Director de la Historia contemporánea de España

Jordi Canal

Coordinadores de este volumen

Manuel Chust y Pedro Rújula

Isabel Burdiel

Jordi Canal

Autores

Ana Aguado (Universitat de València)

Isabel Burdiel (Universitat de València)

Jordi Canal (EHESS, París)

Manuel Chust (Universitat Jaume I, Castellón)

Ángel Duarte (Universitat de Girona)

Lourenzo Fernández Prieto (Universidad de Santiago de Compostela)

Ivana Frasquet (Universitat de València)

Juan Francisco Fuentes (Universidad Complutense de Madrid)

Xavier Andreu Miralles (Universitat de València)

Xosé M. Núñez Seixas (Universidad Ludwig-Maximilian, Múnich)

Ignacio Peiró (Universidad de Zaragoza)

Manuel Pérez Ledesma (Universidad Autónoma de Madrid)

Tomás Pérez Vejo (INAH, México)

Anaclet Pons (Universitat de València)

José María Portillo (Universidad del País Vasco)

Juan Pro Ruiz (Universidad Autónoma de Madrid)

Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza)

Justo Serna (Universitat de València)

María Sierra (Universidad de Sevilla)

INTRODUCCIÓN

MÁS ALLÁ DE LA NORMAL ANORMALIDAD: UNA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA

Jordi Canal

Las historias de España conforman un género clásico de la historiografía, desde la obra del padre Juan de Mariana a fines del siglo XVI hasta las recientes de Antonio Domínguez Ortiz o José Enrique Ruiz-Domènec; desde los trabajos de Antonio Pirala y Modesto Lafuente en el siglo XIX hasta la monumental colección dirigida, en la segunda mitad de la centuria siguiente, por Ramón Menéndez Pidal y, más adelante, por José María Jover Zamora; desde los libros de Jaume Vicens Vives hasta los del francés Joseph Pérez, los del británico Raymond Carr y los de Juan Pablo Fusi. Muchos otros nombres propios podrían añadirse a la lista anterior, alargándola, sin duda alguna, de manera muy considerable. Esta rica tradición se encuentra en la base, como no podía ser de otro modo, de la obra que aquí presentamos, en dos volúmenes, aunque dedicada estrictamente al estudio de la historia de la España contemporánea, desde 1808 hasta nuestros días. Los orígenes de este trabajo se encuentran en un proyecto impulsado por la Fundación Mapfre, encabezado por Pablo Jiménez Burillo, en colaboración con la editorial Taurus, para repensar la historia de todos los países iberoamericanos, tanto los de un lado como los del otro del océano Atlántico. La génesis de las naciones americanas, desde México hasta Chile y Argentina, coincidió con la entrada de España en la época contemporánea y el surgimiento de la nación española —en el sentido que este concepto adquiere desde el siglo XVIII—, como efecto y consecuencia de la disolución de la monarquía imperial, también denominada católica, que los Reyes Católicos y Carlos IV simbolizan como principio y término. Este proyecto dio lugar a algunas decenas de volúmenes, entre los cuales cinco, que vieron la luz entre 2010 y 2015, estaban dedicados a la historia de España entre 1808 y 2010. La reescritura, revisión, readaptación y ampliación —entre otras cosas, de la cronología, hasta 2017— de estos textos ha tenido como resultado la obra que el lector tiene en sus manos, organizada en un par de tomos.

Esta historia contemporánea de España está dividida en cinco partes, dirigidas, respectivamente, por Manuel Chust y Pedro Rújula (La crisis de la monarquía hispánica), Isabel Burdiel (La construcción nacional), Jordi Canal (Modernidad y tradición), Eduardo González Calleja (Entre la libertad y las dictaduras) y Juan Luis Pan-Montojo (La búsqueda de la democracia), complementadas por una extensa y cuidada cronología y una selección de ilustraciones comentadas de todos los periodos tratados. La opción adoptada en las particiones es estrictamente cronológica: 1808, 1874-1875, 1931, 1959-1960, 2017. 1808 constituye un auténtico punto de partida, aunque resulte inevitable referirse a los antecedentes de los años anteriores y de finales del siglo XVIII. La crisis de la monarquía imperial, las independencias americanas y los principios del conflicto entre un Antiguo Régimen crepuscular y el liberalismo revolucionario caracterizaron el cuarto de siglo siguiente. La muerte de Fernando VII, en 1833, constituye un momento simbólico clave en el despliegue de la revolución liberal y en el proceso nacionalizador —o, si se prefiere, de construcción nacional— en España. Para unos, en 1833 se cierra una etapa; para otros, en cambio, aquel año constituye la apertura de un nuevo periodo. Una mirada en perspectiva, como la que aplica el historiador, permite entender ambas posiciones. Tras unas décadas de guerras civiles y tentativas revolucionarias, de monarquías más o menos liberales y de una república sin casi republicanos, un pronunciamiento terminó, a fines de diciembre de 1874, con esos momentos agitados que la historiografía denomina el Sexenio Democrático (1868-1874). Poco después, con el reinado de Alfonso XII, empieza el régimen de la Restauración (1875-1923), una etapa de paz política inusual en la contemporaneidad hispánica, aunque de agitación social no menor. La proclamación, en abril de 1931, de la Segunda República, cierra la monarquía de Alfonso XIII, hijo póstumo del anterior rey, profundamente desprestigiado por la colaboración con la dictadura regeneracionista de Miguel Primo de Rivera. Los años treinta del siglo XX supusieron el paso de la forma monárquica a la republicana en la conformación del Estado, en el marco de un amplio conflicto, español y también europeo, entre opciones más o menos democráticas y opciones más o menos autoritarias. La Guerra Civil española de 1936-1939 se prolongó en una larga y difícil posguerra. A partir de la década de 1960, finalmente, con el Plan de Estabilización de 1959 como inevitable referente, tiene lugar un importante conjunto de cambios económicos, sociales, culturales y, sin duda, aunque más lentos y a veces postergados, políticos, que se encuentran en los fundamentos de la España actual.

Los cortes cronológicos de las dos últimas partes pueden sorprender a algunas personas, ya que en los últimos tiempos los historiadores y los memorialistas han tendido a convertir los años 1931-1939 en un periodo específico y cargado de alto nivel referencial. Sin embargo, 1939 no constituye una radical ruptura, ya que el primer franquismo —iniciado en algunos territorios, como es bien sabido, en 1936— no deja de ser una continuidad de la Guerra Civil española. Los cambios iniciados en los años sesenta suponen, por el contrario, siempre y cuando seamos capaces de salir de una cronología exclusivamente condicionada por los acontecimientos políticos —y, en ocasiones, politizada por añadidura—, una transformación global de la sociedad española, aunque más lenta en unos campos, como el político, y más rápida en otros, como el demográfico o, en un sentido amplio, el cultural. En cualquier caso, como el historiador británico Eric J. Hobsbawm nos enseñara hace ya algún tiempo, la historia no es como un autobús que en cada parada —es decir, en cada final o inicio de etapa— obliga a bajar a todos los pasajeros y recoge a otros totalmente nuevos. La historia de un periodo extiende siempre sus largos tentáculos hacia las etapas anterior y posterior. Nada empieza totalmente de cero, ni nada termina de manera abrupta, siendo la evolución, en forma de antecedentes y consecuencias, de construcciones y destrucciones, de continuidades y, asimismo, discontinuidades, la clave de todo relato histórico.

Para entender cabalmente los fundamentos intelectuales de la obra que aquí se presenta deben ser tomados en cuenta, como mínimo, media decena de elementos. Se trata, ante todo, de una historia contemporánea de España no encerrada en ella misma. La tentación del aislamiento empobrece y entorpece siempre el propósito de comprender e interpretar el pasado. Solamente una España situada en el mundo, muy especialmente en Europa y América —y, en otro orden de cosas, algunas partes de Asia y el norte de África—, permite profundizar adecuadamente en su historia. En el caso americano, tras unos siglos de monarquía hispánica a ambos lados del Atlántico —como ha sostenido Antonio Miguel Bernal, lo «más español de España en los siglos XVI y XVII fue América»— y unas complejas revoluciones de independencia, algunos territorios, como Cuba o Puerto Rico, siguieron formando parte de España hasta 1898. Por aquel entonces, España era vecina de Francia y Portugal, pero también de México, a través de las posesiones caribeñas. Algunos problemas o cuestiones que afectaban a la península Ibérica fueron abordados por los contemporáneos a partir de las experiencias del otro lado del Atlántico. Los imaginarios y construcciones culturales americanos no están de ningún modo ausentes de la historia española en el Novecientos. A todo ello deberíamos añadir aún las transferencias culturales y políticas permanentes entre España y América Latina, unas transferencias que, como François-Xavier Guerra aseguró acertadamente, se producían en ambas direcciones.

En segundo lugar, la apuesta por la complejidad y la voluntad totalizadora —algo distinto, no obstante, de la ambigua «historia total»— preside los textos. Únicamente una aproximación compleja permite analizar una compleja realidad, esto es, la del pasado. El estudio de la política, la demografía, la sociedad, la economía, la cultura o las relaciones internacionales, sin olvidar las imágenes y los imaginarios, los aspectos religiosos y de género o el papel de España y los españoles en el mundo, resulta necesario para proponer una interpretación lo más completa y global posible de la historia nacional. Igualmente, esta historia no puede ignorar la diversidad cultural, lingüística y administrativa que enriquece y ha enriquecido históricamente a España, siendo fuente a veces de tensiones y conflictos, pero también de solidaridades y esfuerzos comunes. La división estricta en capítulos responde a la voluntad de introducir criterios reconocibles de uniformidad. Los espacios de conexión e intersección entre las partes resultan, está claro, inevitables en una obra que pretende ofrecer una visión de conjunto de cada una de las etapas históricas estudiadas, desde 1808 hasta nuestros días.

El tercer aspecto que debe tenerse en cuenta es la explícita intención de huir de todo tipo de presentismo y de discusiones, casi siempre estériles, sobre las esencias y el ser, la excepcionalidad y el fracaso. Toda historia de un país, y la de España no constituye una excepción, es anormalmente normal o normalmente anormal. Depende siempre del punto de vista adoptado, de los factores en juego y, entre otras cosas más, de los entes o procesos en comparación. El fin de la melancolía, para usar una expresión afortunada de Javier Moreno Luzón, está dando frutos muy notables en la historiografía hispánica. La historia contemporánea que aquí se está presentando pretende situarse, por consiguiente, más allá de la normal anormalidad de España. Se ha hecho una apuesta decidida, en cuarto lugar, por elaborar un producto que responda al estado actual de la investigación, sin dejar a un lado los trabajos e interpretaciones más recientes. El conocimiento del pasado está en permanente evolución y una síntesis de historia de España escrita a principios de la actual centuria no puede ser igual a otra elaborada hace treinta o cien años. Cada generación reescribe la historia, se ha dicho en muchas ocasiones. Este constituye también, en dicho sentido, un producto que tiene algo de generacional. Finalmente, aunque no por ello menos importante, se ha otorgado una especial atención a la forma, intentando ofrecer al lector un producto de alta divulgación capaz de hacer compatible el rigor del análisis histórico con una narración atractiva. El feísmo literario pertenece a otros tiempos. No deberíamos avergonzarnos, como aconsejaba lúcidamente Marc Bloch, ni de la parte de poesía que contiene la historia, ni de que esta pueda ser divertida o un elemento de distracción. En Sobre la historia (1999), Krzysztof Pomian nos recuerda, en la misma línea, que la obra de historia ideal —y, lógicamente, inalcanzable— es aquella capaz de combinar de forma equilibrada el hacer saber, el hacer comprender y el hacer sentir. El reto es difícil, pero merece la pena afrontarlo.

Esta historia contemporánea de España empieza estudiando un imperio colonial, regido por una monarquía absolutista en crisis, y termina, en los albores de una nueva centuria y un nuevo milenio, con una monarquía y un régimen democrático que, tras haber sido de rara —si tenemos en cuenta los avatares del pasado— y modélica estabilidad durante más de un cuarto de siglo, se enfrenta ahora a nuevos problemas derivados de una profunda crisis económica y social y del parcial agotamiento del llamado Estado de las Autonomías. Los frentes abiertos, en 2017, son múltiples y, en algunos puntos, inquietantes. Lo que va de un lejano ayer a hoy constituye el objeto de estos dos tomos, cuya primera entrega está en sus manos. Para llevar a cabo esta empresa se ha contado con un amplio elenco de excelentes historiadores e historiadoras —casi tres decenas de colaboradores—, pertenecientes a diferentes universidades, españolas y extranjeras. Las discusiones y los intercambios entre unos y otros han sido ricos y de gran provecho. Los distintos textos constituyen un pertinente reflejo del buen estado presente de la historiografía contemporánea española. El trabajo llevado a cabo por Miguel Aguilar y Elena Martínez Bavière y su equipo, en la editorial Taurus, ha sido excelente. Solamente cabe esperar ahora, una vez librado el producto a las librerías y bibliotecas, que esta obra contribuya, con todo el rigor y amenidad posibles, a una mejor comprensión del pasado español, alejada de prejuicios y simplismos, y ayude a generar nuevos debates y reflexiones. La aventura intelectual de la escritura y de la edición dejan paso, a partir de este momento, a otra aventura intelectual igualmente fundamental y necesaria, a la par que apasionante: la lectura.

Gerona, septiembre de 2017

LA CRISIS DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA

1808-1833

Manuel Chust y Pedro Rújula

(coords.)

LAS CLAVES DEL PERIODO

Manuel Chust y Pedro Rújula

Los cambios producidos en España entre 1808 y 1833 fueron de tal magnitud que aún hoy se hace difícil historiar y comprender lo ocurrido en este periodo crucial tanto para la historia de España como para la de América y Europa. El 14 de diciembre de 1788 subía al trono Carlos IV. Cuando el 29 de septiembre de 1833 muere su hijo Fernando VII y es proclamada reina regente María Cristina, sobrina suya y su cuarta mujer, la monarquía española había cambiado cuatro veces de monarca y dos de Corona; había estado inmersa en cinco guerras, incluidas las sangrientas campañas en la Península contra los franceses y la guerra americana contra la insurgencia; había cambiado de modelo de Estado cinco veces, con sucesivos vaivenes entre monarquía absoluta y constitucional, y había sufrido dos invasiones francesas, la napoleónica y la amparada por la Santa Alianza.

En esta primera parte del presente volumen se intentan desentrañar las claves de este turbulento primer tercio de siglo XIX; un periodo en el que asistimos al impacto de la Revolución sobre la monarquía hispánica y a las sucesivas respuestas protagonizadas por elementos centrales del Antiguo Régimen —monarquía, Iglesia, sectores de la nobleza, miembros de la Administración y los consejos reales, etcétera— en defensa de las posiciones de supremacía que habían venido disfrutando hasta ese momento. La espiral de impulsos revolucionarios y respuestas de la reacción puso de manifiesto no solo las dificultades para llevar adelante un proyecto liberal como el esbozado en el Cádiz de las Cortes, que implicaba una transformación de la sociedad y del Estado, sino también la fortaleza de los sectores privilegiados bajo la monarquía absoluta y la enorme influencia que mantuvieron sobre extensos sectores de la población española durante la primera mitad del Ochocientos.

LA GRAN CRISIS DE 1808

A lo largo del siglo XVIII, las monarquías española y francesa habían compartido una larga tradición de alianzas militares y diplomáticas, reforzadas por un sistema de enlaces familiares dentro y fuera de la dinastía de los Borbones, interrumpidas tan solo durante la Revolución francesa, cuando los Borbones españoles acudieron, sin éxito, en auxilio de la dinastía del país vecino. Pasado el periodo revolucionario, la alianza se reanudó con el nuevo dirigente galo, Napoleón Bonaparte. La existencia de un enemigo común como era Gran Bretaña, enormemente reforzada tras su triunfo en 1763 en la Guerra de los Siete Años, favoreció sin duda esa restauración.

Durante los primeros años del Ochocientos, este sistema de alianzas con la Francia napoleónica quedó plasmado en la firma de varios tratados francoespañoles orientados a un doble objetivo: invadir Portugal y enfrentarse a Gran Bretaña. La confrontación con esta potencia desembocó en un colosal duelo naval que iba a condicionar la historia mundial de la primera mitad del siglo XIX: Trafalgar.

Tras la derrota sufrida en esta batalla por la flota francoespañola, el poderío naval británico se tornó casi indiscutible, lo que condicionó el cambio de estrategia de la Francia napoleónica y su aliada, la monarquía de Carlos IV. En este contexto se inscribe el Tratado de Fontainebleau, de octubre de 1807, por el que la Corona española se comprometía con el emperador de los franceses: primero, a repartirse Portugal en tres partes; segundo, a autorizar la entrada de un ejército francés, con el objeto de invadir conjuntamente Portugal; tercero, a repartirse los territorios coloniales lusos, especialmente Brasil, una vez que hubiera terminado la contienda; y cuarto, a que Napoleón respetara el título de emperador de las Américas a Carlos IV. Estos dos últimos puntos eran muy reveladores respecto a las intenciones del estadista francés allende los mares.

La guerra en Portugal duró escasamente tres semanas, el tiempo que tardaron las columnas del general Jean Junot en entrar en Lisboa y las tropas españolas en invadir el norte portugués. No obstante, una parte sustancial del objetivo napoleónico, como era la captura de la familia real portuguesa, no se pudo llevar a cabo. Juan VI y su mujer, Carlota Joaquina, hija de Carlos IV, habían huido con destino a Brasil bajo la protección de la Armada británica y ante la impotencia de las Armadas francesa y española, muy dañadas desde Trafalgar.

Si en Portugal se vieron frustrados algunos de los planes de Napoleón —como la captura de la familia real y la obtención de Portugal y Brasil—, otros nuevos vinieron a sustituirlos rápidamente. La estrategia bonapartista, bien fuera pensada con anterioridad o bien se decidiera como recambio a la exitosa, pero ineficaz, invasión, se llevó a cabo entre los meses de enero y marzo de 1808. Es entonces cuando idéntica estrategia a la pensada para Portugal sería culminada con éxito en el caso de la familia real española, gracias en buena medida a los desencuentros de la dinastía borbónica, así como a la difícil coyuntura del país; porque esa era la finalidad de Bonaparte, obtener de un solo golpe palaciego el preciado Imperio hispanoamericano, ya que el lusobrasileño se le había escapado.

La monarquía hispánica había llegado al último tercio del siglo XVIII dando manifiestos signos de debilidad. Arrastraba un déficit estructural de la Hacienda que se iba haciendo cada vez más asfixiante. Al mismo tiempo iba perdiendo peso frente a Gran Bretaña y a Francia en el escenario internacional y, además, se mostraba cada vez más incapaz de defender por sí sola el Imperio americano del acoso de estas potencias. En el orden interior eran contestadas instituciones tan fundamentales del Antiguo Régimen como el sistema señorial o el papel de la Iglesia, especialmente visible en su dimensión económica por la resistencia al pago de rentas y tributos. La entrada en guerra contra la Francia revolucionaria en 1793 empeoró todavía más la situación, ya que la monarquía no contaba con recursos suficientes para afrontar el conflicto y los vales reales emitidos para sufragarla se depreciaron rápidamente. Esta situación obligó a incrementar la presión fiscal, fundamentalmente sobre las clases productoras, y a buscar recursos complementarios en el patrimonio de la Iglesia, iniciando un primer proceso desamortizador antes del cambio de siglo. Y todo esto sin conseguir imponerse a Gran Bretaña, cuya amenaza sobre la América hispana era cada vez mayor. Con la derrota de Trafalgar la situación se hizo todavía más desesperada, ya que el comercio americano quedó seriamente dañado. Esto obligaría a generar nuevos recursos sobre el suelo peninsular elevando la presión fiscal y abriendo nuevos procesos desamortizadores y a recurrir al crédito extranjero para cubrir el déficit.

Por otra parte, la Revolución francesa provocó una revisión de los vínculos establecidos entre la monarquía y el pueblo. La aparición en el país vecino de un nuevo concepto de poder fundado en la legitimidad popular fue rápidamente identificado como una amenaza. Ante ello la monarquía española actuó de dos maneras: la primera, y la más evidente, fue negar el hecho e imponer el silencio informativo, con la intención de minimizar el impacto que los sucesos franceses tuvieran en España. La segunda, sin embargo, fue competir con la Revolución en su mismo terreno. Para ello se propuso explotar los lazos que tradicionalmente unían a la monarquía con sus vasallos fortaleciendo la idea de pertenencia y definiendo cada vez más en torno a ella el concepto de «patria». Así se puso de manifiesto en la Guerra contra la Convención republicana francesa en 1793-1795. La ejecución de Luis XVI forzó la entrada de España en esta guerra, aunque las finanzas del país no estaban en condiciones de soportarla. La movilización de toda la monarquía para proveer los recursos necesarios no solo fue una solución económica, sino también una respuesta política y social que implicaba al conjunto del reino. Así, tanto en la Península como en América, se produjo una amplísima movilización para nutrir las filas de los ejércitos españoles, acompañada de una gran campaña de propaganda cuya principal responsabilidad recayó en el aparato de comunicación de la Iglesia. De este modo desde la nobleza hasta los gremios, pasando por corporaciones, instituciones religiosas seculares y regulares, cofradías o particulares, de todos los rincones del Imperio llegaron ofertas que, más allá de su valor económico, proporcionaron a la monarquía un aval social. Aquella guerra contrarrevolucionaria, librada bajo la tríada «Dios, Rey y Patria», fue, al decir de los contemporáneos, la guerra más popular de la que tenían memoria. Inauguraba una nueva etapa en la que las monarquías, incluso las absolutas, iban a esforzarse por validar su autoridad.

En 1808 confluyeron factores que venían del pasado con otros de génesis más inmediata y que condujeron a la crisis de la primavera de ese año. De un lado, evolucionaron los intereses de Napoleón en el sur de Europa, cuya política de bloqueo continental le llevó a intervenir sobre Portugal implicando directamente a España en la operación. La facilidad con la que las tropas imperiales se habían instalado en suelo español hizo posible un giro en los acontecimientos que transformaría a los aliados en invasores. Para ello fue necesario otro elemento: el enfrentamiento en el seno de la monarquía, donde dos facciones, lideradas, respectivamente, por el ministro Godoy y el príncipe Fernando, se disputaban el poder. La posición de fuerza que fue adquiriendo Napoleón en la Península, combinada con la manifiesta debilidad de la monarquía española, sumida en enfrentamientos intestinos en medio de una coyuntura crítica, permitió concebir la posibilidad de poner fin a la presencia de los Borbones en el trono español para ser sustituidos por una nueva dinastía que llegaría acompañada de un nuevo modelo de Estado y un nuevo proyecto para el país.

Todo ello propició la aparición de diferentes opciones alternativas en la búsqueda de un nuevo Estado: las napoleónicas, las de las juntas provinciales, la de la Junta Central, la de Carlota Joaquina reclamándose regente de América desde su corte brasileña, la del liberalismo gaditano o las de la insurgencia americana a partir de 1810.

Por lo que respecta a la opción de Estado impulsada por Napoleón, las iniciativas políticas, económicas e ideológicas que llevó a cabo estuvieron planificadas de antemano y conformaron una serie de medidas y de acciones de gobierno de carácter reformista, como la celebración de las Cortes en Bayona, a las que fueron convocados también representantes americanos, o la elaboración de una Constitución y los Decretos de Chamartín. Cuando los planes napoleónicos se hicieron evidentes, en especial tras el fracaso de las negociaciones de Bayona y el confinamiento de Fernando en Valençay, surgió una amplia contestación por todo el país. La fórmula de institucionalización de esta resistencia fueron las juntas nacidas en toda la superficie del reino libre de presencia militar francesa. Las juntas recompusieron la monarquía desde la base a partir de unas corporaciones que representaban orgánicamente a la sociedad preexistente. Esta representatividad les permitió asentarse y presentarse como representantes de los intereses de la comunidad. En virtud de ello pudieron dictar órdenes y llamar al pueblo a tomar las armas contra los franceses. La situación era excepcional, novedosa si se quiere, pero no había nada de revolucionario en este comportamiento, que se apoyaba ideológica y socialmente sobre elementos básicos del Antiguo Régimen. Las novedades vendrían más tarde. De momento las juntas, donde se daban cita intereses muy dispares, desplazaron a las autoridades godoyistas, sospechosas de obedecer las órdenes francesas procedentes de Madrid, armaron al pueblo y comenzaron a coordinar sus acciones con el objetivo de ganar la guerra, lo que desembocaría en la creación de la Junta Central.

La formación de la Junta Central tuvo sus paradojas, puesto que su composición y organización se realizó a partir de una organización federal. Fueron las juntas provinciales las que cedieron su soberanía mandando representantes al centro y no al contrario. La Junta Central convocó también a virreinatos y capitanías generales de América y Filipinas para que enviaran un delegado, pretendiendo así igualar la oferta de Bayona, que, en sus Cortes, ya había integrado a representantes americanos. Con esta medida, la Junta Central pretendía satisfacer las reivindicaciones del criollismo, que la crisis había hecho ahora mucho más visibles; pero otras fracciones criollas más combativas reclamaban un mayor número de representantes en la Junta Central, con el fin de que defendieran sus intereses específicos, tan heterogéneos e inabarcables como la propia diversidad, dinámica, evolución y enormidad económico-social, racial y étnica americanas.

No obstante, en estos primeros años las juntas americanas reconocieron la soberanía de la Junta Central, en especial tras la noticia de la derrota del ejército francés en los campos de Bailén, lo que fue interpretado como un triunfo español casi definitivo para el curso de la guerra. Sin embargo, una minoría de juntas se dispuso a emprender un largo recorrido reivindicativo, iniciado con proclamas autonomistas y soberanas, la mayor parte en disputa con las capitales de provincia y con las del virreinato. Ejemplos fueron las de Chuquisaca, Santa Fe de Bogotá, Quito y Caracas; esta última, que proclamó la independencia en 1811, resulto ser la más radical.

LEVANTAMIENTO, GUERRA Y REVOLUCIÓN EN UN MUNDO HISPANO

Tras los motines, las rebeliones, las revueltas y las manifestaciones, esto es, «el levantamiento del pueblo español frente a los franceses», en palabras del conde de Toreno, llegó la guerra. Esta última constituye el lugar donde se anudan todos los procesos que atravesaron la España de comienzos del siglo XIX. La política, las relaciones internacionales, la economía, la sociedad…, todo se vio traspasado, alterado y modelado por ella. El comportamiento del ejército sería fundamental desde ese momento. Algunos de los oficiales se pusieron a las órdenes del monarca francés, mientras que otros trataron de recomponer los escuálidos efectivos del ejército español para ponerlos al servicio de la causa patriota. En estas condiciones tuvo lugar una importante victoria en campo abierto, la de Bailén, que puso fin a lo que se presentaba como un paseo triunfal para los franceses. Esta temprana derrota francesa elevó el nivel de la apuesta imperial en España. Antes de finalizar 1808, sería el propio Napoleón quien llegaría al frente de un gran ejército de 250.000 soldados con la intención de dar por finalizado de manera rápida y resuelta al conflicto. Después de poner de nuevo a su hermano José como rey en Madrid y de forzar el reembarque de las tropas inglesas de vuelta a su país, el emperador abandonó la escena convencido de que el proceso de pacificación podía continuar sin necesidad de su presencia. Y así fue. Zaragoza cayó, finalmente, en febrero, Soult entraba en marzo en Oporto, y Gerona afrontaba un nuevo sitio que no podría mantener hasta final de año. Especial relevancia tuvo la derrota de Ocaña, en noviembre, que entregó la guerra a una nueva fase caracterizada por la guerra de guerrillas y las ciudades sitiadas. Las noticias de Ocaña corrieron con velocidad por España, Europa y América. En unos meses, se había pasado de vencer a Bonaparte a la certidumbre de que la «guerra en España» estaba perdida. La derrota provocó el descrédito de la Junta Central y, finalmente, en enero de 1810, su disolución y el reemplazo por una Regencia de cinco miembros.

Los efectos de la derrota de Ocaña también llegaron a América. El pesimismo dejó paso ahora a la euforia desmedida y altisonante con la que habían sido recibidas en su día las más que alentadoras noticias de Bailén. La rumorología se adueñó de calles y campos. Y las noticias se iban magnificando a medida que se propagaban. Así, se divulgó que el temido Napoleón iba a invadir los territorios americanos si estos no acataban su legitimidad. O, más bien, cobró cuerpo la imagen de Napoleón que el púlpito, las hojas volantes y la literatura satírica de la época trataban de difundir entre criollos y peninsulares, indios, mestizos y mulatos. El resultado fue que también América se sumó al conflicto. La impasibilidad de las autoridades, el deseo de reformas económicas largamente prometidas y reiteradamente retrasadas, la disputa entre ciudades principales y subordinadas, la actuación represiva de virreyes y capitanes generales, como Abascal y Elío, unidos a factores ideológicos y culturales, precipitaron la eclosión de juntas que vivió la América hispana desde abril hasta septiembre de 1810: Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile, Santa Fe, Cartagena, Quito, y, finalmente, toda una rebelión india y mestiza, con connivencias criollas en Nueva España.

El Antiguo Régimen, ya bastante debilitado durante el bienio anterior, pero que aún resistía, entre otros factores, por la marcha victoriosa de la guerra, se desmoronó. La guerra, ahora sí, se extendió también a los «otros territorios» de la monarquía española, los americanos. Las repercusiones fueron que el Río de la Plata, Paraguay, partes de Venezuela y Nueva Granada —Cartagena, Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca— y Chile se declararon autónomos respecto a la Regencia, a la que no reconocieron. De esta forma, las guerras napoleónicas sacudieron también a América. Y ello conllevó, al igual que ocurrió en la Península, todo un amplio espectro de reformas, con características revolucionarias que iban desde la abolición del tributo y la esclavitud hasta desamortizaciones y aboliciones de mayorazgos, pasando por la convocatoria de elecciones, la sanción de constituciones o la reunión de juntas y asambleas populares.

En la Península, la guerra abrió también la puerta a la revolución. Sin ella, y sin todo el desgaste institucional que llevaba aparejado, hubiera sido imposible abrir el proceso que permitió la reunión de unas Cortes en Cádiz, concebir un nuevo modelo político que recogió la Constitución de 1812 y dictar una batería de decretos que desmontaban piezas básicas del Antiguo Régimen como el entramado feudal, los privilegios que limitaban el ejercicio de la propiedad, el régimen gremial o la reforma de las rentas y el patrimonio de la Iglesia. Sin embargo, la influencia de la guerra no se detuvo aquí, sino que se extendió en otros muchos planos de la vida de los españoles, de ahí su relevancia en los orígenes de la contemporaneidad hispana. Combatir a los ejércitos napoleónicos se convirtió también en una cruzada, una suerte de guerra de religión que, liderada por clérigos publicistas y prelados apocalípticos, atrajo el conflicto hacia el terreno de la contrarrevolución y de la defensa de antiguas instituciones y viejas ideas. Al mismo tiempo, el combate permitió identificar a los defensores de Fernando VII con el territorio de la monarquía y señalar a los franceses como un cuerpo extraño, codificando el enfrentamiento en términos xenófobos y potenciando la dimensión nacional que terminaría condensada en esa expresión de fortuna que califica la guerra como «de la Independencia», que solo se consolidaría algunos lustros después de los hechos. Finalmente, la guerra fue también popular, porque tuvo el efecto de introducir a las clases populares, rurales y urbanas, en la dinámica política y les forzó a realizar un aprendizaje acelerado en este campo. Esto no significa que abrazaran de inmediato las ideas del liberalismo, ni que permanecieran sumisas a las voces del absolutismo. Todo lo contrario, el protagonismo de las clases populares durante la guerra debe entenderse desde la perspectiva de los mismos protagonistas, para quienes no era tan importante adscribirse al servilismo o sumarse a las filas liberales como perseguir sus propios intereses. Así se explica que encontremos una línea de radicalismo liberal que se expresará a través de la milicia y que recuperará la dimensión revolucionaria del pueblo armado. Y, en la misma medida, nos permite entender la coexistencia de otro radicalismo, el ultraabsolutista, visible en movimientos urbanos serviles o en las partidas realistas, que se mantendrá activo en el tiempo a través de los Voluntarios Realistas y reaparecerá en la Primera Guerra Carlista. Todo ello indica que la guerra contra Napoleón trastornó las bases del Antiguo Régimen, debilitó a los antiguos grupos hegemónicos y situó a otros en nuevas posiciones de poder. Sin embargo, el desarrollo no fue lineal, ni progresivo, sino que el diálogo revolución/reacción se convirtió en una espiral cotidiana en la que todos los actores estaban en constante movimiento y no siempre trazando un recorrido coherente.

Con la mayor parte del territorio ocupado por las fuerzas francesas, la Junta Central envió una convocatoria de Cortes a todos los territorios de la monarquía española. Convocatoria que posteriormente sería confirmada por la Regencia. El resultado fue que representantes de ciudades, juntas y provincias se reunieron, primero en la Isla de León, en septiembre de 1810; después, en la ciudad de Cádiz, a partir de febrero de 1811; y, por último, en Madrid, a partir de enero de 1814. En estos emplazamientos discutieron, argumentaron, debatieron y promulgaron un buen elenco de decretos, que en su mayor parte constituían las bases de una revolución liberal y que abarcaban desde la parte más ideológica y jurídica del liberalismo hasta la abolición de las señas de identidad del régimen señorial. De esta forma, se decretó la soberanía nacional, la libertad de imprenta, la igualdad entre españoles y americanos, la inviolabilidad de los diputados, la división de poderes, la creación de un ejército nacional, los procesos electorales, la abolición de la Inquisición, de la tortura, del tributo indígena, de la encomienda, de la mita, del repartimiento, del régimen señorial, de monopolios privativos y prohibitivos, de los mayorazgos, de las matrículas de mar, la venta de bienes concejiles como contribuciones de guerra y un largo etcétera.

Los decretos de las Cortes se vieron completados con la sanción de una Constitución que estableció la nacionalidad española para peninsulares, criollos e indios y que ratificó conceptos como la soberanía nacional, el derecho de ciudadanía, el sufragio universal indirecto, la supremacía de las Cortes frente al rey, la creación de un sistema fiscal uniforme, proporcional y directo, la Hacienda Nacional, la Milicia Nacional, el desarrollo de un sistema judicial independiente, la constitución de ayuntamientos en función de la demografía y no de potestades privilegiadas del rey o la nobleza, la creación de las diputaciones y las provincias, como entes político-administrativos las primeras y como territorio homogéneo del nuevo Estado-nación las segundas, la abolición —por ese mismo hecho— del sistema colonial de virreinatos y capitanías generales en América y la implantación de toda esta normativa en la mayor parte de la América hispana, trasladando así un sistema constitucional y parlamentario antes que muchos de los Estados americanos llegaran a ser independientes.

La Constitución de 1812 tuvo importantes repercusiones más allá de las fronteras españolas. Algunos países europeos la asumieron como modelo liberal de referencia en sus propios procesos revolucionarios. Fue a partir del triunfo de la revolución de 1820 cuando será adoptada en Italia, en el Piamonte y en el reino de las Dos Sicilias, en 1821, y en Portugal en 1822. Y fue también proclamada y aplicada en América: en toda Nueva España, que incluía Centroamérica, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en Perú, en el reino de Quito —prácticamente el futuro Ecuador—, en partes de Venezuela como Maracaibo y Coro, en la Banda Oriental —el futuro Uruguay—, en Charcas —la futura Bolivia— y en partes de Nueva Granada como Pasto, Popayán y Santa Marta.

Ese mismo año de 1812 se produjo otro hecho trascendental para la contienda en España. La entrada en guerra de las tropas francesas en Rusia provocó que Napoleón, al igual que hizo en otros territorios, empezara a retirar efectivos de la Península para destinarlos a la confrontación contra los rusos. Este factor, unido a la guerra de desgaste guerrillera, a la fortaleza de las ciudades, a la resistencia tenaz de la población y a la contribución armada de Gran Bretaña, ayudó a que, a partir de 1813, la contienda peninsular empezara a cambiar de signo y se sucedieran una serie de victorias importantes, como las de Arapiles en julio de 1812, la de Vitoria en junio de 1813 y la de San Marcial en agosto de ese mismo año.

Clausurada la legislatura extraordinaria, las Cortes fueron disueltas y una nueva asamblea abrió sus puertas el 1 de octubre de 1813 en Cádiz. Tal vez en la representación que asistió ese día al oratorio de San Felipe Neri no se apreciaban demasiados cambios con respecto al perfil de la cámara anterior. Y es que muchos de los electos no concurrieron a Cádiz, sino que se dirigieron directamente a Madrid y se incorporaron a sus escaños a comienzos de 1814, cuando se reanudaron las sesiones en la capital. Fue entonces cuando se hizo evidente un cambio en la representación nacional tan importante que algunos no dudaban en afirmar que en las Cortes había una clara mayoría servil. ¿Qué había pasado para que se produjera un cambio de este tipo? La cuestión es que la excepcionalidad de la guerra había dejado paso en buena parte del país a una cierta normalidad. Los exiliados estaban volviendo a sus hogares, los propietarios, a sus explotaciones, los clérigos, a sus sedes y los empleados, a sus destinos. Las viejas estructuras sociales y las antiguas relaciones de poder se iban restableciendo y las elecciones reflejaron hasta qué punto las viejas clases dominantes todavía, a pesar de todo lo vivido, seguían controlando los resortes del poder. La presencia servil en el seno de la soberanía nacional iba a ser el primer síntoma de que el hecho de mantener los logros de la Constitución no iba a ser una labor sencilla.

El rey se apoyará en este baluarte absolutista para debilitar políticamente la posición de los liberales. Además, buscará el apoyo del ejército y la complicidad internacional de Francia e Inglaterra y lo rodeará todo de una eficaz campaña de propaganda realista orientada a concentrar todas las expectativas de orden y prosperidad en el simple regreso del rey. El golpe de Estado del 4 de mayo de 1814 permitió a aquel acabar de un plumazo con la obra de las Cortes y abstenerse de jurar la Constitución. Esta resistencia a aceptar el texto gaditano no solo se debió a su significación liberal, sino también a que incorporaba los antiguos territorios coloniales americanos de la Corona al nuevo Estado-nación en igualdad de derechos y libertades, lo que para el rey suponía la pérdida de las rentas de los territorios americanos que hasta entonces ingresaba en su Hacienda Real. Esta especificidad de la revolución liberal española resultaba inaceptable para un rey absoluto que consideraba que América le pertenecía. De esta forma, Fernando VII fue beligerante tanto contra la insurgencia americana como contra las Cortes gaditanas, puesto que ambas, por distintos caminos, le privaban de su patrimonio real americano.

NADIE REGRESA IGUAL DESPUÉS DE UNA GUERRA, 1814-1820

Tras las guerras —la peninsular, la europea y la americana— vino la depresión económica. La coyuntura histórica del periodo 1808-1814 se saldó con una gran crisis para la monarquía española. El comercio y la producción cayeron en picado; la pérdida demográfica fue elevadísima —se especula con una cifra superior al medio millón de muertos—; el endeudamiento exterior aumentó hasta veinte veces los ingresos de una anualidad; el sistema de propiedad señorial se había visto cuestionado —los campesinos se resistieron a pagar las rentas señoriales durante y tras la guerra— y tuvo dificultades para volver a la normalidad; las contribuciones de guerra, tanto francesas como españolas, habían dejado aún más resentidos y empobrecidos a los pequeños propietarios y arrendatarios, por no hablar del paupérrimo nivel de vida que tenían los jornaleros. Además, las desvinculaciones y las desamortizaciones —aunque muchas de ellas fueron anuladas tras la restauración fernandina— no hacían más que prolongar la quiebra y descomponer la propiedad señorial, pero también ampliar la proletarización y el empobrecimiento del campesinado arrendatario. Por lo que respecta a las rentas americanas, si bien el tema es objeto de debate, lo cierto es que el monopolio comercial de la Corona desapareció con la pérdida del Río de la Plata —arteria de salida de los metales preciosos, especialmente de Potosí—. La contienda bélica que prendía ya por toda América reclamó los fondos de los consulados de comercio, aumentó las contribuciones forzosas a criollos, indios y mestizos y provocó una dinámica de acción/represión que comenzó en Venezuela con la «guerra a muerte» y que, posteriormente, se extendió por toda Sudamérica. En ese contexto, el envío de refuerzos para «pacificar» Tierra Firme —la actual Venezuela— y «reconquistar» el Río de la Plata fue interpretado por sectores criollos como una expedición de castigo y no de pacificación, tal y como la tildaba el Estado fernandino.

Sin embargo, la situación no era la misma que diez años atrás. Las guerras napoleónicas habían provocado la imposición en toda Europa de las reformas ilustradas bonapartistas —laicas, culturales, urbanas, civiles…— ahondando en algunas viejas heridas del Antiguo Régimen al dejar en evidencia a las antiguas familias nobiliarias —exiliadas, desaparecidas, «invisibles» o afrancesadas— y al descabalgar de sus tronos a las dinastías absolutistas de buena parte de Europa. Aun así, es cierto que también provocaron nuevas heridas, algunas de difícil solución. Es decir, las guerras napoleónicas no solo cuestionaron el Antiguo Régimen en sus pilares fundamentales —militar, fiscal, hacendístico, político e ideológico—, sino también erosionaron seriamente los fundamentos jurídicos del privilegio como la legitimidad, la representación y la soberanía real absoluta. Es más, la guerra interrumpió el pago de los derechos señoriales en muchos lugares, lo que abrió paso a la contestación de estas pechas que entraban en contradicción con los argumentos liberales circulantes. Al mismo tiempo, las clases populares, que habían recibido las armas para defender el reino, habían asumido no solo la responsabilidad de enfrentarse a los invasores, sino la conciencia de que su función había sido clave para conseguir la victoria. En el absolutismo o en el liberalismo el pueblo armado ya nunca iba a estar alejado de la política, ya fuera para impulsar soluciones revolucionarias o para defender fórmulas realistas. Además, la oficialidad del final de la guerra ya no era una casta de privilegiados reclutados por la nobleza de su estirpe, sino un abigarrado conjunto donde convivía la vieja oficialidad con muchos nuevos mandos ascendidos por méritos durante la guerra procedentes de las clases populares. Las ideas liberales prendieron entre la joven oficialidad, tanto por defender sus méritos como por la ausencia de vínculos de dependencia con la monarquía. No tardarían en convertirse en una de las vías principales de penetración del liberalismo en España debido a las enormes posibilidades de actuar sobre el poder político que les proporcionaba el uso de las armas y de las tropas que se encontraban a sus órdenes.

Cuando por fin se derrotó a Napoleón en 1815, las dinastías y la nobleza europeas, con la aquiescencia y complicidad de Gran Bretaña, necesitaron coaligarse más allá de los Pactos de Familia que durante el Setecientos y hasta Napoleón habían funcionado bilateralmente y con cierta eficacia. Las restauradas monarquías absolutas europeas fueron conscientes de que la derrota del «corso» había sido consecuencia de la acción conjunta articulada a través de una coalición militar y que debían prolongar su colaboración para rediseñar las fronteras europeas tras la oleada revolucionaria. En el Congreso de Viena, apoyándose sobre el principio de legitimidad, las monarquías vencedoras se propusieron recomponer el mundo con el objetivo puesto en la estabilidad y dar por concluido el periodo de alteraciones abierto en 1791. La impronta antiliberal del congreso podía chocar con la posición política de Gran Bretaña, pero la posibilidad de intervenir decisivamente en el reparto de las áreas de influencia le resolvió a participar. Como contrapartida obtuvo el reconocimiento de su hegemonía en el mar, lo que le permitía seguir persiguiendo sus objetivos comerciales más allá de la Europa continental. Impedir nuevos napoleones aseguraba a Inglaterra cierta tranquilidad en la conquista de este objetivo tras dos décadas en las que había visto cuestionada su supremacía armada, económica, territorial, comercial, naval y diplomática.

Tras la experiencia de los Cien Días los principales monarcas absolutos —los de Rusia, Austria y Prusia— decidieron establecer un pacto personal de protección mutua ante cualquier futura amenaza revolucionaria que contemplaba la intervención armada. El planteamiento, realizado en términos eurocéntricos, no impidió que los Estados y dirigentes hispanos y angloamericanos se sintieran más que aludidos. Recientes Estados-nación, otrora colonias como el Río de la Plata, Chile, Paraguay, partes de Nueva Granada y Venezuela, más los Estados Unidos de América, veían en la posibilidad de intervención armada de la Santa Alianza una clara amenaza a su independencia.

Esta estrategia de las monarquías europeas provocó rápidamente un cambio de rumbo en la táctica de la insurgencia americana. La amenaza de la Europa absolutista dio lugar a la unificación de la lucha armada insurgente de toda América. En ese contexto es donde hay que encuadrar la estrategia de José de San Martín de cruzar con sus fuerzas desde el Río de la Plata hasta el vecino Chile con el objetivo de llegar al corazón de la monarquía española, que era Perú, finalidad que le llevó a formar el Ejército del Norte y a atravesar los Andes; y también la estrategia de Simón Bolívar, José Artigas, etcétera, y de todos aquellos grupos políticos y económicos que tenían como objetivo la independencia. El panamericanismo se revelaba en clave de estrategia armada. De hecho, no se inventaba nada que no hubieran establecido ya los girondinos franceses al querer internacionalizar la revolución. La única novedad era que las monarquías absolutistas se vieron dialécticamente obligadas a hacerlo también tras Bonaparte, perspectiva intervencionista santoaliada a la que en 1823 replicaría el presidente de Estados Unidos, James Monroe, con su famosa frase: «América para los americanos».

La monarquía de Fernando VII ingresó en la Santa Alianza en 1817, un paso con el que el rey no solo intentaba blindar sus posesiones peninsulares, sino también utilizar esta vía santoaliada, mucho menos onerosa y posibilista, para recuperar su imperio. Algo que no pudo lograr, pues enfrente se topó con un antagonista muy poderoso: Gran Bretaña. Desde al menos 1808, esta había iniciado su particular estrategia para entablar relaciones comerciales y diplomáticas con la insurgencia americana, por lo que puso un alto precio para poder ser aliada de la monarquía española: la bilateralidad en el comercio de los puertos americanos y el pago de su contribución militar en la guerra de España.

La política británica para conseguir una América independiente se confirmó en 1814, cuando se negó a vender barcos a la monarquía española. A los británicos, obviamente, no les interesaba una reconquista española de los territorios independientes, especialmente del Río de la Plata, dado que ellos estaban ya estableciendo un comercio bilateral con aquellos países americanos que se declaraban independientes. Y, ante esta negativa británica, el recurso de la monarquía española fue la compra de los navíos a la única Corona que accedió a ello: la Rusia zarista. Barcos pagados con la indemnización que la monarquía había cobrado de Gran Bretaña por abolir el tráfico de esclavos. Navíos que se encontraban en un estado tan lamentable que, cuando arribaron a puerto español, provocaron el amotinamiento de las tropas que estaban esperando ser embarcadas hacia el Río de la Plata.

Todo ello precipitó que la monarquía fernandina tuviera que enfrentarse durante estos años a tres problemas: el primero, la maltrecha Hacienda, que no encontraba fórmulas para salir de la crisis sin ser incoherente con las características privilegiadas del régimen absoluto; el segundo, y relacionado con el problema anterior, la guerra en América; y el tercero, el acoso armado del liberalismo hacia el Antiguo Régimen, pues una cadena de pronunciamientos liberales tuvo en jaque permanente al régimen fernandino. Uno de ellos, el llevado a cabo en 1820 por el teniente coronel Rafael del Riego en Cabezas de San Juan pondría fin incluso a la monarquía absoluta.

Respecto al primer problema, una larga serie de ministros que pasó por el gabinete de Hacienda tuvo que afrontar una doble dificultad. Por una parte, a la Hacienda Real le era prácticamente imposible realizar un presupuesto, ya que la Administración no sabía exactamente cuáles eran los gastos, los ingresos o las deudas. Por otra, el régimen seguía engendrando una gran contradicción: la mayor parte de los poseedores de la tierra estaban exentos del pago de impuestos por ser nobles. Así, en mayo de 1817, Fernando VII nombró ministro del ramo a Martín de Garay, quien planteó un sistema de Hacienda que abría nuevas expectativas a potenciales ingresos. La fórmula consistió en sustituir las rentas provinciales por una contribución general repartida entre las poblaciones, excepto en los puertos y capitales de provincia, donde se aplicarían derechos de puertas para los productos que entraran en ellas. Era un sistema mixto que aplicaba una contribución directa repartida en cuotas proporcionales a los pueblos y una contribución indirecta a las capitales y puertos. Este sistema encontró en la clase nobiliaria una oposición frontal, pues esta se negaba a perder su condición de privilegiada y a comenzar a pagar impuestos. Martín de Garay fue cesado y el problema hacendístico persistió.

La segunda cuestión era la de la guerra en América. Entre 1814 y 1820, Fernando VII organizó un ejército expedicionario de más de 40.000 soldados y oficiales para combatir en Venezuela y Nueva Granada. La expedición más importante fue la del mariscal Pablo Morillo, fletada en febrero de 1815 y compuesta por 42 transportes escoltados por 18 buques de guerra. El objetivo del absolutismo, desde la Península y en América, pasaba casi en exclusiva por la derrota militar de la insurgencia americana; y a ello se dedicaron notables oficiales del ejército español. Esto originó, especialmente en Nueva Granada y Venezuela, una guerra sin cuartel que no solo endureció aún más las campañas militares, sino que alejó de forma casi definitiva cualquier atisbo de solución al conflicto que no fuera la victoria armada. Es más, la dirección criolla propagó la identificación de la guerra como un conflicto provocado por el rey y los «españoles».

No hay que olvidar que una parte de la oficialidad embarcada rumbo a América había conseguido ascensos gracias a su valía en la guerra contra los franceses. Nada como la guerra para propiciar carreras meteóricas e inflación de mandos, con la consecuencia de una multitud de ascensos a oficiales que el régimen fernandino había congelado porque no se atrevió a depurar. Por ejemplo, el general Juan Martín, El Empecinado, un auténtico héroe popular que poco a poco fue perfilando su ideología liberal. Embarcándolos hacia América, el régimen fernandino encontró una solución a los pronunciamientos y a la incomodidad de tener a estos militares en el seno de la jerarquía militar. Con ello Fernando VII los enfrentaba a los también liberales americanos. Esta decisión, sin embargo, iba a propiciar una situación paradójica que tendría notables repercusiones en la historia de España, ya que muchos de estos oficiales adquirieron una gran experiencia en combate en las guerras de independencia que posteriormente emplearían en la Península durante la guerra contra los carlistas. Es decir, los mandos liberales enviados por el absolutismo a la guerra en América iban a ser claves, a su regreso de América, para derrotar al absolutismo carlista.

Y, por último, el tercer problema de la monarquía fernandina guarda relación con el hecho de que estos oficiales nunca sintonizaron ni con la restauración absolutista, ni con el ejército nobiliario del rey. Esta fue la causa de que, ante la ausencia de canales políticos de expresión de su disconformidad, utilizaran el recurso de la insurrección y del pronunciamiento. La lógica insurreccional consistía en crear las condiciones adecuadas para que un líder militar se pronunciara con el apoyo de sus tropas, proclamara la Constitución de 1812, difundiera un manifiesto con el programa liberal y provocara con ello la adhesión de las fuerzas proliberales, tanto civiles como militares, de otras ciudades y poblaciones, con la finalidad de conseguir un cambio de régimen. Una larga lista de pronunciamientos tuvieron lugar durante estos años: el del significado líder guerrillero Francisco Espoz y Mina en Pamplona, en septiembre de 1814; el de Juan Díaz Porlier, mariscal de campo de origen también guerrillero, en La Coruña en septiembre de 1815; el del teniente general Luis de Lacy en Barcelona el 4 de abril de 1817; o el teniente coronel Joaquín Vidal en Valencia en 1819.

En 1819 los problemas acuciaban al Estado absolutista: una Hacienda en ruinas, un sistema fiscal obsoleto, una América en llamas y una inestabilidad interior por los pronunciamientos de los mandos de un ejército que ya no respondían a los intereses de la clase dirigente nobiliaria y que, lejos de ser el ejército del rey, lo era de «la Pepa». En el plano cultural, el gobierno absolutista decretó el retorno al sistema educativo imperante en tiempos de Carlos III y ejerció todo tipo de presiones sobre los intelectuales que se habían opuesto a la restauración absolutista. La persecución afectó por igual a liberales y a afrancesados, que fueron obligados a exiliarse, los primeros mayoritariamente a Francia y los últimos preferentemente a Gran Bretaña. La persecución de todos los partidarios de una solución política diferente de la propuesta por el absolutismo restaurado de Fernando VII puso de manifiesto la intransigencia del realismo español y sus dificultades para asumir la discrepancia. Se inauguraba así un siglo de exilios políticos que afectaría a muy distintos colectivos que, desde liberales hasta carlistas, pasando por afrancesados, demócratas o republicanos, encontraron en tierra extranjera la posibilidad de ser fieles a su ideario sin por ello pagar su disidencia con la vida o terminar con los huesos en la cárcel.

Finalmente, uno de los tantos pronunciamientos liberales que hubo durante el Sexenio Absolutista acabó triunfando. Paradojas de la historia, fue la cuestión americana la que llevó a la proclamación de nuevo de la Constitución de 1812, al ser los oficiales de las tropas acantonadas en Andalucía, con destino al Río de la Plata, los que se pronunciaron el 1 de enero de 1820. La cuestión americana estuvo omnipresente en estos trascendentales años.

EL REGRESO DEL LIBERALISMO

Y, una vez más, España iba a contracorriente de los países de su entorno. Aunque bien pudiera ser, contemplado desde otra perspectiva, que se estuviera adelantando a los tiempos. Mientras la Europa de los congresos parecía haber hallado la fórmula para mantener la estabilidad política en el continente, España se veía, tanto a este como al otro lado del Atlántico, sometida a enormes tensiones. La insurgencia americana corría el riesgo de adueñarse de todo el territorio del imperio cuando se produjo en Cádiz el pronunciamiento del general Riego al mando de las tropas que debían zarpar para sofocar la insurrección. La acción no fue decisiva, pero, con el paso de los días, diversas ciudades, como La Coruña, Barcelona, Zaragoza, Málaga, Oviedo, Murcia, Pamplona y Madrid, levantaron juntas que fueron proclamando la Constitución de 1812 y forzaron la aceptación del texto gaditano por el rey.

En otro gran bucle ideológico-político del liberalismo español, que pasaba por ser monárquico, Fernando mantuvo el trono, aunque no el cetro, cuando juró la Constitución de 1812, pasando así de ser un monarca absolutista a ser uno constitucional. Con ello, España se desmarcaba de la coalición establecida por las dinastías europeas y reforzada por la presencia de Gran Bretaña, una coalición destinada a cerrar armada e ideológicamente las posibilidades del liberalismo, tanto político como económico.

Fueron muy conscientes y previsores los «padres de la patria» —parlamentarios, constitucionales e hispanos— no solo de los contenidos de la carta doceañista, sino también del propio mecanismo que engendraba a modo de reglamento, el cual hacía automático el desarrollo per se de los fundamentos del propio Estado liberal. Así, su restablecimiento llevó incorporada la puesta en marcha de ayuntamientos, diputaciones, Cortes, elecciones, tribunales de justicia, sistema tributario, Milicia Nacional, etcétera.

La entrada en vigor de la Constitución de 1812 supuso la convocatoria de diputados americanos. Y estos volvieron a las Cortes a luchar por sus intereses a través de la vía política abierta por el liberalismo gaditano, la cual posibilitaba una «Commonwealth» hispana 80 años antes de su posterior plasmación en el Imperio británico. Para los «otros territorios» de la monarquía la situación era distinta. Los seis años de absolutismo habían cercenado casi de raíz la posibilidad de una vía autonomista americana dentro de una monarquía española. Fracciones del criollismo, especialmente novohispano y peruano, que anteriormente habían apoyado mayoritariamente la vía posibilista gaditana mandando a sus representantes con sus «instrucciones» y «representaciones» de los cabildos y juntas se mostraban ahora mucho más reticentes a apoyarla. En la base de este recelo se encontraba, sin duda alguna, la creencia de que Fernando VII la boicotearía por los mismos motivos que en 1814 había consumado su golpe de Estado. Y estaban en lo cierto.

Es más, la guerra endureció las posiciones entre los contendientes. Realistas e insurgentes se batían en una cruenta guerra en América del Sur. En este conflicto, 1821 fue un año crucial: Nueva España se convertía en México cuando parte de la oficialidad «realista», del criollismo y de otras fuerzas sociales, institucionales y religiosas, aceptaron la independencia tras el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Y, con ellos, se incluía también toda Centroamérica.

En el sur, la insurgencia estaba ganando la guerra. Ese mismo año, el Ejército del Norte, comandado por San Martín, hizo su entrada en Perú tras conseguir la independencia de Chile. Además, el antiguo virreinato peruano se veía acosado desde el norte por las fuerzas venezolanas y neogranadinas comandadas por Simón Bolívar. De esta forma, los ejércitos insurgentes entraron en Lima ese mismo año, declarándose una parte importante de Perú también independiente. La propuesta americanista en las Cortes de Madrid se desmoronó. A principios de 1822 la mayor parte de los diputados americanos solicitó su licencia y abandonó sus escaños. Se trataba del certificado de defunción de la vía política integracionista y constitucional del americanismo desde Cádiz.

Sin embargo, ya hemos dicho que la coyuntura era ahora muy diferente a la anterior. Primero, el rey estaba «presente», convirtiéndose en uno de los contrapesos de los distintos liberalismos en las Cortes y en la corte, ya que muy pronto inició su particular oposición política y conspirativa para que los acuerdos del Congreso de Viena y de la Santa Alianza fueran efectivos en el caso español, como acabó sucediendo. En segundo lugar, la coyuntura internacional de principios de los años veinte ya no era de guerra en la Península —aunque sí en América—, sino de reforzamiento del Antiguo Régimen. En tercer lugar, las propuestas liberales no se conformaban solo con superar el Antiguo Régimen, sino que pretendían completar y extender reformas políticas y económico-sociales que iban a afectar a la pequeña burguesía y a unas todavía heterogéneas clases populares, tanto urbanas como rurales. Entre estas propuestas liberales se encuentran la de desvinculación y desamortización de tierras del clero y de la nobleza y su posterior reparto; disposiciones más decididas contra la oficialidad de Antiguo Régimen; decretos de derechos sociales, mayor apertura en las libertades políticas; y una reforma fiscal directa y proporcional a los ingresos. Es más, en las elecciones de 1822 el denominado liberalismo «radical» o «veinteañista» obtuvo una mayoría que le posibilitó formar gobiernos como el de José María Calatrava. Los liberales radicales no iban a ser tan condescendientes con el monarca y sus devaneos conspirativos. Por ello las Cortes y el monarca entraron en 1822 en una dinámica similar a la francesa. En especial porque el poder legislativo fue quien empezó a pedir explicaciones y a juzgar actitudes involucionistas del rey. Lo cual provocó miradas a otras formas de gobierno… como el republicano.

Posiblemente una de las principales características del Trienio Liberal fue su capacidad para abrir los espacios políticos a la participación y la extensión de la política a sectores cada vez más amplios de la sociedad. Desde el triunfo de la revolución en marzo de 1820 la vida de los españoles se aproximó a la política y se vio envuelta en unos rituales y unas prácticas que la acercaban a la contemporaneidad. Las ciudades se convirtieron en el lugar de la política por excelencia. En ellas se desarrolló con fuerza la libertad de expresión y aparecieron multitud de cabeceras de prensa que barrían el espectro de opiniones en concurrencia, llegando a hablarse de «periodicomanía». También allí se difundieron las sociedades patrióticas, tertulias y cafés, donde la política era la reina de las conversaciones, discusiones y conferencias. Las calles se inundaron de cánticos, músicas, iluminaciones, desfiles, ceremonias, etcétera, que, según la ocasión, expresaban apoyo al régimen o discrepancia con las medidas gubernamentales. Asimismo los uniformes y desfiles de la milicia tuvieron por escenario preferente las ciudades, donde nuevos grupos sociales entraron en la política y manifestaron activamente su apoyo a la Constitución. El campo, no obstante, no quedó al margen de todo esto. Hasta allí llegaron los periódicos, también se reclutó la milicia y no faltaron tertulias patrióticas o ceremonias de contenido político, pero su presencia fue menos intensa y, aunque mimetizaron los comportamientos de las ciudades más cercanas, los condicionantes propios de una comunidad de dimensiones reducidas hizo que los cambios fueran menos apreciables. Y, tanto en el medio rural como en el urbano, vivieron con normalidad la posibilidad de escoger a sus propios representantes locales o provinciales, lo que familiarizó a los ciudadanos con la práctica electoral, que era, en definitiva, la base de la participación en el régimen liberal.

El triunfo de Fernando VII de Borbón, el personal y el del Estado absoluto, se consumó cuando, tras meses de demandas de intervención de los ejércitos santoaliados en la «España liberal», un ejército francés al mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, invadió la Península en 1823. Esta vez sí hubo invasión, pero ni guerra de la independencia, ni guerra contra los «franceses». Era abril de 1823. La conspiración fue más allá y hubo tropas que permanecieron en sus cuarteles inmovilizadas porque sus capitanes generales no hicieron nada frente a la invasión. Las Cortes abandonaron Madrid, pero obligaron al rey a viajar con ellas. El camino se volvía a repetir como en 1809 con la Junta Central: Sevilla y Cádiz. Otra vez la liberal Cádiz sitiada por los franceses, aunque esta vez con el rey dentro. La resistencia de la población fue tan tenaz como durante los asedios franceses de 1810. En las negociaciones de rendición intervino Fernando VII, que prometió respeto a la Constitución si era puesto en libertad. El 1 de octubre, libre ya y al lado del ejército francés, se desdijo y abolió la carta magna, las instituciones constitucionales y los decretos liberales. Regresaba el absolutismo.

LA SEGUNDA RESTAURACIÓN ABSOLUTISTA, 1823-1833

Con la restauración absoluta del rey llegó la segunda abolición del Estado liberal, de los decretos liberales, de la Constitución de 1812, de ayuntamientos, diputaciones y de la Milicia Nacional. Y también retornaba la represión, el exilio, la cárcel y la clandestinidad de los liberales. Se instauraron juntas de fe y comisiones militares para reprimir a los mandos liberales, se suprimieron las universidades y se regresó al control de la educación primaria por parte de la Iglesia.

No obstante, tanto el rey como la nobleza no confiaban, a pesar de las depuraciones de la oficialidad del ejército, en la estabilidad del régimen restaurado. Así, Fernando VII pidió que una parte del ejército francés, que esta vez de ser «invasor» había pasado a ser «liberador», según la literatura absolutista y las homilías de los curas párrocos, se mantuviera en la Península ante posibles intentonas de militares opositores al régimen. Al tiempo que creó el álter ego y contrapeso de la Milicia Nacional, como fueron los Voluntarios Realistas. Estos constituían una milicia asalariada que el absolutismo armó y retribuyó para mantener el régimen frente a la amenaza de movimientos populares, especialmente urbanos.

Sin embargo, la monarquía fernandina seguía padeciendo el secular problema económico, tanto en el plano fiscal como en el hacendístico. Al igual que hiciera en el sexenio anterior, Fernando VII acudió de nuevo a hombres ilustrados y reformistas, incluso de ideas liberales, para intentar solucionar el acuciante problema de liquidez. Tal fue el caso del nombramiento de Luis López Ballesteros como ministro de Hacienda. Las medidas de este no constituyeron una sorpresa, ya que recurrió a un sistema fiscal similar al de la contribución directa, lo que produjo el malestar tanto de nobles como de campesinos, al cuestionar la privilegiada inmunidad fiscal de los primeros y aumentar los impuestos a los segundos. La situación provocaría el progresivo enajenamiento del régimen fernandino por parte de una fracción de la nobleza que reclamaba una política absolutista más agresiva y ortodoxa. Por otro lado, durante la última década del reinado de Fernando VII fue poniéndose de manifiesto la existencia de un radicalismo absolutista que no se acomodaba a las pautas definidas por el régimen. Sus exigencias ultrarrealistas insatisfechas fueron el motivo de levantamientos muy tempranos como el de Joaquín Capapé en 1824 o el de Jorge Bessières en 1825, dos guerrilleros que habían combatido la Constitución durante el Trienio Liberal y que habían visto defraudadas sus expectativas con la restauración del absolutismo. Aunque el hecho más relevante fue la insurrección catalana de 1827, conocida como de los «Malcontents», cuya dimensión obligó a la movilización del ejército y alertó al rey de la amenaza ultra, lo que le decidió a recortar la autonomía del cuerpo en cuyo seno había disfrutado de mayores posibilidades de desarrollo: los Voluntarios Realistas. En este contexto de tensión entre el rey y determinados sectores absolutistas, la figura de su hermano, el infante don Carlos, se fue perfilando cada vez más como posible candidato de recambio.

La situación económica se vio agravada por la pérdida definitiva para la Hacienda del rey de las colonias americanas. Tras la batalla de Ayacucho, Perú, en 1824, prácticamente la guerra continental en América se acabó para el ejército realista, con la consiguiente conversión de los territorios americanos en repúblicas independientes. La pérdida de las colonias americanas produjo notables cambios en la economía española, tanto porque la monarquía perdió el monopolio del comercio americano como porque la burguesía comercial e industrial tuvo que recurrir al mercado interior para su desarrollo.

La monarquía de Fernando VII terminó como empezó: con un gran pleito familiar. El rey, tras varios años de enfermedad y sin haber tenido descendencia con sus tres anteriores esposas, organizó un postrer matrimonio con su sobrina María Cristina. La posibilidad de traer al mundo un heredero podía truncar las aspiraciones de su hermano Carlos de acceder al trono y frustrar las expectativas de aquella parte de la nobleza, aristocrática y eclesiástica, que lo apoyaba. Estas actitudes no se limitaban a una élite absolutista, sino que tenían amplias conexiones en medios populares. La posibilidad de recurrir a su apoyo y de desencadenar una guerra civil hacía temible el poder de este grupo ultraabsolutista que jugó con fuerza sus bazas en los momentos finales del reinado para conseguir elevar al trono al infante don Carlos. La derogación de la Ley Sálica en los años finales del reinado, aún exacerbó más los ánimos de los ultrarrealistas, ya que posibilitaba una futura reina en detrimento de un inminente rey. El nacimiento de la princesa Isabel consumó el peor de los augurios para los carlistas. A la muerte del rey, el 29 de septiembre de 1833, y ante la minoría de edad de su hija Isabel, pasó a ser regente su viuda María Cristina, a quien no le quedaría más remedio que recurrir al apoyo de los liberales moderados. De esta forma, terminaba la etapa fernandina y comenzaba una tímida apertura política conducente al sistema del Estatuto Real. A la viuda de Fernando VII y a su hija correspondería la misión de lidiar con el liberalismo sin compartirlo y, muy probablemente, sin comprenderlo.

LA VIDA POLÍTICA

Manuel Chust y Pedro Rújula

Durante la primavera de 1808 la política se aceleró en el ámbito de la monarquía hispánica. La presencia de un importante ejército francés en suelo peninsular desde los últimos meses del año anterior tuvo un efecto catalizador y provocó importantes reacciones que afectaron al conjunto de la vida pública, desde la cúspide hasta la base. En el entorno de la corte esta presencia armada excitó la rivalidad entre los dos grupos que pugnaban por dominar el espacio de poder de la monarquía: el encabezado por el Príncipe de la Paz, Manuel Godoy, y el que lideraba el heredero al trono, Fernando, príncipe de Asturias. Fuera de los muros del palacio, el contacto con las tropas imperiales despertó en muchos españoles la conciencia de que se estaba viviendo una situación de fuerza de consecuencias imprevisibles.

Godoy, el hombre fuerte del momento, que contaba con toda la confianza política de Carlos IV y María Luisa, no tenía ninguna posibilidad real de oponerse a los planes de Napoleón para invadir Portugal. De hecho, las tropas imperiales hollaban ya el suelo español antes incluso del 27 de octubre de 1807, fecha de la firma del Tratado de Fontainebleau que debía autorizar su paso. De ahí que sus negociaciones estuvieran sobre todo orientadas a visibilizarse como el interlocutor imprescindible en los asuntos relativos a la monarquía española. Esta posición le permitió también dar curso a su ambición de poder reservándose la condición de príncipe de los Algarves cuando Portugal hubiera sido vencida. Las pretensiones del Príncipe de la Paz no eran nuevas. De hecho, no hacía mucho tiempo que, con motivo de su promoción al puesto de almirante general de España e Indias, por el que recibía el tratamiento de alteza serenísima, se habían desatado los rumores sobre si su verdadera intención no sería hacerse con el trono español.

O, por lo menos, así se encargó de presentarlo el otro sector cortesano liderado por el príncipe Fernando. Junto con él se encontraban, además de algún clérigo intrigante, como el canónigo Escóiquiz, miembros de la familia real —el infante don Antonio—, figuras de la nobleza —los duques del Infantado y de San Carlos, los condes de Montijo y de Orgaz o el marqués de Ayerbe—, el embajador francés Beauharnais, algunos altos empleados y sectores de las guardias de palacio. Este grupo, receloso ante la estrategia del Príncipe de la Paz de concentrar todo el poder en sus manos y por su gestión de impronta ilustrada, que había hecho saltar las alarmas —entre otros, de los medios eclesiásticos— por cierta voluntad reformista, reaccionó mediante la adopción de una posición contraria. Se esforzó por hacer patente su conexión con la tradición española, su sensibilidad hacia los intereses de la vieja aristocracia, cuyas bases habían sido erosionadas por el despotismo ministerial, y su defensa del clero amenazado por la desamortización. Sin embargo, en materia exterior, su estrategia no fue muy distinta de la que había desplegado Godoy: intentar acercarse a la órbita de Napoleón y consolidar su posición política con su apoyo. En el caso del grupo fernandino la estrategia pasaba por concertar el matrimonio entre el príncipe de Asturias y una princesa de la familia del emperador que sirviera para reforzar su posición en la lucha por el poder interno como parte de lo que el propio Carlos IV denominó en un documento público «un plan para destronarme».

Estas gestiones, realizadas a espaldas de los reyes, fueron descubiertas y denunciadas como parte de un proyecto del príncipe de Asturias para apoderarse del trono de su padre. Durante el proceso llamado de El Escorial salieron a la luz las desleales negociaciones del grupo fernandino con la diplomacia napoleónica. Ante la evidencia, Fernando fue obligado a pedir perdón a sus padres y a manifestar públicamente su arrepentimiento, pero sus cómplices solo fueron castigados con penas de destierro, que, lejos de desintegrar al grupo, proporcionó cierto halo de perseguidos a sus miembros, que no tardarán en aprovechar para presentarse como los verdaderos defensores de los intereses patrióticos. Los hechos de El Escorial pusieron de manifiesto que en el seno de la corte existía un profundo enfrentamiento entre Godoy y el príncipe Fernando, cuyo elemento de disputa no era otro que el trono. Además, esta tensión se ramificaba en el conjunto de la monarquía, porque los capitanes generales y gobernadores nombrados por Godoy para gestionar su política sobre el territorio se encontraban muchas veces en tensión con las oligarquías locales que eran muy celosas de su poder y autonomía.

Esta fractura interna se representó en toda su dimensión a los ojos de Napoleón porque ambos partidos recabaron su apoyo, mostrando de este modo su debilidad y su profunda división. Fue esta imagen de una monarquía en decadencia la que terminaría decidiendo al emperador a emplear su posición de fuerza en la Península, donde poseía, a comienzos del año 1808, más de 100.000 hombres, para producir un cambio en la dinastía española que favoreciera su interés de controlar directamente el sur de Europa. Por lo tanto, en la primavera de aquel año, tuvieron lugar dos procesos que se combinaron de manera explosiva, pero que, inicialmente, no estaban conectados: las luchas internas entre dos partidos cortesanos que se disputaban el trono y la intervención militar de los ejércitos napoleónicos en Portugal, que dio a Napoleón la oportunidad de situar una fuerza armada muy poderosa sobre suelo español.

El contacto con las tropas imperiales hizo descender hasta el nivel de la población peninsular una idea cada vez más concreta de las tensiones políticas y los conflictos militares que atravesaban la Europa napoleónica. En un principio este contacto estuvo revestido de una evidente ambigüedad. Desde medios oficiales se insistía en la idea de que los franceses eran unos valiosos aliados de los que no había nada que temer. En consecuencia, los primeros contingentes de soldados fueron recibidos en las localidades del trayecto entre festejos y muestras de confianza. Sin embargo, la presencia de una fuerza militar importante en contacto con la población civil comenzó a generar fricciones y suspicacias, sobre todo cuando algunos comportamientos extraños, como la toma de las ciudadelas de Pamplona y Barcelona, en febrero de 1808, o el desvío hacia Madrid de las tropas francesas al mes siguiente, se hacían difíciles de explicar como propios de una fuerza amiga.

En medio de este contexto de disputa por el poder en el seno de la corte, y bajo la presencia inquietante de una fuerza militar extranjera, se desarrollará el Motín de Aranjuez, que, por una parte, tuvo el efecto de revolucionar ambos factores al desestabilizar el poder de la monarquía y forzar la abdicación del rey y, por otra parte, el de ofrecer la condición de árbitro a la misma potencia que tenía desplegados sobre la superficie peninsular a más de 100.000 hombres; pero antes de adentrarnos en esta nueva fase de la política española, es conveniente definir el marco general en el que iba a tener lugar.

EL COMPLEJO ESCENARIO INTERNACIONAL

En materia de política exterior la monarquía española iniciaba el siglo XIX en la misma encrucijada que había marcado los últimos 20 años del siglo XVIII: entre la amenaza constante por parte de Inglaterra de hacerse con el Imperio americano español y la no menos preocupante hegemonía continental que ejercía la Francia posrevolucionaria, que por entonces asistía a la consolidación del régimen napoleónico. De esta manera, con la firma en 1800 del Tercer Tratado de San Ildefonso —en realidad, una reconfirmación del Segundo Tratado que con este mismo nombre se había firmado en 1796— y su concreción mediante otro acuerdo secreto, firmado en Aranjuez en 1801, Francia y la monarquía española volvían a conjurarse para acabar con el poderío británico. La familia real española, en prueba de su amistad con Napoleón, entregó al estadista corso el gigantesco territorio de La Luisiana, que posteriormente le serviría a Bonaparte para comerciar con la república estadounidense. A cambio, los intereses dinásticos de la monarquía española se veían recompensados con la creación de un nuevo reino, el de Etruria, que ostentaría Luis I de Borbón y Parma, sobrino de la reina de España y esposo, a su vez, de María Luisa, hija de los reyes de España. Se reeditaban así los Pactos de Familia borbónicos del siglo XVIII, que formaban parte de las estrategias de las viejas monarquías. Sin embargo, algo había cambiado, pues, aunque el Estado napoleónico se revestía de formas aristocráticas y se valía igual que antaño de los matrimonios de conveniencia como instrumento diplomático, su pragmatismo y su razón de Estado se terminarían imponiendo sobre las antiguas convenciones del Antiguo Régimen.

La consecuencia de los acuerdos de San Ildefonso se revelaría con toda nitidez un año después. La monarquía española entró en guerra con la portuguesa, «fiel aliada» de Gran Bretaña, en la denominada Guerra de las Naranjas, ante la negativa portuguesa de cerrar sus puertos al comercio británico. En este momento es cuando Manuel Godoy, que ya había sido nombrado Príncipe de la Paz en 1795, pasa a ser generalísimo de los ejércitos de mar y tierra, nombramiento real recibido con escándalo por la alta nobleza, que interpretó como una ofensa a su clase el ascenso del que para ellos no era más que un «advenedizo plebeyo».

La Paz de Amiens de 1802 entre Inglaterra y Francia y sus aliados (la monarquía española y Holanda, convertida en Estado satélite francés bajo el nombre de República Bátava) duró escasamente dos años y Napoleón, de nuevo en guerra contra los ingleses, requirió el apoyo de su «fiel» aliado español. Carlos IV y el Príncipe de la Paz vuelven entonces a declarar la guerra a Gran Bretaña y sus aliados en 1804, implicándose, además, en la contienda de manera decidida. Prueba de ello es el despliegue, en la primera década del Ochocientos, de más de 40.000 soldados españoles por los campos europeos, en especial en Jutlandia y la península Itálica, como aliados de los ejércitos napoleónicos. Se trata de una cifra muy elevada, el 40 por ciento de su ejército, lo que supone una gran implicación en el conflicto. El resto lo componían un contingente similar que se encontraba en la Península y poco más de 20.000 hombres en América. Podría llegarse a pensar que Napoleón disponía ya de tempranos planes de dispersión de las fuerzas armadas españolas con el fin de restar oposición a estrategias futuras en la Península.

En el contexto americano, el fracaso de Napoleón para constituir un imperio colonial francés en el Caribe fue ratificado con la venta de La Lusiana a Estados Unidos, buscando con ello su fortalecimiento frente a la que era su rival común, Inglaterra. Napoleón renunciaba en primera instancia al codiciado mercado americano, pero el todavía colosal Imperio español ofrecía grandes posibilidades que seguramente eran contempladas por los rectores de la política francesa, y especialmente por el propio Napoleón Bonaparte.

Y en tanto llegaría 1805, un año crucial para las relaciones entre Francia, Gran Bretaña y la monarquía española, cuya repercusión posterior será decisiva en el desarrollo de los acontecimientos. El 20 de octubre tuvo lugar frente a las costas de Cádiz la batalla de Trafalgar, un episodio fatídico, una derrota contundente y dolorosa para el orgullo de la Armada Real española, para la familia real y, en general, para la monarquía española. El tablero de juego en el que las dos grandes potencias, Gran Bretaña y Francia, disputaban su poder era ya casi mundial y las monarquías española y portuguesa, así como sus respectivos imperios, estaban subordinadas a los intereses de aquellas. La supremacía en el mar era clave en los planes de Inglaterra y Francia, pero para España todavía significaba más porque de ella dependía la conservación de su imperio americano.

La derrota naval de Trafalgar supuso para la monarquía española la interrupción del comercio con América, especialmente de materias primas, metales preciosos y rentas, pero sobre todo trajo consigo la práctica indefensión de los territorios americanos frente a los reiterados ataques ingleses. Consciente de ello, la reacción del Alto Mando británico fue enviar un ejército para ocupar Buenos Aires en junio de 1806. Esta invasión, como la que le siguió un año más tarde, fue finalmente rechazada por las milicias bonaerenses reclutadas por el criollismo porteño, pero la experiencia armada de los milicianos criollos fue decisiva para que, a partir de mayo de 1810, se organizara la Junta de Gobierno con la que Buenos Aires empezaría a desmarcarse de la monarquía española.

A diferencia de lo que ocurrió con la monarquía española, la Francia napoleónica se restablecería de inmediato de la derrota de Trafalgar con una gran victoria continental. En efecto, apenas seis semanas después, el 2 de diciembre, Napoleón se imponía a los ejércitos prusiano y austriaco en Austerlitz. Estos dos acontecimientos de signo contrario influirían decisivamente en la estrategia napoleónica de intentar imponerse a los británicos en el mar. A partir de entonces Napoleón puso en marcha una nueva acción, trascendental durante los siguientes diez años: el bloqueo continental de Europa. A falta de supremacía naval, el recurso napoleónico fue ocupar todos los puertos europeos y americanos en los que los ingleses pudieran atracar su flota para avituallarse.

De esta manera, mientras la monarquía española había perdido su flota y puesto en peligro la continuidad de su imperio americano, Napoleón arrasaba en Europa en su estrategia militar, diplomática y política. La formación de la Confederación del Rin desembocaría en dos de las más brillantes y devastadoras victorias napoleónicas sobre ejércitos prusianos, sajones y rusos, en Jena y Auerstädt. Victorias que conducirían a la entrada de Napoleón en Berlín, la derrota definitiva de Prusia y la integración de Sajonia en la Confederación del Rin.

En la primavera de 1807, solo Gran Bretaña pugnaba en varios frentes contra la irresistible hegemonía francesa, en especial porque su insularidad y su dominio naval, tras Trafalgar, impedían el éxito de las tácticas militares napoleónicas que tan magníficos resultados habían dado en el continente. Por otra parte, el plan puesto en marcha para vencer la resistencia inglesa, el bloqueo continental, no era completamente efectivo, ya que la monarquía portuguesa, secular aliado económico y diplomático de los británicos, no aceptaba la determinación napoleónica, consciente igualmente de que, si se enfrentaba a Inglaterra, perdería a favor de esta su más preciada colonia: Brasil. Napoleón decidió, pues, que Portugal debía ser neutralizado, y, dado que su abordaje era imposible por mar, se hizo inevitable el recurso a la ocupación terrestre. Para ello resultaban imprescindibles el beneplácito y la colaboración de la monarquía española.

Con este fin, el 27 de octubre de 1807 se firmó entre Napoleón, Godoy y Carlos IV el Tratado secreto de Fontainebleau, por el que se acordaba ocupar y dividir Portugal en tres partes: el norte para el rey de Etruria, el sur para Manuel Godoy y el centro se decidiría a la conclusión de la paz con Portugal. No obstante, el tratado incluía tres importantes cláusulas más. La primera —conviene no olvidarlo— reconocía a Carlos IV como emperador de las Américas; la segunda acordaba la entrada y acantonamiento de tropas francesas en la Península con el objetivo de invadir y ocupar Portugal; la tercera establecía que ambas monarquías —quizá era este el gran objetivo— se repartirían las colonias del rey de Portugal, en especial Brasil, al término de la contienda. El tratado permite entrever la estrategia de fondo de Napoleón: capturar a la familia real portuguesa, sustituirla por su dinastía y obtener el imperio colonial portugués en función de los vínculos de legitimidad que establecían los reyes con sus colonias por derecho de conquista como patrimonio real. Lo mismo que ocurría con la familia real española y América.

El cálculo más optimista de los altos mandos portugueses era que las tropas lusitanas podrían resistir uno o dos meses. Erraron. En tres semanas, el 30 de noviembre de 1807, el general francés Jean Junot entraba en Lisboa, a tiempo para ver en la distancia a la flota que, bajo protección inglesa, transportaba a Brasil a la familia real portuguesa y a toda su corte.

Una vez culminado con éxito el pacto secreto de Fontainebleau mediante el fulminante triunfo militar relámpago en Portugal, el ejército francés se mantuvo, sin embargo, en suelo peninsular, llegando incluso a aumentar su número hasta los 110.000 efectivos que se contabilizaban ya en febrero de 1808. Estas tropas seguían incrementándose después de alcanzado su objetivo y lo hacían sin el acuerdo de las autoridades españolas, como se había establecido en el tratado. Además, se habían ido alejando del eje principal de avance que por Burgos llevaba hacia territorio portugués y, en ese momento, se encontraban ya acantonadas en importantes localidades del norte peninsular. El propio Murat, duque de Berg, llegaría a Madrid en los últimos días de abril. Junto con él, prestigiosos generales del ejército imperial, como Pierre Dupont, Bon Adrien Jeannot de Moncey, Guillaume Philibert Duhesme o Jean-Baptiste Bessières, se encontraban ya en la Península o lo iban a estar en muy poco tiempo. Aquella peligrosa combinación de tropas extranjeras cada vez más numerosas en el país y la presencia de prestigiosos generales alertaría a Manuel Godoy que, si bien no convenció a Carlos IV para que elevara una protesta al emperador, sí que consiguió que asumiera la crítica situación en que se hallaba y la necesidad de poner a salvo su persona y, con ella, la soberanía real que encarnaba. Así, tal como había hecho la familia real portuguesa, comenzaron los preparativos de un viaje hacia Andalucía, cuyo destino final, si las cosas seguían en los mismos términos, podía terminar en América. Llegó incluso a pensarse que el destino final de esta huida se hallaba en México.

Sin embargo, los sucesos conocidos como el Motín de Aranjuez dieron al traste con los planes de proteger el trono de la amenaza de Napoleón poniendo a salvo al rey. En ese Real Sitio, la tensión que vivía el país fue utilizada por los partidarios del príncipe Fernando para imponerse en un nuevo episodio del conflicto cortesano que le enfrentaba con Godoy. Para ello difundió la idea de que el traslado del monarca hasta Andalucía era una traición del favorito que trataba de impedir que las tropas imperiales pusieran fin a sus abusos. Así, cuando la noche del 17 de marzo corrió la noticia de que se iba a producir la salida, una multitud se echó a la calle para impedirlo. En la movilización se ha sugerido que estaban implicados desde algunos nobles, como el conde de Montijo, hasta el embajador francés, muy vinculado al partido fernandino desde el proceso de El Escorial, pasando por lacayos de palacio o algunos oficiales. Lo cierto es que todo lo sucedido esos días favoreció los intereses del príncipe de Asturias. Los amotinados se dirigieron al palacio que ocupaba Godoy y lo saquearon, aunque no hallaron a su propietario. Fernando, aquella noche, aprovechó su imagen de víctima del favorito de los reyes para presentarse como el príncipe deseado de una turba justiciera que se proponía intervenir en las altas decisiones políticas. A partir de ese momento, tanto en la calle como en palacio, todos pensaron que era el único capaz de dominar la situación combinando el control sobre la multitud con la defensa de los intereses de la monarquía.

El 18 de marzo de 1808, mediante un bando publicado en Madrid, Carlos IV exoneraba a Manuel Godoy de sus empleos de generalísimo y almirante. Al día siguiente, sería descubierto y maltratado por la multitud. Salvó la vida por la intervención del príncipe de Asturias, que se comportaba ya como si estuviera investido de una nueva autoridad. Esa misma tarde otro motín terminó por decidir a Carlos IV a abdicar en su hijo. «Como los achaques de que adolezco —esbozó a modo de justificación— no me permiten soportar por más tiempo el grave peso del gobierno de mis reinos […], he determinado, después de la más seria deliberación, abdicar mi corona en mi heredero y mi muy caro hijo el príncipe de Asturias». Esta es la manera mediante la cual Fernando VII accedió al trono: valiéndose del impulso que le proporcionaba un motín popular que coreaba su nombre. Era una forma poco ortodoxa de hacerse con el poder, pero no sería la última vez que se valdría de ella. Su habilidad para legitimarse a través del apoyo popular será una constante a lo largo su reinado. Sin embargo, solo unos días después, el 23 de marzo, Carlos IV escribía a Napoleón para quejarse de la abdicación en estos términos: «Yo no he renunciado a favor de mi hijo sino por la fuerza de las circunstancias, cuando el estruendo de las armas y los clamores de una guardia sublevada me hacían conocer bastante la necesidad de escoger la vida o la muerte».

Aunque los sucesos de Aranjuez no entraban dentro de los planes de Napoleón, este no tardó en darse cuenta de que podían servir muy bien a sus intereses. Unos días atrás había dicho al gran duque de Berg que no tomara partido por ninguna de las facciones de la corte y que anunciara su próxima visita a Madrid. Ahora, ante la fragilidad con la que llegaba al trono Fernando VII, y la necesidad que este tenía de ser reconocido cuanto antes por el emperador, podía jugar con él dilatando los plazos e impidiendo su consolidación. Las instrucciones dictadas a Murat eran claras en este sentido: «Debéis hacer como si el viejo rey reinara todavía». Lo perentoria que era la situación de Fernando VII sin el reconocimiento de Napoleón, se pone de manifiesto en que apenas transcurridos 15 días de la abdicación de su padre estuviera dispuesto a abandonar la corte ocupada por los franceses para ir al encuentro del poderoso aliado.

Los fastos de la coronación se redujeron al mínimo. El 24 de marzo Fernando entró en Madrid por la puerta de Atocha rodeado de un inmenso y bullicioso gentío que le acompañó en su camino hasta el palacio. Los franceses, con Murat a la cabeza de 12.000 hombres, ya estaban en la ciudad desde el día anterior. La convivencia no fue fácil, sobre todo por las continuas exhibiciones de fuerza de las tropas del emperador, que realizaban revistas casi a diario. La tensión entre españoles y franceses tuvo distintos episodios esos días, aunque en general se mantuvo el orden. El 5 de abril salió el infante don Carlos hacia Bayona para encontrarse con Napoleón y acompañarle en su viaje a España. Pocos días después, el 10, será el propio rey el que inicie el viaje hasta Burgos con intención de reunirse cuanto antes con el emperador. Nadie parecía ser consciente del riesgo que comportaba esta acción. En Madrid quedó una Junta Suprema de Gobierno presidida por el infante don Antonio que actuaría como principal autoridad durante la ausencia del rey. Su posición era, a todas luces, muy frágil ante la presencia francesa, quedando casi de inmediato sometida a la voluntad de Murat.

Aún no se habían apagado los ecos de las ceremonias de proclamación y los juramentos de fidelidad a Fernando VII realizados por todo el país, cuando este había dejado ya la corte y se dirigía, etapa tras etapa, a recibir la bendición de Napoleón más allá de la frontera española. Tras de sí quedaban las instrucciones de mantener el orden y respetar a los aliados franceses reiteradas por la Junta Suprema. El mismo 2 de mayo, cuando una parte del pueblo madrileño se levantó, fue una nota discordante con las instrucciones que el rey había dejado a su salida, y la Gazeta no dudó en calificar aquellos actos como producto de «un corto número de facciosos y tumultuarios». Por ello los franceses se permitieron reprimirla con tal dureza y Murat pudo asestar un golpe mortal contra la Junta de Gobierno que no había sido capaz de contener el motín al imponerse como nuevo presidente. Nadie parecía interesado en ese momento en que se produjera un levantamiento popular: ni los ejércitos imperiales, que esperaban dominar la situación con su sola presencia, ni los partidarios de Fernando, cuyas expectativas estaban puestas en Bayona, donde confiaban conseguir el apoyo de Napoleón explotando su condición de aliado fiel y sumiso.

Al final Napoleón sacaría partido de la oportunidad que le había brindado Fernando paralizando la huida de Carlos IV y permitiéndole capturar a la familia real española en condiciones muy favorables, ya que en Bayona estaba indefensa y completamente a merced de la voluntad de su poderoso anfitrión. Lo que no había logrado Junot en Lisboa, lo consiguió el príncipe de Asturias en Aranjuez.

En Bayona tuvo lugar una espiral de abdicaciones que ponía fin a la presencia de la Casa de Borbón en el trono de España: Fernando abdicó en su padre, Carlos IV en favor de Napoleón y, finalmente, este en su hermano José. Los reyes de España, padre e hijo, quedaban bajo la tutela napoleónica en un exilio complaciente. Fernando, en compañía del infante don Antonio, Escoiquiz y algunos de sus partidarios, fue alojado en el palacio del príncipe Talleyrand, en Valençay, donde iniciaría una estancia de casi seis años que le alejó durante este tiempo de los asuntos españoles. Sin embargo, en el imaginario popular esta circunstancia se interpretó como un cautiverio infame resultado de la traición y la ambición de Napoleón, el déspota de la Europa del momento que despejaba así de obstáculos su camino para apoderarse del trono español. El 8 de abril se comunicó el cambio dinástico al Consejo de Castilla y el 20 lo publicó la Gazeta de Madrid. La legitimidad, representación y soberanía del monarca comportaba que el traspaso de la nueva legitimidad francesa, caso de triunfar, conllevaría la incorporación de «todos los territorios de la monarquía española», es decir, los peninsulares más todo el Imperio americano, a la órbita napoleónica. Ahí radica la gran importancia de la estrategia napoleónica: la obtención de América, de sus rentas, de sus materias primas, de su comercio.

Es más, para Napoleón también se trataba de que estos territorios no cayeran en manos de los británicos, como había sucedido ya en Buenos Aires en 1806 y 1807. En esta confrontación francobritánica de caracteres mundiales, tan importante era sumar territorios como restárselos al enemigo. De ahí la insistencia de abortar cualquier salida hacia América de la familia real y el consentimiento, en el Tratado de Fontainebleau, de que Carlos IV asumiera el título de emperador de las Américas, pero únicamente tras concluir la contienda. Esta era la estrategia para que el futurible rey de las Españas lo fuera también de las Indias. Un rey que no solo podía ser de la Casa de Borbón, sino también de la de Bonaparte. Además, Napoleón contaba con un precedente histórico. Hacía poco más de cien años, se había producido un cambio dinástico en España. La monarquía austracista había dado paso a la borbónica, desencadenando en la Península la Guerra de Sucesión que duraría más de una década, pero que no provocó ni un solo movimiento insurgente en los territorios americanos. ¿Por qué debería suceder ahora algo diferente?

LA QUIEBRA

El escenario cambió por completo el mismo día en que, en Bayona, Fernando VII fracasó en su intento de ser reconocido por el hombre fuerte de Europa. La noticia del cambio de dinastía cayó como una bomba en todo el país, porque un enorme aparato propagandístico sostenido por el clero había transmitido hasta los menores rincones las expectativas que estaban depositadas en aquel viaje; el estupor que causó este hecho solo es comprensible por la enorme difusión que se había hecho del viaje, como parte de la labor de imagen del nuevo monarca que había ascendido al trono de manera tan excepcional y por la confianza depositada en su capacidad para gestionar una crisis como aquella. A partir de este momento, desde Bayona salen mensajes mediante cartas o portados por personas que en las principales ciudades todavía libres de presencia francesa permiten comprender que la situación ha cambiado radicalmente: los mismos fernandinos que ayer pedían tranquilidad y recomendaban contemplar a las tropas imperiales como fraternales aliados hoy iban a tomar la iniciativa de resistirse.

Para ello la fórmula utilizada fue la de crear juntas, un mecanismo político que sirvió para recomponer el poder desde el territorio a partir del momento en el que la intervención francesa cortó la cabeza a la monarquía borbónica. En realidad, Napoleón confiaba en que el cuerpo se mantuviese en pie permitiéndole sustituir una testa coronada por otra y poner al servicio de la nueva dinastía el aparato administrativo de la anterior. Sin embargo, hubo dos circunstancias que lo hicieron imposible. En primer lugar, la estigmatización de los representantes de la monarquía sobre el territorio por su identificación con Godoy y, por extensión, con los propios franceses. Capitanes generales, gobernadores y otras autoridades vinculadas con el antiguo ministro fueron contestados, separados del poder, encarcelados o asesinados, lo que impidió que las órdenes emitidas desde Madrid por Murat fueran obedecidas. Al contrario, la reacción contra quienes estaban dispuestos a acatar las órdenes de las nuevas autoridades provocó una elección de campo que definió todavía más claramente la posición antifrancesa como fernandina. Un nuevo triunfo, in absentia, de Fernando VII.

En segundo lugar, porque la monarquía no era una estructura moderna, jerarquizada y centralizada cuyo poder se encontraba concentrado exclusivamente en la cabeza. Precisamente una de las razones por las que la nobleza había apoyado al partido fernandino era por su oposición al despotismo ministerial de Godoy que tanto mermaba su poder y autonomía locales. Oponerse a Godoy, y ahora a las autoridades francesas, era también reclamar una cuota de poder que históricamente recaía en las élites locales de los territorios, en las que cabía reconocer no solo a la aristocracia, sino también al clero y a los cuerpos considerados como piezas fundamentales para la organización de la sociedad en el Antiguo Régimen. De este modo, el órdago francés les proporcionaba la posibilidad de reivindicar su papel fundamental en la organización de la monarquía, y hacerlo legítimamente en virtud del estado de urgencia que atravesaba el país.

Las juntas podrían haber enarbolado argumentos de origen escolástico, como encontraremos en las Cortes de Cádiz, sobre el derecho de reversión del poder al pueblo en ausencia del monarca, lo que hubiera abierto la posibilidad de dotarse de una nueva estructura constitucional. Sin embargo, por el momento, las juntas peninsulares no fueron tan atrevidas. Adoptaron una solución mucho más práctica que satisfacía los intereses de las oligarquías locales sin asumir el riesgo de caer por una pendiente revolucionaria. Invocaron la vieja tríada contrarrevolucionaria que había guiado a las tropas españolas en la guerra contra la Convención republicana francesa en 1793, es decir, la defensa del rey, la religión y la patria, y se dispusieron a reconstruir a su alrededor la monarquía desde abajo manteniendo excepcionalmente el poder en nombre del rey, de ahí que uno de los principales argumentos utilizados fuera el de la traición napoleónica y el de la cautividad como una circunstancia que había forzado la ausencia del monarca. Y, con ello, se procedió a hacer los llamamientos al pueblo para que se movilizara y tomara las armas. Utilizar un conocido discurso contrarrevolucionario como argumento para la movilización popular se revelaría como una solución muy eficaz.

Sin embargo, no todo lo que sucedió aquellos días de finales de mayo de 1808 remitía al pasado. En realidad, había muchos elementos novedosos sobre el tablero: la ausencia del rey, la neutralización del aparato central de la monarquía, el enemigo sobre el suelo peninsular y la inminencia de una guerra en este escenario, la inexistencia de un ejército profesional con el que presentar batalla. Aquí reside lo importante. El movimiento inicial fue de naturaleza continuista, se trataba de dar solución temporal a una crisis severa ocasionada por la captura del rey, pero los mecanismos de respuesta desencadenaron procesos que no encajaban bien en el marco político y social conocido abriendo paso a nuevas ideas, nuevos comportamientos, nuevas percepciones de la realidad circundante y, en definitiva, a desarrollos institucionales nuevos.

De momento, sin embargo, las juntas provinciales fueron constituyéndose integradas por miembros relevantes de la oligarquía local que ya tenían importantes cuotas de poder, tanto por su pertenencia a la nobleza o al clero locales como por su inserción en la Administración municipal o por su condición de miembros de la Administración real, ya fuera en las audiencias, en las capitanías generales o en las intendencias. Los miembros que se escapan a este perfil fueron una excepción. Las juntas, por lo tanto, asumieron el poder en virtud del prestigio social anterior de sus integrantes y de la legitimidad histórica que esto les proporcionaba. Las más importantes fueron las de Oviedo, Valladolid, Badajoz, Valencia, Cataluña, Zaragoza y Sevilla, especialmente esta última, que tuvo la voluntad de asumir la representatividad de toda la monarquía como Junta Suprema de Gobierno de España e Indias.

Sin embargo, lo que trastorna verdaderamente las relaciones son las órdenes de armamento general dadas por las juntas para todos los varones entre 16 y 40 años. En estas condiciones de debilidad institucional, el armamento de la población es un acto de confianza política que los protagonistas no dejaron de percibir como una nueva responsabilidad que recaía en sus manos. Instruidos militarmente para enfrentarse a los franceses, pero también ideológicamente para asentar en sus espíritus la lógica de aquel enfrentamiento en términos de supervivencia social, la población adquirió una conciencia nueva de su función como soporte de la sociedad. Estos hombres llamados a las armas en aquella circunstancia crítica para la monarquía tomaron conciencia de su importancia y no dudarán en el futuro en pedir que fuera reconocida su contribución a la defensa de la patria. Aunque, claro está, esta reclamación adoptaría en el futuro posiciones muy variadas, desde el radicalismo liberal presente en la milicia nacional hasta el realismo popular de las partidas absolutistas, pasando por un amplio abanico de posiciones cuyo común denominador era el protagonismo de estas clases populares movilizadas con motivo de la invasión francesa. Las armas, en definitiva, se convirtieron en la primera experiencia política profunda para muchos de los españoles que vivieron en los orígenes de la contemporaneidad.

EL ESTADO AFRANCESADO

La estrategia napoleónica respecto a la monarquía española, lejos de terminar con las abdicaciones de Bayona, solo estaba comenzando. El 4 de junio de 1808 un decreto napoleónico nombraba a José Bonaparte rey de España y de las Indias. A partir de ahí, el plan de Bonaparte incluía un pacto tácito con determinados sectores de la nobleza y de la burguesía peninsulares que tenían su poder político y económico en el aparato institucional de la monarquía borbónica. Asimismo, tras su coronación, José I desplegó todo un discurso ilustrado y reformador para atraerse, con la menor confrontación posible, a las élites ilustradas del país.

Además, este guiño a los sectores nobiliarios y burgueses no se dio solo en el ámbito peninsular. Los decretos josefinos se trasladaron rápidamente a América, con el fin de captar la adhesión del heterogéneo criollismo americano. En primer lugar, el nuevo Estado mandó comisionados a los virreinatos y capitanías generales con copias de las abdicaciones de Fernando y de Carlos y con la proclamación de Napoleón y, posteriormente, de José I. Las misivas iban acompañadas de una orden que exigía obediencia a las autoridades coloniales y a la población. En segundo lugar, se convocaron en Bayona unas Cortes compuestas por 150 diputados que representaban a la nobleza, al clero, a las ciudades con voto, a las universidades, a sectores de los oficios, al comercio, a las provincias con fueros y a las instituciones militares. Estas Cortes incluirán en su representación a diputados americanos. Con ello José I daba satisfacción al criollismo mediante la concesión de una de sus reivindicaciones más generalizada y reiterada durante la segunda mitad del siglo XVIII como era la representación política en las Cortes españolas, reconociéndose así que los reinos americanos tenían los mismos derechos que los peninsulares. Sin embargo, la estrategia americanista de José I fue más allá. Entregó a las Cortes de Bayona una Carta Otorgada —la denominada Constitución de Bayona— para su aprobación, en la cual se establecía que las futuras Cortes estarían formadas por representantes de las provincias de España e Indias (contemplaba 22 representantes americanos de un total de 172). Proclamaba también la igualdad de derechos entre las provincias españolas y americanas, la libertad de cultivo, industria y comercio, la prohibición de la concesión de privilegios y monopolios comerciales y estableció el derecho de representación a través de su elección por los ayuntamientos. Todo un programa reformista con el que se intentaba atraer al criollismo americano, dado que estas eran sus reivindicaciones desde hacía 50 años.

Sin embargo, el Estado josefino no dispuso de tiempo para desplegar sus acciones estatales. La tenaz resistencia armada, especialmente en la defensa de ciudades como Zaragoza, Gerona o Valencia, junto con la derrota de las tropas francesas en Bailén el 19 de julio de 1808 daría a su gobierno un carácter inestable; hasta el punto de que José I tendría que abandonar la corte apenas 11 días después de haberse instalado y trasladarse a Vitoria en el verano de 1808 ante lo que parecía iba a ser una rápida expulsión del ejército francés de España. Frente a esta situación Napoleón, que quería evitar a toda costa una guerra en España, decide intervenir personalmente poniéndose al mando de un magnífico ejército de invasión: la Grande Armée. Se iniciaba así una guerra que iba a socavar las bases del Antiguo Régimen en España; que durante seis años mantendrá al monarca, a la nobleza y al clero fuera de sus bases tradicionales de poder; que condicionará buena parte de las medidas políticas de uno y otro bando; y que iba a subordinar los poderes del Estado y sus decisiones ideológicas y políticas a la finalidad de ganarla. Es más, la coyuntura bélica abrirá la posibilidad a procesos anticoloniales, antiseñoriales o liberales que serán claves en el futuro de la monarquía. Un golpe importante al viejo orden de cosas fueron los Decretos de Chamartín, publicados el 4 de diciembre de 1808, durante la estancia del emperador en España, por los que destituyó al Consejo de Castilla, abolió la Inquisición, redujo los conventos a una tercera parte, abolió los derechos feudales, las cargas personales y los monopolios exclusivos y prohibitivos que la nobleza tenía como privilegio feudal.

DE LAS JUNTAS A LA REGENCIA

En el bando español, el ejemplo de Bailén dejó clara una premisa: la guerra contra los franceses no se podía ganar desde la dispersión juntera. El éxito de esta batalla provocó un movimiento generalizado para cohesionar el frente bélico. Las juntas provinciales acordaron mandar dos delegados cada una para formar la Junta Central el 25 de septiembre. El nuevo Estado se recomponía de esta forma desde la periferia y eso comenzaba a configurar un Estado diferente. El objetivo era doble: por un lado, centralizar el poder militar para ganar la guerra; por otro, que se visualizara en ausencia del rey un poder soberano, ejecutivo y legislativo, que permitiría embarcar hacia la Península los caudales americanos y así poder pagar la factura que los británicos ponían como condición para pasar de enemigos a aliados.

La Junta Central actuó rápido. En respuesta a la estrategia de José I de atraerse a los criollos dándoles representación, emitirá un decreto el 22 de enero de 1809 que proclamaba que los territorios americanos no eran colonias, sino que formaban parte de la monarquía española. En consecuencia, la Junta Central, formada hasta la fecha exclusivamente por representantes peninsulares, accedía a incorporar en su seno a 10 representantes americanos, uno por cada virreinato —Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata— y cada capitanía general —Cuba, Venezuela, Chile, Banda Oriental, Guatemala y Filipinas—. Por primera vez un órgano soberano de la monarquía española convocaba a representantes americanos, lo cual implicaba un principio de reconocimiento implícito en la igualdad de representación entre las juntas peninsulares y americanas.

El 10 de mayo de ese mismo año, la Junta Central publicó un Manifiesto a los americanos en el que clarificaba aún más sus pretensiones integradoras, tal y como había hecho el Estado francés con la Carta de Bayona. Unos días después, se publicaba el trascendental decreto de convocatoria de Cortes, que serán las futuras Cortes de Cádiz. Unas Cortes en donde también iba a haber representación americana.

Sin embargo, la marcha victoriosa de la guerra de los primeros meses se había truncado tras la entrada de las tropas de élite de Napoleón. Un ejército de más de 400.000 soldados penetró en suelo peninsular atravesando los Pirineos y dirigiéndose hacia Madrid. Las victorias francesas se sucedieron en Espinosa de los Monteros, Somosierra, Uclés, Zaragoza y, finalmente, se produjo el desastre de Ocaña para las tropas españolas. Era noviembre de 1809. Tras esta batalla, el ejército español quedó desmembrado. A partir de aquí, la guerra de guerrillas será la forma predominante de combate, junto con la resistencia de las ciudades sitiadas como Tarragona, Cádiz, Ciudad Rodrigo o Valencia.

Después de Ocaña, el avance para la ocupación de Andalucía por parte del ejército francés fue vertiginoso. La Junta Central tuvo que abandonar Sevilla y refugiarse en Cádiz. Allí, se disolvió el 29 de enero inmersa en una crisis total. La desastrosa marcha de la contienda y las disensiones internas habían conseguido que su desprestigio aumentara hasta límites insostenibles. El 30 de enero una Regencia constituida por cinco miembros sustituyó a la Junta Central. La Regencia la formaban Pedro Quevedo Quintano, obispo de Orense; Francisco Saavedra; el general Francisco Javier Castaños, héroe de la victoria de Bailén; el almirante Antonio Escaño; y Esteban Fernández de León, quien renunció y fue sustituido por el novohispano Miguel Lardizábal Uribe. Así, con la integración de un representante americano en la nueva institución de poder establecida en ausencia del monarca, se pretendía dar continuidad a la estrategia peninsular de gestos de aproximación a los criollos.

La primera medida de la Regencia fue intentar que se mantuviera el envío de caudales desde América, indispensables para afrontar los gastos del ejército, la compra de armamento y el pago al Estado británico por su colaboración en la guerra. Por su parte, el primer decreto fue, sintomáticamente, el de las Instrucciones para la Convocatoria de Elecciones de América y Asia, del 14 de febrero de 1810. Este asignaba un diputado por cada capital cabeza de partido en América y mantenía la representatividad de las capitanías generales y de los virreinatos. Hasta que los diputados electos en América pudieran llegar a Cádiz, se eligieron 30 suplentes en esta ciudad. La mayor parte de los municipios americanos entregó a sus diputados un pliego con las «instrucciones» que debían presentar, defender y promover en las Cortes. Este hecho será importante, porque muchos diputados americanos se sentían más responsables y representantes de la municipalidad y/o provincia que les había elegido que del conjunto de la nación. Esto originaría un problema, dado que los liberales peninsulares solo contemplaban una única representación —la nacional— y una sola soberanía, que residía en la nación, mientras que la mayor parte de los americanos interpretaba que la soberanía podía ser doble, al ser representantes de la provincia y también, por extensión, de la nación. Por esta razón, como más adelante analizaremos, con estas propuestas los americanos abogaban por una representación federal en las Cortes de Cádiz.

Pero ¿qué pasó en los territorios americanos de la monarquía cuando arribaron las noticias de la crisis de 1808? Las informaciones sobre la proclamación de Fernando VII que llegaron a América entre los meses de julio y septiembre de 1808 fueron recibidas con muestras de júbilo por la población. Las autoridades van a decretar en toda América tres días de iluminación general, corridas de toros, fiestas, etcétera. Aconteció que estas noticias llegaron al mismo tiempo, o escasos días antes, que otras que eran totalmente contradictorias y preocupantes, como las abdicaciones de Fernando VII y Carlos IV en favor de Napoleón, los acontecimientos del 2 de mayo y días siguientes, la retención de la familia real en Francia, el nombramiento de Joaquín Murat como regente de las Españas e Indias y la instalación de las Cortes de Bayona.

Es importante señalar no solo los tiempos de la llegada de unas y otras noticias, sino también la identidad de sus portadores y, en segundo lugar, su instrumentalización. Es más, algunas de estas autoridades habían sido designadas por Manuel Godoy, por lo que ahora, tras la caída en desgracia del Príncipe de la Paz, su posición estaba comprometida, tanto por el origen de su nombramiento como por la rivalidad de otros candidatos que podían esgrimirlo para ocupar su puesto. Viejas rencillas y ambición por el poder se sumaban así a la inestabilidad. Dada la nueva coyuntura, el hecho de tener orígenes franceses pasó a ser sinónimo de sospecha y de traición. Fue el caso del virrey de Buenos Aires, Santiago Liniers, héroe de la victoria frente a las invasiones inglesas, y de otras autoridades civiles, militares o eclesiásticas, víctimas de una xenofobia que se manifestó en revueltas urbanas como las acontecidas en Cuba.

En estos meses acudieron a La Habana, Caracas y Montevideo los emisarios franceses enviados por Napoleón, que reclamaban obediencia y acatamiento a sus órdenes. A ellos se sumó la llegada de comisionados de la Junta de Sevilla y de la de Asturias, quienes relataron lo acontecido y entregaron documentos de estas juntas que pretendían asumir la soberanía de «todos los reinos en ausencia del monarca». Y, para acabar de completar el panorama, Carlota Joaquina, hermana de Fernando, hija de Carlos IV y esposa del regente de Portugal, envió también desde su exilio en Brasil comisionados a Perú, a Charcas —la futura Bolivia—, a Buenos Aires y a Montevideo para reclamar a las autoridades españolas su reconocimiento como reina regente de los territorios hispanoamericanos. Sin embargo, Carlota Joaquina era, a su vez, regente consorte y futura reina de otra monarquía, la portuguesa, enemiga hasta hacía no mucho tiempo de la Corona española, pues ambas habían luchado en los años previos por el control del Río de la Plata y la posesión de Colonia del Sacramento, en el actual Uruguay. Finalmente, llegaron las noticias difundidas por los que, hasta entonces, también habían sido enemigos: los marinos ingleses. A pesar de toda la cautela de las autoridades y de no saber qué hacer exactamente ante este complejo panorama, estas se decantaron en última instancia por la fidelidad a Fernando VII y la más enérgica condena de los actos de Napoleón se extendió por toda la monarquía española.

Poco después, la noticia de la creación de la Junta Central vino acompañada en América de noticias tan sorprendentes como el triunfo de las armas españolas en Bailén. Por primera vez, desde hacía años, el ejército napoleónico era derrotado en suelo europeo. La nueva corrió como la pólvora por toda Europa y América. José I había abandonado Madrid y los franceses se replegaban hasta casi la frontera: la conclusión, exagerada, pero comprensible, fue que la guerra estaba ganada. En consecuencia, la Junta Central fue aceptada por las juntas americanas, los virreyes, el estamento eclesiástico, las comunidades indias y hasta casi los criollos más reticentes como la institución legítima de poder a la espera de la llegada del rey Fernando.

Sin embargo, todo iba a cambiar en los primeros meses de 1810. Primero llegaron las noticias de la derrota de Ocaña, de la ocupación de Andalucía por parte de los ejércitos franceses, de la disolución de la Junta Central y de la creación de una Regencia y, al final, de la instalación en la corte de José I y de la escasa resistencia armada peninsular, que quedaba reducida a unas cuantas ciudades. Estas noticias iban a estar directamente relacionadas con el establecimiento de juntas como las de Buenos Aires, Santiago de Chile, Caracas, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Fe de Bogotá o la segunda Junta de Quito. En segundo lugar, debe destacarse que estas juntas ya no van a reconocer a la Regencia, y van a desmarcarse de ella por miedo a caer bajo el dominio de Napoleón o bien porque sus dirigentes creyeron llegado el momento de separarse de una monarquía que agonizaba tras la derrota militar. El año 1810 marca por lo tanto la frontera entre la opción independiente y la autonomista que caracterizó al bienio precedente.

Además, también las autoridades peninsulares que conservaron el poder cambiaron de actitud y adoptaron nuevas medidas. Para ellos había pasado ya el tiempo de la negociación. Tenían la argumentación precisa para actuar con contundencia, acusar a estas juntas de sediciosas, de traidoras y, especialmente, de independentistas. Estos cargos proporcionaron a las autoridades peninsulares la legitimidad necesaria para actuar militarmente contra aquellos que no obedecían sus instrucciones. Aquí se abrió la brecha para el Río de la Plata, Chile, Caracas, Nueva Granada e incluso Nueva España. En estos territorios, la mayor parte del criollismo apostaba ya por un camino insurgente, pero otra parte importante aún tenía depositadas esperanzas en la vía autonomista y en sus diputados en las Cortes de Cádiz. Esta corriente procedía de los virreinatos más antiguos: Nueva España —incluidas las capitanías generales de Guatemala y de Cuba— y Perú, junto con el reino de Quito.

La estrategia utilizada por el sector criollo disidente era similar a la peninsular, pero no se trataba, ni mucho menos, de mimetizar lo acontecido en la Península. El criollismo actuaba en la divergente realidad americana enfrentándose a la misma coyuntura que la Península y con la misma estrategia, porque, salvando las distancias, las instituciones de poder absoluto eran similares y la coyuntura también. Las juntas americanas se intitulaban «Defensoras de los Derechos de Fernando VII», al tiempo que no reconocían en la Regencia un poder soberano, ni legítimo, ni tampoco que este pudiera estar depositado en la formación de las futuras Cortes. Desde la teoría del neoescolasticismo suareciano, los intelectuales y teóricos americanos justificaban su estrategia mediante la tesis del pacto traslatii, por el cual se justificaba el derecho de un pueblo a ser soberano cuando la autoridad del monarca hubiera desaparecido temporalmente.

LAS CORTES DE CÁDIZ

Las Cortes abrieron sus puertas el 24 de septiembre de 1810 en el teatro de la Isla de León —actual San Fernando— para, posteriormente, en febrero de 1811, trasladarse a la iglesia de San Felipe Neri, en la ciudad de Cádiz, donde se hallaban a salvo del ejército francés que asediaba la ciudad gracias a la protección de la escuadra inglesa. Allí se congregaron los diputados electos en virtud del decreto de febrero de 1810, procedentes tanto de la Península como de los territorios americanos. Respecto al problema planteado por las provincias ocupadas, bien fuera por los franceses en la Península, bien por la insurgencia en América, se ideó un sistema de suplencia entre los residentes en la ciudad de Cádiz que fueran originarios de aquellos territorios a la espera de que pudieran celebrarse en ellos las elecciones. Así, las Cortes quedaron compuestas por alrededor de 300 diputados, de los cuales cerca de 60 eran americanos.

La Cámara procedió a aprobar trascendentales decretos desde los primeros días de las sesiones, entre ellos los relativos a la soberanía nacional, la división de poderes, el reconocimiento de Fernando como rey, la nulidad de todos los decretos del gobierno de José I, la libertad de imprenta, la soberanía e inviolabilidad de los diputados, la igualdad de representación y de derechos entre los americanos y los peninsulares; se procedió, asimismo, a conceder una amnistía a los encausados por participar en la insurgencia.

Esta última medida fue la primera de una serie de disposiciones orientadas a dar respuesta a propuestas y reivindicaciones americanas, que, en bastantes ocasiones, se traducirán en decretos, todo ello como parte de una clara apuesta por conseguir una autonomía de las provincias americanas dentro de la monarquía española. En este contexto se aprobó la abolición del tributo indígena, de la encomienda, del reparto, de la mita y de la matrícula de mar. También una serie de derechos liberales como la libertad de cultivo, de comercio, de pesca, de industria, etcétera. Además, recordemos que los decretos aprobados en las Cortes eran de aplicación en América, por lo que en este sentido la revolución gaditana también se trasladó a los territorios americanos que habían acatado la soberanía de las Cortes, esto es: Nueva España con las Antillas y Filipinas, la mayor parte de Perú, la audiencia de Charcas, el reino de Quito —futuro Ecuador—, partes de Venezuela —en especial, Maracaibo— y zonas de Nueva Granada —Colombia—, como Pasto y Popayán. Por ello, muchos de los que en su día fueron constitucionalistas americanos en Cádiz se convertirían, posteriormente, en la década de los años veinte, en verdaderos «padres de la patria» de sus respectivas repúblicas, gracias a su experiencia constitucional gaditana.

Hay que señalar que durante este periodo la comunicación entre América y la Península y viceversa, llevada a cabo a través de navíos neutrales, ingleses o bajo pabellón español, fue muy fluida: cartas privadas, decretos, periódicos, el propio Diario de Sesiones de Cortes, panfletos, hojas volantes, correspondencia mercantil, literatura, obras de teatro, canciones patrióticas, etcétera. Además de ese flujo de ideas, también hubo acción, dado que se convocaron y se llevaron a término procesos electorales municipales, provinciales y a Cortes, todo lo cual provocó una intensa politización a uno y otro lado del Atlántico.

En esta relación dialéctica no solo hubo una interacción entre el autonomismo en América y las propuestas de los americanos en Cádiz. La insurgencia también se vio implicada en la revolución hispana que se proponía desde Cádiz, al tener que superar conquistas del liberalismo gaditano, tanto políticas como sociales, que los parlamentarios en las Cortes de Cádiz ya habían aprobado. A su vez, los diputados gaditanos también incorporaron conquistas y propuestas de los insurgentes. Los ejemplos del primer caso son notorios: el sufragio universal, que implicó el derecho al voto de la población india, la abolición de las formas de trabajo colonial como la encomienda, la mita, el tributo indio, el reparto, etcétera, la declaración de diversas libertades como la de imprenta o la abolición de la Inquisición. El producto de este intento de revolución hispana fue una Constitución de caracteres hispanos. La redacción del artículo primero es un magnífico ejemplo de lo anteriormente expuesto: «La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios», sin lugar a dudas, un claro y revolucionario paradigma de la importancia que para este proceso revolucionario tuvo América. La construcción jurídica del Estado-nación español quedaba así definida desde parámetros hispanos, y la revolución liberal iniciada desde 1808 adquiría en 1812 caracteres espaciales más allá de los meramente peninsulares.

Junto con la sanción de la soberanía nacional y la nomenclatura de las provincias de las que se componía la monarquía española, tuvieron especial trascendencia los artículos constitucionales referidos a los ayuntamientos y diputaciones provinciales, para cuya redacción la comisión adoptó la memoria presentada por Miguel Ramos de Arizpe, diputado por Coahuila, en lo relativo a la organización y gobierno político de las Provincias Internas del Oriente de Nueva España. Esta circunstancia será de vital importancia para desentrañar un aspecto tan crucial en el proceso revolucionario liberal en la Península y en América como fue, a partir de la sanción constitucional, la fundación de ayuntamientos en todas las poblaciones que tuvieran al menos mil almas, pues esto suponía que a partir de entonces la creación de ayuntamientos iba a obedecer a criterios objetivos, como la demografía, y no a designios políticos como en el Antiguo Régimen, cuando era el rey quien tenía la prerrogativa de establecerlos. Cuando la Constitución fue sancionada se produjo la lógica explosión en el número de ayuntamientos que implicará la transferencia de competencias de organización político-administrativa a los poderes locales, con la consiguiente politización de la sociedad.

La Constitución fue netamente liberal al establecer el sufragio universal indirecto, la preeminencia de las Cortes sobre el rey, la autoconvocatoria de Cortes cada primero de marzo o el aplazamiento durante 30 años del requisito de saber leer y escribir para tener derecho de voto.

A menudo se ha explicado la conquista de la soberanía nacional solamente como una de las condiciones de la revolución española frente a la soberanía monárquica, absolutista, privilegiada y legitimada desde presupuestos divinos. Esta explicación hacía residir el conflicto entre el rey absoluto y la nación española y sus instituciones representativas, es decir, entre el poder unívoco y la división de poderes que proponía el liberalismo para superar al primero; pero en esa explicación se olvidaba un problema: esta no era simplemente una revolución española, si con ello queremos precisar no solo la nacionalidad que se está construyendo, sino también los territorios que pretendía conformar el nuevo Estado liberal. Por el contrario, esta revolución conllevó la desintegración al mismo tiempo de los territorios americanos en una pluralidad de Estados-naciones. Solo que esto no fue un hecho, sino un proceso que comportó fases, en la primera de las cuales la mayor parte del criollismo era autonomista, no independentista, pero exigió una igualdad de representación con las provincias peninsulares que implícitamente conllevaba una descentralización del poder. De ahí la derivación del liberalismo gaditano hacia posiciones centralistas.

LA VUELTA DEL REY

Desde la entrada de la Grande Armée en la Península a finales de 1808 hasta mediados de 1812, la contienda fue dominada por las tropas napoleónicas, si bien estas no llegaron a conseguir la ocupación completa de Portugal gracias a la presencia del ejército inglés al mando de Arthur Wellesley, más tarde nombrado duque de Wellington. José I tuvo la voluntad de reinar como un monarca español, pero las circunstancias en las que debió desempeñar sus funciones no fueron las más favorables. Dispuso de un notable grupo de españoles «afrancesados» a su servicio que hubieran podido ser una buena base para alcanzar este objetivo. Eclesiásticos como Llorente, Arce o Lista, políticos como Urquijo o Martínez Marina, literatos como Moratín o Meléndez Valdés o militares como O’Farrill o Amorós, constituyen la punta del iceberg de un amplio número de españoles que entraron al servicio de la Administración josefina. Otros muchos se pusieron a sus órdenes en distintos niveles de la Administración e incluso en unidades militares compuestas por españoles. Sin embargo, los problemas se multiplicaron, lo que hizo imposible su objetivo. Primero fue la temprana derrota de Bailén, que obligó a la intervención personal de Napoleón y restó autonomía y autoridad a su hermano. Más tarde fueron los problemas para encajar adecuadamente una monarquía española apoyada en un contingente militar extranjero. La presencia de un ejército que se comportaba como una fuerza ocupante —con su reguero de requisas, contribuciones forzosas, choques con la población civil, acuartelamiento a cargo de los municipios…— restó legitimidad a las autoridades. Posteriormente, cuando los éxitos en Andalucía parecían enderezar la fortuna de José en España, su hermano se encargó de erosionar y limitarle el poder mediante la creación de los gobiernos particulares —decretos de 10 de febrero de 1810— en Vascongadas, Navarra, Aragón y Cataluña, lo que implicaba sustraer estos territorios de las órdenes del rey. Así, el mariscal Suchet, en Aragón, sur de Cataluña y Valencia se comportará con independencia absoluta de Madrid. Cataluña, en 1812, incluso se convirtió en un departamento francés. También las tensiones entre José y los generales al frente de las tropas francesas, en especial con el mariscal Soult, se convirtieron en una fuente de problemas añadidos para el hermano de Napoleón.

Sin embargo, fue en 1812 cuando la situación se hizo insostenible para los franceses. La entrada en guerra contra Rusia obligó a Napoleón a trasladar tropas hasta el norte de Europa, lo que debilitó su posición en la Península. La circunstancia fue aprovechada por los ejércitos británico y portugués y el recompuesto español para avanzar hacia el centro; esto les permitió obtener una sonada victoria en Arapiles sobre las tropas del general Marmont, el 22 de julio de 1812. Como consecuencia los franceses tuvieron que abandonar Madrid y el rey se refugió en Valencia, al amparo de Suchet. Wellesley consiguió entrar en la capital, pero perdió demasiado tiempo y permitió que se reunieran las tropas del sur y el este en Almansa y, en combinación con las del norte, confluyeron sobre el enemigo obligándole a abandonar la capital el 2 de noviembre y retirarse hacia Portugal.

A comienzos de 1813, los franceses se mantenían en el norte y el este de la Península, aunque al precio de haberse retirado de Andalucía. Fue la continua demanda de tropas en otros escenarios europeos lo que hizo que su posición siguiera debilitándose los meses posteriores obligando a José a abandonar de nuevo Madrid, esta vez de manera definitiva, y trasladar su c

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