódicos.

«Desengañaos —concluía Gil Robles—. Un país puede vivir en monarquía o en república; en sistema parlamentario o en sistema presidencialista; en sovietismo o en fascismo; como únicamente no vive es en anarquía, y España, hoy, por desgracia, vive en anarquía [...]. Tenemos que decir hoy que estamos presenciando los funerales de la democracia.» Toda la Cámara prorrumpió en gritos airados, unos de apoyo, otros de disentimiento.[6]

La situación del país y del régimen era tan grave como señalaba Gil Robles, aun cuando las cifras fueran sospechosamente precisas, y aun cuando algunos de los desórdenes causados fueran obra de las derechas: el edificio de El Ideal, un periódico derechista de Granada, al parecer había sido quemado por jóvenes de derechas, y aquello fue otra provocación.[7] A los actos de violencia hay que añadir que los partidos políticos de uno y otro extremo preparaban a sus hombres para luchar, instruyéndolos en formaciones militares. «El domingo todos a la calle», era la orden de una serie de jefes políticos. Ni Casares Quiroga ni Gil Robles, representantes ambos de grupos que habían sido muy destacados en la historia de la Segunda República,[8] podían ya controlar los acontecimientos. En realidad, ambos se mantenían en las Cortes gracias a los votos de diputados cuyos objetivos eran diferentes de los suyos. Las elecciones del febrero anterior habían sido una lucha entre dos alianzas: el Frente Popular y el Frente Nacional.

Constituían el primero, además de los liberales como Casares, el gran Partido Socialista, el reducido Partido Comunista, y otros grupos de las clases trabajadoras. Tras el Partido Socialista estaba el poderoso sindicato socialista, la UGT (Unión General de Trabajadores),[9] uno de los movimientos obreros mejor organizados de Europa. El Frente Nacional lo constituían no sólo la CEDA, sino también monárquicos, agrarios, representantes de los grandes terratenientes del sur y del centro, y otros partidos de derechas. Era el frente político de todas las fuerzas de la vieja España; del ejército, la Iglesia y la burguesía.

El Frente Popular había ganado la jornada de febrero de 1936, aunque, a causa de la ley electoral española, la mayoría de escaños que tenía en las Cortes era mayor de lo que hubiera correspondido al total de votos obtenidos en un sistema estricto de representación proporcional. No todos los partidos que habían integrado la alianza electoral formaban parte del gobierno. En realidad, el gobierno estaba compuesto por republicanos liberales,[10] mientras que su mayoría dependía de las organizaciones de las clases trabajadoras. Esta nunca es una buena fórmula para un gobierno fuerte. Y era especialmente desafortunada en la España de 1936, donde los partidos obreros se encontraban ya en un perpetuo estado de efervescencia revolucionaria. Aparte de estos grupos, que cooperaban con el sistema democrático en la medida en que se disputaban los escaños de las Cortes, quedaba al margen el gran ejército de casi dos millones de trabajadores anarquistas, principalmente en Andalucía y en Barcelona, organizados en la CNT,[11] y dirigidos por una sociedad secreta, la FAI. Este inmenso movimiento, introvertido y apasionado, palpitante ya como una gran ciudad en estado de guerra, despreciaba al gobierno progresista de Casares Quiroga tanto como había odiado antes a los gobiernos de derechas. Y luego estaba el ejército. A principios de aquel verano, en Madrid, ¿quién no había oído rumores sobre conspiraciones de destacados generales, para restablecer «el orden», o sea, una dictadura militar?

En realidad, cuando Gil Robles finalizó su parlamento en las Cortes, un diputado socialista declaró que las iglesias estaban siendo incendia­ das por agentes provocadores para justificar una rebelión militar.

Los socialistas estaban divididos. Unos eran reformistas. Otros eran intelectuales fabianos. Unos cuantos eran revolucionarios. Algunos estaban deslumbrados por los halagos de los comunistas, mientras que otros estaban horrorizados ante el aumento reciente de la influencia comunista. Pero todos estaban de acuerdo con las acusaciones dirigidas a las derechas por cualquiera de sus portavoces.

Cuando cesó el griterío, el jefe monárquico Calvo Sotelo se levantó arrogante. Igual que Casares Quiroga, era nativo de Galicia; pero también como Casares, carecía de la serenidad que ha dado fama a esa verde región. ¿Tenía sangre gitana? ¿Era un hombre tan fuerte como parecía indicar su atractivo rostro? ¿Era un Roosevelt español, o un Mussolini español, más inteligente? Todo cuanto se sabía era que se trataba de un hombre violento, elocuente y hábil. Al terminar sus estudios en la Universidad de Zaragoza en 1915, Maura,[12] el presidente del consejo de ministros de Alfonso XIII, conservador y de elevados ideales, le hizo su secretario privado. Poco después, Maura le nombró gobernador civil[13] de Valencia, a sus veinticinco años. El general Primo de Rivera le dio la cartera de Hacienda a los treinta y dos años. Después de pasar prudentemente en París los primeros años de la República, para evitar que se le condenara por los errores financieros de la dictadura, regresó a España cuando la República había empezado a desintegrarse. Elegido diputado a Cortes como representante monárquico, creía en su buena estrella por encima de todo. El eclipse de Gil Robles había sido un triunfo para él. Con su experiencia y en plenitud de facultades, hablaba como si creyera que el futuro de España estaba en sus manos.[14]

El desorden de España, dijo en un discurso salpicado de interrupciones, era el resultado de la Constitución democrática de 1931. El no creía que sobre aquella Constitución pudiera construirse un Estado viable. «Frente a este Estado estéril yo levanto el concepto del Estado integrador, que administre la justicia económica y que pueda decir con plena autoridad: ¡No más huelgas, no más lock-outs, no más intereses usurarios, no más fórmulas financieras de capitalismo abusivo, no más salarios de hambre, no más salarios políticos no ganados con un rendimiento afortunado,[15] no más libertad anárquica, no más destrucción criminal contra la producción, pues la producción nacional está por encima de todas las clases, de todos los partidos y de todos los intereses! A este Estado le llaman muchos Estado fascista; pues si ése es el Estado fascista, yo, que participo en la idea de ese Estado, yo, que creo en él, me declaro fascista.»

Cuando se hubo aplacado la tormenta de burlas y aplausos que estalló tras estas palabras, continuó:

«Cuando se habla por ahí del peligro de militares monarquizantes, yo sonrío un poco, porque no creo —y no me negaréis una cierta autoridad moral para formular este aserto— que exista actualmente en el ejército español, cualesquiera que sean las ideas políticas individuales, que la Constitución respeta, un solo militar dispuesto a sublevarse en favor de la Monarquía y en contra de la República. Si lo hubiera, sería un loco, lo digo con toda claridad, aunque considero que también sería loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía, si ésta se produjera.»

En realidad, Calvo Sotelo ya se había comprometido secretamente a apoyar un alzamiento militar, si es que se producía. El presidente de las Cortes, el atezado Diego Martínez Barrio, rogó a Calvo Sotelo que no hiciera aquella clase de declaraciones, porque sus intenciones podían ser mal interpretadas. El presidente era un político experto, nacido en Sevilla de origen modesto, que había sido jefe de gobierno durante corto tiempo. Ahora era jefe del partido de la Unión Republicana. Abierto y comprensivo, pero vanidoso, hasta entonces, en su vida política, había utilizado con éxito la táctica del compromiso. Esto era tan raro tratándose de asuntos españoles que sus enemigos atribuían su encumbramiento a su poder oculto como masón de grado treinta y tres.

Deliberadamente, el jefe del gobierno respondió a Calvo Sotelo:

«Me es lícito decir que, después de lo que ha hecho su señoría hoy ante el Parlamento, de cualquier cosa que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a su señoría. El señor Calvo Sotelo [...] viene aquí hoy con dos fines: el de buscar la perturbación parlamentaria, para acusar una vez más al Parlamento de que no sirve para nada, y el de buscar la perturbación del ejército para [...] volver a gozar de las “delicias” de la dictadura. No sueñe en conseguir éxito, señor Calvo Sotelo; ni el Parlamento [...] ha de rebajarse un ápice en su valía, en su actividad, en su fecundidad, ni el ejército hará en España otra cosa que cumplir con su deber...»

A continuación habló la famosa comunista española Dolores Ibárruri, llamada «la Pasionaria». Siempre vestida de negro, con un rostro grave pero fanático que hacía que las masas que escuchaban sus discursos la consideraran una especie de santa revolucionaria, ahora tenía cuarenta años. Tiempo atrás, de joven, había sido una católica devota. Por entonces, iba de pueblo en pueblo por el País Vasco (según una versión), vendiendo sardinas que llevaba en una gran cesta sobre la cabeza.[16] Pero Dolores la Sardinera se casó con un minero de Asturias, uno de los oscuros fundadores del Partido Socialista en el norte de España. Se acumularon las tragedias personales —tres de sus hijas murieron siendo niñas— en un duro ambiente de lucha.[17]

Ella transfirió su devoción por la Virgen de Begoña al profeta de la biblioteca del Museo Británico. Las derechas habían propalado el rumor de que una vez había cortado la garganta a un cura con sus propios dientes. Iba a convertirse en una gran oradora, y ya era una artista en la elección de las palabras y los momentos oportunos. Pero su personalidad no era tan vigorosa como parecía en público, y sus enemigos de la izquierda trotskista atribuían el éxito de su oratoria a las instrucciones secretas que recibía de Moscú. Sin embargo, era una mujer sencilla, directa y enérgica que había estado muchas veces en la cárcel —en tres ocasiones durante la República— y que también había estado dos veces en Moscú. En las Cortes, era la única figura destacada del pequeño, aunque creciente, Partido Comunista español.

Sólo había diecisiete diputados comunistas, todos ellos «desconocidos e ignorantes», en opinión de Indalecio Prieto, socialista moderado, y en todo el país el partido contaba con 130.000 militantes como máximo.[18]

Pero hay algo más importante: la Pasionaria también representaba la idea del sexo femenino revolucionario, una fuerza poderosa en un país que había concedido a la Virgen un puesto especial en la religión.

Ya en 1909, las mujeres de Barcelona se habían contado entre los huelguistas, incendiarios de iglesias y saqueadores de conventos, mostrándose las más elocuentes, osadas y violentas.[19]

Cuando la Pasionaria habló en las Cortes el 16 de junio, trató con desprecio a los fascistas españoles, considerándolos unos simples gángsters. Pero ¿no había acaso una «internacional fascista», dirigida desde Berlín y Roma, que ya había señalado el día del ajuste de cuentas en España?

A continuación, un hombre de negocios catalán, Juan Ventosa, manifestó su alarma ante el aparente optimismo del jefe del gobierno. Ventosa, dos veces ministro de Hacienda con el rey, llevaba muchos años en la política y era el representante político de Francisco Cambó, el financiero más importante de Barcelona y uno de los hombres más ricos de España. Se decía que Cambó ya había trasladado su fortuna al extranjero. La cuestión que planteaba Ventosa era si, teniendo en cuenta la evasión de capitales, era más prudente tener confianza o inquietarse. El gobierno no pudo dar ninguna respuesta. Después, Joaquín Maurín, jefe del partido comunista rebelde llamado el POUM,[20] declaró que en el país existía ya una situación prefascista. Entonces Calvo Sotelo volvió a levantarse para responder al jefe del gobierno: «Mis espaldas son anchas; yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice [...]. Yo digo lo que santo Domingo de Silos[21] contestó a un rey castellano: “Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis”. Y es preferible morir con gloria que vivir con vilipendio. Pero a mi vez invito al señor Casares Quiroga a que mida sus responsabilidades estrechamente, si no ante Dios, puesto que es laico, ante su conciencia, puesto que es hombre de honor».

Luego habló del papel de Kerensky y de Karolyi en la entrega de Rusia y Hungría a la revolución comunista: «Su señoría no será Kerensky, porque no es inconsciente, tiene plena conciencia de lo que dice, de lo que calla y de lo que piensa. Quiera Dios que su señoría no pueda equipararse jamás a Karolyi, el consciente traidor a una civili­zación milenaria».

Al sentarse Calvo Sotelo, la Cámara prorrumpió en los gritos y aplausos que eran de esperar.

Los ecos de este debate, con sus amenazas y sus advertencias, llegaron a toda España. Llegaron hasta el presidente, Manuel Azaña, la encarnación de la República, que contemplaba entristecido el derrumbamiento de sus esperanzas desde la lujosa soledad del Palacio Nacional.[22] Llegaron hasta aquellos generales que llevaban tanto tiempo empleando sus muchas horas libres en hacer planes tácticos para un alzamiento militar contra el gobierno. También llegaron hasta José Antonio Primo de Rivera, hijo del antiguo dictador, ahora jefe de los fascistas españoles de la Falange, que estaba en la cárcel de Alicante, adonde le habían enviado basándose en acusaciones insignificantes, virtualmente como rehén para garantizar el buen comportamiento de sus seguidores. Llegaron hasta aquel otro grupo de españoles cuyas aspiraciones se situaban fuera de las Cortes: los anarquistas. Llegaron hasta la mayoría de los veinticuatro millones y medio de personas que constituían entonces la población de España. A medida que avanzaba el verano, cuando la temporada taurina llegaba a su mejor momento, en la mente de todos surgían estas preguntas: «¿Cuánto va a durar esto?», «¿Habrá una revolución?» y «¿Puede que haya guerra?». Porque, así como en la mayor parte de Europa no había habido guerras civiles desde el siglo XVII, España, el único país europeo importante que se había mantenido al margen de la Gran Guerra, había visto es­ tallar tres conflictos dentro de sus fronteras nacionales en el siglo XIX.

2

El derrumbamiento del monarca absoluto. — La Restauración y la Regencia. — La «Semana Trágica» de Barcelona. — Marruecos.— Interrupción del régimen parlamentario. — Dictadura de Primo de Rivera. — Caída del dictador. — Fin de la Monarquía.

Este debate en las Cortes fue la culminación de un sinfín de apasionadas disputas sobre posibles formas de gobernar a España que habían ido sucediéndose desde 1808. En este año, la monarquía, muy debilitada, capituló abyectamente ante Napoleón. Los ingleses, dirigidos por el duque de Wellington, ayudaron al pueblo español a expulsar a los franceses en la Guerra de la Independencia que estalló a continuación.[1] Se hizo volver a los Borbones en la aborrecible persona de Fernando VIL Pero la monarquía ya no era sacrosanta. Antes de 1808, durante casi tres siglos, España había sido el más pacífico y tranquilo de los países europeos; a partir de entonces, se convertiría en uno de los más turbulentos.

La historia política del medio siglo siguiente se caracterizó por la lucha en torno a la Constitución. Los contendientes eran la Iglesia y el ejército, las dos instituciones españolas que habían sobrevivido con honor a la Guerra de la Independencia. La primera era conservadora, mientras que el segundo estaba plagado de logias masónicas librepensadoras. Esta lucha era casi una guerra.[2] En 1820, los oficiales liberales obligaron al rey Fernando VII a aceptar una Constitución; éste, a su vez, en 1823, llamó en su auxilio a un ejército francés, los «Cien mil hijos de San Luis», para acabar con ella. En 1833, la lucha se convirtió en la Primera Guerra Carlista cuando la Iglesia y los defensores de los fueros locales del norte se unieron a la causa de don Carlos, hermano del difunto Fernando VII. Don Carlos reivindicaba su derecho al trono y no reconocía como heredera a su sobrina, la reina-niña Isabel II, hija de Fernando. Apoyaban a Isabel los liberales y el ejército, que representaban al mismo tiempo las pretensiones de Castilla de dominar toda la península. Esta guerra de religión y de secesión terminó en 1839, con la victoria de los liberales, pero la paz adquirió la forma de un compromiso entre los ejércitos de ambos bandos. Por ejemplo, se permitió a los oficiales carlistas incorporarse al ejército regular español. En parte a consecuencia de esto (y en parte porque la confiscación de las tierras de la Iglesia en 1837 [3] redujo la influencia de esta institución), la lucha entre los liberales y los conservadores clericales se transformó a partir de entonces en una sucesión de golpes de estado (pronunciamientos) de un general tras otro.

Esta curiosa etapa finalizó en 1868, cuando la reina Isabel, que era una ninfómana, fue destronada por Prim, el más grande de los generales liberales de España. Si bien lo que dio ocasión a su marcha fue su excesiva confianza con el padre Claret, su confesor, la causa auténtica fue una rebelión contra el sistema de gobierno que habían presidido vagamente Isabel y su «Corte de los milagros». Los siete años siguientes fueron de confusión. Para ocupar el trono español se llamó a un hermano del rey de Italia, el duque de Aosta, quien tomó el nombre de Amadeo I. Este intento de monarquía burguesa no pudo contener la violencia que había vuelto a surgir entre liberales y conservadores, que habían recurrido de nuevo a las armas. Amadeo abdicó. Se proclamó la Primera República española. Al principio se pretendió que esta República fuera federal, que en ella las provincias tuvieran derechos sustanciales. Pero los intelectuales que proyectaban esto no pudieron garantizar el mantenimiento de ningún tipo de autoridad central. En el norte, los carlistas volvieron a alzarse dirigidos por un nieto del antiguo pretendiente, y contaron con el apoyo general de la Iglesia por toda la península. En el sur y en el sudeste, muchas de las poblaciones costeras se proclamaron cantones independientes. Una vez más, el ejército acabó tomando el poder. Para restaurar el orden, los generales no encontraron otra alternativa que la de hacer volver al hijo de la reina Isabel, entonces cadete en Sandhurst, y convertido en el rey Alfonso XII.

En 1876 se promulgó una Constitución. Gracias a las favorables condiciones comerciales europeas, España fue próspera en la década de 1880. Nominalmente se introdujo el sufragio universal masculino. Pero los resultados de las elecciones siempre se veían falseados por un pacto tácito entre los dos partidos más importantes, el «turno pacífico» llevado a cabo gracias a la intervención del ministro de la Gobernación y de los caciques locales. El pueblo español llegó a considerar al sistema parlamentario —imitación deliberada del inglés— como un medio para excluirle de la política. Alfonso XII, mientras tanto, murió en 1885, a los veintiocho años de edad, dejando un hijo póstumo, Alfonso XIII, en cuyo nombre gobernó como regente su madre, María Cristina, basta 1902.[4]

El «piadoso fraude» de la Constitución fue una de las razones de la difusión de las ideas revolucionarias entre la clase obrera. En tiempos de la primera guerra mundial, había en España dos sindicatos generales. El primero, la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), se inspiraba en las ideas anarquistas de Bakunin; el segundo, la UGT (Unión General de Trabajadores), era marxista, aunque más reformista que revolucionario. Los socialistas de la UGT colaboraban con el sistema político para conseguir escaños en las Cortes y ganar elecciones en las ciudades, donde cada vez era más difícil la manipulación de votos por parte de los caciques. Pero los anarquistas consideraban que la Constitución era algo corrompido; y la violencia, los asesinatos y las huelgas relámpago emprendidas intermitentemente por los militantes anarquistas sumían a los gobiernos en la confusión. Estos dos movimientos de la clase obrera deseaban regenerar a España por medio de la educación, una mayor moralidad pública, el pacifismo y el anticlericalismo, tanto como por medio de la política.

Otros dos problemas, sin embargo, causaron el hundimiento de la Constitución establecida cuando la Restauración. El primero fue el de Cataluña. Muchos catalanes aspiraban a un reconocimiento de su carácter diferencial del resto de España. Después de la unificación española, Cataluña había continuado viviendo como una región de características propias, pendiente de su capital, Barcelona, y nunca de Madrid. La «cuestión catalana» se agudizó debido al desarrollo industrial de aquella capital durante el siglo XIX. La incompetencia del gobierno de Madrid indignó a los nuevos ricos de la Barcelona de finales de siglo, empujándoles al nacionalismo catalán. Este, junto con la fe anarquista de los obreros, las altas tasas de analfabetismo y el ambiente demagógico creado por un partido centralista y oportunista, pero de apariencia desenfrenada, los radicales, convirtió a Barcelona (cuya población crecía rápidamente) en la ciudad más turbulenta de Europa a comienzos del siglo: la «ciudad de las bombas». La gran huelga de Barcelona en 1902 y la de Bilbao en 1903 fueron batallas importantes en las que se crisparon los nervios de todos. La florida arquitectura creada por la próspera burguesía fue el lujoso telón de fondo de una serie creciente de atentados anarquistas. «En Barcelona, la revolución no se prepara —escribía el gobernador civil Ángel Ossorio y Gallardo— por la sencilla razón de que está preparada siempre.»[5] Mientras tanto, las aspiraciones catalanas empezaron a en­contrar eco en las provincias vascas, más tranquilas, donde estaba surgiendo una burguesía igualmente autosuficiente, cuya riqueza se basaba en el hierro, la banca y el comercio.

La tercera crisis del régimen fue debida a las guerras coloniales, primero en Cuba y después en Marruecos. La guerra de Cuba de 1895 se convirtió en una guerra contra Estados Unidos en 1898; se perdió todo, menos el honor. La derrota inflamó el problema catalán, ya que Cuba había sido el mejor mercado para los tejidos catalanes. La pérdida de Cuba también tuvo impacto psicológico porque muchas fortunas catalanas se habían basado en el comercio cubano.[6] Además, la pérdida del último vestigio del imperio provocó una crisis nacional. Reforzó antiguas causas de descontento e hizo surgir otras nuevas. De manera que el año de la derrota, 1898, fue un momento crítico: los españoles se vieron obligados a considerarse un país europeo pobre con pocos recursos.

Marruecos, sin embargo, ofrecía una nueva posibilidad de imperio. Pero también causaría nuevas conmociones. España ocupaba los dos puertos del norte de Marruecos, Melilla y Ceuta, desde hacía varios centenares de años. En la década de 1860 había intentado extender su dominio allí, y en la de 1890 había habido más luchas cerca de Melilla. Cosa muy comprensible, España era reacia a permitir que ninguna otra potencia europea se instalara frente a ella en la costa de África. En 1904, a consecuencia de la entente cordiale entre Inglaterra y Francia, Francia y España dividieron Marruecos en zonas de influencia, y España se quedó con la parte del norte, de menor extensión. Marruecos entonces era un país atrasado, sin ley, campo abonado para los intereses europeos, y para las inversiones, aunque las tribus de las dos zonas tenían una lealtad formal a un sultán de Fez. El pueblo español, muy mal informado, probablemente veía estos arreglos en las alturas con tan malos ojos como el indolente sultán; ni el uno ni el otro habían sido consultados. Sin embargo, el interés económico siguió a la bandera; las minas de hierro de Marruecos eran ricas. Se produjo una extensión gradual del comercio 'español, reflejo en parte de una acción francesa similar (si España no hubiera mostrado interés, Francia habría absorbido todo Marruecos). Se fundó una compañía de colonización española, que compraba tierras siguiendo los pasos de las tropas, que avanzaban lentamente. Pero luego se detuvieron los avances; las tribus marroquíes cerraron filas; una serie de reveses obligaron al ejército a pedir refuerzos; en 1909 sufrió serias derrotas; en setiembre de aquel año, el ejército español tenía 40.000 hombres en Marruecos. Pero para entonces se había metido en una aventura imperial que sólo podía acabar con la conquista del norte de Marruecos, a un precio que el país no podía permitirse.

En 1909 la campaña de Marruecos tuvo horribles repercusiones en la península cuando el gobierno de Antonio Maura llamó a 850 reservistas, algunos de Cataluña, todos del nordeste de España. Cuando los hombres embarcaban de mala gana en el puerto de Barcelona, se convocó una huelga general de protesta, a la que siguió una tumultuosa semana, la Semana Trágica de Barcelona. Los radicales, los socialistas y los anarquistas colaboraron para organizar la huelga, y los radicales inspiraron la quema de iglesias que se produjo entonces. Mucha gente esperaba que esto fuera seguido de una revolución nacional. Pero, faltos de una auténtica dirección política, los amotinados se consumieron en una destrucción absurda. Mientras los dirigentes radicales vacilaban, mujeres radicales, dependientes, delincuentes, jovencitos y prostitutas echaron de los conventos a las aterrorizadas monjas, quemaron sus posesiones, mataron sus animales domésticos y sus gallinas, y desenterraron cadáveres. Un apuesto carbonero bailó con una momia desenterrada frente a la casa del rico marqués de Comillas, «encantado de ser útil como revolucionario». Finalmente, el ejército recuperó el control; habían muerto unas 120 personas,[7] entre ellas sólo tres clérigos. Los amotinados querían destruir «la propiedad y las ilusiones», no la vida. Fueron quemadas unas ochenta iglesias u otros edificios religiosos.

Este desastre fue una sacudida que mostró la violencia que podía haber latente en un país bajo la superficie de la norma constitucional. A las autoridades les preocuparon menos las esperanzas revolucionarias de los radicales o los anarquistas que la destrucción aparentemente sin sentido causada por el pueblo cuando se le subía la sangre a la cabeza. La Semana Trágica fue un revés para la idea de que podía establecerse gradualmente una democracia parlamentaria: si las masas eran tal como se habían manifestado en 1909 —pensó la clase política de la época—, una democracia real acabaría en el desastre. En lo sucesivo, los políticos evitaron las elecciones generales siempre que pudieron, e intentaron organizar coaliciones entre los grupos de parlamentarios que ya se encontraran en la legislatura. Las manifestaciones internacionales de protesta contra la ejecución del pedagogo anarquista Ferrer y Guardia acusado de ser el principal organizador de los tumultos, también tuvieron un efecto contraproducente: las clases altas vieron en estas protestas las reacciones hipócritas, además de histéricas y basadas en una mala información, de una misteriosa coalición de intrusos internacionales y masones que se haría tristemente famosa con el nombre de la «anti-España».

El jefe del gobierno, Maura, quien, a consecuencia de las protestas internacionales, fue destituido por el rey y abandonado por muchos conservadores influyentes, creyó que esta «rendición en las Cortes» después de la «victoria en las calles» sentenciaba al régimen, ya que se había visto que daba pie al desorden, la propaganda y la malignidad. Después de esto, el Partido Conservador, que se había mantenido unido desde la década de 1870, siguió a los liberales en la desintegración. Maura fue el foco de un movimiento de jóvenes políticos airados contra el parlamentarismo, ansiosos de regeneración, pero incapaces de ganar una mayoría para un gobierno. En el «maurismo» hay que ver los orígenes del fascismo; también evidentes en otros países antes de 1914 (con Derouléde y Maurras en Francia, D’Annunzio en Italia, e incluso los voluntarios del Ulster). Maura prometía una «revolución desde arriba». Los maliciosos decían que meramente deseaba una «revolución sin revolución».

Las guerras en Marruecos continuaron, aunque sin éxito. Tánger, el mejor puerto del norte de Marruecos, fue excluido del protectorado español en 1912, en calidad de ciudad internacional, y las tribus se negaron a aceptar la presencia «civilizadora» española. Continuaron afluyendo al país hombres, dinero, alimentos y emoción procedentes de una España que sólo podía dar lo primero. Las tribus nunca habían estado sometidas al sultán; fue España la que les dio unidad. Así pues, al pretender un imperio, España ayudó a inspirar el nacionalismo del moderno Marruecos.

Al final, los tres principales problemas de la España moderna (inquietud de la clase obrera, la cuestión regional y las guerras coloniales) desbarataron el montaje de la Restauración. Quizá de todos modos aquel edificio político era demasiado frágil para poder sobrevivir mucho tiempo al inteligente historiador conservador, Cánovas, que fue su principal arquitecto, y a Sagasta, el «Viejo pastor», su oponente liberal. En la política moderna las personalidades cuentan tanto como contaban en la época de los reyes. Cánovas fue asesinado. Sagasta murió. Maura falló como sucesor potencial de Cánovas tanto por la fuerza de su personalidad como por la debilidad de su programa. Aunque el último sucesor de Sagasta, José Canalejas, fue un periodista, orador y reformista de primera categoría, su gobierno, entre 1910 y 1912, pareció una época de batalla contra el control clerical de la educación y la libertad de las órdenes para organizar colegios sin inspección estatal. De hecho, Canalejas revisó el sistema de impuestos en beneficio de los pobres, resolvió temporalmente la cuestión catalana con la concesión de la «Mancomunidad» (autogobierno limitado), y llegó a un compromiso con la Iglesia mediante la «Ley del candado», que limitaba el crecimiento de las órdenes religiosas, a no ser que tuvieran permiso del gobierno. Canalejas también abolió el sistema gracias al cual los ricos podían comprar su exención del servicio militar. No es de extrañar que un historiador inglés le alabara como al «único liberal que hizo cosas».[8] Fue asesinado por un anarquista en 1912. Sus sucesores en la dirección de los liberales (el conde de Romanones, García Prieto, Santiago Alba) no tuvieron el empuje ni las dotes de Canalejas, ni su comprensión de lo posible.

La primera guerra mundial llevó al clímax los problemas de la España de la Restauración. Es sabido que el conflicto benefició a todos los países neutrales, y en España creó mucha riqueza, en contraste con la mucha pobreza que quedaba. Los barcos vascos, los tejidos catalanes, el carbón asturiano, el zinc y el cobre alcanzaron altos precios. Quien más experimentó la inflación consiguiente fue la clase obrera, aunque subieron los sueldos y, en algunos trabajos, superaron a los precios. Enormes cantidades de trabajadores llegaban a Barcelona en el tren procedente de Murcia y Almería al que llegó a llamarse el «transmiseriano». Las discusiones estériles sobre a qué bando debía apoyar España en la guerra sembraban la confusión en el ambiente. (La izquierda era en su mayor parte aliadófila, la derecha mayoritariamente germanófila; de manera que el rey pudo decir que sólo él y «la chusma» esperaban que ganara Inglaterra.) Mientras tanto, el gobierno del conde de Romanones (que personalmente prefería a los aliados) hacía la vista gorda ante las actividades de los terroristas financiados por agentes alemanes que atacaban a industriales partidarios de los aliados. Finalmente el propio Romanones dimitió al plantearse la cuestión de si había que permitir o no a los submarinos alemanes que utilizaran bases españolas para repostar en la batalla del Atlántico.

Ahora el ejército volvió a entrar en la política. La situación se había complicado con la aparición de las llamadas «juntas de defensa», asociaciones profesionales de jóvenes oficiales de infantería que protestaban por las bajas pagas que, igual que las de los trabajadores agrícolas, no habían seguido el ritmo de la inflación. A las juntas tampoco les gustaban los ascensos por méritos de guerra o favoritismo real de que disfrutaban los oficiales que luchaban en Marruecos. Las juntas se fundaron en Barcelona y se extendieron por toda España. En mayo de 1917, su jefe, el coronel Benito Márquez, un oficial estúpido y sordo, fue arrestado por insubordinación con algunos colegas. Otros «junteros» pidieron que se les arrestara también. El rey aseguró que se pondría a todos en libertad y cayó el gobierno. Todos los políticos quedaron impresionados ante esta nueva rendición. Pero a la prensa le gustaban las juntas, y dio una imprudente publicidad a la idea de que podían ser un primer paso para un movimiento de regeneración a escala nacional. Cambó, el financiero que dirigía el movimiento catalanista burgués, la Lliga Regionialista (fundada en 1901), también pensaba así.

Mientras tanto, en el sur de España, las embriagadoras noticias de la Revolución Rusa inspiraban una inquietud difusa que daba lugar a huelgas, ocupaciones de tierras e intimidación de guardias rurales, acciones inspiradas, en su mayoría, por anarquistas; y en Barcelona, los sindicatos anarquistas creían que la crisis les ofrecía una suprema oportunidad.

Ante este desafío en todos los frentes, el nuevo gobierno, encabezado por un conservador convencional, Eduardo Dato, suspendió las garantías constitucionales y clausuró las Cortes. Los políticos más progresistas, ultrajados, respondieron convocando una asamblea alternativa de nacionalistas catalanes que se reunieron en Barcelona para «renovar» la Constitución española. El gobierno la declaró sediciosa, e introdujo la censura. El movimiento de la «Asamblea» podría haber llegado lejos si no hubiera sido por la actuación temeraria de las izquierdas. Los socialistas, influidos por el clima del momento, en 1916 habían abandonado su prudente reformismo, y ahora preparaban una huelga general de objetivos revolucionarios: su programa estipulaba el fin de la monarquía, una jomada laboral de siete horas, la abolición del ejército y su sustitución por una milicia, la separación de Iglesia y Estado, la nacionalización de la tierra, la clausura de monasterios y conventos, y —cosa importante en 1917— que no se formulara ninguna declaración de guerra sin plebiscito previo.[9]

Dato adoptó una postura enérgica. Primero definió una huelga de ferrocarriles como una amenaza al Estado y la trató en consecuencia (el gobierno había animado a las compañías ferroviarias a que adoptaran una línea dura). Jugando con la certidumbre de que también los «junteros» en realidad eran opuestos a cualquier alteración del orden social, y de que la progresiva burguesía catalana, por muy truculenta que pareciera, deseaba cualquier cosa menos la revolución, el gobierno recurrió al ejército para hacer frente a la huelga general.

Los socialistas pensaban que por una vez habían hecho una alianza satisfactoria con los anarquistas, y con algunos políticos de centro: los republicanos reformistas. Pero no coordinaron bien su táctica, y la huelga fracasó. El ejército dirigió la represión subsiguiente, y los «junteros» fueron sordos a las súplicas de los socialistas. Murieron setenta personas (la mayoría en Barcelona, luchando para mantener en funcionamiento los tranvías, o para impedir que circularan), y la Lliga Catalana, impresionada por la revolución de la que había sido responsable en parte, accedió a participar en un gobierno de coalición, dirigido por Maura, que compró a los «junteras» con ascensos. La asamblea de parlamentarios (no oficial) volvió a reunirse, en Madrid, pero en un clima de prudencia: pidió unas Cortes constituyentes que redactaran de nuevo una Constitución, y no se volvió a hablar más de ella. Ahora Cambó estaba en el gobierno, como ministro de Fomento. Era su gran oportunidad y demostró ser tan competente para planificar como para ganar dinero. Pero el gobierno no duró. No duraba ningún gobierno. Durante casi cinco años, una serie de gobiernos conservadores no consiguieron siquiera resolver las diferencias dentro del Partido Conservador. Fueron incapaces de afrontar las consecuencias de una recesión económica postbélica acompañada de continuos desastres en Marruecos y de violencia obrera en Andalucía y Barcelona. Lo raro no es que se acabara prescindiendo de la Constitución, sino que ésta durara lo que duró en un país donde se habían producido intervenciones militares con tanta frecuencia durante el siglo anterior. Quizás en realidad no duró después de 1917: no puede existir una democracia si en varias provincias sólo puede impedir la llegada de la revolución la brutalidad de la guardia civil, y en la mayor ciudad industrial sólo puede evitar la guerra civil el contraterrorismo patrocinado por los industriales, contando con la vista gorda de la policía.

Sin duda, en parte, la culpa la tenía la situación económica mundial. Durante la guerra, los industriales españoles habían ampliado sus empresas, y ahora tenían que reducirlas. Ahora combatían a la clase obrera, porque había un exceso de trabajadores; en la guerra, habían escaseado. Pero en el enfrentamiento de trabajo y capital entre 1917 y 1923 se vería una guerra de clases que muchas veces estuvo a punto de convertirse en conflicto declarado, y a propósito de cuestiones no estrictamente económicas: los empresarios se veían amenazados por la bancarrota cuando no por la revolución, y los anarquistas creían estar al borde del milenio. Dado que las autoridades militares locales, cualesquiera que fueran las opiniones del gobierno central, generalmente estaban de acuerdo con los empresarios y a menudo arrestaban a los huelguistas, el carácter del conflicto adquirió progresivamente más violencia. La actuación del general Martínez Anido (conocido anteriormente como sanguinario gobernador de Melilla) como gobernador civil de Barcelona de 1920 a 1922 se hizo famosa por su crueldad: un tipo de represión que no se había visto en España en varias generaciones. Apoyó a los sindicatos Ubres, que parecían cada vez más una unión patronal de rompehuelgas, aunque contaban con cierto respaldo respetable de reformadores sociales católicos. Se infiltraron pistoleros en ellos y aumentó el terrorismo entre los anarquistas. En otras partes de España hubo acontecimientos igualmente trágicos: en Andalucía, comités anarquistas ocupaban gobiernos municipales, los terratenientes se marchaban, aumentaban los salarios; pero, al final, el ejército dominaba a los huelguistas. En Madrid, donde también hubo serias huelgas en 1921, socialistas y anarquistas luchaban unos con otros, tildándose recíprocamente de traidores.

Finalmente, los anarquistas destruyeron sus posibilidades revolucionarias, cualesquiera que fueran, por disputas internas. Muchos dirigentes fueron asesinados. También murió asesinado el jefe del gobierno conservador, Dato. En 1923, la CNT estaba exhausta. Y España también. Se habían manifestado reacciones violentas, cada vez más numerosas, en todos los frentes de la vida pública, y se habían creado enemistades que nunca se olvidarían. Una vez más —y no sería la última—, los anarquistas ayudaron a arruinar un sistema que, con todos sus defectos, era susceptible de cambio pacífico, y el que le sucedería iba a ser mucho menos de su agrado.

Las guerras de Marruecos continuaban vinculando al ejército español. Después de algunas victorias de poca importancia, una lenta campaña contra las tribus del Rif, dirigidas por el brillante Abd-el-Krim y su hermano, culminó con la derrota de Anual en 1921. En ella, el general Fernández Silvestre, un oficial romántico y popular, pero imprudente, amigo del rey, fue aplastado con todo su equipo. Cundió el pánico en el ejército del este de Marruecos, cayó un fuerte español tras otro, y los rifeños llegaron a los alrededores de Melilla. Murieron 15.000 ciudadanos y soldados españoles como mínimo.[10] El desastre produjo una conmoción: y más aún la investigación realizada por el general Picasso, que reveló un estado de falta de preparación y de corrupción difícil de imaginar, que era imposible ignorar. La rebelión de Abd-el-Krim y la virtual consecución de un estado rifeño (a pesar de los 150.000 soldados españoles que pretendían su derrota) demostró que, así como los franceses a las órdenes del gran Lyautey habían logrado muchas cosas en Marruecos, los españoles habían hecho muy poco en su zona. Además, se creía que el rey había alentado al general Silvestre, por telegrama, en su temeridad. [11]

Se esperaba que todo esto, y la «responsabilidad» del desastre, saliera a la luz en el otoño de 1923. Las Cortes suspendieron sus sesiones durante el verano. Nunca volverían a reunirse de la misma manera. En 1923, la monarquía constitucional estaba herida de muerte, aunque se había eliminado una amenaza, la de los «junteros», gracias a su disolución un año antes. En parte debido al poder local de los caciques, los partidos políticos de la Restauración no habían llegado a ser gran cosa más que unas tertulias, reuniones semisociales que se celebraban en los cafés en torno a alguna figura. Algunos de los políticos, como los del Partido Reformista Republicano, eran demócratas. Pero la opinión pública no tenía ningún cariño a aquellas Cortes. Los políticos, por su parte, sabían que el ejército no se resistiría a un general popular. Así pues, no hubo voluntad para oponerse a un ultimátum presentado al estilo decimonónico por el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, elegido jefe por un grupo de generales importantes: «Tenemos la razón y por eso tenemos la fuerza, que hemos empleado con moderación hasta ahora. Si por su habilidad se nos quiere conducir a transigencias, que nos deshonrarían ante nuestra propia conciencia, extremaríamos la petición de sanciones y las impondríamos. Ni yo, ni mis guarniciones, ni las de Aragón, de las que acabo de recibir comunicación en ese sentido, transigimos en nada que no sea lo pedido. Si los políticos, en defensa de su clase, forman un frente único, nosotros lo formaremos con el pueblo sano, que almacena tanta energía contra ellos. Y a esta resolución, hoy moderada, le daríamos carácter sangriento».

Así vino la dictadura del general Primo de Rivera. Alfonso XIII, que sabía de antemano lo que se planeaba, consintió.[12] Le exasperaban los políticos y le gustaban los militares. Este nuevo sistema duró hasta enero de 1930. El rey Alfonso presentó a Primo al rey Víctor Manuel de Italia diciendo: «Mi Mussolini». Pero el general no era fascista. En 1923 tenía ya 53 años y el pelo blanco, aunque era un hombre fuerte. No tenía una masa de seguidores ni una política exterior expansionista. Habría abandonado Marruecos si hubiera podido. El movimiento que intentó crear, la Unión Patriótica (UP), una asociación de «todos los hombres de buena voluntad», nunca llegó a tener peso. Aunque usó oficiales para hacerse cargo de los gobiernos municipales durante tres años, encarceló o envió al exilio a quienes se le oponían, y prohibió los partidos políticos, no hubo ejecuciones políticas durante los seis años y medio que estuvo en el poder.[13] Al principio, su pronunciamiento incluso fue bien acogido por intelectuales como José Ortega y Gasset, que consideraba que las enfermedades de España requerían un «cirujano de hierro». Lo mismo pensaban tanto los «junteros» como los oficiales que servían en Marruecos, que por una vez estaban de acuerdo. Sin embargo, el ministro de la Gobernación y el director general de Seguridad (en España siempre un cargo importante) eran los generales Martínez Anido y Arlegui, los implacables gobernadores de Barcelona entre 1920 y 1922. Estos militares hicieron desaparecer de la vista los partidos políticos. Mientras tanto, un ambicioso programa de obras públicas (nuevos pantanos, vías férreas, electrificación rural y carreteras) dio a la dictadura un aire de prosperidad. Aumentaron las facilidades para el comercio, como en todas partes en la segunda mitad de la década de 1920, y tanto la producción como el comercio aumentaron en un 300 %.[14] Los socialistas accedieron a colaborar y la UGT, a diferencia de su nivel anarquista, pareció que se iba a convertir en una especie de sindicato oficial como los de Suecia. La política financiera del joven Calvo Sotelo consiguió que el capital español apoyara a Primo, y por primera vez los bancos se interesaron por el desarrollo mediante el crédito. (Indirectamente, en este régimen la influencia de Maura fue considerable, aunque no lo apoyara oficialmente.[15] Era una época de planes maravillosos, tanto en España como en el resto del mundo: se inició un gran proyecto de conducción de aguas en los valles del Ebro y del Duero y en Barcelona se celebró una famosa exposición industrial. Se construyeron enormes estadios, preparando el camino para el auge del fútbol y la decadencia de los toros. La producción de la industria ligera tuvo un buen momento. Y, por encima de todo, el dictador consiguió cerrar milagrosamente la herida de la guerra de Marruecos, aunque Abd-el-Krim en realidad había derrotado a los españoles cuando entraron los franceses en el conflicto. Abd-el-Krim fue capturado y enviado a la isla Reunión, y pareció —y la apariencia era lo importante— que España había obtenido una victoria militar, por primera vez en muchas generaciones.[16]

Sin embargo, esta dictadura sólo puede juzgarse teniendo en cuenta la personalidad del propio Primo de Rivera. Era patriótico, magnánimo, comprensivo y tolerante, y había demostrado su valor físico y moral en Cuba, Filipinas y Marruecos. Una vez entró en un teatro y se puso a fumar, aunque en todas partes había letreros proclamando que estaba prohibido fumar; cuando le informaron de esto, se levantó y declaró con el cigarro en la mano: «Esta noche, todo el mundo puede fumar». Era viudo, y podía pasarse meses trabajando intensamente para desaparecer luego un fin de semana y dedicarse a bailar, beber y hacer el amor con unas gitanas. Podía vérsele casi solo por las calles de Madrid, embozado en una capa, recorriendo los cafés, y, al volver a casa, a veces daba un comunicado locuaz en el que se notaban los efectos del alcohol, lleno de metáforas inesperadas y confidencias embarazosas, que tal vez tendría que cancelar a la mañana siguiente. Deseaba gobernar España como un déspota ilustrado, pero en una época en que el despotismo sólo podía durar si era brutal.

Finalmente Primo de Rivera cayó en parte porque persiguió a la clase media profesional y liberal, pero no la aplastó; por ejemplo, el asunto de «la Caoba» escandalizó a muchos. «La Caoba» era una cortesana andaluza que, cuando se vio implicada en un caso de drogas, recurrió a Primo de Rivera. El dictador ordenó al juez que la dejara en libertad. El juez se negó y en esto fue apoyado por el presidente del Tribunal Supremo. Primo trasladó al primero y destituyó al segundo. Los que protestaron —por ejemplo, Unamuno, el filósofo, poeta, periodista y profesor de griego— fueron confinados en la calurosa isla canaria de Fuerteventura. Esta acción fue desafortunadamente sintomática de la actitud de Primo hacia los principios de la ley, que él hacía y deshacía impunemente. Esto fue lo más subversivo de su sistema; preparó el camino para una actitud de indiferencia ante la ley que caracterizaría a las derechas españolas de finales de los años 30 y que habría sido impensable en el siglo XIX, tan despreciado por ellas.

Primo también ofendió al ejército, e incluso al rey, con cambios que afectaron a la siempre delicada cuestión de los ascensos en el cuerpo de artillería. Cuando los oficiales de artillería intentaron protestar, Primo disolvió el cuerpo y liberó a los hombres de sus juramentos de obediencia a sus oficiales. Igualmente, los banqueros ortodoxos estaban alarmados ante los planes de impuesto sobre la renta de Calvo Sotelo, y aún más ante el Presupuesto Extraordinario, cuyo objetivo era financiar obras públicas con préstamos cuyos intereses se pagarían recurriendo a las rentas públicas. A nadie, salvo a los beneficiarios inmediatos, le gustaban los monopolios de teléfonos (concedidos a la American International Telegraphs and Telephone Company), de la venta de gasolina (concedido a CAMPSA,[17] un grupo de bancos), o de tabaco en Marruecos (vendido al millonario mallorquín Juan March), especialmente cuando la consecuencia del monopolio de la gasolina era hacer depender al país del petróleo ruso.

La Asamblea Nacional consultiva nombrada por Primo redactó una nueva Constitución, en la que se combinaban los elementos elegidos con los corporativos. Los primeros molestaron a las derechas, y los segundos fueron rechazados por los liberales y las izquierdas. Al rey tampoco le gustó un sistema que le hacía compartir sus poderes de destitución con una copia española del Gran Consejo Fascista de Mussolini. O sea que este proyecto no señaló el camino del retomo a la «normalidad», como esperaba el dictador. Cuando abolió la censura de prensa, recibió una lluvia de críticas. Los estudiantes se le opusieron enconadamente. Hubo dos pronunciamientos contra él, que fracasaron, en Valencia y Andalucía, uno dirigido por un político conservador de setenta años de edad, Sánchez Guerra, y el otro por el ambicioso y joven general Goded, que había sido jefe de estado mayor del victorioso general Sanjurjo en la campaña marroquí. Parecía que había vuelto a empezar la era de los pronunciamientos. Cayó la peseta, y la crisis de 1929 provocó el hundimiento de varios de los grandiosos proyectos financieros presentados por Calvo Sotelo. La llegada de los cines y las radios, y la extensión del uso del teléfono y del automóvil aumentaron las expectativas populares, particularmente los cines, más numerosos en España que en Francia en 1930. Finalmente, deseando que le tranquilizaran, Primo dio el curioso paso de enviar un telegrama a todos los capitanes generales de España, pidiéndoles que averiguaran si los oficiales más antiguos todavía le apoyaban. Ellos contestaron hablando de su lealtad al monarca; pocos fueron los que mencionaron al dictador. El rey dijo a Primo que no era jefe del gobierno en virtud del apoyo del ejército, sino por real orden. De todos modos ahora Alfonso pensaba que el salvador de España podía ser él mismo, y dejó bien claro que confiaba en que Primo se retirara. Y así lo hizo. «Y ahora —dijo el dictador en el último de sus famosos comunicados— a descansar un poco [...]. ¡Dos mil trescientos veintiséis días seguidos de inquietud, de responsabilidad, de trabajo!»[18] Se fue de España, y unos meses después murió en el Hotel Pont Royal, de París, solo y sintiéndose desgraciado. Tenía sólo sesenta años.

No dejó tras él la base para un régimen. Durante un tiempo, el rey intentó gobernar como había gobernado Primo, con un directorio de ministros presididos por el general Berenguer, que había sido un alto comisario competente y honrado en Marruecos, pero que no era político. De todos modos, hacer volver a España a la Constitución de 1876, como deseaba el rey, habría sido una prueba para el más hábil estadista. El propio Berenguer decía que se había hecho cargo del poder cuando España era como «una botella de champagne que se destapa».[19] Los sentimientos republicanos se extendían por el país. Muchos oficiales del ejército, además de los restos de la Unión Patriótica de Primo, pensaban que el rey se había comportado deshonrosamente al aceptar la dimisión del dictador. Otros eran ahora republicanos impenitentes. La Iglesia tenía una postura ambigua; algunas de sus principales figuras (siguiendo el talante todavía wilsoniano del papa Pío XI) deseaban que se estableciera un sistema democrático si era posible. Otros eclesiásticos eran más oportunistas. Ni la burguesía ni las clases trabajadoras tenían nada que esperar de una continuación de la monarquía. El rey, sin embargo, no estaba preparado para iniciar una dictadura real del tipo balcánico, y el general Berenguer se entretenía antes de convocar elecciones. En el verano de 1930, en el balneario veraniego de San Sebastián, se firmó un pacto entre varios políticos e intelectuales republicanos, los socialistas y los defensores del nacionalismo catalán. Los primeros concedían autonomía a los catalanes que, a su vez, accedían a apoyar los planes republicanos. En Madrid, tres eminentes intelectuales, el doctor Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, y el novelista Ramón Pérez de Ayala, constituyeron el movimiento «Al servicio de la República». Ortega (cuyas elocuentes críticas anteriores al parlamento habían ayudado a Primo de Rivera) escribió un famoso artículo en el que declaraba: «¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia».[20] Y, lo que es más importante, numerosos oficiales descontentos apoyaban a los rebeldes, e incluso los anarquistas, reprimidos pero vivos, habían llegado a simpatizar con los oponentes burgueses del rey. Para diciembre se había preparado un pronunciamiento. Los conspiradores hicieron circular el siguiente manifiesto: «Surge de las entrañas sociales un profundo clamor popular que demanda justicia, y un impulso que nos mueve a procurarla. Puestas sus esperanzas en la República, el pueblo está ya en medio de la calle. Para servirle, hemos querido tramitar la demanda por los procedimientos de la ley, y se nos ha cerrado el camino: cuando pedíamos justicia, se nos arrebató la libertad; cuando hemos pedido libertad, se nos ha ofrecido una concesión, unas Cortes amañadas, como las que fueron barridas; resultantes de un sufragio falsificado, convocadas por un gobierno de dictadura, instrumento de un rey que ha violado la Constitución y realizadas con la colaboración de un caciquismo omnipotente [...]. No nos apasiona la emoción de la violencia culminante, el dramatismo de una revolución; pero el dolor del pueblo y las angustias del país nos emocionan profundamente. La revolución será siempre un crimen o una locura, dondequiera que prevalezcan la justicia y el derecho; pero es justicia y es derecho donde prevalece la tiranía».

Estos republicanos no sólo se oponían a la idea de que un solo hombre, ni que fuera un Borbón, pudiera destituir y nombrar a un jefe de gobierno, sino que además veían en la idea de la abolición de la monarquía un paso hacia la modernización de España.

La secuela de acontecimientos fue rápida. En primer lugar, la guarnición de Jaca, en Aragón, en las estribaciones de los Pirineos, se alzó contra la monarquía, dirigida por dos oficiales jóvenes y entusiastas, el capitán Fermín Galán y el teniente García Hernández, antes de que dieran la señal los conspiradores del resto de España. Los dos oficiales, hechos prisioneros cuando avanzaban con sus soldados en dirección a Zaragoza, fueron fusilados por rebelión. La indignación ante estas ejecuciones fue grande. El movimiento fracasó en los demás sitios. Un joven capitán de aviación, Ramón Franco (héroe nacional porque había volado hasta Buenos Aires en el Plus Ultra, atravesando el Atlántico sur por primera vez), despegó para bombardear el palacio real, vaciló, y, en vez de hacerlo, arrojó folletos y luego huyó a Portugal. Los firmantes del Pacto de San Sebastián fueron arrestados. Cuando les juzgaron, se defendieron diciendo que el rey había violado la Constitución al aceptar la dictadura de Primo de Rivera. La reputación de los republicanos aumentó desde sus celdas, donde recibían muchas visitas. Se fundaron varios pequeños partidos para despertar entusiasmo en favor de la monarquía, pero no lo consiguieron. La Unión Patriótica de Primo de Rivera se convirtió en la Unión Monárquica, pero defendía la memoria del dictador, no el futuro del rey. El general Berenguer ofreció unas elecciones. La idea fue rechazada por considerársela insincera y el general, enfermo, dimitió encantado. Después de negociar sin éxito con los políticos, el rey nombró jefe de gobierno a otro militar, el almirante Aznar, que era desconocido e inexperto. El almirante y el rey decidieron poner a prueba a la opinión pública convocando elecciones municipales, no generales, para abril. En el ínterin, los violentos disturbios estudiantiles obligaron a la guardia civil a ponerse a la defensiva.

Estas elecciones se celebraron en una atmósfera exuberante, y adquirieron el carácter de un plebiscito. En todo el país aspirantes a políticos de todo tipo celebraron enormes mítines. Cuando el 12 de abril empezaron a conocerse los resultados finales de las urnas, quedó claro que, en todas las ciudades grandes de España, los candidatos que apoyaban a la monarquía habían sido derrotados. La cantidad de votos republicanos en Madrid y Barcelona (que entonces tenían poblaciones de 950.000 y un millón de habitantes, respectivamente)[21] fue enorme. En el campo, la monarquía ganó suficientes escaños para asegurarse una mayoría en el conjunto del país. Pero era evidente que allí los caciques tenían tanta fuerza que podían impedir que la votación fuera sincera.[22] Se proclamó la República en varios sitios, el primero de los cuales fue Eibar, en el País Vasco. La tarde del 14 de abril las multitudes inundaron las calles de Madrid. El gobierno, estupefacto e intimidado, sugirió al rey que aceptara el consejo de los líderes republicanos de abandonar la capital «antes de ponerse el sol» para evitar el derramamiento de sangre. Sólo quería resistir un ministro, Juan de la Cierva (el ministro de la Gobernación en la época de la «Semana Trágica», en 1909). Si el rey lo hubiera hecho, tal vez habría triunfado en Madrid, pero se habría encontrado con las capitales de provincia dispuestas a luchar. Podría haber estallado una guerra civil en aquel momento. Por consiguiente, después de algunas vacilaciones, Alfonso hizo una declaración de tono muy digno:

«Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que
no tengo hoy el amor de mi pueblo [...]. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fratricida guerra civil [...]. Y mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real.»

Con estas graves y sibilinas palabras, el rey se fue de Madrid a la costa, y de ahí al exilio.

El experimento de monarquía constitucional intentado entre 1874 y 1923 fracasó porque era un montaje político defensivo llevado a la práctica como reacción contra la confusión revolucionaria de 1868-1874. Al principio, sus estadistas pudieron contar con el ansia de vivir que afecta incluso a los pobres, después de un cataclismo. Se presentó de nuevo la turbulencia, y Primo de Rivera no pudo volver a contar con ese talante conservador, durante un tiempo. El creía también que la modernización de España sólo podría producirse bajo un sistema autoritario. Los años siguientes, particularmente después de la huida del rey, volverían a ser tumultuosos, a pesar de que empezaron con mucho orden. De manera que muchos llegaron a creer que podía continuarse la obra de Primo de Rivera, de una forma mejor regulada; mientras que otros también buscaban la autoridad, porque temían al futuro. De momento, sin embargo, el destino de España estaba en manos de los partidarios del cambio y de las oportunidades que éste ofrecía.

3

El advenimiento de la Segunda República. — Alcalá Zamora. — Los radicales. — Los republicanos. — Azaña. — La Institución Libre de Enseñanza. — Los socialistas españoles. — La cuestión catalana. — El cardenal Segura.

«Esta España joven e impulsiva ha alcanzado, por fin, la mayoría de edad», exclamaron jubilosos los republicanos en 1931: un comentario curioso sobre una de las naciones-estado más antiguas, que ya había visto fracasar muchos intentos de regeneración. La República era otro de estos intentos. Al principio, fue prometedora. Al fin y al cabo, la Monarquía había sido derrocada sin derramamiento de sangre. El nuevo gobierno ocupó los ministerios de Madrid con toda tranquilidad. El primer jefe de gobierno de la República fue Niceto Alcalá Zamora, un abogado de Andalucía, con el florido estilo de elocuencia típico de esa región. Cordial, honesto, erudito y confiado, Alcalá Zamora era también vanidoso y entrometido, y, aunque en Madrid parecía amar la libertad más qué la vida, en Priego, su pueblo natal allá en el sur, parecía la encarnación del cacique de los viejos tiempos. Después de haber sido ministro del rey antes de la dictadura de Primo de Rivera, fue presidente del comité revolucionario creado en San Sebastián. Tanto él como otros miembros de su gobierno fueron fervientemente aclamados por la enardecida multitud mientras atravesaban lentamente en automóvil las calles de Madrid en dirección al ministerio de la Gobernación. Tanto don Niceto como Miguel Maura,[1] nombrado ministro de la Gobernación y, por consiguiente, responsable directo del mantenimiento del orden en el país, eran católicos. Así pues, se les podía considerar como un símbolo de la aceptación del fin de la Monarquía al menos por una parte de la Iglesia. Al fin y al cabo, ¿no se rumoreaba que «los curas de pueblo habían votado por la República» en las famosas elecciones municipales? (Aunque el alcalde de una pequeña población había telegrafiado al ministerio de la Gobernación: «Nos hemos declarado a favor de la República. ¿Qué hacemos con el cura?»).

Los otros miembros del primer gobierno de la República eran anticlericales, cuando no ateos. Había dos miembros del Partido Radical que habían alcanzado gran notoriedad en Barcelona en los primeros años del siglo. En primer lugar, Alejandro Lerroux, hijo de un veterinario andaluz, fundador del Partido Radical y conocido en los años 90 como «El emperador del Paralelo» (barrio de mala nota de Barcelona en dicha época), era, a sus 67 años, ministro de Estado de la República. La edad había enfriado las pasiones de aquel corrompido demagogo. Dispuesto a dejarse sobornar por casi cualquier gobierno o a sobornar a casi cualquier respaldador potencial, enriquecido por sus negocios, ya no era el hombre que en 1905 incitaba a sus partidarios de los suburbios de Barcelona a alzarse contra sus patronos y contra la Iglesia: «Jóvenes bárbaros de hoy: entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura; destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie. [...]. ¡Luchad, matad, morid!».[2] Ahora Lerroux era un orador, periodista y político experto, simpático e incluso afectuoso con sus amigos, diplomático, siempre buscando el compromiso, y rápido (aunque sólo fuera porque siempre tenía prisas para llegar al teatro o a un banquete). Su partido se había dividido: muchos de los que habían sido radicales en 1910 se habían convertido en socialistas o anarquistas. Lerroux ya no era un revolucionario, los radicales no eran radicales, y casi nadie se acordaba siquiera de los tiempos en que se decía que «un lerrouxista sin su pistola es como un católico sin su rosario». Sin embargo, su inclusión en el gobierno, con su moderado lugarteniente, Diego Martínez Barrio, un jefe masónico de Sevilla,[3] produjo cierta ansiedad en la jerarquía eclesiástica española, no por innecesaria menos real. Pocos años más tarde, un diputado católico resumiría al Partido Radical diciendo que era como un viaje en barco: «gente de todas las edades, de todas las condiciones, de las más diversas ideologías, de los tipos más distintos; unidas sólo para viajar».[4]

Sin embargo, en el primer gabinete de la Segunda República había un grupo de políticos anticlericales más temibles que estos radicales. Eran hombres de la clase media o que ejercían profesiones liberales, y, al igual que otros miles de hombres como ellos, eran los herederos de los reformadores liberales de la España del siglo XIX. Eran los hombres de la Constitución de Cádiz de 1812, que llevaban cien años intentando limitar el poder de las órdenes religiosas, de los latifundistas, y de otras restricciones a la libertad mercantil. Eran hombres cuya actitud intelectual se había formado, directa o indirectamente, en la Institución Libre de Enseñanza, fundada durante la Restauración como una universidad libre y librepensadora, como una escuela ilustrada, por un grupo de profesores universitarios que se habían negado a prestar el juramento de lealtad «a la Iglesia, a la Corona y a la Dinastía» y que, por esta causa, habían sido privados de sus cátedras.[5] La postura mental inculcada por la Institución Libre derivaba en parte de su admiración por la tolerancia inglesa, y en parte del panteísmo idealista del filósofo alemán Karl Krause, a cuyas clases había asistido en Berlín el primer director de los profesores disidentes, Sanz del Río. Al principio la Institución fue apolítica. Pero en la historia de España todavía no ha habido ni un período en el que el hecho de hacer profesión de libertad de pensamiento haya sido un acto políticamente neutro. Por lo tanto, a pesar suyo, llevados por su amor a la verdad intelectual, estos intelectuales, dirigidos por el sucesor y discípulo de Sanz del Río, Francisco Giner de los Ríos, se vieron obligados a adoptar actitudes políticas. La Institución fue además parcialmente responsable del renacimiento de la cultura española que siguió a la pérdida de las últimas colonias americanas en 1898 en la guerra contra los Estados Unidos, y cuyo motor básico fue el dolor por el retraso, la autocomplacencia y la falta de empuje de España.[6] Más tarde, el espíritu de la Institución animó a la oposición intelectual más vigorosa que se enfrentó a la dictadura del general Primo de Rivera. La esperanza de estos intelectuales era que el contacto personal entre profesor y alumno se convirtiera en el modelo para la universidad y otros «institutos», ya que la Institución y su Residencia de Estudiantes de Madrid (con su junta de estudios para postgraduados, destinada a ayudar a ir al extranjero a estudiantes españoles) no podían hacer más que influir en los futuros dirigentes de la clase media.

Estos republicanos estaban representados por varios hombres en el nuevo gobierno de 1931. Estaba el ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, sobrino de Francisco Giner de los Ríos, profesor de la Universidad de Granada; teóricamente era socialista, pero, sobre todo, con su fluido y hermoso castellano, era un humanista, demasiado individualista y moderado para ser un verdadero marxista. También estaba el ministro de Marina, Casares Quiroga, el jurista gallego que sería jefe de gobierno al comienzo de la guerra civil. Estaba el jacobino de Asturias, Álvaro de Albornoz, que, junto con el experto republicano catalán Marcelino Domingo, era jefe de lo que ellos llamaban el Partido Republicano Radical Socialista, imitación del partido francés de Clemenceau y Ferry. Eran ministros de Fomento y de Educación, respectivamente. Y, finalmente, estaba el nuevo ministro de la Guerra, Manuel Azaña, el cual, aunque no era antiguo alumno de la Institución Libre de Enseñanza, era un fiel reflejo de sus efectos.

De haber vivido en un país menos turbulento, posiblemente Azaña habría dedicado su vida a la literatura. Pero en realidad, sus brillantes traducciones de George Borrow, G. K. Chesterton y Voltaire, una novela autobiográfica sobre su época de estudiante, y unas cuantas obras de crítica y polémica constituyeron toda su producción literaria, aparte de una colección de discursos y de un diario extraordinario.[7] Sin embargo, Azaña se vio empujado a la vida política por las circunstancias de su país. Consideraba «la política como un arte; y el pueblo la materia concreta en que trabajaría un artista».[8] Azaña nació en 1880, en una casa situada entre dos conventos en Alcalá de Henares, la vieja ciudad a treinta kilómetros de Madrid, antigua sede episcopal, donde nació Cervantes. Pertenecía a una familia conocida en Alcalá, de funcionarios y políticos liberales. Su madre murió cuando él tenía nueve años. Azaña perdió la fe religiosa en el colegio de los agustinos —situado en el monasterio de El Escorial—, al rebelarse contra su rígida educación. Después se licenció en derecho y estudió en París. Ingresó en la administración del Estado, como jefe de negociado del registro civil. Vivía solo en Alcalá o en Madrid, dedicado a trabajos literarios, traduciendo y haciendo críticas, constituyendo un caso típico entre muchos otros intelectuales de clase media de su época —y no sólo en España—. Sin embargo, había varias cosas que distinguían a Azaña de otros. En primer lugar, era feo. La conciencia de su fealdad le llevaba a ser muy introvertido, a convertir a su persona en objeto de autoanálisis constante en sus escritos e incluso en sus discursos, a esquivar el trato social (especialmente el de las mujeres), hasta el punto de ganarse las burlas de sus compañeros intelectuales; y, por consiguiente, acumuló en su interior unas reservas intelectuales que le llevarían a la Presidencia de la República Española y que ayudan a explicar la mordacidad de su lengua y la solitaria arrogancia que puso de manifiesto tanto en las épocas de victoria como en las de derrota.

Unamuno decía que Azaña era capaz de iniciar una revolución para conseguir que se leyeran sus libros. Muy delicado y sensible, se le tildaba de homosexual, aunque no hay evidencia al respecto. Acabó casándose, en 1929, a los cuarenta y nueve años, con una mujer mucho más joven que él: la hermana de Cipriano Rivas Cherif, antiguo colaborador de su revista literaria. Azaña era también elocuente. Se dio a conocer como orador en unos discursos pronunciados en el Ateneo, el club madrileño que era el centro de la actividad progresista en España desde principios del siglo XIX. Gracias a ello, entró en contacto con otros políticos republicanos, y se ganó su respeto. Sus discursos eran fríos y monótonos, pero fascinantes y bien construidos. Llegó a ser director de un periódico político, España, y presidente del Ateneo, fundando después Acción Republicana, un partido republicano propio. Si Azaña fue ministro de la Guerra en 1931 se debió a que ningún otro de los liberales antimilitaristas se había molestado en informarse sobre el ejército. Inmediatamente, Azaña intentó, con sus discursos y con su conducta, investir a la nueva República de una dignidad que en realidad sólo podría haberle dado el tiempo, pero que necesitaba inmediatamente para poder sobrevivir.

Admirador de Cromwell, Azaña no sabía economía. Cultivaba un despego sobrehumano y una pureza intelectual que le llevaron a pasar por alto algunos de los hechos reales de la vida española. Era de una integridad absoluta, y los enemigos que no tardaron en surgir se vieron obligados a recurrir al insulto personal para atacarle. Sin embargo, a veces se le consideraría el «hombre fuerte de la República». Quienes le conocían bien le adoraban, mientras que sus oponentes le consideraban a menudo mordaz, despectivo y mezquino. Escogió mal a sus hombres. Creía que la República tenía que ser radical o no ser.

Siempre lúcido, dominando cualquier tema que tocaba, vacilante en los momentos críticos, bonico frente al desastre, tan pronto entregado a la intransigencia dictatorial como al optimismo templado por la desesperanza, tenía algo de cobarde físico, aunque se esforzaba mucho en disimularlo. Azaña fue el político más competente y más culto de la República. Desgraciadamente, sus dos impulsos políticos más fuertes eran de hostilidad contra la Iglesia y contra el poder del ejército.[9]

No tenía un partido de masas y, por lo tanto, en los primeros años de la República tuvo que escoger entre aliarse con los radicales de Lerroux o con los socialistas. Escogió a estos últimos.

Azaña, Domingo y Albornoz representaban un republicanismo que se había desarrollado vigorosamente en los últimos años de la dictadura: 450 clubs republicanos, con un total de casi 100.000 miembros, tenían las opiniones y las actitudes mentales de Azaña. Además, Azaña había recogido el legado de muchos antiguos liberales, que habían desempeñado un papel muy importante en la política de la Restauración. Pero los seguidores de Azaña, a saber, la pequeña burguesía anticlerical, artesanos, maestros, médicos y funcionarios, que le votaron en 1931, le abandonaron seducidos por jefes más radicales o más conservadores.[10] Indudablemente Azaña era un estadista; pero, al igual que otros políticos españoles distinguidos, le resultaba difícil retener a sus seguidores. Y no era un innovador; gran parte de .su programa político tenía antecedentes en los programas de los liberales de tiempos de Canalejas o en las ideas de los republicanos reformistas entre los que se había contado el propio Azaña durante algún tiempo. Los «republicanos» eran individuos más que hombres de partido: de ahí muchas de sus dificultades.

Aparte de Fernando de los Ríos, había dos socialistas en el primer gobierno de la República. Eran Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, secretario general del sindicato general socialista, la UGT.

El Partido Socialista tenía unos 20.000 miembros y el sindicato algo menos de 300.000.[11] Fundados en 1879 por los españoles que apoyaban a Marx en su lucha contra los anarquistas, tanto el partido como el sindicato habían tenido un desarrollo muy lento hasta poco antes de la primera guerra mundial. Ni uno ni otro podían tener mucha fuerza en aquella Barcelona industrial donde los anarquistas se habían hecho tan poderosos. De ahí que los socialistas encontraran sus adeptos entre los tipógrafos y obreros de la construcción de Madrid, entre los mineros de Asturias, y en las áreas industriales que estaban desarrollándose alrededor de Bilbao, particularmente entre los inmigrantes no especializados de Castilla y Galicia, que fueron quienes provocaron las primeras huelgas serias en España, a partir de 1890.

En 1908, la UGT era un pequeño sindicato, bastante ascético, organizado según el modelo inglés, con funcionarios retribuidos que recolectaban fondos para las huelgas. Sólo tenía unos 40.000 miembros.

El partido tenía 6.000. Tres motivos hicieron aumentar el número de sus miembros. El primero de ellos fue la idea, copiada del Partido Radical, de las casas del pueblo, especie de clubs socialistas que disponían de despachos para los comités de las ramas sindicales locales, una biblioteca donde se prestaban los libros gratis, y un bar. El cuartel de la guardia civil, la iglesia y el ayuntamiento ahora estaban acompañados en la mayoría de las ciudades y los blancos pueblos de España por un cuarto edificio, que expresaba, igual que los otros tres, una idea centralizadora, que en este caso iba unida al pensamiento marxista y a una voluntad de educación. El segundo motivo fue una alianza táctica con los republicanos de clase media, que dio a los socialistas un escaño en las Cortes, introduciendo así a sus dirigentes en la política parlamentaria. El tercer motivo fue la guerra de 1914-1918, que dio a España prosperidad, mayor conciencia política, y mayor interés por los asuntos del resto de Europa. El socialismo convencía fácilmente a los que emigraban del campo a las ciudades, particularmente cuando los socialistas apoyaron a los trabajadores en su lucha para evitar que les obligaran a combatir en Marruecos. Los socialistas estuvieron contra Alemania en la Gran Guerra, y estuvieron en contacto con Cambó y otros en 1917, la época de los proyectos de regeneración que, como hemos visto, tuvieron malos resultados para ellos. Entre los socialistas de aquella época se contaban muchos intelectuales de la clase media, además de los trabajadores. En 1920, la UGT tenía 200.000 miembros. Aquel año, el Partido Socialista coqueteó con los bolcheviques rusos, y luego rompió con ellos.[12] Un pequeño número de socialistas se separó y, uniéndose a ciertos anarquistas descontentos, fundaron el Partido Comunista Español, que, sin embargo, durante mucho tiempo sería insignificante.

En 1925 murió el venerable, paciente e incorruptible padre de los socialistas españoles, Pablo Iglesias. Cuando era un joven tipógrafo, había contribuido a la ruptura con Bakunin en 1872 y, a partir de entonces, había conducido el partido con habilidad y honradez a través de innumerables vicisitudes. Su sucesor, en el partido y en la UGT, fue su principal lugarteniente, Francisco Largo Caballero, un yesero que se había pasado la vida siendo un funcionario de sindicato y un miembro concienzudo del ayuntamiento de Madrid, dedicado a hacer proyectos de seguros de enfermedad y bibliotecas, a organizar ciclos de conferencias y a negociar con patronos.[13] Largo Caballero, que en 1931 tenía sesenta y dos años, había participado en 1890 en la primera huelga de los obreros de la construcción en Madrid, y no le gustaban los parlamentos, ni tenía talento para desenvolverse en ellos. No era un orador. Creía en los comités, no en las teorías. No había animado a nadie a hacer huelga cuando el pronunciamiento de Primo de Rivera. Había accedido a colaborar (aunque por poco tiempo) con la dictadura de Primo de Rivera como «consejero de Estado». Esto se explica teniendo en cuenta el desprecio de los socialistas a la monarquía constitucional y el temor morboso de Largo Caballero a ceder terreno a sus rivales en la clase obrera, los anarquistas, quienes, aunque desorganizados, eran más numerosos que los socialistas. Durante mucho tiempo, la UGT había sido casi respetada por la burguesía a causa de su disciplina, su eficaz «maquinaria», con sus innumerables comités, su comportamiento práctico, e incluso razonable, en las huelgas (en contraste con los anarquistas), y sus tendencias centralistas. No tuvo nada de extraño que Largo Caballero fuera el primer ministro del Trabajo de la República. Los comités de arbitraje de patronos y sindicatos, y un voto decisorio gubernamental, que había introducido en tiempos de Primo de Rivera para resolver las disputas salariales fueron los predecesores del sistema que introdujo en 1931.

Probablemente Largo Caballero debió su popularidad a que miles de trabajadores españoles vieron en él reflejadas sus propias luchas; era el hombre por excelencia de las casas del pueblo, que había prosperado gracias a su firmeza, persistencia y honradez, y que estaba dispuesto a evitar toda acción revolucionaria extremista.

Indalecio Prieto, su colega en el gobierno republicano —era ministro de Hacienda— era un tipo de socialista muy diferente. Nacido en Oviedo, siendo niño se trasladó con su madre, viuda, a Bilbao, donde fue vendedor de periódicos. Su viva inteligencia atrajo la atención de un millonario vasco, Horacio Echevarrieta, quien lo hizo primero su secretario privado y, más tarde, director de su periódico,

El Liberal de Bilbao. En 1918, Prieto fue elegido para entrar en las Cortes como diputado socialista, y allí su fácil elocuencia despertó la atención general —y los celos de Largo Caballero—. A partir de entonces, el antagonismo entre ambos caracterizó al Partido Socialista español, reflejando una auténtica división de opiniones sobre cómo debía ser el partido. Prieto se había hecho rico. Calvo, con doble papada y ojos pequeños, la cabeza implantada en un cuerpo diabético de gigantescas dimensiones, parecía y actuaba más como un miembro ilustrado de las clases altas que como un dirigente obrero. «La primera cualidad de Prieto es su gran corazón —escribió sobre él Miguel Maura—. He conocido pocas personas, muy pocas, más sacrificadas, más compasivas, más desinteresadas que Prieto.» Era muy despierto, pero sorprendentemente obediente a la disciplina del partido. Como era un gran estratega parlamentario, se opuso a la colaboración socialista con el gobierno de Primo de Rivera, y fue él quien persuadió a los socialistas a que en 1930 se sumaran a la conspiración contra la monarquía. Prieto, que en 1931 tenía cuarenta y ocho años, era popular entre la clase media.[14] Pero entre los trabajadores siempre causó más impresión la figura más austera de Francisco Largo Caballero.

El presidente de la UGT y del partido hasta 1931 fue Julián Besteiro, el tercero de los socialistas españoles más influyentes, profesor de filosofía y, pese a ser teóricamente marxista, un moderado en lo referente a la política de partido. Pero era contrario a la idea de que los socialistas participaran en el gobierno. Por consiguiente, no tardó en dimitir de la presidencia del partido y del sindicato. Besteiro era humano, cordial, inteligente y culto, pero reservado; nadie le tuteaba.[15]

En los años 30, la clase trabajadora española comprendía ocho millones de personas, de una población de 24 millones. Alrededor de cuatro millones y medio (54,5 %) trabajaban la tierra; y los socialistas, de momento, tenían pocos seguidores entre ellos, aunque pronto los tendrían. Los socialistas tampoco tenían muchos adeptos en Cataluña, donde estaban concentradas casi tres cuartas partes de la industria española. Pero, aunque tenían pocos miembros en las mayores industrias de España —los 300.000 que trabajaban en la industria textil— contaban con un considerable apoyo entre los 270.000 obreros de la construcción, los 200.000 que trabajaban en la industria alimenticia, los 100.000 mineros y los 120.000 obreros metalúrgicos. También tenían fuerza entre los 60.000 trabajadores transportistas y entre el medio millón, aproximado, de artesanos.

El último miembro del gobierno republicano de 1931 era un historiador clásico catalán, Nicolau d’Olwer, que fue ministro de Economía Nacional. Aunque había sido activo en la política catalana de los años 20, era menos político profesional que cualquier otro miembro del gobierno; su inclusión en él no tenía más objeto que satisfacer a los nacionalistas catalanes. Como economista, se decía de él que era un «gran helenista».

Cinco de los miembros de este gobierno tenían un atributo en común: eran francmasones y, por consiguiente, sus enemigos conservadores sospechaban que tenían lealtades antiespañolas.[16]

En el siglo XIX, la mayoría de los liberales españoles habían sido miembros de una u otra de las logias masónicas que, introducidas en España en el siglo XVIII, se habían extendido mucho durante las guerras napoleónicas. En el siglo XX, las personas de ideas progresivas, tanto en España como en el resto de Europa, se sintieron obligadas a ingresar en una logia, sobre todo como postura personal. Aunque al ingresar suscribían los principios de la revolución francesa de libertad, igualdad y fraternidad, los masones, sin embargo, constituían una sociedad secreta sin una verdadera política. Pero la masonería española, aunque no tuviera objetivos políticos claros, era antirreligiosa y anticlerical[17] Como en España el no creer en Dios era un acto con consecuencias políticas, los eclesiásticos y las personas de derechas creían que la masonería era una conspiración internacional diabólica, organizada en la City de Londres, cuya finalidad era implantar el comunismo ateo. Los jesuitas consideraban especialmente perversa a la masonería, porque veían en sus ritos secretos una parodia profana de su propia orden.[18] Semejante hostilidad, naturalmente, sólo sirvió para aumentar el carácter secreto de los masones. Pero no por esto los masones de España tuvieron un frente político definido. Puede que los masones franceses financiaran el anticlericalismo en otros países y las logias españolas hubieran actuado como centros de conspiración contra Primo de Rivera. Pero, más adelante, hubo divisiones entre ellas. Algunos generales, como Goded, Queipo de Llano y Cabanellas, pertenecían a una logia militar, muchos de cuyos miembros eran fervientes republicanos. Las relaciones entre masonería y marxismo también fueron objeto de apasionados debates. Los hombres de la Institución Libre de Enseñanza raras veces eran masones. Por lo tanto, no puede considerarse que los masones tuvieran importancia política en los años 30, aunque algunos políticos, como Martínez Barrio, debieran gran parte de su influencia al rango que ocupaban dentro de la masonería.[19]

El problema de Cataluña era el primero que tenía que afrontar la nueva República. Las cuatro provincias de Cataluña habían disfrutado de un pasado medieval de próspera independencia y preeminencia comercial, tema favorito de los románticos. La industrialización y la reducción del analfabetismo en el siglo XIX, como hemos visto, crearon un deseo de autonomía que, al verse frustrado, se convirtió en un movimiento nacionalista. Más rica que cualquier otra parte de la Península, con una estructura de clase moderna y una cultura mediterránea, Cataluña podría haber prosperado dentro de un Estado federal español. Necesariamente tenía que ser rebelde dentro de la estructura borbónica, centralizada y carente de imaginación. La hostilidad al librecambismo y el deseo de proteccionismo tuvieron una parte en la aparición del nacionalismo catalán. Los catalanes, además, se consideraban un «miembro vital» ligado al «cuerpo moribundo» de Castilla.

El catalanismo, sin embargo, debía su fuerza a una combinación de esta interpretación económica con un renacimiento literario manifiesto en los Juegos Florales que habían empezado en 1859, las competiciones poéticas en catalán, así como en la obra de varios poetas, encabezadas por el sacerdote romántico Verdaguer. En los primeros años del siglo XX, la importancia económica de Cataluña aumentó gracias al desarrollo de la energía hidroeléctrica en los Pirineos Orientales.

Desde Cataluña se hizo llegar la energía hidroeléctrica a Madrid y Valencia, mientras que el suministro eléctrico en esta zona se concentró en la gran compañía de propiedad y financiación norteamericana La Canadiense (Barcelona Traction Company). Mientras tanto, los monjes del monasterio benedictino de Montserrat traducían la Biblia al catalán, de las imprentas catalanas salía un alud de literatura original y traducida, se compilaba un voluminoso diccionario y se fundaban muchos periódicos. El catalán se hablaba más que nunca y se convirtió en el idioma habitual de los ayuntamientos. Las excursiones para redescubrir el país catalán, el culto a la danza nacional, la sardana, la creación de coros populares, e incluso la adopción de una divinidad nacional (la Mare de Déu de Montserrat) fueron las manifestaciones culturales de un fuerte nacionalismo político que, a pesar de todas las contrariedades, en 1931 contaba con la lealtad de la mayor parte de la clase media catalana. La Iglesia apoyaba hasta cierto punto al movimiento catalán, en gran medida por la razón negativa de que el catalanismo era antiliberal del mismo modo que todos los movimientos regionalistas lo habían sido alguna vez. Pero el federalismo en el que podría encajarse fácilmente el catalanismo era, no obstante, más de izquierdas que de derechas.

En Cataluña había una multitud de partidos políticos, todos ellos dominados por personas que, en mayor o menor medida, rechazaban la autoridad del Estado unitario castellano. Ningún partido había podido actuar en tiempos de Primo de Rivera, ni en Cataluña ni en ninguna parte. Incluso habían sido cerrados los centros del prometedor partido de la burguesía catalana, la Lliga Regionalista. Pero el triunfo de los antimonárquicos en las elecciones municipales de abril de 1931 en Barcelona había sido incluso mayor que en ningún otro sitio. Además, para ser exactos, aquí se había logrado la victoria gracias a la Esquerra, un nuevo partido cuyo jefe era un anciano coronel, honorable y romántico, Francisco Maciá, «VA vi», que se había pasado la época de la dictadura de Primo de Rivera conspirando en Francia, en América Latina, y hasta en Moscú. Aparte de su jefe, la Esquerra era un partido de intelectuales, de pequeños comerciantes, que representaba a la clase media baja de Barcelona.[20] Hacia 1930, los industriales catalanes se habían asustado con la actuación de los anarquistas en sus fábricas entre 1917 y 1923, y ante el fracaso de tantas empresas valientes, se aliaron con las derechas ortodoxas españolas. La clase alta catalana, en tiempos, había esperado regenerar a España mediante el resurgimiento de Cataluña. Su jefe, Cambó, había combatido a los antiguos caciques locales a principios de siglo.[21] Pero ahora combatía a las izquierdas y a los radicales. En varias ocasiones, el movimiento catalán había unido a izquierdas y derechas en la causa nacionalista

(notablemente en la alianza de la Solidaridad Catalana, en 1906), pero ahora la posibilidad de que volviera a surgir ese frente común era remota.

En 1913, las diputaciones provinciales de las cuatro provincias catalanas se habían fusionado para algunas de sus funciones, de acuerdo con la ley de Canalejas, creando una precursora de la autonomía, la Mancomunidad, que no había afectado a la soberanía española. Primo de Rivera la había abolido. ¿Iba a ser restaurada ahora? ¿O la Esquerra iría más lejos? Manuel Carrasco Formiguera, un abogado catalán, invocó a Cataluña para que «declarara la guerra a España». Cuando los concejales elegidos en 1931 salieron al balcón de la Plaza de San Jaime, no sólo se oyó La Marsellesa y Els Segadors, el himno nacional catalán, sino también gritos que pedían una república catalana independiente. Luis Companys, lugarteniente de Maciá, un joven abogado que se había hecho una reputación en los años 20 defendiendo a anarquistas y cobrando honorarios simbólicos, proclamó la República como la República catalana»; y una hora más tarde, desde el mismo balcón, Maciá habló del «Estado y la República catalanes». Por esta razón, Nicolau d’Olwer, Marcelino Domingo (ambos catalanes de nacimiento) y Fernando de los Ríos hicieron un viaje precipitado a Barcelona para persuadir a Maciá a que esperara la aprobación de un estatuto catalán de autonomía por las nuevas Cortes, que iban a ser elegidas inmediatamente. Maciá accedió, a pesar de que Barcelona estaba en sus manos. Indudablemente demostró prudencia al ser paciente, puesto que los habitantes de Barcelona no eran, ni mucho menos, todos catalanes: más de un tercio de la población de la ciudad habían nacido fuera de Cataluña. Y no podían adivinarse sus opiniones políticas[22]

La luna de miel de la nueva República duró un mes. Durante este tiempo, la República salía caricaturizada en la prensa como «la niña bonita», en la línea de la feliz Marianne del otro lado de los Pirineos; había aparecido por primera vez en 1812 representando la Constitución de Cádiz. El gobierno hizo planes para unas elecciones en junio de las que saldrían unas Cortes provisionales. Estas aprobarían una Constitución. Entretanto, la bandera roja y gualda de la monarquía fue sustituida por una tricolor, roja, amarilla y morada; el himno nacional pasó de ser la Marcha Real al Himno de Riego (el himno de los constitucionalistas en 1820); y muchas calles fueron bautizadas de nuevo con nombres de resonancia republicana.

Companys, que se convirtió en el primer gobernador civil republicano de Barcelona, destruyó los archivos policiales, en los que figuraban tanto anarquistas como delincuentes comunes. El gobierno hizo públicos irnos proyectos para la construcción de miles de nuevas escuelas primarias, y, el 6 de mayo, decretó que a partir de entonces la instrucción religiosa ya no sería obligatoria en las escuelas del Estado: aunque «podría darse» a los niños cuyos padres la solicitaran. Este cambio era sorprendente en España.

Los enemigos de la República, sin embargo, ya se estaban agrupando. Los anarquistas se aprovecharon de la actitud benévola de Maciá para con ellos y del bandazo antiautoritario del país para saldar algunas viejas cuentas en Barcelona, a pesar de que su directorio nacional se había declarado contrario a una vuelta al terrorismo. Mientras tanto, la República no hizo ninguna purga en la administración nacional ni local, ni en la policía, el profesorado o las representaciones del gobierno. La judicatura siguió siendo la misma. Y lo mismo, desde luego, el ejército. Esta combinación de políticos inexpertos y reformistas con una estructura gubernamental conservadora presentaría muchas dificultades.

Además, aunque la gran depresión había sido menos dura en España que en los países industriales más avanzados, también presentó en este país grandes dificultades, especialmente en el terreno minero.

A lo largo de 1931 empezarían a notarse los efectos de la depresión en Cataluña. Entretanto, el regreso de muchos trabajadores del extranjero, particularmente de América, exacerbaría el paro en las regiones más pobres, como Galicia y Andalucía. En el campo, el paro siempre sería doblemente duro que en las ciudades, aunque se notara menos. Y por entonces en España no había subsidio de paro, y los servicios sociales en general eran rudimentarios, en comparación con los que existían en el norte de Europa.[23] Finalmente, el primer estallido de la contienda que continuaría hasta la guerra civil fue la grave pero violenta pastoral del cardenal Segura, arzobispo de Toledo y primado de la Iglesia española, hecha pública a principios de mayo. Este resuelto primado combinaba la inteligencia con la obstinación. Obispo a los treinta y cinco años, había sido trasladado desde su oscura diócesis de Extremadura por intervención especial del rey.

Era un erudito que alardeaba de tener tres doctorados, y, cuando, una vez al año, se dedicaba al trabajo social, trabajaba tan duramente como cualquier párroco. En 1931 no había cumplido aún los cincuenta años, y estaba en la cúspide de su carrera. Su carta pastoral empezaba con un elogio a Alfonso XIII y terminaba con estas amenazadoras palabras: «Si permanecemos quietos y ociosos y nos dejamos ir hacia la apatía y cortedad; si dejamos abierto el camino a todos aquellos que intentan destruir la religión o si esperamos la benevolencia de nuestros enemigos para asegurar el triunfo de nuestros ideales, no tendremos ningún derecho a quejamos cuando la amarga realidad nos muestre que hemos tenido la victoria en nuestras manos, pero que no hemos sabido luchar como intrépidos guerreros dispuestos a sucumbir gloriosamente».[24]

4

La Iglesia española en 1931. — Su papel en la historia de España. — La Iglesia y la enseñanza. — Las relaciones con el Vaticano. — El Debate.

La Iglesia española, en los años 30, contaba con unos 20.000 religiosos, 60.000 monjas, y 35.000 sacerdotes. Había casi 5.000 comunidades religiosas, de las cuales aproximadamente 1.000 eran masculinas, y el resto femeninas.[1] Sin embargo, en los años 30, dos tercios de los españoles eran católicos no practicantes; es decir, aunque utilizaban las iglesias para bautizos, bodas y funerales, nunca se confesaban ni iban a misa. Según el padre jesuita Francisco Peiró, sólo el 5 % de la población rural de Castilla la Nueva cumplió sus deberes pascuales en 1931. En algunos pueblos de Andalucía, únicamente iba a la iglesia el 1 % de los hombres. [2] En algunos pueblos, el cura decía la misa solo. En la rica parroquia de San Ramón, en el barrio madrileño de Vallecas, el 90 % de las personas educadas en colegios religiosos, no se confesaban ni asistían a misa una vez abandonado el colegio.[3] Aunque en el campo las cifras eran muy diferentes, las que hemos citado sirven de base estadística para la imprudente afirmación de Manuel Azaña cuando dijo que España había dejado de ser católica.[4]

Azaña quería decir que España ya no era totalmente católica, como lo había sido, por ejemplo, en el dorado siglo XVI. En aquella época, la Iglesia había sido el único vínculo entre las provincias. La Inquisición española, instituida como tribunal de la ortodoxia religiosa, era la única institución jurídica respetada en todo el país. Financiados por la riqueza procedente de las colonias americanas, los reyes de la dinastía Habsburgo habían intentado conseguir una unidad cultural y política en Europa no alcanzada nunca, ni siquiera en la Edad Media. Los poderosos ejércitos españoles habían sido empleados en un nuevo intento de Reconquista: la de Europa a los protestantes y a del Mediterráneo a los turcos. El rey español había ceñido muy afano la espada temporal de la Contrarreforma, dirigida en el terreno teológico por la Compañía de Jesús, fundada por el vasco Ignacio y conservando siempre características españolas.

Por lo tanto, el siglo de oro español, cuando el país se puso a la altura de los que han sido, por más o menos tiempo, los grandes de la tierra, fue también la época de apogeo de la Iglesia española. Y si la Iglesia era el lazo que unía geográficamente la nación, también lo hizo socialmente. Los teólogos españoles, al no haber una reforma, se libraban de las argumentaciones sobre las formas del culto tan abrumadoras en el norte de Europa. Por lo tanto, podían discutir, con una terminología casi moderna, sobre las relaciones entre ciudadano y sociedad, e, incluso, plantear el problema de una distribución más equitativa de la tierra. Sin embargo, las grandes naciones vienen a menos por las mismas razones que las alzaron por encima de las demás. Las aspiraciones pseudomedievales de los Habsburgo agotaron el tesoro. La hostilidad de la Iglesia española hacia el comercio, unida a la facilidad con que podía importarse el oro y la plata de América, extinguieron la vitalidad económica de España. La tensión entre cristianos y judíos conversos dio a las controversias intelectuales de este período un matiz casi racista; el «Siglo de Oro» se volvió de plomo mucho antes de acabar. Cervantes, que escribía cuando las consecuencias económicas de la desorbitada ansia de grandezas españolas se hacían ya sentir, creó la figura de Don Quijote, el personaje más grande de la literatura española, arquetipo del caballero andante en busca de una gloria vana; y el mantenimiento quijotesco de una serie de puntos de vista medievales en el nuevo mundo de la Europa del Renacimiento se convirtió pronto en la característica de un país que había sido el primero en revelar el verdadero nuevo mundo al otro lado del Atlántico. Las ideas de justicia social predicadas por los teólogos reforzaban un punto de vista pre-mercantil que al mismo tiempo recordaba a la escolástica y anticipaba el socialismo. La decadencia intelectual de la Iglesia continuó hasta el punto de que hombres cultos de la más ilustre universidad de España, la de Salamanca, discutían solemnemente, en el siglo XVIII, sobre el idioma que hablaban los ángeles o si el cielo estaba hecho de un líquido parecido al vino o de bronce de campanas.[5] Durante estos años, no había un solo protestante en España, y no se oía una sola crítica contra la presión de la Iglesia sobre el pensamiento de la nación. España poseyó, hasta el siglo XVIII, el mayor imperio del mundo. Pero la cultura española, igual que las costumbres de la corte, se volvió excesivamente formalista, y decayó después de la muerte de Velázquez, en 1660. Las instituciones libres de las provincias, que habían sido de las cosas más vivas de España, decayeron bajo la pesada mano de la burocracia de los Habsburgo y de sus sucesores, los Borbones.

En el siglo XVIII, las ideas de los filósofos franceses empezaron a popularizarse en la corte de los Borbones españoles. Pero, después del hundimiento de los Borbones en las guerras napoleónicas, la Iglesia, que había aumentado su popularidad gracias a su oposición a Napoleón, se convirtió en el centro de resistencia contra las ideas liberales. Sus representantes más violentos se agruparon en la sociedad del «Ángel Exterminador». Vino la primera guerra carlista. Durante este período, persistía el bajo nivel intelectual del clero. El mayor éxito de los liberales fue la desamortización de las tierras de la Iglesia en 1837. Aunque la Iglesia recibió una compensación, fue en forma de dinero. No pudo recuperar las tierras, que habían comprado los especuladores de la clase media. A partir de entonces, aun cuando la Iglesia mantuvo una oposición implacable contra las ideas liberales, se redujo su influencia sobre la clase trabajadora.[6]

La aparición de la Institución Libre de Enseñanza a finales del siglo XIX coincidió con un resurgimiento de la Iglesia (o fue inspirada por éste). La batalla que Roma había perdido en Francia, Alemania e Italia en el último cuarto del siglo XIX fue la causa de la elaboración de una política destinada a mantener al menos un país —España— «a salvo del ateísmo liberal». Miles de clérigos españoles volvieron de Cuba o Filipinas. Se multiplicaron las órdenes religiosas. También vinieron muchos sacerdotes franceses y, más tarde, portugueses. Se dio nuevo impulso a la construcción de edificios religiosos, y la riqueza de la Iglesia se consolidó con capital español. Se creía, con razón, que los jesuitas y los marianistas dominaban amplios sectores de la riqueza del país, desde el comercio de antigüedades hasta, más adelante, salas de baile y cines. La interpretación que hacían las órdenes religiosas de las encíclicas renovadoras de los papas León XIII y Pío XI era, en realidad, que permitían al clero la acumulación de capital. Un destacado hombre de negocios catalán hizo un famoso cálculo en 1912, según el cual las órdenes religiosas controlaban un tercio del capital del país. En un catecismo popular editado en 1927, a la pregunta «¿Qué clase de pecado se comete al votar por un candidato liberal?» se respondía: «Generalmente un pecado mortal». Pero a la pregunta «¿Es pecado, para un católico, leer un periódico liberal?» se contestaba: «Puede leer las noticias de bolsa».[7] Pero el nuevo catolicismo no era un movimiento cínico. Aunque favorecía el statu quo y a los ricos, era caritativo, evangélico y se interesaba por la enseñanza, sobre todo. Ciertas órdenes, especialmente los jesuitas y los agustinos, tenían colegios excelentes (aunque convencionales) de enseñanza secundaria (como el de El Escorial, donde se educó Azaña).

Entre 1909 y 1917, la principal discusión política en España había versado sobre el papel de la Iglesia en la enseñanza secundaria y superior. El Estado había decidido teóricamente instituir la enseñanza primaria gratuita para todos y en todas las capitales de provincia había un instituto estatal de enseñanza media, a menudo de poca calidad. Pero los maestros eran casi todos católicos, y los niños pasaban mucho tiempo rezando el rosario. (Había muy pocas escuelas. En 1930, sólo en Madrid, había 80.000 niños que no iban a la escuela.) La Iglesia podía mantener su influencia sobre la juventud, a través de su autoridad en las escuelas estatales y en las dirigidas por órdenes religiosas. Los liberales intentaron cambiar esto, y habían logrado algunas concesiones, pero al final su esfuerzo no dio resultados. Igual que en Francia a principios de siglo, la posición de la Iglesia en la enseñanza y por lo tanto en la cultura general del país se estaba convirtiendo en una obsesión para quienes la rechazaban. Los trabajadores llegaron a pensar que las misiones de las órdenes religiosas en los suburbios de la clase obrera eran el más pernicioso de los males, particularmente si tenían un subsidio estatal y más aún si parecía que, con la coartada de la enseñanza, imbuían una falsa ética a los ignorantes. Los intelectuales como Manuel Azaña o el director de cine Luis Buñuel no podían olvidar a la Iglesia, aunque rechazaran la religión.

En cuanto a la Iglesia, cuando el cardenal Segura lanzó su ataque contra la República en mayo de 1931, no hablaba en nombre de todos sus fieles. Los sentimientos políticos de la Iglesia española eran demasiado contradictorios para poder ser resumidos en una pastoral enérgica. Puede que muchos miembros de la jerarquía y de las órdenes religiosas fueran tan monárquicos como el primado, más por miedo a lo que pudiera venir que por lealtad a lo pasado. Pero el grupo de intelectuales católicos que escribían en el periódico madrileño El Debate eran partidarios de un catolicismo más liberal que pretendía atraer al proletariado urbano hacia la Iglesia o hacer algunas concesiones a la democracia. El cardenal Segura había denunciado El Debate calificándolo de «papelucho liberal». Durante las primeras semanas de la República se desató una controversia entre El Debate y el monárquico ABC sobre la interpretación «accidentalista» que el primero daba de la República: a saber, que, mientras que la Iglesia era eterna, las formas de gobierno eran temporales. ABC consideraba que esta actitud era cobarde. Así pues, no puede darse una visión clara de la actitud política de la Iglesia en cuanto tal. Es cierto que, desde la confiscación de las tierras eclesiásticas durante el siglo anterior, las órdenes religiosas y la jerarquía habían sido capitalistas. Pero muchos frailes y la mayoría de los sacerdotes (excepto los que vivían en los barrios ricos de las grandes ciudades) tenían unos ingresos tan pequeños como los de sus feligreses.[8] Se consideraba con razón a la jerarquía como la aliada de las clases altas. Pero el cura de pueblo, e incluso el cura de una zona pobre de una gran ciudad, era considerado a menudo como un consejero relativamente amable, que podía influir sobre las autoridades, a veces con éxito, en favor de los oprimidos.[9]La clase trabajadora española, sin embargo, se indignaba cuando un sacerdote era claramente hipócrita y estaba en flagrante contradicción con las enseñanzas de Cristo sobre la pobreza, o se mostraba respetuoso ante los ricos. Entonces cualquier castigo parecía pequeño para él, y su iglesia corría el riesgo de ser pasto de las llamas. (Cuando los incendiarios anarquistas pidieron las llaves de la iglesia al cura de Palamós, durante los hechos de 1909, él les respondió: «Quememos la iglesia, pero también la fábrica; perdamos el pan igualmente vosotros y yo. ¡Vamos a empezar por la fábrica!» El cura empezó a bajar la colina, pero no se quemó ninguno de los dos edificios.[10] Durante los disturbios de 1909, la clase trabajadora de Barcelona demostró una completa ignorancia de lo que ocurría en los conventos, y un gran interés al respecto. Se suponía que en aquellos misteriosos edificios se guardaban los cuerpos de jóvenes martirizadas, además de valores y acciones. Pero el cadáver expuesto en el colegio de las hermanas de la Inmaculada Concepción en Pueblo Seco resultó ser el cuerpo embalsamado de Leonor de Aragón, muerta antes de 1450. También se suponía que las monjas debían de ser ricas, desde el momento en que podían llevar aquella vida contemplativa. De manera que se consideraba que cada convento era una conspiración contra la democracia».

Siempre fue raro, incluso en momentos de revolución, que los vecinos de un pueblo mataran a su propio cura o quemaran su iglesia, a menos que se supiera que era un amigo de la burguesía. En estas circunstancias, aun entonces, generalmente se dejaba actuar a gentes que vinieran de otros pueblos. No era comente que los españoles destrozaran la imagen de una virgen local o una iglesia local. El arzobispo de Valladolid comentó una vez que «aquella gente estaría dispuesta a dejarse matar por su Virgen local, pero no tendría ningún inconveniente en quemar la de sus vecinos a la menor provocación».[11] Sin embargo, en la Semana Trágica de 1909, los trabajadores llevados por su odio a la religión habían decapitado y descuartizado imágenes religiosas, habían abierto tumbas, y habían intentado destruir por encima de todo. Continuaban haciendo responsables de todos los cataclismos a las órdenes religiosas de clausura, y esta creencia agradaba a los anarquistas y a los anticlericales republicanos, que la fomentaban.

La Iglesia española del siglo XX creaba dificultades al Vaticano. Las manifestaciones públicas de fanatismo y superstición no demostraban precisamente un verdadero espíritu religioso.[12] En 1931, el papa Pío XI era por lo menos tan liberal como los que escribían en Madrid en El Debate. Su secretario de Estado, Eugenio Pacelli, ya empezaba a concebir la idea de la creación de partidos demócratacristianos, que llevaría a la práctica al convertirse en papa, con el nombre de Pío XII, después de la segunda guerra mundial. Cuando, el 22 de mayo de 1931, el gobierno dio un decreto proclamando la libertad religiosa, el cardenal Segura se fue a Roma, donde el papa Pío le indicó que la prudente cautela del nuncio, monseñor Tedeschini, era la mejor política que podía seguir la Iglesia en España. Pero Segura, desde Roma, lanzó un ataque público contra el gobierno. Su reputación no mejoró cuando, un mes más tarde, volvió subrepticiamente a España atravesando los Pirineos, sin pasar por ningún puesto fronterizo. Llegó hasta Guadalajara antes de que lo detuvieran. Entonces el gobierno le expulsó del país, escoltándolo hasta la frontera. (Se supo que Segura había intentado vender tesoros eclesiásticos para ayudar a la Iglesia a constituir un fondo con el que combatir a la República.) El cardenal no volvió a España hasta que empezó la guerra civil. Después de unas delicadas gestiones diplomáticas, monseñor Gomá, un hombre de vasta cultura que había sido obispo de Tarazona, le sucedió como primado y arzobispo de Toledo.[13]

Entretanto, Herrera y sus amigos del periódico El Debate, lanzaron un movimiento católico constitucional, Acción Nacional, a finales de abril de 1931, con el propósito de crear una organización electoral que reuniera a los «elementos de orden». Pero algunos de los miembros de este partido supuestamente «liberal», como Antonio Goicoechea y el conde de Vallellano, eran casi monárquicos autoritaristas. Otro miembro era el poeta José María Pemán, el «hombre de ideas» de la Unión Patriótica de Primo de Rivera que era un romántico enamorado del pasado.[14] No era un comienzo muy prometedor para el primer partido conservador con movimiento de masas que surgía en España; sin embargo, llegó a movilizar masas, jugando con los temores de quienes se sentían atropellados por el creciente anticlericalismo del gobierno y sus partidarios.

El anticlericalismo era comprensible en la España de los años 30, y los liberales entregados a la causa de liberar a la enseñanza y a la cultura de la opresión sofocante del catolicismo actuaban dentro de una gran tradición decimonónica. Pero en España, el verdadero problema cultural seguía siendo la falta de enseñanza. Por ejemplo, casi veinte provincias españolas tenían una tasa de analfabetismo del 50 % o más, y sólo dos provincias (Barcelona y la provincia vasca de Álava) tenían una tasa de menos del 25 %. Madrid tenía un 26 %. Habría sido más prudente, y habría demostrado una mayor perspicacia, que la República se hubiera concentrado en la creación de nuevas escuelas, en vez de atacar a las órdenes religiosas que ya tenían buenos colegios, aunque exclusivistas, por mucho que el padre Montes hubiera irritado a Azaña en el colegio de los agustinos. Además, gustara o no, la Iglesia en España incorporaba una larga tradición en la vida española; en realidad, había creado el patrón de esta vida. Por lo tanto, era fácil decir que el anticlericalismo era un elemento de la «anti-España»; y muchos lo decían.

5

Los disturbios de mayo de 1931. — La quema de iglesias. — Las conspiraciones de los monárquicos. — Carácter del anarquismo español.

El domingo 10 de mayo de 1931, pocos días después de la publicación de la carta pastoral del cardenal Segura, se observó que un grupo de oficiales del ejército y de aristócratas que se consideraban especialmente leales al rey Alfonso se reunían en una casa de la calle de Alcalá, una de las principales de Madrid. En teoría, simplemente estaban fundando el Club Monárquico Independiente «para servir de lazo entre los elementos que desean trabajar en favor de los ideales sustantivos de la monarquía». Era una respuesta monárquica y de derechas a la Acción Nacional de los católicos «liberales». Pero un gramófono tocaba la Marcha Real. Se congregó una multitud delante de la casa. Dos monárquicos (uno de ellos era el marqués Lúea de Tena, director de ABC, el diario monárquico) que llegaban tarde, gratamente sorprendidos al ver tanta gente en la calle, gritaron: «¡Viva la Monarquía!» El taxista que los llevaba replicó gritando: «¡Viva la República!» Los monárquicos protestaron contra el taxista, e inmediatamente circuló el rumor de que lo habían matado. La gente, enfurecida, prendió fuego a varios automóviles de los monárquicos asistentes a la reunión. En un momento se multiplicó el número de personas de la calle. La luna de miel de la República había terminado.

Una muchedumbre furiosa se dirigió hacia el edificio de ABC, al que prendieron fuego. El ministro de la Gobernación, Miguel Maura, amenazó con dimitir si no se le permitía llamar a la guardia civil,[1] pero es comprensible que el gobierno vacilara. Azaña dijo que todos los conventos de Madrid no valían la vida de un republicano. Finalmente se dispersó la multitud. Pero, al día siguiente, volvieron a producirse disturbios. Fue incendiada la iglesia de los jesuitas de la calle de la Flor, en el centro de Madrid. En sus muros requemados se habían escrito estas palabras: «La justicia del pueblo contra los ladrones».[2] Aquel mismo día fueron incendiadas otras varias iglesias y conventos de Madrid.[3] En pocos días, los incendios se habían extendido a Andalucía, especialmente a Málaga. Maura obtuvo permiso para utilizar el ejército en vez de la odiada guardia civil, y se proclamó la ley marcial. Toda España empezó a alarmarse. No hubo ningún muerto, aunque varios frailes escaparon en el último momento. Así y todo, evidentemente había caído una mancha sobre el historial de la República. En toda España habían sido asaltadas unas cien iglesias. El gobierno censuró públicamente a los monárquicos por haber desencadenado los alborotos, y suspendió no sólo ABC sino también El Debate.

Sin duda a algunos de los asistentes a la reunión en aquella casa de la calle de Alcalá les habría gustado una insurrección contra la República. No contaban, para esto, con la aprobación del rey Alfonso (entonces en París), que había aconsejado a sus partidarios (incluidos los oficiales del ejército) que sirvieran a la República.[4] Unos días antes, había hecho unas declaraciones muy dignas a ABC, en las que había dicho: «Los monárquicos que quieran seguir mi opinión no sólo se abstendrán de poner obstáculos al actual gobierno, sino que le apoyarán en todos sus planes políticos. Por encima de las fórmulas de república o de monarquía está España».[5] Aunque indudablemente consideraba este método como el mejor medio para poder volver al trono español, es obvio que don Alfonso no deseaba hacer la vida imposible al nuevo gobierno. En consecuencia, la inmensa mayoría de los jefes y oficiales del ejército, de la aviación y la marina prestaron juramento de fidelidad al nuevo régimen.[6] Pero algunos no tenían la menor intención de colaborar con la República.[7] Las cabezas de estos conspiradores potenciales eran los generales Orgaz, Cavalcanti y Ponte. Otros activistas eran el marqués de Quintanar, que se dedicaba a buscar dinero; Ramiro de Maeztu, miembro de la generación del 98, después atraído por el anarquismo, embajador, periodista, y ahora casi un fascista; el intelectual carlista Víctor Pradera; y algunos monárquicos más jóvenes, como Sáinz Rodríguez, enormemente gordo («un latifundio de carne», como le describieron una vez), erudito y bohemio. Estos conspiradores pronto decidieron crear un nuevo partido monárquico legal; bajo la inspiración de Action Yranqaise crearían una revista, Acción española (que no hay que confundir con el partido llamado Acción Nacional), dirigida por Ramiro de Maeztu, en la que defenderían públicamente una insurrección contra la República (la redacción de la revista crearía además un centro de estudios para «reunir textos sobre el tema de la legalidad de una insurrección »); y fundarían una organización para crear «un ambiente revolucionario » en el ejército.[8] Pronto surgieron otros grupos políticos de derechas; Acción Castellana; un movimiento derechista regional de Valencia dirigido por un antiguo carlista, el periodista Luis Lucia; y un partido agrario de terratenientes castellanos. El antiguo movimiento carlista también empezó a actuar. Otros monárquicos discutían cómo podían perturbar la política económica del gobierno fomentando la fuga de capitales. Estos monárquicos españoles de los años 30 eran influyentes, ricos, más autoritarios que el rey cuya causa en teoría defendían, y evidentemente mostraron mucha más imaginación en sus esfuerzos para derrocar a la República que la que habían mostrado para intentar defender al rey.[9]

En cuanto a los que protestaron contra ellos aquel domingo por la mañana de 1931, algunos eran simplemente madrileños que paseaban por la calle principal de la capital, como era costumbre en las mañanas domingueras. Pero la quema deliberada de iglesias (y la quema de la redacción de ABC) fue probablemente obra de los anarquistas.[10]

Las aspiraciones de los anarquistas españoles en 1931 se habían modificado, aunque no habían cambiado, desde la llegada a España del primer emisario de Bakunin en 1868. Hasta aquel momento, el cuerpo de ideas socialistas revolucionarias había tenido pocos adeptos en España. Unos cuantos intelectuales de la clase artesanal se habían sentido atraídos por el federalismo: Proudhon fue traducido al español por Pi y Margall, uno de los líderes (y durante un tiempo jefe de gobierno) de la Primera República. En 1868, llegó a Madrid Giuseppe Fanelli, un diputado italiano, antiguo compañero de armas de Garibaldi y ahora admirador apasionado de Bakunin, que era todavía la principal figura de la Internacional. Aunque Fanelli no hablaba español, y aunque de los diez asistentes a la reunión (casi todos tipógrafos) sólo uno entendía el francés, sus ideas produjeron una impresión extraordinaria.[11] Fanelli puso en contacto a los trabajadores españoles con Europa y les indicó la necesidad de organizarse. Más tarde, dos españoles fueron a ver a Bakunin a Basilea. Hacia 1873, había 50.000 «bakuninistas» en España, conocidos al principio como

«internacionalistas», y, más tarde, con el nombre más exacto de anarquistas. A estos hombres les parecía que acababa de proclamarse una nueva verdad. El Estado, puesto que se basaba en ideas de obediencia y autoridad, era malo. En su lugar, había que crear comunas autónomas —municipales, profesionales u otras sociedades— que harían pactos voluntarios entre sí. Toda colaboración con los parlamentos, los gobiernos y la religión organizada era condenable. Los delincuentes serían castigados por la censura de la opinión pública. En sus puntos de vista, Bakunin, al igual que Tolstoi, estaba influido por la nostalgia de la vida campesina rusa que había conocido en su infancia. También es imaginable que los españoles, entre quienes se extendieron tan ampliamente estas ideas, ansiaran volver a la simplicidad de las épocas anteriores al inflexible Estado moderno, de las sociedades medievales en villas y unidades provinciales autónomas que habían florecido en España igual que en el resto de Europa. En gran parte de España, el dinero entonces era todavía una innovación. Así pues, el anarquismo era más una protesta contra la industrialización que un método para organizaría en beneficio público. Tal vez la Iglesia, que tanto sufriría sus consecuencias, había ayudado a preparar el camino; su hostilidad contra el instinto competitivo, particularmente el de los españoles que lo manifestaban, hacía que las ideas de Fanelli parecieran simplemente una continuación honrada de la antigua fe; quizás incluso se trataba de la verdadera reforma que nunca se había producido. Era una época en que los terratenientes (especialmente los nuevos, que habían adquirido tierras de la Iglesia) reconocían cada vez menos sus obligaciones para con los campesinos, que cada vez más se estaban convirtiendo en un proletariado sin tierra y sin derechos.[12]

La querella entre Marx y Bakunin en el seno de la Internacional dividió a su sección española. La masa del movimiento español, los anarquistas, fueron casi los únicos en Europa que continuaron detrás de Bakunin. Una minoría, los socialistas, formaron un partido propio, que siguió a Marx. Los primeros iniciados anarquistas —tipógrafos, maestros y estudiantes— iniciaron una política deliberada de educación, dirigida principalmente a los trabajadores andaluces.

Los militantes revolucionarios iban de pueblo en pueblo, como frailes caminantes. Organizaron escuelas nocturnas, donde los campesinos aprendieron a leer, a ser abstemios, vegetarianos, fieles a sus mujeres, y quizás a disertar sobre lo malo que era, moralmente, el tabaco o el café. Aunque en 1872 el débil gobierno proscribió las Internacionales, los anarquistas ocuparon el primer puesto entre los cantonalistas revolucionarios de la época. Aquel año, en una gran huelga que tuvo lugar en Alcoy (Alicante), los anarquistas transformaron el ayuntamiento en un comité de seguridad pública, mataron al alcalde y a los guardias civiles, y pasearon triunfalmente por el pueblo las cabezas de estos últimos, preludio de las muchas violencias que vendrían después.

La Restauración de 1874 trajo consigo la represión y el movimiento pasó a la clandestinidad. Disminuyó el número de militantes, se produjeron disputas, tan agrias como inútiles, y los antiguos militantes fueron calumniados y traicionados. Se fundaron varios sindicatos no políticos libres de influencias anarquistas. Sin embargo, algunos radicales de la clase media, como el heroico Fermín Salvochea, de Cádiz, se pasaron a los anarquistas. Estos hombres predicaban la libertad y eran muy disciplinados. Se oponían al matrimonio convencional (y eran partidarios de la abolición de los valores morales de las clases media y alta), pero vivían como santos. Sus partidarios se esforzaban en imitarles, tratando a menudo de acelerar el milenio con alguna acción violenta espontánea que, al ser reprimida cruelmente, engendraría más violencia. Por todo el sur de España, sin embargo, durante los años ochenta, noventa, y el primer decenio del siglo XX, el anarquismo siguió propagándose como si fuera una religión, acosado por las persecuciones o el hambre, pero nunca vencido, cada vez con mayor cantidad de trabajadores agrícolas convencidos de que un día, quizá después de la próxima incautación de tierras, se derrumbaría el edificio de la vieja España, con extras y terratenientes, y llegaría el mundo del amor y de la redistribución de la tierra. Los que habían sido bandoleros en la década de 1840 se hicieron anarquistas en la de 1880. Andalucía, abandonada durante tanto tiempo por la clase alta, se vengó propugnando una doctrina cuyo triunfo significaría la destrucción física de aquella clase alta y de sus amigos y servidores. Muchos campesinos aprendieron a leer gracias a la enseñanza anarquista, y era lógico que creyeran sin reservas casi todo lo que leían en las octavillas mal impresas de Bakunin y Proudhon. Cuando descubrían que Bakunin había dicho que no se ganaría el nuevo mundo hasta que se hubiera estrangulado al último rey con las tripas del último cura, les entraban deseos de comprobarlo.

Con una pistola y una enciclopedia, ¿no podían conseguirlo todo?

Este talante milenario, producto de la clandestinidad, seguiría existiendo durante mucho tiempo al llegar la época de la libertad de asociación.

Los terratenientes y la guardia civil se encontraban en un estado casi permanente de pánico bajo la amenaza que, aparentemente, se les presentaba en la Andalucía revolucionaria, y empezaron a actuar como si ellos también vivieran tan alejados de lo práctico como sus enemigos, a los que atribuían un nivel de organización que distaba mucho de existir, en realidad. El incidente más famoso fue la conspiración de la «Mano Negra», en 1883, que la guardia civil pretendía haber ahogado, después de que quemaran varias cosechas y mataran a varios guardias rurales, justo antes de que toda la clase alta andaluza fuera atrozmente asesinada. Aunque no es cierto que existiera tal proyecto, catorce militantes fueron agarrotados en la plaza principal de Cádiz, tras un simulacro de juicio. Esto acabó momentáneamente con la actividad anarquista en Andalucía, aunque la mayoría de los pueblos continuaron teniendo «su obrero consciente», el trabajador que mantenía la conciencia anarquista.[13] Nueve años más tarde, 4.000 campesinos armados con hoces entraron en Jerez gritando: «¡Viva la anarquía!», y mataron a unos cuantos tenderos mercenarios. La caballería reprimió la insurrección, cuatro hombres fueron ejecutados y muchos condenados, incluso uno (Salvochea) que estaba en la cárcel en los momentos de la gran marcha.

«La Idea» (como llamaban al anarquismo sus partidarios) también llegó a Barcelona, quizás en parte a consecuencia de la emigración de trabajadores andaluces a las fábricas textiles, aunque Barcelona había aumentado de dimensiones sobre todo gracias a las gentes procedentes del campo catalán. En 1880 los anarquistas catalanes eran 13.000, mientras que en Andalucía había unos 30.000. Pero los militantes cambiaban mucho y a veces parecía como si los obreros textiles de Barcelona fueran a pasarse al socialismo. Además, el anarquismo catalán siempre fue más organizado que el de Andalucía; desde el principio, los obreros comprendieron que era necesaria la planificación para derrotar tanto a los sindicatos rivales (basados en ideas cooperativistas) como a los industriales. En cambio, los pobres trabajadores sin tierra del sur estaban dominados por el sueño de dirigir su propio pueblo sin la brutalidad de los agentes del terrateniente y los guardias civiles, la astucia mercenaria del tendero del pueblo y la interferencia paternalista del cura. Las disputas entre estas dos escuelas del movimiento libertario se manifestaron estruendosamente en innumerables congresos celebrados en la década de 1890: los más antiguos calificaban de criminales a los últimos, y éstos afirmaban que a los colectivistas sólo les interesaba tener un nivel de vida más alto. Pero, incluso en Barcelona, el terrorismo inflamaba la imaginación de los obreros no especializados y a menudo analfabetos que acababan de llegar a la ciudad» e incluso los más magnánimos eran incapaces de negar el valor de la «propaganda por el hecho», como la llamaba el anarquista italiano Malatesta: cualquier acto repentino de violencia provocaría el pánico en la burguesía. Hubo un famoso atentado contra el capitán general Martínez Campos en 1893; su frustrado asesino fue ejecutado; y, para vengarse, un amigo de éste tiró una bomba en el Teatro del Liceo, en Barcelona, matando a 21 personas. En represalia, fueron ejecutados el asesino y varias personas inocentes. Entonces tiraron otra bomba en una procesión del día de Corpus Christi, en la que murieron diez personas. La responsabilidad anarquista no se pudo probar, pero fueron ejecutados cinco anarquistas y otros fueron encerrados como ganado en el castillo de Montjuich, donde murieron varios por inanición. Se produjo un escándalo internacional, y, en represalia, el primer ministro, Cánovas, fue asesinado por un anarquista italiano. Para entonces, aunque existían relaciones de amistad entre los anarquistas españoles y sus camaradas del otro lado de los Pirineos (incluidos los rusos), el movimiento parecía indígena español, principalmente por haber absorbido el federalismo de clase media-baja de Pi y Margall, que estaba en la base de buena parte de la especulación política española (todavía en 1937, una destacada intelectual anarquista, Federica Montseny, se declaró más próxima a Pi que a Bakunin).[14]

En los primeros años del siglo XX, empezaron a funcionar en Barcelona varias escuelas racionalistas que aspiraban a dar una versión más culta del anarquismo; la más célebre fue la Escuela Moderna de Barcelona, dirigida por Francisco Ferrer y Guardia, un masón, agitador, conspirador, jugador de bolsa, galanteador y optimista.[15]

Estas escuelas eran unos experimentos educativos radicales, en la tradición de Tolstoi, que, en un ambiente tan católico como el de España, tenían que causar escándalo: Ferrer, por ejemplo, despreciaba deliberadamente lo convencional llevándose de excursión a sus alumnos el Viernes Santo. No fue por azar que quien en 1906 intentó matar al rey y a la reina el día de su boda, fuera Mateo Morral, empleado de la editorial que tenía Ferrer en Barcelona. En cambio, es casi seguro que Ferrer no tuvo nada que ver con la preparación de la Semana Trágica de Barcelona, aunque fue juzgado y fusilado como su

«principal organizador», sin más pruebas que las declaraciones falsas de unos cuantos radicales que querían acabar con él. (En realidad file ejecutado porque llevaba mucho tiempo propugnando una revolución, aunque no la hubiera organizado.) La muerte de Ferrer dio a los anarquistas un mártir de fama internacional y perjudicó a los radicales, que habían intentado minar la fuerza que tenían los anarquistas entre los obreros catalanes.[16] El gobierno dio por sentado que la federación anarquista obrera de Barcelona había sido el instrumento de que se había valido Ferrer, ayudado por los trabajadores franceses y —¿cómo no?— por la masonería internacional; los anarquistas fueron perseguidos; y en consecuencia, los trabajadores se acercaron cada vez más a ellos, y se alejaron de los programas políticos, como los de los radicales. De allí en adelante, además, los líderes obreros moderados perdieron terreno ante los más violentos, que consideraban románticamente la Semana Trágica como una versión española de la Comuna de París, una «epopeya» que, si era posible, había que volver a representar.

La Semana Trágica condujo a la formación, en 1910, de la primera federación de trabajadores a nivel nacional, la Confederación Nacional del Trabajo, CNT,[17] que desde el principio estuvo dominada por los anarquistas. Inaugurada en 1911, sus líderes combinaban las ideas de los supervivientes de la generación de Bakunin con las del príncipe Kropotkin, Malatesta y Ferrer, y también estaban influidos

(como lo había estado Ferrer) por ideas venidas de Francia, donde los dirigentes obreros se encontraban en plena marea de entusiasmo por el sindicalismo y la idea de la guerra a muerte en lo económico.

Sin duda los miembros de la CNT eran todavía una minoría incluso entre los trabajadores organizados de Barcelona. Pero su brío y su violencia llamaban la atención. Sus técnicas eran el sabotaje, los disturbios, el anti-parlamentarismo, y, sobre todo, la huelga general revolucionaria, concienzudamente planeada y llevada a cabo sin piedad, que se convirtió en la esperanza fundamental de los trabajadores españoles como medio de lograr el objetivo del «comunismo libertario». Como se suponía que una huelga oportuna tendría una eficacia inmediata, no había fondos de huelga, aunque muchos trabajadores anarquistas tampoco hubiesen podido contribuir a ellos. Hasta 1936, en todo el sindicato sólo hubo un funcionario remunerado. En las reuniones no había orden del día, y no había un cuartel general, aparte de las redacciones de los periódicos o las imprentas de los tipógrafos.

La guerra mundial acrecentó el interés de todos los trabajadores españoles por Europa. La Revolución Rusa llevó este interés al máximo. En Cataluña actuaron agentes alemanes, que sobornaban a pistoleros y a anarquistas corrompidos para que atacaran a hombres de negocios aliadófilos, asegurándose además los servicios del corrompido jefe de la sección política de la policía de Barcelona. Las interminables crisis gubernamentales de la monarquía hacían creer a los dirigentes anarquistas que su hora estaba próxima. Al parecer, la CNT tenía ya 700.000 miembros en 1918, y florecían más de 200 periódicos y publicaciones anarquistas (sólo en Barcelona hubo 29 publicaciones entre 1900 y 1923).[18]

El poder alcanzado por la CNT dentro de la clase obrera española en Barcelona y Andalucía al final de la primera guerra mundial presentaba un problema en sí mismo, pues sembraba la disensión entre los puristas, que no se conformaban más que con una revolución social completa, y los del ala más moderada, que, aunque tuvieran los mismos objetivos para el futuro, creían que también era interesante conseguir algún alivio a corto plazo que mejorara la mala situación de los obreros, tener un poco de estrategia, unos cuantos aliados y conocer algo el escenario internacional. Los moderados estaban dirigidos por el «Noi del Sucre», apodo de Salvador Seguí, trabajador en una azucarera, dotado para la oratoria, y enemigo del terrorismo indiscriminado. Los intentos del gobierno de aplastar a todo el movimiento y la voluntad decidida de los anarquistas de conservar las ventajas adquiridas durante la guerra mundial llevaron bandas en Barcelona, entre militantes de la CNT y pistoleros contratados por los patronos. El conflicto empezó en 1919 con una huelga en La Canadiense, la central eléctrica de Barcelona. El gobierno aceptó la jornada de ocho horas. Pero la dirección, muy combativa, cerró la fábrica a los obreros. Vino una huelga general, con propósito pacífico, pero que se volvió violenta. Seguí hizo lo posible para volver a basar el movimiento anarquista en principios realistas. Incluso predicó la paciencia. Pero en poco tiempo, la mayoría de los dirigentes anarquistas de Barcelona, incluidos Seguí y su abogado, Layret, fueron asesinados por pistoleros en la calle o cuando «intentaban escaparse» de la cárcel (en aplicación de la llamada «ley de fugas»).[19] El gobernador civil, general Martínez Anido, luchó contra los anarquistas con toda clase de armas, llegando incluso a crear un sindicato rival favorecido por él gobierno, el Sindicato Libre, y un cuerpo de policía especial, el Somatén (nombre de una fuerza no regular de catalanes que habían combatido contra Napoleón). Estaban a la orden del día la violencia y los asesinatos, los crímenes políticos acompañados de gangsterismo, las muertes de policías, obreros y transeúntes. Unas mil personas murieron por razones «políticas» en Barcelona entre 1917 y 1923.

La Revolución Rusa, mientras tanto, supuso una tentación para el movimiento anarquista. El entusiasmo fue mayor en Andalucía, donde los años 1918-1921 se llamaron el «trienio bolchevique». En 1920, el congreso nacional de la CNT envió a Moscú al principal rival de Seguí, Ángel Pestaña, para que informara sobre la Revolución Rusa.

Igual que la delegación socialista, volvió con una impresión desfavorable, especialmente por la persecución de los anarquistas rusos y por la aplastante represión de cualquier tipo de oposición. Pestaña, por consiguiente, habló en Moscú contra las Veintiuna Condiciones que se consideraban necesarias para entrar en la Tercera Internacional Comunista (Komintern). Sin embargo, al volver a España no pudo informar, puesto que fue arrestado nada más llegar y pasó los meses siguientes en la cárcel. En 1921, otra invitación a Moscú hizo que el movimiento perdiera a su nuevo secretario general, Andrés Nin, y a algunos otros intelectuales, que se hicieron comunistas: pero esto no tuvo consecuencias en la masa del movimiento. Pestaña no tardó en salir de la cárcel y, junto con el único del grupo de Nin que seguía siendo anarquista, Gastón Leval, puso de relieve lo rápidamente que Lenin había organizado una policía y una censura. Triunfó la facción anticomunista, y los anarquistas, en vez de afiliarse a Moscú, se adhirieron a la nueva y pequeña Internacional anarquista, la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), con sede en Berlín.[20]

La dictadura de Primo de Rivera vio el eclipse de la actividad militante anarquista, por encontrarse la mayoría de los dirigentes muertos, en el exilio o en la cárcel: se prohibieron los periódicos anarquistas, aunque no todas sus publicaciones. Se permitió que siguieran abiertas algunas escuelas racionalistas. Los poderes anarquistas más violentos, entre los que se contaba una famosa banda llamada «los solidarios», se reunían en Francia y dirigían incursiones al otro lado de la frontera. Entre estos hombres aparecieron una serie de guerreros anarquistas legendarios: sobre todo, dos hombres violentos e inseparables, Buenaventura Durruti y Francisco Ascaso. Durruti era un ferroviario de León; Ascaso era panadero y camarero. Sus crímenes más sensacionales fueron el asesinato del arzobispo de Zaragoza en 1923, el atentado contra el rey Alfonso (en París) en 1924, y el célebre asalto al Banco de España en Gijón. Huyeron de España, estuvieron vagando por Sudamérica, y abrieron una librería anarquista en París. Hya Ehrenburg señaló más tarde, muy satisfecho, que cuatro países habían condenado a muerte a Durruti.[21] Desde luego, estos hombres y sus compañeros no eran criminales comunes. Eran soñadores con una misión violenta, personajes que Dostoyevsky se habría enorgullecido de crear. Para unos, Durruti era un «malhechor», un asesino» o un «rufián»; para otros era el «héroe indomable», con una bella «cabeza imperiosa que eclipsaba a todas las demás, que reía como un niño y lloraba ante la tragedia humana».[22] La mayoría de «los solidarios» creían que era necesario algún tipo de alianza con otros enemigos de la dictadura, y varios de ellos, en el exilio, a pesar de mostrarse partidarios de la violencia revolucionaria, estaban dispuestos a admitir la idea de una larga preparación antes de llegar a una verdadera huelga general. También hacían planes para la creación de un ejército anarquista revolucionario en la línea de Néstor Makhno, el ucraniano, al que ellos conocían.

En julio de 1927, en una reunión secreta celebrada en Valencia, los principales militantes anarquistas dejaron formada en España una nueva sociedad, la Federación Anarquista Ibérica (FAI), destinada a oponerse al revisionismo. En los años siguientes, ésta se convertiría en una élite revolucionaria encargada de conducir a las masas hacia la realización del momento revolucionario conveniente. La FAI no era una organización centralizada, sino una serie de grupos que actuaban sin cohesión: de ahí su debilidad en tiempo de crisis.

Al final de la dictadura, y con el advenimiento de la República, este poderoso grupo secreto —se desconocían su organización y sus miembros—[23] entró en conflicto cada vez más claro con el grupo reformista, ahora dirigido por Pestaña, deseoso de crear un partido político sindicalista que tuviera la misma relación con la CNT que el partido socialista con la UGT. Otro dirigente moderado era Juan Peiró, un vidriero, que definía el anarquismo como «tolerancia, nobleza y antidogmatismo, además del valor ejemplar de crear cooperativas de producción y consumo». La República planteó un dilema al movimiento: un solo documento admitía que las Cortes Constituyentes de la República eran «producto de un hecho revolucionario, hecho que directa o indirectamente tuvo nuestra intervención», y al mismo tiempo proclamaba que «estamos frente a las Cortes Constituyentes, como estamos frente a todo poder que nos oprima. Seguimos en guerra abierta contra el Estado».[24] «Los solidarios», al volver del exilio, se vincularon naturalmente a la FAI. Eran más jóvenes que los antiguos dirigentes de la CNT, como Pestaña, y se aprovecharon del clima de impaciencia reinante entre la juventud de España para hacer presión en contra de todo compromiso.

El movimiento anarquista tuvo un hábil líder táctico en los años 30 en Juan García Oliver. Este, al describir sus objetivos a Cyril Connolly, un crítico inglés, le dijo que pretendía «eliminar la bestia que hay en el hombre».[25] El mismo había pasado años en la cárcel por delitos de violencia.

En 1931, la CNT estaba dividida por razones de doctrina, de geografía y de edad. Los obreros de las ciudades, sobre todo de Barcelona, podían considerarse sindicalistas, y todavía buscaban el orden «vertical» de la sociedad sugerido por los sindicatos franceses a finales del siglo XIX. Su plan seguía siendo que los obreros de una fábrica delegasen unos miembros a un «sindicato», que negociaría con otros sindicatos todas las cuestiones de alojamiento, alimento y diversiones. Los anarquistas rurales, sobre todo en Andalucía, seguían representando una idealización de su propio pueblo, cuyos habitantes cooperarían para formar un gobierno propio y autosuficiente. (La significación de este ideal viene sugerida por el segundo significado de la palabra pueblo, que puede traducirse por gente modesta, como opuesta a las clases alta o media. Se infería que los miembros de estas últimas eran extranjeros en su propio pueblo.) La consecuencia práctica era que, en cualquier pueblo, había por lo menos un anarquista que mantenía la conexión con la CNT, tenía preparada una bandera rojinegra anarquista por si se presentaba la oportunidad de izarla en el cuartel de la guardia civil, encamaba la conciencia del lugar y, llegado el momento de la acción, podía contar con el apoyo de muchos otros —hecho que falsea los cálculos numéricos—. Probablemente más de un millón y medio de trabajadores españoles eran anarquistas en sus opiniones en los años 30; pero los militantes no pasaban de 200.000.[26] La mayoría de los anarquistas creían que la CNT no era sólo una organización revolucionaria, sino además el esquema de una futura sociedad ideal. Se suponía que, después de la revolución, los diferentes pueblos se unirían para intercambiar mercancías con sus vecinos, formando una federación regional de ciudades y pueblos, mientras que las federaciones colaborarían con otras federaciones intercambiando estadísticas y excedentes de producción. En las ciudades se formarían federaciones similares, que reunirían a las fábricas con los abastecedores o importadores de materias primas.

Los intelectuales anarquistas justificaban sus opiniones diciendo que en ninguna sociedad habría esperanzas de justicia si primero no se conseguía entre grupos reducidos de hombres. Muchos anarquistas odiaban incluso la idea de la propiedad. Así, la juventud anarquista, la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL), se declaraba contra la propiedad porque «es una injusticia inhumana que un hombre detente la riqueza producida por otros hombres, o la tierra que sólo a la Humanidad pertenece y que es un atributo para la sociedad, tan sagrado como la vida lo es para el individuo; porque tiene su origen en un violento y criminal despojo del más fuerte contra el más débil, creando la odiosa existencia de los parásitos de la colmena humana, que no tienen otra misión social que vivir del trabajo ajeno, mediante la explotación y miseria de los demás; porque crea el capitalismo y establece la ley del salario que condena al hombre a una permanente esclavitud económica y a los vaivenes y consecuencias de su desequilibrada economía; porque es la causa de la prostitución, el más infame y degradante ultraje que la sociedad infiere a la conciencia humana, al condenar a la mujer a hacer objeto de mercantilismo las manifestaciones más puras y de más elevada sensibilidad que atesora el sentimiento ético y moral de los humanos [...]. Estamos contra el Estado, porque coarta el libre desenvolvimiento y normal desarrollo de las actividades éticas, filosóficas y científicas de los pueblos, y por ser el fundamento básico que mantiene el principio de autoridad y defiende la propiedad mediante los cuerpos armados, policía y magistratura f...]».[27]

No obstante, a pesar de todas estas opiniones, no parecían partidarios de la coeducación para los niños, y menospreciaban el amor libre.

Era natural que los anarquistas recelaran de los cambios laborales y los comités de arbitraje o comités paritarios de Largo Caballero, de los que creían, tanto en tiempos de Primo de Rivera como de la República, que constituían una amenaza para su razón de ser. Esta falta de interés por un programa prometedor de legislación social demuestra que el movimiento, aunque sus miembros fueran a menudo valientes e imaginativos, olvidaba con mucha facilidad que en España había otros, incluidos los socialistas y los capitalistas, que tenían puntos de vista dignos de ser oídos. En realidad muchas veces todo lo que tenían los anarquistas para mantenerse era «la Idea» de la revolución libertaria. Olvidaban que los hombres de «la Idea» nunca eran la mayoría de la clase trabajadora.

Había en España algunos sindicatos que no eran socialistas ni anarquistas, cuyos miembros eran católicos y hostiles al ateísmo militante y a los argumentos revolucionarios. La Confederación Agraria Católica Nacional afirmaba incluso que contaba con 600.000 familias campesinas en 1919. Esta organización, sin embargo, limitaba sus actividades a Castilla y Navarra y no se dedicaba tanto a la ideología como a cuestiones prácticas, por ejemplo, la comercialización de abonos y la compra de semillas. En el pasado también se habían dado algunos intentos de legislación social amplia. Había, por ejemplo, la Ley de Compensación de los Trabajadores de 1909; en 1918 se introdujo la jornada de ocho horas; y en los años 20 habían llegado los seguros sociales. La dificultad no era sólo la negativa de los anarquistas a cooperar, sino la incapacidad del Estado para conseguir que estas leyes se cumplieran. Del mismo modo, las cooperativas que se introdujeron en algunas poblaciones pescadoras o agrícolas de Cataluña o Castilla fueron excepciones dentro de la falta de armonía cada vez mayor en el terreno social.[28]

6

Huelgas anarquistas. — La Constitución republicana. — Castilblanco. — La Ley Agraria. — Situación de la agricultura española.

Los hechos de mayo de 1931 fueron para el nuevo gobierno republicano un aviso de las amenazas que podían acosar tanto desde la izquierda como desde la derecha. Pero los ministros no conocían con detalle los planes de los monárquicos, había rumores, desde luego, y amenazas verbales. Tampoco se tomaron a los anarquistas con la seriedad debida. Atribuyeron los incendios de iglesias a la provocación de los monárquicos. El 28 de junio tuvieron lugar unas elecciones que dieron la impresión de que la mayoría de la gente respaldaba al régimen. Estas elecciones, para las Cortes Constituyentes, se efectuaron bajo el supuesto de que correspondería un representante a cada 50.000 votos masculinos. Se eligieron diputados para distritos electorales provinciales, no locales, con la intención de evitar el poder de los caciques locales. (Las ciudades de más de 100.000 habitantes eran distritos electorales aparte.) Fueron las elecciones más sinceras realizadas en España. Fueron elegidos 117 socialistas (reflejo fiel del aumento de los efectivos socialistas durante las semanas posteriores a abril); 59 radicales socialistas y 27 miembros del partido de Acción Republicana de Azaña; 89 radicales, seguidores de Lerroux; y 27 republicanos de derechas, seguidores de Alcalá Zamora. Además, fueron elegidos 33 miembros de la Esquerra Catalana y 16 nacionalistas gallegos.

Se podía esperar que todos estos diputados apoyaran al gobierno.[1] La oposición de las derechas no republicanas sólo pudo conseguir 57 miembros, a pesar de la evidencia de que los viejos caciques tenían todavía en muchos casos bastante fuerza como para ejercer una influencia incorrecta. El partido monárquico «no fue más que una incitación para los alborotos».[2] Muchos trabajadores agrícolas supuestamente indiferentes a la República habían sido ganados por la nueva legislación agraria. La Acción Nacional de los católicos sólo consiguió seis escaños. La caída de la monarquía había cogido por sorpresa a las derechas, los antiguos dirigentes no se ponían de acuerdo en la política a seguir, y los nuevos dirigentes de derechas que ya estaban apuntando en la política española todavía no tenían seguidores. Si no hubiera sido por los decretos anticlericales, de poca importancia, que dio el gobierno a principios de verano, es posible que la oposición hubiera tardado algunos años en levantar cabeza. Pero entre estos decretos estaba la prohibición de exhibir imágenes de santos en las aulas de las escuelas, basándose en que besar aquellas cosas era antihigiénico; y el permiso al ministro de Educación para confiscar objetos artísticos de las iglesias si corrían peligro de deterioro.

Estas medidas levantaban ampollas, aunque no perjudicaban a nadie. Mientras tanto, la nueva asamblea constituyente era, en muchos aspectos, una reunión de individualidades, más que de partidos.

Sólo los socialistas eran un movimiento organizado. Los demás grupos republicanos eran grupos de amigos. Había muchos miembros esencialmente independientes, como Ortega, Unamuno y el doctor Marañón, los «fundadores» de la República.

Sin embargo, la confianza del gobierno disminuyó al producirse una serie de huelgas organizadas por los anarquistas en julio y agosto.

Durante una huelga de obreros de la construcción en Barcelona, los huelguistas, sitiados en el local del Sindicato de la Construcción en la calle de Mercaders, dijeron que no se entregarían más que al ejército regular. Llegó una unidad y los hombres se rindieron; e inmediatamente fueron ametrallados por las fuerzas del orden.[3] Hubo tres muertos durante la huelga general de San Sebastián. El gobierno incluso tuvo que recurrir a la artillería para aplastar una huelga general en Sevilla, iniciada con una huelga de los servicios telefónicos. Murieron treinta anarquistas, como mínimo, incluidos algunos pistoleros, y hubo doscientos heridos. El gobierno, que había reaccionado con demasiada lentitud ante la quema de conventos, ahora había tenido una reacción demasiado fuerte. No obstante, la animosidad entre anarquistas y socialistas cedió un poco aquel verano a causa de las disensiones entre los propios anarquistas. Los que se oponían a las aspiraciones de la FAI a constituirse en élite dirigente publicaron en agosto un manifiesto, firmado por treinta anarquistas destacados (a quienes se llamaría después los «treintistas»). Decían que la FAI tenía la culpa «de este concepto simplista, clásico y un tanto peliculero de la revolución [...] que actualmente nos llevaría a un fascismo republicano [...]. No fía la revolución exclusivamente a la audacia de minorías más o menos audaces sino que quiere que sea un movimiento arrollador del pueblo en masa, de la clase trabajadora caminando hacia su liberación definitiva, de los sindicatos y de la Confederación determinando el hecho, el gesto y el momento preciso a la revolución».[4]

La FAI fue lo bastante fuerte para resistir estas críticas e incluso consiguió expulsar a los «treintistas» de la CNT. Ésta fue la victoria de la juventud sobre la edad madura: la mayoría de los «FAIistas» tenían entre 20 y 40 años, mientras que la mayoría de los «treintistas» superaba dichas edades. Sin embargo, en conjunto el movimiento quedó debilitado, porque algunas de las federaciones locales siguieron a aquellos de sus dirigentes que habían firmado el manifiesto.

Algunos de los «treintistas» no volvieron a unirse al movimiento; Ángel Pestaña, por ejemplo, formó un pequeño partido escisionista que nunca tuvo ningún empuje. Otros, como Roldan Cortada, en Barcelona, se hicieron comunistas. Mientras tanto, en el campo, parecía inevitable un profundo enfrentamiento entre los trabajadores agrícolas jóvenes, convertidos en militantes, y organizados, y los representantes de la España antigua, particularmente en el sur, donde no había una clase media liberal como en las ciudades.[5]

En otoño de 1931, un comité de las Cortes ya había preparado un anteproyecto de Constitución. Con ello, el gobierno (o, mejor dicho, los que redactaron el anteproyecto) cometió una equivocación. Habría sido pedir demasiado que el nuevo régimen se abstuviera de preparar una Constitución escrita. Pero fue un grave error hacer de la Constitución de la República un documento político, fuente de controversias y lleno de fraseología emotiva. Los liberales de 1931 repetían así el error de sus predecesores del siglo XIX. Estaban identificando el nuevo régimen con sus propias opiniones políticas. Así, el anteproyecto de la Constitución empezaba anunciando: «España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia». El gobierno «emanaba del pueblo» y todos los ciudadanos eran iguales. El país renunciaba a la guerra como instrumento de la política nacional. No se reconocerían los títulos de nobleza. Ambos sexos votarían a partir de los veintitrés años. Sólo habría una cámara. La prosperidad sería «objeto de expropiación por razones de utilidad social». Podían invocarse algunas de estas cláusulas para justificar el socialismo; y podía considerarse que otras suponían una salvaguardia contra él. Además, como los hombres de la República temían que pudiera haber un jefe de Estado entrometido, como lo había sido Alfonso, los poderes del presidente quedaban limitados a un período de seis años, sin la posibilidad de presentarse a una reelección inmediata. Sin embargo, el presidente nombraría al jefe del gobierno. Los decretos del presidente sólo serían válidos si iban firmados por un ministro del gobierno, pero el presidente podría vetar las leyes que no le gustaran. Sin embargo, podría ser destituido si disolvía las Cortes dos veces.

Las cláusulas religiosas suscitaron grandes iras. El artículo 26 separaba Iglesia y Estado. El Estado dejaría de pagar sueldos a los sacerdotes al cabo de dos años, aunque estos salarios formaran parte de la compensación que había recibido la Iglesia por la confiscación de sus tierras en 1837. Todas las órdenes religiosas habían de inscribirse en el ministerio de Justicia. Pero si se consideraban peligrosas para el Estado, serían disueltas.[6] Tendrían que pagar los impuestos ordinarios. Las órdenes que exigieran algún voto suplementario, aparte de los tres votos canónicos normales, serían automáticamente disueltas.

Esto no era más que otra manera de disolver a los jesuitas, a quienes (a partir de un cierto nivel) suele exigirse un voto especial de fidelidad al papa. A ninguna orden le sería permitido poseer más bienes que los necesarios para su subsistencia, ni se le permitiría dedicarse al comercio. Todas las órdenes tendrían que someter su contabilidad anual al Estado. La enseñanza, mientras tanto, debería inspirarse en «ideales de solidaridad humana». Es decir, que quedaba suprimida la educación religiosa. Todas las «manifestaciones públicas del culto» incluidas las de Semana Santa, Epifanía, e incluso las procesiones de carnaval— tendrían que ser autorizadas oficialmente; y se otorgaría el divorcio tanto a causa del mutuo desacuerdo entre los cónyuges, como a petición de uno de ellos, si presentaba motivos justificados. Los matrimonios civiles serían los únicos legales.

La inclusión de estas cláusulas estrictamente anticlericales en la Constitución de la República era ambiciosa, pero desatinada, por mucha razón que tuvieran. Tal vez la aplicación de tales disposiciones habría contribuido, en último término, a la creación de una España más justa. No obstante, habría sido más prudente no precipitarse en la presentación de aquel proyecto de separación total entre Iglesia y Estado. También habría sido más prudente retrasar la disolución de las órdenes religiosas hasta que los colegios de los agustinos y los jesuitas pudieran ser sustituidos por establecimientos laicos de calidad comparable. Porque, con todas sus insuficiencias, estas órdenes habían creado las mejores instituciones de enseñanza media del país —para quienes pudieran pagar—. Incluso los periódicos liberales reprobaron estas medidas. Pero Azaña tronó en las Cortes: «No me digáis que va en contra de la libertad. Se trata de una cuestión de salud pública». Desgraciadamente, para el liberalismo español la Iglesia se había convertido en el chivo expiatorio de todos los males de España; pero, en realidad, una explicación tan simple no era honrada. Además, estas ideas distaban mucho de ser innovaciones; los jesuitas habían sido expulsados antes, y la enseñanza religiosa obligatoria había desaparecido en 1913, siendo restaurada más tarde por Primo de Rivera. Lo malo era que los católicos españoles se veían obligados a oponerse a la Constitución de la República si deseaban criticar su política en el terreno de la enseñanza.[7]

Los debates en las Cortes sobre estas cláusulas anticlericales acarrearon la primera de las muchas crisis gubernamentales de la Segunda República. Alcalá Zamora, jefe del gobierno, y Miguel Mama, ministro de la Gobernación, ambos católicos progresivos, dimitieron en octubre. En ambas dimisiones, las razones de fondo fueron no sólo problemas de principios sino también de relaciones personales. El presidente de las Cortes, el sereno Besteiro, asumió temporalmente el cargo de presidente de la República española y llamó a Azaña para formar otro gobierno. Puesto que Azaña había representado a los partidos gubernamentales en las Cortes en los debates sobre cuestiones militares y religiosas, la suya era una elección obvia: él era el único triunfador del nuevo régimen. Pero su promoción irritó profundamente al radical Lerroux, que se consideraba el padre del republicanismo, y no tardó en pasarse a la oposición, con sus 90 seguidores.[8] A partir de entonces, el gobierno file más estrictamente anticlerical, al estar formado por una coalición de republicanos de tendencia azañista y de socialistas. Alcalá Zamora aceptó convertirse en el primer presidente de la República. Así no se podía decir que los católicos estuvieran totalmente excluidos del régimen. La salida de Alcalá Zamora y Maura del gobierno significó que no habían conseguido ampliar el número de sus seguidores y crear un partido de base amplia; esto lo lograría el movimiento de Acción Nacional, todavía pequeño, cuyo carácter derechista era indudable, aunque su republicanismo era sospechoso. Durante un tiempo, muchas personas de clase media que votaban a las derechas pusieron sus esperanzas, y sus votos, en Lerroux, muy halagado al oír que se le llamaba «un gran hombre de gobierno» o «el Tardieu español».

La Constitución se convirtió en ley al terminar el año 1931. Quedaba reservada al gobierno la promulgación de la legislación que haría aplicables todas sus cláusulas. Los ministros se dedicaron en primer lugar a la elaboración de una ley «para la defensa de la República». La Constitución preveía la suspensión de todas las garantías de libertad durante treinta días, en caso de emergencia. La nueva ley autorizaba al ministro de la Gobernación a suspender reuniones públicas. Por primera vez en España se introdujo un modesto impuesto sobre la renta. Los diputados de derechas lucharon enérgicamente contra estas cosas. Y entonces, el último día de 1931, ocurrió un terrible incidente que atrajo la atención de todo el país.

En la árida y desierta región de Extremadura, cerca del monasterio de Guadalupe, había un pueblecito de novecientos habitantes llamado Castilblanco. Las condiciones de vida allí eran parecidas a las de cualquier otro lugar de la región. No había una especial escasez de alimentos. La violencia era desconocida. Los socialistas locales querían hacer una manifestación, junto con los de otros pueblos, contra el impopular gobernador civil de Badajoz. Se les negó el permiso para hacerla. Ellos decidieron efectuarla. Entonces acudió la guardia civil en defensa de las autoridades.

La guardia civil («la Benemérita», como se la conocía entre la clase media) contaba con unos 30.000 hombres. Había sido fundada en 1844 para mantener el orden en el campo, que entonces vivía muy agitado por los bandoleros, que utilizaban los métodos de guerrilla empleados con tanto éxito contra los ejércitos de Napoleón. La guardia civil estaba organizada como una parte del ejército, dirigida por un general y oficiales. Muchos de sus miembros eran antiguos soldados y oficiales. Con sus uniformes verdes, sus tricornios, sus rifles Mauser, y sus tétricos cuarteles, aquella fuerza de policía era considerada como un ejército de ocupación. Los miembros de la guardia civil nunca servían en la parte de España en que habían nacido. No se les estimulaba a entablar amistades con nadie en los pueblos donde estaban acuartelados. Tenían una reputación de crueldad. «Cuando alguien ingresa en la guardia civil —escribió el novelista Ramón Sender— declara la guerra civil.»[9] Como el personal era el mismo durante la República que durante la Monarquía, era tan brutal en los años 30 como lo había sido en los años 20.

En Castilblanco, en 1931, la guardia civil era tan impopular como en cualquier otra parte de España. Su suerte fue terrible. Cuando intentaron impedir que se celebrara la reunión socialista, el pueblo cayó sobre ellos. Mataron a cuatro guardias. Les sacaron los ojos. Mutilaron los cuerpos. En uno de los cadáveres se descubrieron después treinta y siete navajazos; y, al igual que en el pueblo de Fuenteovejuna de la obra de Lope de Vega, no fue posible procesar a los asesinos. Era responsable el pueblo entero, y ninguna persona determinada.[10] A esta tragedia siguieron varios hechos comparables, aunque no tan dramáticos, en otros pueblos. En Arnedo (Logroño), la guardia civil se vengó matando a siete pacíficos manifestantes. Después de Castilblanco, la guardia civil pasó a la ofensiva en todas partes.

Pero en Sallent, en el valle del Llobregat, cerca de Barcelona, la CNT ocupó la ciudad, izó una bandera roja en el ayuntamiento, abolió la propiedad privada y el dinero, y se declaró una comunidad independiente. El gobierno tardó cinco días en recuperar la población. Como consecuencia, fueron deportados muchos anarquistas de toda España.

Entre ellos se encontraban «los solidarios», Durruti y Francisco Ascaso. Este último escribió desde el barco que le servía de prisión: «¡Pobre burguesía, que necesita recurrir a estos procedimientos para poder vivir! No es extraño. Está en guerra con nosotros y es natural que se defienda. Que martirice, que destierre, que asesine».[11] Este castigo no impidió que la FAI, preocupada por el aumento de afiliados en el sindicato socialista de trabajadores agrícolas, declarara virtualmente la guerra a la República y a la burguesía rural durante el resto de 1932. Fue una época terrorífica para los agentes de los terratenientes y sus amigos.

La frecuencia de estas explosiones incitó al gobierno a plantearse los problemas sociales fundamentales que estaban en la base de la inquietud de la clase trabajadora española, sobre todo el problema de la agricultura.

España era un país seco, de tierra árida. Esta aridez natural había aumentado con la despoblación forestal y la ampliación de los pastos para los famosos rebaños de corderos que, durante siglos, habían vagado por el centro de España. Los bosques habían sido destruidos por asnos y cabras, por las exigencias de la construcción de casas y barcos, y por el prejuicio de los campesinos contra los árboles. La falta de forraje impedía que se utilizaran los animales tanto como en el resto de Europa; y en 1930 apenas había maquinaría agrícola. Llovía poco, excepto en el noroeste, y la lluvia era tan imprevisible que hacía todavía más azarosa la actividad agrícola. La «franja dorada» del Mediterráneo, y unos cuantos valles fértiles y llanuras de regadío producían la mayor parte de los alimentos. El contraste social entre estas regiones prósperas y los desiertos pobres y ventosos del centro era muy notable. Muchos campesinos se pasaban toda la vida esclavizados por una tierra estéril. El agua y el combustible preocupaban mucho más a los campesinos españoles que a los del norte de Europa. Las cosechas, además, eran inferiores: por ejemplo, la extensión de las viñas era la misma que en Francia, pero producían sólo unos dos tercios de lo que producía Francia.[12] Las largas distancias entre los pueblos y los campos, el mal transporte, las malas carreteras, la escasez de abonos y la ignorancia de las posibilidades agrícolas modernas mantenían bajas las rentas de los que trabajaban la tierra. Aunque la distribución de los alimentos había mejorado gracias a los programas de ferrocarriles y carreteras de Primo de Rivera, todavía se tardaba demasiado en transportar los productos perecederos de la rica tierra valenciana o del valle del Guadalquivir a los pueblos de montaña o a Madrid: de ahí que la comida disponible fuera limitada.

Durante varias generaciones, la agricultura española había sido objeto de debate, cosa comprensible teniendo en cuenta que seguía siendo, con mucho, la fuente de riqueza más importante del país. En los años 30 equivalía a unas dos quintas partes de la renta nacional española, aunque los salarios de la mayoría de trabajadores agrícolas no les dieran para comprar su propia comida. Sin embargo, más de la mitad de la población vivía de la tierra. En el siglo XVIII se había discutido la reforma agraria, pero, igual que había ocurrido con muchas otras buenas ideas sugeridas por los ministros ilustrados del rey Carlos III, no se había pasado a la acción. En el siglo XIX, las tierras de la Iglesia habían sido confiscadas y vendidas de nuevo, y hubo otros actos bienintencionados, destinados a eliminar el feudalismo de la tierra. Pero esta legislación no había hecho nada para cambiar la estructura de la agricultura española; lo que se hizo, fue en perjuicio de los pobres. Empezó a hablarse de reforma agraria a finales del siglo XIX, y el economista Joaquín Costa, miembro de la famosa generación del 98, había argüido que el regadío, la colonización interior y un enfoque colectivo podían obrar maravillas. Con la inquietud que había en el campo, eso parecía muy deseable, pero, aparte de la creación de algunas escuelas técnicas, se había hecho muy poco. Sin embargo, el tema se discutió ampliamente, y se presentaron varios proyectos de ley para mejorar, como mínimo, la agricultura; por lo general, fueron destrozados en las Cortes.[13]

En los años 30, la tierra se caracterizaba por tres problemas principales: en primer lugar, el problema de los minifundios, que no daban a sus propietarios lo suficiente para vivir, por un exceso de división.

Este tipo de propiedades se encontraba especialmente en la lluviosa Galicia, pero también en otros sitios del norte de España: en Soria se daban algunos de los ejemplos más extremos. En segundo lugar había también muchos latifundios, propiedad de absentistas generalmente, explotados con negligencia, y que a veces daban a los propietarios o a sus representantes una posición económica dominante en la localidad. La zona característica de latifundios era la Andalucía occidental y Extremadura, bella y montañosa, aunque áspera y pedregosa. En último lugar, había problemas derivados de diferentes clases de arriendo. La mayor parte de Castilla, por ejemplo, era un área de aparceros pobres e inseguros a causa de una serie de cláusulas legales. En otras regiones, como el país vasco, el levante y la costa cantábrica, las fincas a menudo eran prósperas, y solían estar bien regadas; no presentaban problemas sociales, porque empleaban a poca gente aparte de la familia del granjero.

El problema de los latifundios era el más grave de España. Es difícil encontrar estadísticas precisas sobre esta cuestión. Aunque, desde el siglo XIX, la Iglesia había dejado de ser un gran propietario, la nobleza continuaba siéndolo: la nobleza poseía una cuarta parte de la tierra en Toledo, una octava parte en Cáceres, y quizás el 6 % de la tierra cultivada, en general, estaba en manos de familias con título.

Las familias antiguas, como las de los duques de Medinaceli, Peñaranda, Villahermosa, o Alba, tenían propiedades de más de 30.000 hectáreas. A pesar de todo, la mayoría de las grandes propiedades pertenecían a la burguesía, más que a la nobleza. Debido a la duplicación de arriendos, y a la combinación de familias, es difícil saber exactamente cuál era la importancia de los latifundios en la economía, pero más de la mitad de la España cultivable era propiedad de personas cuyas propiedades superaban las 100 hectáreas (lo cual es bastante, tratándose de fincas españolas). En estas tierras, generalmente se realizaban cultivos tradicionales (sobre todo aceitunas y vid), y a menudo no se hacían otros nuevos y más prometedores (algodón, arroz, trigo), por falta de inversiones de capital. Además se ignoraban los fertilizantes, el regadío y la mecanización, y quedaba mucha tierra sin cultivar (aunque probablemente poca de ella era fértil). Muchas de estas fincas se arrendaban a alto precio. Pero los que trabajaban en ellas vivían en esos grandes pueblos blancos del sur y del oeste, y eran contratados, o no, según el caso, por el agente del terrateniente, al amanecer, y recibían un jornal insignificante (por ejemplo, de 3,50 pesetas diarias) excepto en la época de la recolección.[14] La oferta de mano de obra era casi el doble que la demanda. La población cada año mayor no podía ser absorbida por la nueva industria en Madrid ni en Cataluña; ni por la emigración a América (esa posibilidad cesó a partir de 1930). Por lo tanto, el paro era abundante: el promedio de trabajo anual en Andalucía estaba entre 180 y 250 días al año, y a menudo era de 130. Los jornales en tiempos de recolección se aproximaban a la media de las ciudades, pero los braceros locales se encontraban con la competencia de trabajadores emigrados, incluso desde Portugal.

Siempre sobraba mano de obra, y las únicas huelgas que podían tener algún efecto real eran las organizadas durante la recolección, pero un trabajador consciente era incapaz de hacer algo tan destructivo.

Sin embargo, los trabajadores sin tierra del sur de España eran el grupo potencialmente más revolucionario del país. Su situación había empeorado en los cien años posteriores a la desamortización de las tierras de la Iglesia. Los mil pequeños trucos que aliviaban su situación en el antiguo e ineficaz sistema «feudal» habían desaparecido con la hacienda capitalista moderna; desde la posibilidad de la rebusca, hasta la disponibilidad de tierras comunales para pastar y coger leña. La mayoría de trabajadores sin tierra no tenían siquiera un huerto. Así, pues, los campesinos respondieron al llamamiento del anarquismo, y en 1920, la mayoría de los trabajadores agrícolas andaluces y extremeños eran total o parcialmente anarquistas. Entre 1903 y 1906, y entre 1917 y 1920 (el «trienio bolchevique»), se habían producido innumerables huelgas, intentos de intimidación, actos de violencia y, por consiguiente, un empeoramiento de las relaciones en el campo. Los socialistas también estaban empezando a progresar en estas áreas. Los trabajadores no tenían ningún contrato, estaban subempleados cuando no parados, y por lo tanto eran fácilmente accesibles a la propaganda revolucionaria: y en cuanto se sabía que fulano de tal era anarquista, sus posibilidades de volver a encontrar trabajo disminuían.

Los pequeños propietarios también tenían problemas. La mayoría de los que se consideraban como tales —más de las tres cuartas partes de las pequeñas propiedades (es decir, las de menos de 10 hectáreas) tenían menos de media hectárea— en realidad eran jardineros que cultivaban patatas y tenían otros trabajos: hacían de pescadores, de trabajadores emigrantes o jornaleros. En los años 30, la opresión de estos campesinos era mayor porque la antigua salida de la emigración a América, particularmente importante en Galicia, se había acabado. En cuanto a los aparceros, pocos tenían un contrato escrito de aparcería, y, si lo tenían, era por poco tiempo. Los aparceros no tenían derecho a pasar la aparcería a sus hijos; y, si se vendía la finca, o moría el propietario, el nuevo dueño podía ignorar los arriendos existentes. Muchos aparceros estaban fuertemente endeudados con los prestamistas locales. Luego estaba el problema de los rabassaires de Cataluña (de rabassa moría, cepa muerta, en catalán).

Estos eran campesinos que habían cultivado vides en los márgenes de ciertas extensas fincas, y las habían tenido hasta que se morían las cepas: en el pasado, generalmente entre cincuenta y sesenta años. A finales del siglo XIX, una enfermedad atacó las viñas, la filoxera, obligó a plantar nuevas vides, de vida más corta (veinticinco años). Los rabassaires ahora intentaron conseguir la propiedad de estas tierras. Durante la República, su postura se haría cada vez más radical. Aparte de ellos, pocos aparceros, arrendatarios o colonos particulares se adhirieron a los partidos revolucionarios. Todos eran conscientes de su status, que consideraban superior al del mero obrero.

Los socialistas se habían interesado por las cuestiones agrícolas desde principios de los años 20. En 1927 se había fundado un «secretariado agrícola» en la UGT. Entre sus planes se contaba una reforma agraria general, comparable a las reformas de México o del este de Europa a partir de 1919, que debían aprobar las Cortes después de efectuar las debidas consultas a expertos y de hacer análisis in situ.

Sus planes a corto plazo fueron los que introdujo Largo Caballero, como ministro de Trabajo, en forma de decretos, en mayo de 1931.

A partir de entonces sólo se podría expulsar a los arrendatarios si no pagaban el arriendo o no cultivaban la tierra. Los terratenientes tendrían que pagar las mejoras que hubieran hecho los arrendatarios, cuando éstos renunciaran al arrendamiento. Los arrendatarios podrían conseguir una reducción del arriendo a pagar si había mala cosecha, o si el arriendo era mayor que los ingresos que daba la finca. Se fomentarían las solicitudes colectivas de arriendo, de grupos de campesinos (los socialistas que estaban en el gobierno deseaban fomentar la colectivización, pero no imponerla por la fuerza). Lo normal sería la jomada de ocho horas, y se permitirían las horas extraordinarias pagadas. Unos «jurados» mixtos de arbitraje, formados por terratenientes y campesinos, decidirían las disputas salariales: se elegiría un presidente o, si no había acuerdo, sería nombrado por el ministro de Trabajo (de momento, socialista). La ley de Términos Municipales significó que los propietarios tenían que ofrecer trabajo a los habitantes de su población antes de hacer ofertas a forasteros; y una ley llamada de Laboreo forzoso obligó a los terratenientes a cultivar sus fincas a la manera «tradicional» de la región; esto es, no podían cambiar a otra nueva para maniobrar con los trabajadores y mantener bajos los salarios.

La ley de Términos Municipales tuvo efectos decisivos, al quitar al propietario la libertad de acción para contratar a quien quisiera e ir a buscar mano de obra fuera del pueblo para acabar con una huelga local. Pero el decreto tuvo efectos perjudiciales para los trabajadores emigrantes. El resultado fue que evitó la huida en masa de la mano de obra a las ciudades, pero no hizo nada para fomentar la inversión en el campo, que era lo único que podría haber creado más puestos de trabajo allí.[15] A pesar de todo, los trabajadores agrícolas quedaron impresionados. No importaba que, llevados por unas esperanzas exorbitadas, creyeran que la reforma agraria daría poder real a los pobres.

No importaba que los decretos sobre los arrendamientos tuvieran sobrecargados de trabajo a los tribunales. Los trabajadores agrícolas empezaron a afiliarse a la sección agrícola de la UGT, la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra) en tan grandes cantidades que, en 1932, había unos 450.000 socialistas, la mayoría trabajadores agrícolas sin tierra, que superaban numéricamente a los anarquistas en el campo por primera vez. Además, estos trabajadores constituían la mitad del total de miembros de la UGT, cuyo carácter, por lo tanto, estaba cambiando: hasta entonces había sido un sindicato del proletariado tradicional de base urbana, práctico y disciplinado, y en un año o dos se volvió, por lo menos en parte, milenarista e irregular en sus expectativas y su estilo. Mientras tanto, los nuevos decretos tuvieron otro efecto, al facilitar el camino para el alza de salarios: entre 1931 y 1933 se duplicaron los salarios, a consecuencia de las decisiones tomadas por los jurados mixtos de arbitraje de Largo Caballero.

También se empezó a trabajar de cara a una reforma agraria propiamente dicha. El primer proyecto, que tenía las ventajas de que era sencillo, eficaz y practicable políticamente, pretendía asentar de 60.000 a 75.000 trabajadores sin tierra durante un año en tierras «temporalmente» secuestradas a los máximos propietarios, todo lo cual se pagaría con un impuesto suplementario sobre todas las grandes propiedades. Este proyecto era demasiado modesto para el partido socialista, y demasiado audaz para los radicales. Alcalá Zamora presentó un proyecto propio, y un comité de las Cortes para asuntos agrícolas hizo lo mismo. Todos estos proyectos fueron rechazados.

Finalmente, en marzo de 1932, Marcelino Domingo, el nuevo ministro de Agricultura de Azaña, bienintencionado pero ignorante, presentó un plan muy complejo. Más o menos la mitad de la superficie de España se había de considerar técnicamente expropiable, aunque para empezar sólo se expropiaría un poco. Los campesinos se habían de asentar como cultivadores individuales, o como miembros de un colectivo, según los votos de la municipalidad concreta. Habría indemnización por toda la tierra expropiada, excepto en el caso de las tierras de los grandes nobles u otros que se habían apropiado de sus fincas en el siglo XIX, al acotar como fincas privadas lo que antes era suyo meramente a título de administradores, según acuerdos feudales abolidos en 1811. Los trabajadores sin tierra serían los primeros en la lista de los que desearan asentarse en la nueva tierra, pero también se admitirían solicitudes de cultivadores privados. Estos nuevos colonos no podrían vender, hipotecar ni arrendar la tierra que recibirían: el Estado sería el nuevo propietario. Se creó un Instituto de Reforma Agraria para administrar estas disposiciones, y para fomentar la enseñanza técnica, la inversión y el regadío.

La tierra que se expropiaría sería, en primer lugar, la tierra que fuera propiedad de una sola persona en un solo municipio y que superara un máximo determinado, que variaba según lo que se cosechara (cereales, 300 hectáreas; tierra no cultivada, 650 hectáreas; viñas, 150 hectáreas). En segundo lugar, las tierras próximas al municipio eran expropiables si no estaban cultivadas, y si el propietario tenía además otras tierras por valor de más de 1.000 pesetas en aquel municipio. También podían ser expropiadas las tierras «feudales» (con jurisdicción señorial), las tierras mal cultivadas, las tierras que podían estar regadas y no lo estaban, y las tierras que estaban permanentemente arrendadas. Sólo las tierras de los grandes de España —el más alto rango de la nobleza— se veían afectadas a nivel nacional, no municipal, en el sentido de que se fijaba un máximo para las propiedades de estos nobles, prescindiendo de dónde estuvieran situadas.

Todas estas cláusulas estaban acotadas por toda clase de requisitos, de manera que, al final, excepto en el caso de los grandes de España, las propiedades de los grandes terratenientes no resultaban muy afectadas si estaban muy esparcidas. Algunos se preguntaban, comprensiblemente: ¿por qué se trata a los grandes de España de una manera y a los nuevos ricos de otra? Además, los bosques y los pastos estaban exentos. Las leyes preocuparon a los pequeños propietarios sin transformar las bases de la agricultura en España. Como dijo Largo Caballero, aquella ley era «una aspirina para curar una apendicitis». Sin embargo, era un principio y, si se hubiera aplicado bien, con algunas modificaciones y mejoras después de las primeras experiencias, podría haber tenido efectos impresionantes, sobre todo si al mismo tiempo se hubiera llevado a la práctica el proyecto de au

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