Índice
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ÍNDICE
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
El plan
PRIMERA PARTE. UNA TEORÍA SOBRE EL PODER POLÍTICO DEL NARCOTRÁFICO
1. Una empresa de producción de poder
2. Mercancía, capital y geografía del estado
La edivencia: cultivos
La evidencia: los carteles
La evidencia: ciudades, lavadores y pandillas
Un hallazgo básico: la criminalización diferenciada de la mercancía y del capital
3. La teoría
El valor agregado de la producción de poder
El poder como un proceso de dominación social
La inclusión en el poder
Inclusión en el mercado
La racionalidad de las instituciones de regulación social
4. El sentido político de la guerra contra las drogas
Las guerras horizontales
Las guerras verticales
Las trayectorias de largo plazo
SEGUNDA PARTE. MÉXICO, COLOMBIA Y LOS OTROS EN UNA PERSPECTIVA COMPARADA
5. México: el precio de la democratización
El estado posrevolucionario
El narcotráfico hasta los setenta
El resquebrajamiento del régimen corporativista y sus efectos en la producción de poder desde el narcotráfico
El nacimiento de los grandes carteles
El final del pri y el copamiento del territorio nacional
La guerra
El caso michoacán
6. Un estado que la guerra llevó a cumplir sus obligaciones en los márgenes del territorio
La política en colombia antes de las drogas
Un nuevo proceso de apropiación del territorio
Tres carteles
La guerra de escobar contra el estado
Los paramilitares
Los efectos de la descentralización en las relaciones de poder entre políticos y narcotraficantes
Los señores de la guerra
La expansión de las instituciones del estado
7. Contrastes: Estados Unidos, Jamaica y Bolivia
El mercado final: Estados Unidos
Transbordo: Jamaica
Cultivos: Bolivia
Dos y más guerras distintas
EPÍLOGO
Ni arriba ni abajo
ANEXO
El método
BIBLIOGRAFÍA
CRÉDITOS
Prólogo
Al final de su gobierno, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton indultó a Carlos Vignali, un reconocido narcotraficante que le pagó una gruesa suma a un abogado —cuñado de Clinton— para tramitar el indulto presidencial. El padre de Vignali también había financiado a poderosos políticos del Partido Demócrata, entre ellos a Antonio Villaraigosa, quien fue alcalde de Los Ángeles en 2005. Lo irónico de la historia es que Clinton fue el mismo presidente que descertificó a Colombia por el escándalo de los dineros del cartel de Cali en la campaña de Ernesto Samper. Así Samper hubiera capturado a la cúpula del cartel, el Departamento de Estado de Estados Unidos fue reacio a dejar de tratarlo como un paria. Más irónico fue que Clinton, un par de años antes, había certificado a México en la lucha antidrogas a pesar de las fuertes sospechas que existían acerca de que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari había recibido sobornos de los carteles. Al parecer, la necesidad de que el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) tuviera éxito era más apremiante que lanzar un duro mensaje en contra de la corrupción.1
En principio, los tres presidentes hicieron lo mismo: recibir sobornos de narcotraficantes, pero en cada caso estaban implícitas trayectorias muy distintas de la guerra contra las drogas. El pago a Clinton era un asunto restringido a lo criminal. Era la transacción típica entre un narcotraficante y un político poderoso: se pagaba al político para evitar que las autoridades pusieran en problemas sus operaciones y lo capturaran o dieran de baja. El principal efecto del soborno en la guerra contra las drogas era que drogadictos y consumidores con fines recreativos podían continuar comprando una mercancía ilegal. En los casos de Samper y de Salinas de Gortari, en cambio, el asunto estaba repleto de implicaciones políticas. No solo se pagaba un soborno al político para que no interfiriera en la producción y el tráfico de drogas, sino que también se pagaba para poder ejercer como autoridad sobre una comunidad, sobre una serie de transacciones sociales, e incluso sobre un territorio. El principal efecto sobre la guerra contra las drogas era que el estado renunciaba a gobernar un pedazo de la sociedad. Las instituciones que regulaban los patrones de interacción social ahora eran controladas por organizaciones criminales, las cuales vigilaban y obligaban a la población a cumplir con dichos patrones de interacción social.
Las diferencias en los efectos de la corrupción son una expresión del sentido tan desigual que tiene la guerra contra las drogas para los países consumidores y para los países productores. Mientras en Estados Unidos la guerra contra las drogas es un asunto principalmente antidelincuencial, en el que ningún narcotraficante aspira a asumir funciones de gobierno, en México y Colombia la guerra contra las drogas implica la competencia por el gobierno de amplios sectores de la sociedad entre el estado y distintos tipos de organizaciones criminales, desde pandillas hasta mafias y señores de la guerra. Se trata de una guerra por la definición y el control de las instituciones que regulan el orden de innumerables comunidades y grupos sociales en un país.
Este libro tiene como objeto responder a la pregunta que se deriva del sentido político que está implícito en la guerra contra las drogas en México y Colombia: ¿por qué en estos países unas organizaciones criminales han sido capaces de gobernar una porción significativa de la sociedad desde el control del narcotráfico? El argumento en su forma simple es que el gobierno ejercido por organizaciones criminales ha sido posible en ciertos espacios periféricos y marginales de la sociedad porque el capital de las drogas ha permitido dos tipos de procesos de inclusión complementarios entre sí. En primer lugar, los flujos de recursos provenientes del narcotráfico les permitieron a muchos habitantes y comunidades acceder a los mercados globales. Desde espacios remotos, con baja acumulación de capital era posible producir medios de cambio valiosos en el mercado internacional. Los medios de cambio se transformaban en inclusión en el consumo de masas para la población que directa e indirectamente accedía a los ingresos del narcotráfico.
En segundo lugar, la organización de la violencia privada por una clase criminal en comunidades y territorios donde las instituciones del estado no eran lo suficientemente fuertes, permitió que del control del narcotráfico se pasara al control de la población. Dado que además las instituciones del estado no eran funcionales para regular una economía fundada en una renta de origen criminal, existía una fuerte demanda de la sociedad por el orden y la protección que los propios narcotraficantes proveyeron. Fue entonces cuando el crimen se convirtió en una oportunidad para que individuos provenientes de sectores excluidos accedieran a una posición de poder. A diferencia de