Presentación

Si la corrupción fuera un sector empresarial, sería el tercero mayor del mundo, con un valor de 3 billones de dólares y el 5 por ciento del PIB global.¹

Ante la apabullante cantidad de casos de corrupción que nos rodea, la pregunta que surge es: ¿ha habido en España alguna vez voluntad de combatir la corrupción o, por el contrario, no ha existido nunca verdadera intención de erradicar este fenómeno tan antiguo? Hay muchos estudios históricos al respecto, y aunque en las diferentes culturas y regímenes políticos siempre se ha puesto por delante, en boca de políticos, escritores, religiosos, dirigentes, intelectuales o dictadores, la necesidad de luchar contra los comportamientos corruptos, e incluso se han aplicado severas penas a los infractores, en realidad la corrupción siempre ha acompañado a quienes decían combatirla y su existencia se ha asumido como algo connatural al ejercicio de la política y del poder.

No se discute si hay o no corrupción, sino cómo se aprovecha uno mejor de lo público o de lo privado; nadie se asombra de que haya políticos y cargos públicos que entren en la función pública con muy pocos recursos y, al abandonar el puesto, dispongan de una amplia fortuna; pocos se sorprendían (incluso se celebraba) de que ejecutivos de grandes empresas públicas o privadas dispusieran de contratos blindados, con cláusulas de rescisión leoninas e indemnizaciones millonarias por el hecho de extinguir la relación o irse a otro puesto en el que la cadena de favores continuaba. La clave era, y sigue siendo, contar con importantes dirigentes políticos, ex presidentes, ex primeros ministros, ex cancilleres, etc., en puestos de representación institucional para hacer lobby a cambio de comisiones escandalosas; jueces complacientes para obtener una posición de poder, o una situación económica o profesional inalcanzable por sus propios méritos; empresarios para los que el pago de la mordida, la coima o el soborno es algo tan natural como solicitar financiación para las inversiones; profesionales que se venden a cualquier precio y a cualquiera, degradando la seguridad o la justicia a un límite insoportable; miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad que incumplen su función por imposición del poder político de turno, etc.

En este lodazal en que se desarrolla el día a día del mundo, los propios protagonistas defienden indefectiblemente la necesidad de combatir la corrupción, con la misma tranquilidad con que, simultáneamente, se delinque o se extorsiona, se aceptan pagos en B o en paraísos fiscales, se venden armas a países con embargos que lo impiden, se impulsan evasiones masivas de impuestos (hasta el papa Francisco ha calificado de pecado gravísimo el hecho de dar limosna y donativos a la Iglesia y no pagar impuestos o satisfacer los salarios en B, contribuyendo con ello a la inestabilidad de las jubilaciones o la falta de sanidad pública), falsas amnistías fiscales, blanqueo de capitales desde las más altas esferas políticas, económicas o financieras, o se diseñan mecanismos para propiciar la financiación oculta y corrupta de partidos políticos, el tráfico de influencias y toda la constelación de estructuras que contribuyen a destruir la igualdad entre los ciudadanos, que, una vez más, asisten indefensos a una situación imposible de controlar, sometidos a la inercia de contaminación y fango que nos inunda.

Frente a este panorama aparentemente catastrofista, pero absolutamente real, caben dos posturas: la del conformismo y el derrotismo y, por ende, la inercia de que no se puede combatir el fenómeno, o bien la de la acción, que busca investigar esta realidad y desarrollar mecanismos para combatirla eficazmente, haciendo partícipe a la sociedad, para que podamos salir de esta maraña de intereses y arbitrariedades que anulan la democracia. La reacción y la proactividad, por tanto, deben ser la norma para acabar con un monstruo al que se ha alimentado durante mucho tiempo, hasta hacerlo demasiado peligroso. Y, en esta determinación, no hay diferencias. Tanto los que han sido honestos en su profesión y en sus responsabilidades como los que no, tienen, tenemos, responsabilidad en el desastre. Unos por no exigir y otros por no cumplir. Obviamente, el tipo de sanción será diferente, pero, de una vez por todas, la impunidad, que está en la raíz del problema, no puede ser la regla.

Pero vayamos al principio. ¿Cuándo aparece por primera vez la palabra «corrupción» en el léxico de la democracia española? ¿Cuál fue la actitud de los españoles cuando comenzaron a descubrirse las tramas de corrupción? ¿Qué hicimos para que éstas no arraigaran entre nosotros? ¿Sabían y aceptaron los ciudadanos españoles la consolidación de estas redes o fueron ajenos a su conformación?

La corrupción en el franquismo, durante la Transición y en democracia era un secreto a voces, pero lo cierto es que a casi nadie interesó profundizar en este tema; ninguno de los mecanismos de la dictadura en este ámbito se revisó o se eliminó. Sencillamente se obviaron, como tantas otras cosas. No se trata de denostar o defender la Transición, sino de pedir explicaciones por todo aquello que no se hizo y así asumir una responsabilidad en ámbitos como el de los crímenes franquistas y la corrupción, dos de los grandes temas olvidados en la Transición y en la democracia. Casi cuarenta años después de la muerte del dictador, y tras otros tantos de dictadura, todavía andamos a vueltas con el desconocimiento y la impunidad de los primeros y con el problema de cómo erradicar una corrupción que se insertó en unas instituciones en las que no están ni han estado los mejores, sino los más próximos a quienes detentan el poder, sea económico, financiero, mediático, político, religioso o judicial. Hacen falta mucha transparencia en todos estos ámbitos y una verdadera implicación ciudadana en el control de los diferentes estamentos para limpiarlos y hacer que la transparencia pase de la mesa del Congreso a la realidad de su aplicación.

Este libro no pretende ser una historia de la corrupción en España, pero, en todo caso, a poco que uno se esfuerce, se comprueba de forma inmediata que los mecanismos para corromper el sistema (cualquier sistema) o aprovecharse del mismo son muy similares y se repiten en una sucesión sin fin, acomodándose a los tiempos y necesidades de cada momento. A lo largo de la historia, la corrupción ha derribado sistemas y gobiernos, y también ha consolidado a unos y a otros. Aprovecharse de lo público y transgredir las normas de control o gestión de la cosa pública en beneficio propio o de un tercero ha sido un deporte nacional. Aunque no puede considerarse endémica, podríamos decir que la corrupción sí es, al menos, un modus vivendi de muchos cargos públicos de España. La caída del Gobierno de Alejandro Lerroux tras el escándalo del estraperlo y el caso Nombela (1935) nos pueden servir de punto de referencia.²

Precisamente porque la corrupción es tan extensa como variopinta, he elegido para empezar dos casos del franquismo y uno de la Transición, y he clasificado los ocurridos durante la democracia según el sector al que afectan, aunque en algún supuesto la ubicación es bastante difícil por su transversalidad. De este modo, cada parte del libro tiene un objeto. En el primer capítulo se hace una radiografía de la rampante corrupción que se dio en el franquismo. En medio de la práctica habitual del estraperlo, en los primeros años del régimen, el favoritismo de los activos políticos, económicos, militares, judiciales y religiosos durante toda la dictadura; la censura y la persecución de los oponentes políticos; el aprovechamiento personal de la clase dirigente en detrimento de quienes padecieron un modelo económico que marcó diferencias sociales insalvables y unas relaciones de sumisión absoluta en las que la discrepancia se pagaba con la vida, la cárcel o el exilio, resulta interesante el caso Barcelona Traction, en el que el Gobierno franquista provocó un conflicto internacional con el expolio de una empresa canadiense que operaba en Barcelona. Un conflicto del que salió con toda impunidad y del que se benefició ampliamente, según todos los estudios, la Banca March, el llamado «banco del franquismo». Se trata de un caso que, incluso con la censura existente en la época, recibió una atención inusitada por parte de la prensa. Sin embargo, el más conocido fue sin duda el caso Matesa, que estalló en 1969 y que fraguó el modus operandi de las futuras tramas de corrupción; un empresario abiertamente corrupto aprovechó su relación con el poder —en este caso el Opus Dei— para llevar a cabo la expansión de sus negocios de forma manifiestamente fraudulenta, dejando una deuda de 100 millones de pesetas de la que en un primer momento salió airoso, hasta que ya no convino más a las familias políticas del régimen. Una planificada estrategia por parte de los llamados «azules» —entre los que se encontraba Manuel Fraga— terminó condenando al empresario, pero dejando impunes a los demás responsables, especialmente a los políticos.

Tras la dictadura, el terreno estaba abonado para que la corrupción y el trapicheo —con evidencias claras y aceptadas por todos— se consolidaran definitivamente. Cuando la muerte de Franco puso fin a la dictadura, no hubo ningún político o cargo público de la época, pero tampoco juez o fiscal, que se propusiera seriamente identificar los comportamientos corruptos y afrontar el fenómeno. ¿Se pensaba quizá que no existía, o es que la doble moral estaba tan aceptada que se daba por hecho que una cosa era la que se pensaba, otra la que se decía y una tercera la que se ejecutaba? La pregunta, llegada la democracia, y aún hoy, sigue siendo válida: ¿quién decidió enfrentarse a la corrupción? La respuesta es tremenda, pero absolutamente cierta: prácticamente nadie. Ninguno de los protagonistas de la Transición dedicó ni un minuto de su tiempo a reflexionar sobre lo que había supuesto en este campo el régimen anterior y a tomar medidas para que no sucediera lo mismo en la nueva etapa de libertades, apoyándose en la transparencia y la limpieza de la gestión pública. Sencillamente ni se planteó, o, peor aún, estaba asimilado y por ende siguieron las mismas prácticas, y el problema simplemente se orilló como un obstáculo que debía ser olvidado, absorbido por la decisión de impunidad que cubriría los demás crímenes franquistas.

El segundo capítulo del libro se dedica específicamente a la Transición, en la que la transparencia en la financiación de los nuevos partidos o en la contratación y gestión pública en general y en el sistema judicial, entre otros estamentos y formaciones políticas, no fue algo prioritario, lo que motivó que el magma de corrupción impusiera su relevancia en presente y en futuro. La inercia del régimen anterior seguiría proyectándose sobre el actual, hasta propiciar un golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. Precisamente ese año se produjo la sonada liquidación de la entidad de ahorro Fidecaya, entidad creada en 1952 que cometió con total impunidad todo tipo de irregularidades a lo largo de la Transición.

En este contexto, era lógico que se procurara una total opacidad en la financiación de los partidos políticos y que no importara que su funcionamiento corriera el riesgo de impregnarse rápidamente de suciedad, del fango de la corrupción, marca que hoy, casi cuarenta años después, aún perdura. Se han celebrado reiterativamente la Transición y su éxito, pero, como veremos a lo largo de este libro, ha sido la improvisación que reinó durante la misma la que ha dominado gran parte de nuestra historia, devaluando la propia esencia de la democracia y conduciéndonos, con la anuencia e indiferencia de todos, a la situación en la que nos hallamos. Tan sólo algunos actos de civismo y compromiso democrático nos salvan, al menos provisionalmente, del desastre; un desastre que muchos niegan, en esa costumbre tan española de negar lo evidente, acusando a los demás de ser culpables de los propios males. Si algún sentido tiene la afirmación evangélica de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro, es en España y en este ámbito. Desgraciadamente, la acomodación, la dádiva, el ofrecimiento, la corruptela, la trampa, la trapisonda, el vicariato, la adulación al poder y la sumisión más abyecta al halago y la prebenda siguen siendo actores importantes de nuestro devenir diario como pueblo. Cuesta reconocerlo, pero así es, y así se explica dónde estamos y por qué no somos capaces de desatascar el sumidero de la suciedad. Aquello de que al Estado se le defiende también en las cloacas cuadra perfectamente con una forma de ser que identifica a muchos de los que dirigen los destinos de nuestro país.

De una u otra forma, todos hemos contribuido. A quien pretendía hacer algo diferente se le lanzaba en su contra todo el aparato del Estado, estuviese éste controlado por unos o por otros. A quien «se movía en la foto» se le laminaba, se le perseguía y finalmente, si se conseguía plantear el caso judicialmente, siempre se encontraba una mano amiga en la justicia para sacar del atolladero al político o al poderoso influyente de turno. A veces a cambio de nada, sólo por el hecho de que pasaran la mano por encima de la toga.

En España, la lucha contra la corrupción o no ha existido o ha sido siempre artesanal, antes y ahora. Desde la política y las instituciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales, a impulso de escándalo, no ha existido una voluntad diferente de la de la trampa y el salir del paso, sin análisis ni propuestas, o con tantas y tan variadas que quedan olvidadas antes de ponerlas en marcha.

Ejemplos como el caso Juan Guerra, que usaba irregularmente un despacho oficial para sus propias triquiñuelas en dependencias de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, con anuencia o desconocimiento llamativo de su hermano, que en ese momento era vicepresidente del Gobierno; el caso de Banca Catalana, con la elusión de responsabilidades por presiones políticas de Jordi Pujol y la persecución a los fiscales Mena y Jiménez Villarejo; los casos Filesa, Malesa y Time-Export, con las presiones al más alto nivel gubernamental y la aniquilación del juez instructor, Marino Barbero; el caso Naseiro, con la anulación del mismo y la persecución del juez Manglano; actitudes como la de José María Aznar, que, para eludir los casos del Partido Popular, atacaba los del PSOE: «Jamás se podrá igualar o superar lo que ustedes hicieron en la vida política española, ni siquiera acercarse».³

La historia suele ser caprichosa y al final saca a la luz casi todo, uniendo a diferentes responsables de antes y ahora, como en el llamado caso Gürtel, en el mismo fango. Aún hoy, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habla de «algunas cosas que suceden» en su partido tras la publicación de las resoluciones del juez Ruz con respecto a los casos Gürtel-Bárcenas; o el caso Palma Arena-Matas en Baleares; o el que afecta al ex presidente de la Diputación de Castellón, Fabra; a la Generalitat valenciana y al Partido Popular en esa comunidad (hasta diez imputados diputados del PP, los dos últimos aforados han dimitido casi in extremis el 2 de enero de 2015, Ricardo Costa y Yolanda García, y además se ha abierto a querella del fiscal otro nuevo por la financiación de la Fórmula 1, al ex presidente Camps, entre otros); aquellos que afectaban o podían afectar a la Casa Real, como los casos referidos a Prado y Colón de Carvajal, De la Rosa o actualmente el caso Nóos, y la sucesión de declaraciones exculpatorias y ataques a los jueces instructores; o el caso Gürtel, en su primera fase (con una petición fiscal de 110 años para Francisco Correa y más de 40 para Bárcenas, ex tesorero del PP, entre otros), y la auténtica persecución iniciada contra mí, como juez instructor, personal y profesionalmente, con comparecencias tan compungidas como falsas de toda la cúpula del Partido Popular en febrero de 2009 proclamando la pureza y ocultándolo todo, hasta que ha rebosado el fango; el caso conocido como Operación Púnica que afecta de lleno a la Comunidad de Madrid, con el vicepresidente de la época, Francisco Granados, ahora en la cárcel, y otros cargos públicos implicados, y con la presidenta Esperanza Aguirre, una vez más, «ajena» a todo y postulándose para alcaldesa de Madrid; o las declaraciones de algunos dirigentes socialistas en el caso de los ERE en Andalucía (citados a declarar en el Tribunal Supremo), respecto de la jueza Alaya y las del president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, exculpando o justificando las actividades presuntamente corruptas del president Pujol y su familia, entre otros, que relacionaré en los capítulos correspondientes.

El análisis, en un libro como éste, no pretende ser total. Por ello, en el resto de los capítulos del libro cito y hago una aproximación a los casos considerados más importantes a nivel nacional, autonómico, provincial y municipal. Una de las conclusiones que puede avanzarse es que en España nunca ha habido voluntad de profundizar en las causas de la corrupción y que ésta se ha aceptado como algo normal e incluso como algo inherente al puesto o cargo que se adquiría en propiedad. El cargo pasaba a ser, desde la toma de posesión, «mi cargo». Nunca ha habido, y dudo que la haya ahora, salvo casos puntuales, una verdadera voluntad de combatir de forma definitiva la corrupción en el ámbito político más allá de conseguir un arreglo cosmético y jugar con la indiferencia y el olvido de la gente. «Al fin y al cabo tampoco es tan grave», dicen como argumento de justificación quienes así piensan, los cuales ni siquiera tienen en cuenta la profunda desigualdad que la corrupción genera entre los ciudadanos y en el propio sistema productivo. La sombra de la duda que pudieran tener desaparece desde el momento en que ejercen el poder; a partir de ahí serán la soberbia, y la intolerancia que genera la adicción al poder, las normas que rijan su actuar.

Asimismo, la falta de normas claras acerca de la responsabilidad política en casos de corrupción hace que la credibilidad de estos actos sea nula. Cuando escribo estas líneas, por ejemplo, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha dimitido al ser señalada como partícipe lucrativo de las actividades de su marido, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón implicado en el caso Gürtel, pero, sin solución de continuidad, se la premia con responsabilidades parlamentarias. Se huele que hay trampa y silencios entendidos, cuando no connivencia en el actuar. La transparencia está ausente en estas iniciativas.

Casos como el de los trajes del ex presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, o el del presidente de las Corts de la misma comunidad, Juan Cotino, a quien le costó sangre, sudor y lágrimas abandonar el puesto, o el del ex conseller Rafael Blasco, ex diputado del PP y ex portavoz parlamentario del Grupo Popular, que, aun después de haber sido condenado en mayo de 2014 a ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación por varios delitos, sigue en su escaño de las mismas Corts, entre otros muchos, son ejemplos que hacen patente la falta de seriedad que se muestra ante la asunción de responsabilidades. Una actitud que contrasta claramente con el proceder en otros países, como la de un político británico que dimitió por acceder a un crédito en condiciones más favorables que aquellas que se daban para el mercado, o la de un responsable político alemán que tuvo que dejar su cargo por pasar un fin de semana con un empresario dudoso; o aquella responsable política sueca que aprovechó con fines particulares los puntos que le otorgaba una tarjeta de fidelización por vuelos que realizaba de forma oficial. Al respecto se puede recordar el caso de las llamadas «tarjetas black» de Caja Madrid/Bankia con las que los dirigentes de la misma y los miembros de su consejo disponían de fondos opacos de la entidad bancaria que no tenían que justificar.

Mientras tanto, la sociedad civil se ha movido entre el desconocimiento, el engaño, el desinterés, el consentimiento o la más absoluta indiferencia. En España nunca ha dado miedo ser corrupto; en realidad, como se la daba por existente, la corrupción no ha sido algo que haya preocupado excesivamente a la ciudadanía. Esa indiferencia ha conseguido que las raíces de la misma se hayan vuelto profundas y sólidas, sosteniendo todo un entramado de intereses muy difícil de destruir. Salvo honrosas excepciones, muy pocos han tenido verdadera voluntad de denuncia, y esto ha sido así porque, privadamente, siempre se ha mantenido una doble moral que critica lo que hacen otros y consiente y defiende lo que nos favorece. Desafortunadamente, durante mucho tiempo la sociedad incluso se divertía con las noticias de un Roldán en calzoncillos al que se criticaba no tanto por ser un corrupto, sino por su aspecto poco sofisticado frente a un gentleman tipo Mario Conde, y que, además, era lo suficientemente torpe como para que le pillaran. O recordemos a Jesús Gil, reelegido una y otra vez alcalde de Marbella a pesar de los escándalos, sus archiconocidas artimañas y corruptelas, tradiciones que acabaron impregnando el ADN de ese ayuntamiento. El carácter pícaro y tramposo de los españoles se veía reflejado en estos casos.

Los esfuerzos de manipulación del pueblo por una gran parte de los políticos en este campo son vergonzosos. Ante casos de corrupción tan clamorosos como evidentes, se han utilizado todas las trampas para convencer de la bondad de esos políticos y de la honradez del partido, de la probidad de ciertos empresarios y de las instituciones, ya fueran las causas referidas a la Casa Real, el Gobierno, el Parlamento, la Justicia o a cualquier otro ámbito de la Administración. Y en esa dinámica han jugado un papel fundamental algunos medios de comunicación, fieles al poder de turno o al interés corporativo correspondiente.

¿Qué ha ocurrido con esos periodistas que estaban a sueldo del Ministerio del Interior? Antonio Asunción, ministro del Interior con Felipe González, me dijo en una ocasión: «Baltasar, si alguna vez leyeras la lista de los periodistas que cobraban de fondos reservados te sorprenderías». No sé por qué nunca la hizo pública, al menos para saber quién mentía y se reía (¿o se ríe?) de nosotros pontificando desde una tribuna y denostando a la profesión periodística que se esfuerza por hacer gala de una independencia cada vez más difícil frente a los intereses económicos de las corporaciones que controlan los medios de comunicación.

Pero ahora, precisamente ahora, porque después será tarde, ha llegado el momento de la intransigencia y la indignación activa que algunos venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Releo ahora trabajos realizados sobre estos temas en el albor de los años noventa y me quedo estupefacto al ver cómo tienen aplicación directa e inmediata a la situación que estamos viviendo. Hemos perdido veinte años. La misma urgencia de entonces existe ahora, pero la situación ha cambiado. Después de los desastres económicos, la miseria que se adueña de las esquinas de nuestra existencia, las mentiras reiteradas de regeneración, es posible que, finalmente, la sociedad obligue a los servidores públicos a ser honestos y, con ello, que esta fase de nuestra historia no vuelva a ser la de una ilusión desvanecida. La transparencia en la gestión pública y la participación ciudadana en el combate de esta lacra resultan fundamentales para dar un impulso definitivo a este desafío. Probablemente sea la última oportunidad que tenemos.

En el arranque de 2015, año con tantas expectativas, la indignación ciudadana es casi equivalente (quizá por la necesidad de tener algún referente al que sujetarse en esta deriva sin contención) a la confianza que algunas resoluciones judiciales están provocando. Pero ni son todas las que debieran, ni tienen la contundencia que exige la situación, ni se han pronunciado en los tiempos que procesalmente correspondía, lo que da opción a que se manipulen o se ataquen con artificios orquestados nuevamente desde las sombras de los poderes políticos o económicos afectados para intentar anular el efecto que deberían producir. Parece que finalmente los jueces y fiscales son los que van a seguir sudando la camiseta, pero no caigamos en el espejismo de que el compromiso anticorrupción es general, porque en toda actuación siempre hay trampas e intereses ocultos. Mi desconfianza, más que justificada, en muchos de los políticos, empresarios, banqueros, consejeros, asesores y miembros de otros tantos ámbitos, incluido el judicial de nuestro país, no ha desaparecido. Resoluciones sin sentido desde el más alto nivel no favorecen esa credibilidad. La cuestión es si cada uno de los responsables de las diferentes áreas implicadas ha comprendido el momento histórico que vivimos y ha asumido la evidencia de que el tiempo de las trampas ha pasado. La regeneración que muchos queremos y que la sociedad necesita no coincide con los intereses espurios de aquellos que quieren proteger sus intereses mediante el control de los centros neurálgicos de las instituciones y, especialmente, del Poder Judicial, que en esta tesitura tiene una relevancia excepcional. De ahí que la lupa de la opinión pública, la participación ciudadana y la transparencia judicial sean instrumentos esenciales en esta nueva sinfonía de regeneración necesaria.

Precisamente por ello y porque, como juez, creo en la relevancia del Poder Judicial como instrumento de regeneración democrática a través de las resoluciones y la propia conducta de quienes lo encarnan, muchas veces me he preguntado por qué una parte de los jueces españoles, teniendo todas las posibilidades de ser independientes e imparciales, se ofrecen a quienes sólo buscan su acomodo e impunidad. Creo firmemente que, en ciertos ámbitos de la Justicia española, falta la energía que he visto en otros países, donde jueces y fiscales se la han jugado y lo siguen haciendo. También he constatado que en España, en el día a día, hay muchos que lo hacen. Sin embargo algunos, en la cúspide de ese poder, actúan con el convencimiento de ser un portaaviones de la arbitrariedad, un motor de dos velocidades e intereses, haciendo ostentación, a veces grosera, de malas compañías y malos usos de lo público, y decidiendo según el perfil de quien inste la actuación o se someta a ella.

Este libro nace con la intención de ser un necesario recordatorio, un ejercicio obligatorio de reflexión que nos pone frente a la cruel realidad de cómo la corrupción que crece, se acepta y se consolida en el franquismo, termina por afianzarse en nuestro país tras una Transición demasiado benévola y una democracia tan permisiva como favorable con quienes sistemáticamente han traicionado la confianza del pueblo con mil trampas y aprovechamientos, hasta el punto de poder afirmar que hasta ahora la corrupción no ha sido combatida a fondo desde ningún sector, ni ha existido voluntad política de limpiar el fango que inunda las instituciones y muchos sectores de la sociedad española. No trato, por tanto, de realizar una mera lista de casos sonados y su análisis procesal —pues entonces no terminaría nunca—, sino que intento ir más allá, analizando la génesis de la corrupción y los mecanismos que hicieron posible su impunidad total o atenuada.

En conclusión, este estudio pretende ser una especie de radiografía en la que queden reflejados algunos de los comportamientos que han contribuido a que vivamos con una sensación de ahogo y casi con una certeza fatalista de que el fango de la corrupción se extiende como unas arenas movedizas que nos devoran a cada instante, engulléndonos en una especie de agujero negro en el que está en riesgo cierto la propia democracia y que enlaza con la dictadura, a la que pareciera que seguimos vinculados por una especie de eterno cordón umbilical. Por ello, si bien tengo claro el catálogo de casos actuales con el que he de cerrar la edición del libro, desafortunadamente no puedo decir lo mismo con los que están pendientes de juicio ni puedo afirmar que serán los últimos. El análisis de los acontecimientos vinculados a la corrupción corre el riesgo de quedar rápidamente obsoleto, no por sus efectos nocivos, sino porque otros vienen a ocupar la atención informativa y a llenar las oficinas judiciales. Pero no sería justo conmigo mismo ni con el esfuerzo de tantos políticos y servidores públicos que han sido honestos y que vienen peleando por la transparencia frente a tanta impudicia, ni con los esfuerzos de una sociedad civil demasiado lacerada, si no hiciera el esfuerzo de analizar qué opciones tenemos para salir de la trampa en la que estamos, y a ello dedicaré las últimas páginas.

Introducción

En el mundo, más de un dólar de cada seis no paga impuestos porque aquellos que los cobran se aseguraron deliberadamente que quedaría oculto para las autoridades fiscales.¹

En España, como en otros países, la lectura del periódico se ha convertido en un ejercicio inquietante. Desde hace ya demasiado tiempo, las noticias tienen un sesgo similar y perturbador; no hay edición escrita —sucede lo mismo en los informativos de televisión o radio— que no nos recuerde la situación de descrédito institucional y la lacra de la corrupción. Un fenómeno que, en época de bonanza, aparenta ser menos pegajoso e incómodo, pero que, en tiempos de crisis como los que atraviesa España desde hace unos años, se torna en una verdadera catástrofe que corre el riesgo de convertirse en el elemento definidor de la calificación moral del país. La devoción que teníamos por leer las noticias de los diarios se ha convertido ahora en un ejercicio obligado para conocer qué nuevo caso de corrupción ha estallado y cuántos cargos públicos han resultado afectados. El vértigo se acentúa hasta límites insoportables cuando se observa que la justicia se ralentiza ante determinados casos de gran calado económico, hasta el punto de convertir lo que era un avance de regeneración en una desidia constante y una falta de celo clamorosa. Sentencias que llegan con lustros de retraso, con imposición de penas irrisorias, sobreseimientos o archivos incomprensibles, connivencias y maridajes inaceptables… Casi nunca pasa nada, y, cuando pasa, siempre hay una especie de «brigada ligera» dispuesta a machacar a quien pone de manifiesto el comportamiento delictivo. La idea mortecina del «nunca se puede» y del «siempre gana quien más tiene o dispone de mejores asesores» se instaura de manera casi automática, y la sensación de frustración y de trampa se acrecienta en los ciudadanos.

Las malas noticias no acaban ahí; si nos asomamos a la sección internacional, aparecen conductas similares en diferentes puntos del planeta. Es posible que haya hasta quien se consuele al pensar que no somos los únicos. Sin embargo, es razón para desesperarse aún más. La corrupción parece estar en todas partes. Nos rodea. Nos satura. Y en ocasiones hasta nos embauca. La prensa, que tampoco se libra del fenómeno, se convierte en una ordenada codificación de actos nocivos presentados en el orden habitual de la publicación: políticas, bancarias, autonomías, local, deportes, etc., cometidos por quienes deberían evitarlos. Es como si se representase una especie de aquelarre en el que sólo el fuego purificador puede acabar con una orgía en la que todo cabe y todo es fango espeso y maloliente.

La corrupción y su tratamiento se han convertido en invitados impertinentes de cualquier debate, tertulia o presentación, en los que, la mayoría de las veces, se dilucidan las razones a gritos estridentes, en los que a nadie le interesa la opinión del contrario, sino arrasarlo sin argumentar las afirmaciones. Y aunque no se perciba igual, invade la vida cotidiana. En una cafetería, un caballero se jacta en voz baja en la mesa contigua de que el camarero le ha cobrado de menos. Sale del bar con una sonrisa de satisfacción y… ¿triunfo? Parece que, en efecto, se siente orgulloso. En ningún caso a su acompañante se le ocurre decirle que eso es incorrecto, porque piensa como él y no en el camarero, que probablemente tendrá que pagar ese desfase. La foto de este cliente no aparecerá mañana en ningún periódico, pero ayudará un poco más a que la picaresca que bondadosamente dibujara El Lazarillo de Tormes se convierta en una forma de vida de una sociedad indiferente y con alto riesgo de podredumbre.

Seguramente habrá mucha gente que no compartirá este criterio e incluso me dirá que soy un exagerado, pero, realmente es aquí donde comienza todo, el inicio de la picaresca y la jactancia por ser el más pillo y listo, aunque el menos honesto. En España, en ciertas épocas, la corrupción no se ha considerado ni tan siquiera algo reprochable, amparada en la impunidad o en la convicción de que el dinero o las influencias lo arreglan todo. De aquellos polvos vienen estos lodos y de estos lodos este fango que hoy, finalmente, lo cubre casi todo. Lo que parecía intocable, o aparentemente lo era, se ha desvelado también permeable a la corrupción. El juez togado militar (febrero 2015) tiene abierta una investigación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude fiscal y falsedad en documento público, entre otros, contra dos coroneles, un comandante, un subteniente y dos sargentos en el acuartelamiento de Getafe. Según el informe pericial, existirían falsos justificantes de pago de IVA, una cuenta bancaria no autorizada, grandes salidas de fondos sin justificar, contratos inflados, concursos amañados, pagos por suministros no recibidos o falsos estudios de asesoría. Por supuesto que también en este caso se constataron las presiones a la primera jueza instructora, que se vio «instada» por el superior a informarle de la investigación —con una investigación disciplinaria abierta—, aunque aquí sí el CGPJ la amparó.

La corrupción, tal y como vamos a descubrir a lo largo de los casos investigados en este libro, aparece como un elemento consustancial a la idiosincrasia de nuestro país. Durante la dictadura que oprimió a España de 1939 a 1975, las corruptelas eran la sal en la cocción de casi cualquier operación económica y se extendían a todos los sectores. Hoy en día no nos sorprende oír que tal comportamiento pudo darse en sectores estratégicos como la energía o la distribución, pero es que las prácticas corruptoras llegaron incluso a lugares tan insospechados como el sector audiovisual o la producción de películas. No es una exageración, y como muestra un ejemplo: el dictador Francisco Franco exigió un pago en efectivo realizado directamente a la organización benéfica de su esposa para autorizar el rodaje de la película de Stanley Kubrick Espartaco.² Y mientras esto ocurría, el Lute ingresaba en prisión por robar tres gallinas.³

Durante la Transición tuvimos la oportunidad de hacer frente a esta realidad, pero en este laureado proceso de «reconciliación» había muchas áreas que transformar o crear: el modelo político, la Constitución, el ejército, las fuerzas de seguridad, el sistema económico… Y algunos temas se quedaron en la cuneta, como sucedió con las víctimas de los crímenes franquistas, o fueron asumidos, como ocurrió con la corrupción, o se optó por el continuismo, como en la Justicia en sus más altas instancias. No fue necesario hacer ningún esfuerzo, la propia dinámica de las cosas lo impuso. No era relevante ni trascendente para lo que importaba: mirar hacia Europa, olvidar lo que incomodaba y, con un consenso muy interesado, avanzar en el nuevo modelo de Estado. Pero las negociaciones disfrazadas con el objetivo de evitar un nuevo conflicto, los acuerdos y los pactos conllevaron numerosos, importantes e irresponsables olvidos, entre ellos el de dotar al país de un marco de convivencia libre de corrupción. Algo tan grave como la sustracción de unos treinta mil niños a sus legítimas familias durante la Guerra Civil española y la posguerra, por razón de la ideología de sus progenitores, en 2010 no pasó de ser para la Sala Segunda del Tribunal Supremo una mera teoría histórica no comprobada (y la de bebés recién nacidos a lo largo de la dictadura y la Transición, que apenas se está investigando ahora), y respecto a la desaparición de más de ciento cincuenta mil víctimas, ni siquiera se permitió la actuación judicial para la investigación penal, la búsqueda de los cuerpos y la reparación a aquéllas. Con ello, se ha otorgado la impunidad absoluta a los responsables de tales delitos contra la humanidad. En definitiva, paz con fondo de olvido e impunidad como marco exculpatorio que permitió a los diseñadores del nuevo régimen democrático dar continuidad a un sistema en el que, sin lugar a dudas, muchos salieron favorecidos.

De este modo, la corrupción sobrevivió a la Transición y su semilla germinó transversalmente en los partidos políticos de todo el espectro ideológico, así como en todos los sectores de la Administración y del sector privado. Todos ellos estaban conformes, al menos tácitamente, con que esto fuera así.

Un elemento clave que puede explicar, en parte, el crecimiento incontrolado de esta contaminación es la insuficiente financiación de los partidos, algo que provocó, por un lado, la búsqueda de fuentes irregulares (corruptas) para suplir la omisión legislativa al respecto, y por otro, y dado que al final los gobiernos están compuestos por políticos, la falta de voluntad de establecer verdaderas medidas anticorrupción y de transparencia para no comprometer las necesidades de fondos de los partidos o las propias y personales de quienes debían tomar decisiones. No se comprende de otra forma que los políticos profesionales no fueran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Todos lo sabían y prácticamente todos lo aceptaron, dando por hecho que era necesario. De nuevo se apostó por la oportunidad frente a la ética y la responsabilidad. Y así durante cuarenta años. No sé si hay una casta de políticos, de jueces o de otros actores de la vida pública española, pero, desde luego, ha habido un absoluto abandono de los valores democráticos a la hora de establecer las normas que nuestro país debería haber adoptado, para seguir el ejemplo de aquellos países a los que pretendía emular. Esta especie de círculo vicioso de impunidad, desinterés y aprovechamiento ha degenerado, conscientemente, en una de las mayores crisis políticas que ha sufrido España desde el restablecimiento de la democracia.

Si tuviera que destacar una de las fuentes que dan forma a las múltiples categorías de la corrupción, lo haría sin dudarlo con la urbanística. A través de contratas, licitaciones amañadas en sus condiciones o pliegos correspondientes y adjudicaciones públicas concertadas a cambio de la correspondiente comisión, la corrupción ligada al desarrollo urbanístico ha infectado administraciones, partidos y empresas privadas. El suelo genera enormes y fáciles volúmenes de dinero que permiten operaciones escandalosas y el desvío de fondos a cuentas privadas o partidarias. La burbuja urbanística del cambio de siglo impulsó un boom sin precedentes de la corrupción. Más adelante, la recalificación de suelos y la posterior expansión de la construcción, marca del desarrollo económico español, impulsada por las leyes de liberalización del suelo del Gobierno de Aznar, fueron el caldo de cultivo perfecto para dar rienda suelta a todo tipo de actos ilícitos que llenaron los bolsillos de todos los implicados. Todos sabían que había que «comprar» al alcalde, concejal, diputado o gobernante de turno para conseguir estar en la línea de salida de la adjudicación correspondiente. La extraordinaria dimensión económica de la burbuja escapó a todo lo imaginable y generó una lista de casos de corrupción casi infinita.

Distintos gobernantes han anunciado con seriedad y total seguridad una lucha sin cuartel contra la corrupción, pero, a pesar del anuncio, los casos no han hecho más que multiplicarse. Recuerdo una anécdota que puede ser identificativa de la falta de compromiso de los líderes políticos, o al menos de algunos de ellos, en la lucha contra la corrupción. En las elecciones de 1993 concurrí como independiente en las listas del Partido Socialista por Madrid. En el primer debate de Felipe González con José María Aznar, el presidente del Gobierno no se había preparado el debate, y además sufrió un incidente aéreo cuando volvía de Canarias que le hizo volver al archipiélago y reiniciar la vuelta a la Península. Esa tarde hable con él y le pregunté cómo estaba; me comentó que no había podido preparar la intervención, pero que no tenía problema porque a Aznar le ganaba fácil, ya que éste carecía de discurso. Lo cierto es que el debate le estaba yendo muy mal y no había hablado de nada de lo que le habíamos preparado. Yo estaba en casa, cenando una sopa y viendo el debate, sufriendo con la situación de Felipe, cuando en un momento determinado, casi al final, González le dijo enfáticamente al candidato opositor: «Le he pedido al juez Baltasar Garzón que presida una comisión anticorrupción», para que no hubiera dudas de su compromiso para esclarecer el caso Filesa. Me quedé helado, con la cuchara en la mano y sin reaccionar, al ser ésa la primera noticia que tenía. Cuando el presidente, después del debate, iba camino de La Moncloa, le llamé y le pregunté por qué había dicho aquello, y me confesó que fue un recurso para equilibrar el debate. Yo le dije: «¡Ojo!, Felipe, que después nos van a exigir la comisión». Su respuesta me dejó noqueado: «No te preocupes, las promesas electorales están para no cumplirlas». Finalmente, esa comisión como tal no se creó, aunque sí un simulacro de la misma que no condujo a nada, lo que estuvo en la base de mi renuncia a continuar en el Gobierno en mayo de 1994. (Mi carta de dimisión llevaba fecha de 18 de abril de 1994, un día antes del inicio del debate del estado de la nación.) Asimismo, hoy provocan sonrojo las ruedas de prensa sin preguntas del presidente Rajoy pidiendo perdón por confiar en corruptos (corruptos que han estado años bajo sospecha), tras negar o poner la mano en el fuego por esas mismas personas. Matas, Urdangarin, Camps, Granados, Bárcenas, los ERE, etc., son una lista de casos que demuestran que el cáncer de la corrupción está en fase de metástasis, permeándolo casi todo, y que ha sido protegido y apoyado para sostener un equilibrio de partidos que, finalmente, nos ha conducido a una situación límite, frente a la cual esos mismos partidos están tratando de redefinirse y de convencer a los votantes de que ahora sí van de verdad en pro de la regeneración. El problema es que tantas veces se ha producido la misma escena que ya no bastan las palabras, sino que son precisos los hechos tangibles de ese cambio. Y éste comienza con el recambio de las personas y los responsables que han estado participando de ese sistema clientelar y vicario en el ejercicio de la política, y con un cambio profundo de actitud y de visión a favor de una verdadera política transparente y participativa en beneficio del pueblo y no de aprovechamiento y patrimonialización de la misma.

El aluvión de hechos que se están descubriendo evidencia que las reformas producidas no han sido más que pinceladas de un maquillaje barato que cambia superficialmente las cosas para que todo permanezca igual. Las diferentes iniciativas no transmiten sinceridad ni seguridad en los ciudadanos, y ello se debe a que los promotores no se creen lo que legislan y, desde luego, no tienen la intención de aplicarlas. Siempre quedan suficientes resquicios para que la norma se convierta en ineficaz.

Si existe un fenómeno camaleónico y cambiante es el de la corrupción, que evoluciona y se vuelve del color de aquel a quien quiere usar o fagocitar. Así, estuvo en las primeras décadas de la democracia, fundamentalmente ligada a la financiación de los partidos, aunque, por supuesto, algunos de los que participaron en este esfuerzo se lucraron personalmente con los beneficios obtenidos. Hoy, sin embargo, a pesar de que la financiación irregular sigue a la orden del día, parece que los objetivos de las tramas criminales de corrupción actúan como verdaderos cárteles, implicando a sindicatos, saqueando bancos o trucando concursos y colocando a familiares, amigos o personas cercanas en puestos de trabajo que carecen de explicación o sustancia (véanse la mayoría de los consejos, cuyos miembros reciben salarios obscenos a cambio de un más que dudoso trabajo).

La situación no se detiene y evoluciona. En el momento de escribir estas líneas ha salido, como ocurre diariamente, un nuevo escándalo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dirigida por el juez central de instrucción Eloy Velasco, ha llevado a cabo una macrooperación contra una trama de supuesta corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y entidades provinciales y autonómicas de Madrid, Murcia, León y Valencia. Al parecer, entre todos los datos que proporcionó el ex empleado del HSBC Hervé Falciani se encontraba el teléfono de Francisco Granados, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del Partido Popular a nivel provincial. La trama corrupta no sorprende y es la que se viene repitiendo en una mayoría de los casos: el desvío de fondos mediante comisiones por adjudicaciones públicas. Según la Fiscalía Anticorrupción, el valor de las adjudicaciones obtenidas de forma irregular asciende a 250 millones de euros. Mientras escribo ya hay 51 detenidos, entre políticos (PP, PSOE y los independientes de la UDMA), empresarios y funcionarios. Francisco Granados estaría implicado presuntamente como el líder de la supuesta trama que se dedicaba al cobro de comisiones a cambio de favores políticos a varios constructores. Según lo publicado en medios de comunicación, el segundo de Esperanza Aguirre tendría dos cuentas en Suiza. En una de ellas ocultaba sus ganancias en Bolsa —con un saldo de 1,5 millones de euros— y en la otra, compartida con el empresario David Marjaliza —que también tenía la suya propia—, al parecer escondía comisiones. En las referidas cuentas se llegaron a acumular al menos 5,8 millones de euros en total, según las investigaciones. Ambos tenían los depósitos a su nombre, sin testaferros.

Así las cosas, cada vez es más difícil sostener que ésta es una actitud atribuible a unos pocos o que esté revestida de secretismo. Desgraciadamente, la ingente cantidad de casos de corrupción no permite alegar el desconocimiento; muy probablemente, el círculo de conocimiento, sin perjuicio de la vigencia del principio de presunción de inocencia, era bastante amplio en las instituciones afectadas. En este sentido, el uso de las tarjetas opacas, las «tarjetas black», de Caja Madrid/Bankia era conocido por prácticamente todos los responsables de la entidad; como también que prácticas similares se habrían realizado en otras entidades bancarias. Asimismo, era notoria la falta de cualificación en muchos casos, así como los favores políticos para colocar a quienes quedaban fuera del ranking de cargos electorales o administrativos en las cajas de ahorro. Nuevamente, los méritos y la experiencia para el puesto estaban ausentes. También era «normal» la inserción de enchufados y compromisos políticos o sindicales en los consejos de administración de las grandes empresas. Todos cobraban, y una gran mayoría por no hacer nada.

Hoy a los ciudadanos españoles no nos queda sitio para más indignación. Una crisis de la que no somos responsables ha recortado nuestros derechos, ha menguado y en muchos casos aniquilado nuestra calidad de vida, ha ahogado las ilusiones de millones de jóvenes que huyen del país en busca de un trabajo que éste no puede ofrecerles y, en definitiva, ha acabado con el edén que se le prometía a una España democrática que ha sido usada por unos pocos como un patio de monipodio, en aras de un falso patriotismo que ha corrompido hasta la propia idea de país de progreso y sostenibilidad. Cuando se decía «España va bien», no marchaba «tan» bien para todos. Hoy, mientras hacen la cola del paro, los ciudadanos españoles que lo sufren reciben la información de que, según el Gobierno del Partido Popular, ya no se deben preocupar por estar en esa situación, a la vez que un goteo diario de noticias les demuestra que los años de bonanza fueron aprovechados por muchos de nuestros administradores, el Gobierno central, el autonómico o el municipal para saquear al erario público, beneficiándose personalmente en muchos casos y cultivando un sistema podrido con fines ajenos a las necesidades de la ciudadanía.

Y sí, es cierto. De nuevo, estos días asistimos al anuncio de medidas para evitar estas acciones de corrupción, pero ¿serán éstas, una vez más, mero maquillaje para poder seguir aprovechándose de un sistema que, evidentemente, les favorece? Ahora se propone la inclusión de la financiación ilegal de los partidos como delito, algo que llevo años —concretamente desde 1994— pidiendo públicamente. ¿Por qué ha tenido que pasar tanto tiempo para que se ponga seriamente esta medida sobre la mesa? ¿Es una reacción real o un nuevo intento de aparentar que se hace algo frente a la lluvia de escándalos? En mi opinión, las reacciones de los dos grandes partidos políticos de España parecen más un último intento de salvar su posición de poder frente al auge de nuevos partidos que se presentan como una alternativa limpia y ajena al fango en el que hoy en día se mueve el bipartidismo. Las medidas judiciales anunciadas deberían ir dirigidas no a acabar con las macrocausas, sino a paliar la falta de medios que mantienen en suspenso las mismas, a acabar con los retrasos, ahorrando recursos y tácticas dilatorias, a la tipificación de un mayor catálogo de conductas corruptas en el Código Penal o a aumentar los plazos mínimos de prescripción de determinados delitos. Todas estas medidas están en boca de muchos expertos desde hace años y ninguna reforma parece haberlas hecho suyas. La aprobación de leyes específicas contra la corrupción es muy popular, pero, como demuestra el ejemplo de Italia —que luchó durante años contra la corrupción mediante reglamentos y regulaciones—, es poco efectiva. Una mayor regulación conlleva un mayor control y una mayor opacidad por parte de aquellos que, precisamente, manejan los hilos del sistema y aprovechan sus debilidades. No se trata de aprobar un mayor número de leyes, sino de que éstas sean efectivas y garanticen la transparencia y la participación del ciudadano como método básico de control de las decisiones del Gobierno y las Administraciones. Con ello no sólo garantizamos el acorralamiento de las tramas de corrupción, sino también una mayor legitimidad democrática.

Las deudas contraídas por los partidos políticos demuestran que el problema es estructural; una financiación pública poco transparente y unas necesidades insaciables de fondos que imposibilitan cuadrar gastos e ingresos, están en el origen del problema. El caso Bárcenas, la trama Gürtel y el caso Bankia muestran la profundidad de la corrupción en la Administración. Y a pesar de afectar de lleno a nuestros partidos políticos, éstos han sido incapaces de autorregularse o de solucionar legislativamente el problema, y lo peor es que estoy convencido de que una cosa es lo que se dice, otra la que se piensa y una tercera la que se ejecutará para continuar aprovechándose de las zonas oscuras o dudosas que la nueva legislación deje sin cubrir. Las medidas manejadas hasta ahora han sido totalmente cosméticas, como lo es la Ley de Transparencia del PP, que impide la fiscalización pública de muchos estamentos, o bien el mantenimiento de un Tribunal de Cuentas totalmente viciado y cuestionado por el sistema de su composición y el origen de sus componentes.

La falta de medidas preventivas eficaces para evitar la corrupción y la connivencia entre estamentos públicos y privados que se mantiene desde la salida de la dictadura, exige una actitud nueva por parte de toda la sociedad, que ya no puede permanecer ausente. Las actitudes heroicas de quienes en solitario han tratado y tratan de combatir la corrupción, deben ser acompañadas por la participación activa de la sociedad. Hay que conseguir unas normas anticorrupción que eviten las presiones de aquellos que controlan el sistema y que impidan la manipulación de la justicia para apartar a los jueces de las causas que les parecen incómodas.

Y pongo mi propio caso como ejemplo cuando, en un ataque sin precedentes a la independencia judicial y a la libertad de interpretación de las normas que son la esencia de la función judicial, desde la más alta instancia judicial fui condenado por ordenar la interceptación de las comunicaciones de los principales responsables de la trama Gürtel con las personas que les visitaran en prisión, incluidos sus letrados, para evitar la continuidad de la acción delictiva (la cual se comprobó posteriormente que subsistía, y que en el mes de enero de 2015 ha supuesto la primera acusación del Ministerio Fiscal a cientos de años de cárcel para los integrantes de la red), garantizando de forma absoluta el derecho de defensa. No es necesario profundizar demasiado en las actuaciones judiciales para saber que éstas se vienen realizando en otros casos —en el caso de Asunta⁴ en la actualidad, en el caso Naseiro en su momento y en el caso de la desaparición de Marta del Castillo en Sevilla—, y en ninguno de ellos, ni tan siquiera en éste para el juez que me sustituyó, han conllevado nunca la condena del juez instructor sino, en su caso, la validación o la anulación de la prueba obtenida ilegalmente o, a lo sumo, el archivo de la causa. Esta historia se repite cuando el 27 de octubre de 2009 ordené la detención de Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, ambos vinculados a Convergència Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica, del socialista Luis García y el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y de otras cuatro personas por delitos de soborno, corrupción urbanística y blanqueo de capitales. De hecho, cuando el 14 de mayo de 2010 fui suspendido, estaba tomando una declaración de este asunto. El sobreseimiento del caso para algunos imputados fue utilizado para atacar la instrucción judicial; sin embargo, en diciembre de 2014 el fiscal anticorrupción pidió la apertura de juicio oral, con penas de hasta ocho años contra aquellos y otros partícipes de la trama (un total de once personas).

Lo mismo podría decirse del caso Palau, que se detalla más adelante, en el capítulo dedicado a la corrupción en las Comunidades Autónomas.⁵ Fèlix Millet y Jordi Montull desviaron cantidades de dinero de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, a espaldas del patronato, para financiar ilegalmente, según el auto de conclusión de la instrucción e incoación de procedimiento del 12 de julio de 2013, al partido de Artur Mas y Jordi Pujol. Incluso la sede central de CDC en Barcelona fue embargada por la responsabilidad civil del partido. A partir de las piezas derivadas del mismo, el caso Palau podría demostrar que Convergència era receptora del pago de comisiones por obras públicas. En concreto la constructora Ferrovial, a través del Palau, habría pagado comisiones (un total de 5,1 millones de euros) a cambio de la concesión de obras públicas de la Generalitat de Catalunya durante el último Gobierno de Jordi Pujol, como la Ciudad de la Justicia o la inconclusa línea 9 del metro de Barcelona.⁶ La causa está aún pendiente de juicio.

Desde luego, el caso español no es el único. Es interesante dirigir la mirada al contexto internacional para comprobarlo. En Brasil la estatal Petrobras pagaba un 3 por ciento de comisiones a los partidos políticos aliados del Partido de los Trabajadores, y se ha demostrado que parte de los costes de la construcción del metro de São Paulo fueron desviados. En México, están en boca de todos las milagrosas herencias que dejaron algunos ex secretarios que, tras una vida dedicada a la función pública, dejaron una fortuna superior a los 3.000 millones de dólares. En Estados Unidos el Departamento de Justicia ha llegado a un acuerdo con el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial en aras de evitar la celebración de un juicio por la adquisición de bienes con fondos procedentes de la corrupción en el país africano. Teodoro Nguema Obiang Mangue aceptó vender una mansión en California valorada en 33 millones de dólares, un Ferrari y varias esculturas a tamaño natural de Michael Jackson. Los fondos que se obtengan con su venta serán entregados a una organización que deberá utilizarlos en beneficio de la población de Guinea Ecuatorial. Asimismo, tendrá que entregar el millón de dólares en que está valorado el material de colección de Michael Jackson que trasladó fuera de Estados Unidos en 2011, incumpliendo un pacto que habían suscrito el fiscal y sus abogados.

Pero el ejemplo más cercano fue el caso de la petrolera Elf-Aquitaine, en el que el Tribunal Correccional de París condenó a treinta personas por la malversación de 305 millones de euros en la petrolera cuando era el primer grupo industrial de Francia, y a su principal ejecutivo, Loïk Le Floch-Prigent, que había sido nombrado por el presidente François Mitterrand. La sentencia consideró indirectamente perjudicados a «todos los ciudadanos franceses», dada la naturaleza pública de Elf. Además de dictar trece penas de cárcel, repartió entre ellos y los demás inculpados multas por valor de 19 millones de euros y les condenó a pagar más de 100 millones en indemnizaciones a Total, heredera de Elf. Terminaron así ocho años de investigaciones conducidas principalmente por la jueza Eva Joly (hoy diputada en el Parlamento Europeo), que le valieron campañas en su contra y amenazas hasta hacerla renunciar a su puesto de magistrado y «refugiarse» en Noruega, su país natal.⁷

En Italia hay que mencionar los casos conocidos como «Mani pulite», instruidos por los magistrados de Milán, dentro de la famosa Tangentópolis de los años noventa, el mayor caso de corrupción que se recuerda desde la época de Al Capone. Este escándalo indignó a la población italiana, que, ante una clase política desprestigiada y hundida, acabó dando el poder al populista Silvio Berlusconi, que tan sólo continuaría con la corrupción rampante en el país. Hace poco, en una insólita audiencia de casi tres horas celebrada en el palacio del Quirinal, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, tuvo que responder como testigo a las preguntas de los magistrados de Palermo sobre la llamada «negociación» entre el Estado y la mafia, objeto de un proceso en curso en la capital siciliana, en el que ya hay una decena de imputados entre mafiosos, políticos y representantes de las fuerzas del orden.

En China la lucha contra la corrupción alcanza ya al ejército. El número dos de la Comisión Militar Central entre 2004 y 2012, el general Xu Caihou, ha admitido haber aceptado sobornos. Este hombre, que sólo tenía por encima al presidente Hu Jintao, acaba de confesar que recibía cantidades masivas de dinero. La reacción del Partido Comunista no se ha dejado esperar y ha anunciado medidas para afrontar el problema de los sobornos a los funcionarios públicos, una lacra que se extiende por todo el país. Este caso está siendo uno de los más escandalosos en la campaña contra la corrupción que, desde hace dos años, ha puesto en marcha el presidente Xi Jinping. Según las informaciones que proporciona la prensa, el general recibía sobornos a cambio de promocionar o colocar en puestos clave a aquellos que le pagaban, ya fuera directamente o a través de sus familiares. El diario South China Morning Post maneja la cifra de 4,4 millones de euros, aunque no existen datos oficiales. El general fue interrogado mediante el sistema shuanggui en un lugar desconocido y sin la posibilidad de contar con asesoramiento legal o de comunicarse con su familia.⁸ Además, según los documentos del plenario divulgados en octubre de 2014, el sistema judicial está plagado de juicios parciales y magistrados corruptos, y el Partido Comunista pretende abordar la reforma de la judicatura. Se impedirá también, dicen, que se puedan obtener testimonios mediante la tortura. Asimismo, el 22 de enero de 2014 El País hizo pública una investigación con base a la filtración (Chinaleaks) de 2,5 millones de archivos en la que aparecían implicadas miles de personas, entre ellas hasta 153 familiares de dirigentes políticos chinos del más alto nivel, magnates de las finanzas y las empresas y otros políticos, mediante la apertura de cuentas, con sociedades offshore a través de las gestoras Portcullis TrustNet y Commonwealth Trust, en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes. La organización sin ánimo de lucro Global Financial Integrity, un centro de estudios estadounidense, ha calculado que en 2011, último año disponible, salieron ilegalmente de China unos 150.000 millones de dólares, casi un 12 por ciento del PIB español.⁹

Pero centrémonos en España y acompáñenme en este viaje, que, sin ser exhaustivo, es lo suficientemente amplio para revisar y ayudar a entender el fenómeno de la corrupción en la sociedad española. He intentado ser fiel a los hechos añadiendo una visión comentada del paso de cada caso por la justicia. Para ello he utilizado las sentencias y autos de cada caso, lectura muy recomendable porque dentro de la prosa jurídica, áspera y repetitiva, se pueden encontrar los hechos, que, con su desnudez y crudeza, reflejan una fotografía de este país nada favorecedora y que difiere de las idílicas imágenes que nuestros políticos intentan dibujarnos bajo la «marca España».

Tras la lectura de estos miles de páginas, áridas y rotundas, abundantes en bajezas, donde la avaricia, la mentira y el engaño han anidado, he sentido dolor, el dolor de Unamuno cuando afirmaba «me duele España».

Estamos hablando de un panorama en el que existen unas 1.700 causas abiertas con más de 500 imputados —no más de 20 de ellos en prisión— y con un coste social anual de 40.000 millones de euros, según el estudio hecho público en 2013 por un grupo de investigadores de la Universidad de Las Palmas integrado en el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible (Tides).¹⁰

DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE «CORRUPCIÓN»

La corrupción ha recibido muchas definiciones, algunas de corte jurídico, otras más sociológicas, unas terceras dirigidas al orden político. Existen las pensadas para el caso de los funcionarios y, por supuesto, hay también acepciones para describir la corrupción en el sector privado. Todas ellas bien merecen un extenso análisis, pero, en ocasiones, lo mejor es partir del sentido común. Así pues, ¿qué se entiende por «corrupción»?

Según la RAE, la corrupción se define como la «1. f. Acción y efecto de corromper». El término «corromper» conlleva «2. Echar a perder, depravar, dañar, pudrir», y también «3. Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera». También facilita la RAE esta otra acepción de «corrupción»: «4. f. Der. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores».

Por lo general, somos conscientes de que al emplear este término nos referimos a todo aquello que se echa a perder y en ningún caso a que las cosas vayan por buen camino. En suma, a lo que se desvía del interés general en favor del particular.

Toda persona identifica la corrupción con un beneficio indebido. Todos aprendemos aquello que está bien y lo que está mal, y que no se debe tomar aquello que no nos pertenece. La educación más elemental deja semillas en nuestra conciencia. En ocasiones, ocurre también que una ética estricta se desmorona al comprobar la falta de coherencia en quienes deben marcar el camino, y exigen el cumplimiento de aquello que ellos mismos no cumplen.

También observamos que los beneficios no siempre tienen un origen justo. Conseguir una matrícula de honor en matemáticas es un beneficio indiscutible. Si su origen está en el estudio y el esfuerzo será justo. Si, por el contrario, es consecuencia de las cada vez más perfeccionadas artes del plagio y de la copia, ese beneficio pierde su legitimidad y se convertirá en algo injusto. Con estas ideas tan básicas, el joven va configurando en su mente el concepto de las actividades corruptas. Adicionalmente, percibirá que la corrupción aporta un elemento nuevo al referirse a la persona que se deja corromper desde su puesto o su cargo. En este punto la entenderá como el beneficio injusto obtenido por alguien que se aprovecha de una posición especial.

El código ético forjado desde la infancia a base de valores fijados, y transmitidos por los progenitores o en la escuela, va dando paso, de modo paulatino, a una moral más flexible cuando el adolescente advierte que muchos de los que le rodean se comportan de una manera poco ética. El individuo formado comienza a reflexionar sobre la posibilidad de ser «bueno» sin ser «tonto». Es decir, que si no cometes grandes delitos y llevas una vida medianamente normal, no pasa nada por realizar alguna que otra trampa.

En este desarrollo, no aprovechar esas «oportunidades» te hace aparecer como un necio ante los demás, siempre que por su entidad no hagan sonar las alarmas de la conciencia.

Pongamos un ejemplo: un día, una persona se encuentra al llegar a su casa con una avería en las cañerías del baño que la obliga a recurrir a los servicios de un fontanero. Tras un cálculo aproximado, confirma que el desperfecto dará al traste con el ajustado presupuesto del mes. Llega el especialista y resuelve el problema. Se anuncia el precio del arreglo y es en ese momento cuando llega la pregunta que mejor simboliza la tentación: «¿Con o sin IVA?». La pregunta es en esencia tramposa. El cliente no debería verse colocado en esa tesitura. Hace cuentas, se ve algo apurado y, probablemente, termine cediendo a lo que sin duda alguna —no hay que darle vueltas— es corrupción.

Está claro que el remordimiento no le durará mucho tiempo, si es que el mismo llega a asomar. Cualquier esbozo de angustia se convierte si acaso en la preocupación de que le puedan descubrir, pero sabe que no es probable. Argumentará que no se ha enriquecido, que bastante le ha costado ya la reparación, que vaya mala suerte tiene, que siempre le pasa todo a él, que su salario no da para mucho más… Excusas. Aunque no tenga esa percepción, por supuesto que se ha lucrado. Ha obtenido un beneficio injusto. Su cuenta no es más boyante hoy que ayer, pero sí está más holgada de lo que debería. No se benefició haciendo uso de un cargo, pero sí que se aprovechó de la oferta del operario que le dio la opción de contribuir o no con sus impuestos al erario público, como es obligado para todos.

No tiene esta cita el ánimo de estigmatizar al gremio de fontaneros, que, probablemente de una manera injusta, suelen protagonizar estas manidas alusiones, sino de poner sobre la mesa la certeza de que la tentación está a la orden del día, que se excusa con innumerables razones y que todas encajan en ese ideario colectivo que dice que «si todos lo hacen, por qué yo voy a ser menos».

Caben aquí dos reflexiones más. Por un lado, la certeza de que a veces se convierte la vergüenza de la corrupción en un orgullo casi patrio por ser un elemento más de esa «viveza y picaresca mediterránea». Por otro, la ironía de contemplar cómo el «pequeño» corrupto se indigna al ver al «grande» que, desde su posición de poder, multiplica el beneficio injusto del primero de manera proporcional al de la importancia de su posición.

La palabra «picaresca» sube, pues, al podio del consuelo colectivo, que asume con resignación y sarcasmo que la corrupción es algo normal y que está en nuestra condición y cultura. Con la picaresca convivimos portugueses, italianos, griegos, turcos y españoles, entre otros tantos, y forma parte del estereotipo del mediterráneo con el que nos retratan nuestros vecinos del norte. Tenemos tanto en común que bien se podría resumir esta idea con las palabras de Prezzolini, quien en su Codice della vita italiana dice: «Los ciudadanos italianos se dividen en dos categorías: los listos y los tontos», y añade: «[…] si uno paga el billete completo del tren; no entra gratis en el teatro; no tiene un tío commendatore, amigo de su mujer y con influencia en la magistratura, en la instrucción pública, etcétera; no es masón o jesuita; declara al agente de impuestos sus verdaderos ingresos; mantiene la palabra dada incluso a costa de salir perdiendo, etcétera: ése es un tonto».¹¹

Esto significa que vivimos en una sociedad que no sólo nos otorga un amplio abanico de excusas y consuelos para enriquecernos injustamente, sino que nos anima a hacerlo. Es más, nos reprocha y se mofa de nosotros si no lo hacemos. La paradoja estriba en que el ciudadano no sólo debe limitarse a ser honesto y recto, sino que para conseguirlo necesita tener una sólida personalidad, la seguridad en sí mismo y la fortaleza anímica que le permitan resistir a la tentación, a la presión, a la risa burlona de aquellos que desean ridiculizarlo.

La segunda y mordaz vertiente es la indignación del «pequeño» corrupto contra el «grande». Aquel que se deja llevar por la que considera una insignificante corruptela pondrá la mano en el fuego por sí mismo asegurando que, de estar en el lugar del político, sindicalista o banquero, no robaría como lo están haciendo ellos. No se trata de comparar la responsabilidad de un ciudadano corriente con la de un alto funcionario que maneja caudales públicos y cuya obligación es velar por el interés común, pero sí que es necesario reflexionar sobre si alguien delinque o se corrompe sólo conforme a sus límites morales o si, más bien, su nivel de corrupción va en función de sus propias posibilidades. El que no paga IVA dice: «¡Hasta aquí hemos llegado!», porque su principio de moralidad tiene una frontera de máximos o quizá porque no le hayan ofrecido el IVA y algo más. La conclusión a la que lleguemos nos conduciría a una cuestión ulterior: ¿son los políticos corruptos un reflejo de la propia sociedad? Si fuera así, habría que luchar contra la corrupción desde la cúspide para frenarla y desde la base para evitar que se reproduzca.

LOS TIPOS DE CORRUPCIÓN

En términos más técnicos, podríamos definir la corrupción como aquellos actos que implican, por acción u omisión, la violación de un deber posicional o el incumplimiento de una función específica en un marco de discreción, y con el objetivo de obtener algún tipo de beneficio extraposicional.¹² Esto incluiría tanto la corrupción propia del sector público como la del privado. Es decir, se podría considerar corrupta a una persona si se beneficia injustamente de un hecho o de una omisión valiéndose de su cargo o puesto. Con esta acepción trataríamos de abarcar de manera amplia y general todas esas conductas que podemos considerar corruptas. No obstante, hace falta afinar más, de acuerdo con el tipo de corrupción al que nos refiramos.

La tentación por el lucro indebido es amplia y casi omnipresente; toda persona está «condenada» a corromperse en algún momento, dependiendo de sus posibilidades y sus circunstancias. Es ese contexto y sus características lo que nos conduce a hablar de uno u otro tipo de corrupción. Podemos ir aún más lejos y decir que una cosa es el concepto general de «corrupción» y su percepción por el ciudadano, y otra muy distinta la manera en que la corrupción se define, se penaliza y se persigue desde el punto de vista legal tanto a nivel nacional como internacional. La falta de coherencia que a veces se encuentra entre esos dos niveles supone una enorme fuente de frustración para la ciudadanía, que, sabiendo que alguien es corrupto, no entiende por qué no es castigado.

Al tratar la corrupción a gran escala, es fundamental tomar en consideración la vinculación de este fenómeno con el poder. En este sentido se puede hablar de gobernantes, funcionarios, deportistas, empresarios o políticos corruptos, entre otros. En este supuesto interviene siempre al menos un elemento conductor que será alguien con competencia para tomar decisiones. Éste no está limitado al rango de las autoridades, sino que también puede estar vinculado con otros elementos con un papel social relevante dentro del sistema normativo, sin que ello implique necesariamente la potestad para dictar disposiciones jurídicamente obligatorias.

A priori parece más fácil pensar en policías o gobernantes corruptos. Imaginamos autoridades aceptando o solicitando sobornos, cobrando sobresueldos, otorgando subvenciones y licitaciones a cambio de suculentas comisiones. Pero es necesario ampliar esa fotografía de modo que incluya a otros individuos, como los empresarios que han alcanzado posiciones de responsabilidad y cuyas decisiones también pueden encerrar un amplio margen de disposición hacia actividades corruptas. Se constata por tanto que no existe una sola clase de corrupción, ya que ésta puede ser pública o privada, clásica o moderna, y afectar a instituciones o sectores del Estado o de la Justicia, en sistemas democráticos o en dictaduras. Queda claro que se trata esencialmente de un fenómeno generador de injusticia y desigualdad entre los ciudadanos y, por ende, de desconfianza; ante la falta de respuestas adecuadas por parte de aquellos que tendrían la obligación de perseguir las prácticas corruptas y no lo hacen, se presume la corrupción del sistema.¹³

Así pues, la corrupción se convierte en un profundo problema que afecta, en mayor o menor medida, a todas las naciones. Cada Estado, al igual que cada individuo, se ve obligado a lidiar con la corrupción. Algunos con más éxito y otros demostrando un rotundo fracaso. La corrupción responde a un esquema básico común a todos los casos al que después se le añaden las peculiaridades propias de cada uno de ellos. La persona, sea cual sea su posición, cargo o rango, se enfrenta a la tentación de obtener un bien de modo ilícito por hacer o dejar de hacer aquello que le es exigido por su propia posición. El juego de tentaciones y beneficios particulares aumentará su repercusión de acuerdo con el nivel de poder que ostente el corrupto y el alcance que su acción pueda llegar a tener. Ése sería el esqueleto básico de la corrupción: la debilidad humana que se refleja en los cargos públicos y privados dentro de un Estado.

Existe además un contexto propio de cada país, región o ciudad que puede facilitar o limitar la corrupción. Las circunstancias pueden ser de lo más variopintas: la historia, la economía, la cultura, el sistema jurídico o la educación. En Italia, por ejemplo, las estructuras de poder encarnadas por la mafia, especialmente en el sur del país, son un elemento que vigoriza la corrupción. En Estados Unidos, los intereses de las grandes multinacionales, los lobbies o el comercio de armas pueden crear una atmósfera hasta cierto punto incómoda que invite a la corrupción. El vacío de poder en países recién salidos de un conflicto o que lo están sufriendo en ese momento, como Siria o Irak, los convierte en un patio de recreo para aquellos corruptos que deseen enriquecerse velozmente. La religión, ciertas corrientes colectivistas o una cultura de sumisión al poder establecido pueden sentar criterios de impunidad en estados asiáticos en los que el ciudadano prefiere conformarse y abstenerse de denunciar.

LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

¿Y en España? ¿Cuál es el elemento añadido que caracteriza a la corrupción en nuestro país? En los últimos años nos hemos venido preguntando qué pasa en la realidad española, por qué cada vez que leemos la prensa, escuchamos la radio o vemos los informativos aparece una noticia vinculada a actos de corrupción. Un día es un político, otro un funcionario municipal o de un organismo público, y, al siguiente, un prestigioso banquero, un empresario, una actriz o un deportista de élite, y así una retahíla de casos que llevan a reflexionar sobre lo que está aconteciendo.

En España hay corrupción. Ésa es la afirmación básica de la que hemos de partir. La corrupción se hace patente y también se percibe. Así lo demuestran los indicadores del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo nada sospechoso. Según las encuestas que ha realizado el CIS, en los últimos años «la preocupación por los actos de corrupción» se ha incrementado ostensiblemente entre la ciudadanía española. En octubre de 2014, el porcentaje de españoles que consideraban la corrupción como el principal problema en España era del 42,7 por ciento, el segundo tras el paro. En noviembre había subido al 63,9 por ciento y en diciembre alcanzó un 60 por ciento, siempre en segundo lugar.¹⁴

Otros expertos apuntan en la misma dirección. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental especializada en temas vinculados con la lucha contra la corrupción y con la transparencia. Se trata de la coalición global más importante contra esta lacra. Sus estadísticas, estudios y análisis son un referente en cualquier intento de localizar, investigar y comparar los niveles de corrupción en el mundo. El IPC es un índice agregado que recoge la opinión de los expertos sobre la corrupción en el sector público, con una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de bajos niveles de corrupción). Según sus informes, España se encuentra en la actualidad en niveles de corrupción muy altos respecto de otros países miembros de la Unión Europea. Sólo entre 2005 y 2009, la corrupción política en España aumentó lo suficiente como para pasar del puesto 23 al 28 en el ranking mundial. En honestidad estamos muy por detrás de Alemania, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Finlandia, Dinamarca, Francia y Suecia, entre otros muchos. En 2014 se consolidó otra caída, la del año 2013, en el que España descendió diez puestos. Así pues, empatamos con Israel en el lugar 37. En nuestro ámbito regional, nuestro país ocupaba la posición 19, inmediatamente por debajo de Portugal y Polonia.¹⁵

Se trata, al fin y al cabo, de un juego de percepciones. Los españoles somos conscientes, ahora más que nunca, de que vivimos rodeados de un mar de corrupción que alcanza desde el municipio más pequeño hasta las más altas magistraturas del Estado. En este ejercicio de concienciación han desempeñado una labor primordial los medios de comunicación, que en los últimos años han destapado y se han hecho eco de numerosos escándalos. Las denuncias se multiplican y, con ellas, los casos y las investigaciones. Es difícil seguir de perfil ante este acuciante fenómeno; la paciencia está agotada. La crisis ataca con dureza a las carteras de los contribuyentes, que no están dispuestos a dejar pasar ni un acto de corrupción más por delante de sus narices. Los ciudadanos reaccionan con indignación y rabia ante la impunidad.

La realidad en los países de nuestro entorno no ayuda a calmar los ánimos. Constantemente los medios de comunicación hacen públicos titulares tan contundentes como: «Abandona su cargo el ministro de Defensa alemán por plagiar su tesis doctoral»; «El ministro de Presupuesto francés renuncia por tener una cuenta no declarada en Suiza»; «Ingresa en prisión el ex primer ministro portugués José Sócrates por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción y defraudación fiscal».¹⁶ Por el contrario, el político español se aferra al derecho fundamental de la presunción de inocencia, confundiendo lo que es la responsabilidad penal con la política, en la que la apariencia de probidad o no equivale a la existencia o inexistencia de la misma.

Desde luego, en España hay elementos característicos que, desde hace siglos, vienen contribuyendo a una caracterización bien definida de la corrupción, partiendo de la cultura regional en la que se enmarca, la idiosincrasia que aporta el Mediterráneo y algunos patrones comunes, como el papel esencial de la familia, de los círculos de amigos y las necesidades sociales, sin olvidar el componente histórico, que nos lleva a poner de presente los acontecimientos vividos desde finales del siglo XIX. La alternancia política de Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta se basaba por entonces en un caciquismo bien asentado, incluso en el siglo XX hasta la Segunda República. En esa época ya vimos el famoso escándalo del Straperlo, que a su vez dio origen al término «estraperlo» para referirse a todo aquello que se pasa de contrabando o de «tapadillo». La dictadura, con la anquilosada estructura franquista, fomentó todo tipo de corrupciones, y durante los años de la Transición se desperdició la oportunidad de erradicar definitivamente la corrupción.

El modelo de Estado en forma de dictadura es una corrupción política en sí misma. Crea además un escenario propicio para realizar estos actos, porque la opacidad y la nula transparencia los favorecen. Durante nuestra larga dictadura, se abonó un terreno ideal para alimentar ese círculo perverso de procesos de corrupción favorecido por el oscurantismo y la ausencia de rendición de cuentas. En definitiva, a causa de la falta absoluta de transparencia en el funcionamiento de las organizaciones públicas, la corrupción comenzó a echar raíces con la intención de quedarse por muchos años.

Patricio Orellana, administrador público en Chile y ex profesor de la universidad chilena, lo explica así: «La incorporación de la corrupción masiva, practicada por muchos de los políticos y jefes administrativos, ocurre cuando el sistema de control y equilibrios, propios de la separación de poderes, desaparece y es reemplazado por la concentración de todos los poderes en el Ejecutivo».¹⁷ Se cumple la premisa que lord Acton estableció como principio en la ética pública; a saber, que: el poder dictatorial lleva a la corrupción total: «El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres son casi siempre malvados».¹⁸

Los casi cuarenta años de dictadura han dejado inevitablemente una huella indeleble en todos los ámbitos de la vida pública española. En especial en la corrupción. No podía ser menos, ya que una gran parte de nuestra sociedad nació y vivió bajo su yugo. En esas condiciones, es inevitable que se instauren patrones de pensamiento erróneos acerca de cómo debe funcionar un gobierno, tanto entre quienes forman parte del mismo como en el resto de la sociedad. Durante ocho lustros se inculcaron conceptos muy alejados de los que implica la sociedad del bienestar: el acceso a la información pública, la buena gobernanza, la cohesión social de las comunidades y de los pueblos de nuestro entorno, la protección y el cuidado de los bienes y el respeto a lo público. Nos acostumbramos, en definitiva, a un determinado comportamiento de nuestros dirigentes y, de alguna forma, lo aceptamos.

Todavía hoy tenemos que seguir conviviendo con símbolos y actos que conmemoran y ensalzan la dictadura. En muchos colegios los niños siguen escuchando las excelencias del régimen de Franco para la economía española, las muchas empresas que se fundaron en la época y la cantidad de carreteras, autopistas, presas y pantanos que ordenó construir. Podría decirse que de una dictadura marcada por la corrupción la sociedad española ha heredado un modelo de Estado corrupto, o, cuando menos, propicio para la corrupción. En estos términos, Paul Preston ha sentenciado: «Subsiste el legado del franquismo en forma de corrupción y crispación».¹⁹ Y también: «El franquismo creó una cultura del robo y del pillaje al enemigo, de que el servicio público era para beneficio privado, que se perpetuó y creó hábitos».²⁰

Tras dicho período, nadie nos enseñó que nunca se debería haber pasado por esa situación; nadie la deslegitimó. Por tanto, el franquismo no fue el único responsable del nivel de corrupción que hoy sufre España. Durante la Transición no se tomaron las medidas precisas para acabar con ella o al menos reducirla drásticamente. De ahí que haya que corresponsabilizar a ese período del limbo de impunidad en el que parecemos flotar aún hoy. Estos antecedentes históricos bien podrían dar otra pista en la explicación de las características singulares de la corrupción en España.

En el plano internacional, vivimos en un mundo globalizado en el que las fronteras ya no son obstáculo para los corruptos. En ese escenario es importante reseñar que la criminalidad organizada supone un eje de funcionamiento sobre el que pivota la corrupción. La práctica totalidad de las organizaciones criminales no renunciarán a la práctica de técnicas corruptas si con ello consiguen mejor y mayor eficacia en su actuar delictivo. Más aún cuando se basa en la idea de buscar nuevos espacios de impunidad, gracias a que las «técnicas delictivas» van siempre por delante del desarrollo normativo. De ahí que la cooperación judicial sea un elemento esencial que considerar dentro de las políticas destinadas a combatir la corrupción, más aún en el entorno de los países de la Unión Europea.

Los tentáculos de la corrupción buscan expandirse y asentarse en el tejido económico y social de un país, y pueden ir emponzoñando, como una manzana podrida, todas sus redes de actuación. La creación de políticas de transparencia, facilitar el acceso a la información, fomentar la educación en valores y una verdadera política criminal son elementos que deben ser tenidos en cuenta.

El creciente impacto de la corrupción sobre los sistemas políticos y económicos de las naciones, sobre los derechos fundamentales de las personas, y la imposibilidad de combatirla sin acciones coordinadas de todos los estados que integran la comunidad internacional, han llevado a una serie de organizaciones internacionales a adoptar, en los últimos años, una serie de iniciativas vinculantes para luchar contra la corrupción desde las perspectivas nacional, internacional, privada y pública.²¹ Trabajar por una sociedad que funcione bajo parámetros de transparencia y rendición de cuentas es un inicio y un buen cambio de mentalidad. Esta nueva visión permitirá que se allane el camino en la lucha contra la corrupción. El objetivo es trabajar para evitar que se afiance la impunidad.

Los efectos de la corrupción son perniciosos, afectan directamente a las bases sobre las que se asienta la democracia.²² Atenta contra las obligaciones y deberes constitucionales de objetividad e imparcialidad que deben presidir las relaciones de los gobernantes con sus gobernados. Cercena la confianza del ciudadano en las instituciones democráticas y socava la legitimidad del Estado. Afecta a la distribución del gasto público, porque los recursos destinados a determinados sectores de producción se desvían hacia espacios privados de los funcionarios, los gobernantes corruptos o sus familiares.²³ Por último, la corrupción retrae la inversión extranjera, vulnera el principio de igualdad que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos y quiebra las relaciones con la Administración Pública.²⁴

En las líneas que siguen y en los capítulos que conforman este libro, me adentraré en el desarrollo histórico de algunos de los casos más destacados de corrupción a través de delitos como la prevaricación, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, el fraude y las exacciones ilegales, el fraude de subvenciones, las negociaciones prohibidas, el cohecho (activo y pasivo) y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales, completando la constelación con el nuevo delito de corrupción entre actores privados. En este recorrido, la impunidad, o la casi impunidad, ha sido una constante histórica, y la confrontación de este pernicioso fenómeno se asienta en la voluntad de combatirla y en la participación y la transparencia para vencerla.

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La corrupción en el franquismo

Las personas de mi generación tenemos una memoria vívida del franquismo. Aunque no sufrimos los momentos más crudos de la posguerra, sí que pudimos comprobar por nosotros mismos la crueldad de un régimen que, consciente de su final, aplicó una represión brutal sobre las facciones más progresistas de la sociedad, aquellas que querían el cambio.

Pero cuando recuerdo aquellos años, el sentimiento que me embarga no es el de rabia o de indignación, sino el de tristeza. Tristeza porque era un país gris y culturalmente atrasado, porque estábamos aislados de los movimientos que en Occidente buscaban ansiosamente nuevas formas de libertad, como el Mayo del 68 o las canciones de los Beatles o los Rolling Stones. Cuando pienso en aquellas tardes de domingo, no puedo dejar de sentir el vacío triste de un régimen de represión y lleno de ideas caducas. La muerte del dictador marcaba el episodio final de la dictadura, y de golpe se abrían perspectivas de futuro para toda una generación que había crecido sin horizontes, sin esperanza y con la tristeza pesada y húmeda de los casi cuarenta años de franquismo.

Un régimen dictatorial de corte fascista de casi cuatro decenios pesa como una losa y deja una profunda impronta en el carácter de la sociedad a la que oprimía. Para entender la España y a los españoles de hoy, es necesario estudiar y analizar su pasado reciente e, inevitablemente, la dictadura de Francisco Franco. Muchas de las dudas que puedan surgir sobre este país comienzan a disiparse estudiando el autoritarismo que marcó casi medio siglo XX. El conservadurismo y la reacción progresista de dos sectores de la nación son reflejo de lo acontecido durante aquellas décadas de represión. Una parte de la sociedad, cómoda en aquel sistema, conformista y feliz, viviendo en el espejismo de la paz y el desarrollo de la incipiente clase media, y, al otro lado, aquellos que ansiaban levantar la voz, soltarse de las cadenas de un Estado en el que los reproches social, jurídico, político y moral eran el mismo y provenían de un ideario de vida impuesto por unos pocos. El franquismo ha dejado huella y sigue marcando nuestra historia y, en cierto modo, nuestro presente, nuestra manera de hacer política, nuestra doble moral, nuestros antagonismos y también nuestra percepción de la corrupción.

No se puede afirmar, sin embargo, que exista un solo factor que explique la corrupción en España. Pero sí que es evidente que el establecimiento de estructuras de poder inamovibles, opacas y anquilosadas, junto con la impunidad de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura, han tenido un gran impacto en la configuración de un Estado marcado por la corrupción desde el comienzo; o, si quieren, marcado por el olvido del combate contra la corrupción.

La impunidad de los responsables de los graves crímenes contra la humanidad que se cometieron en España ha tenido unas consecuencias que van mucho más allá del evidente perjuicio individualizado de cada una de las víctimas, en todo caso de extrema gravedad. Dichas consecuencias se extienden a la sociedad en su conjunto, con repercusiones que en el actual contexto de crisis económica se sufren con especial severidad. Quizá por ello, me parecen especialmente perversas las opiniones de aquellos intelectuales y escritores o políticos progresistas (las de quienes quieren redefinir la historia del franquismo ya se asumen en su parcialidad) que, por querer defender la Transición de cualquier crítica, han cerrado toda posibilidad de un análisis objetivo en el que se establezca la realidad de lo acontecido. Agarrarse a toda costa a una supuesta reconciliación, sin considerar todos los factores que pesaron en ese momento de nuestra historia, así como los que intencionadamente se omitieron, es tanto como construir toda la historia bajo el prisma del interés particular o las preferencias de quien lo hace e imponer el olvido o la citada reconciliación por disposición oficial a muchos que, entre otras cosas, no participaron en la misma.

Como afirma Antonio Navalón: «La verdad es que, formalmente, España desde la Transición ha creado un sistema democrático que, en principio, es impecable. Sin embargo, el problema es que los protagonistas de la Transición, mi generación, al atravesar el Jordán de la reconciliación sin sangre, consideraron que se habían ganado el derecho casi sistémico a producir abusos… por el bien del pueblo. Aunque el bien muchas veces consistiera en apropiarse de las cuentas corrientes y la víctima fuera siempre la institucionalización. La corrupción pone de manifiesto lo que parecen olvidar los pueblos, por una parte, y los dirigentes, por otra: los políticos vienen del pueblo al cual traicionan, usando la corrupción como un arma, aunque sea aparente, de desarrollo social… La paradoja de todo esto es que la democracia ha provocado dos situaciones: primera, que la clase política suplante el poder popular; segunda, que cuando los políticos cometen el delito de alta traición, robando al pueblo, éste sigue votándoles.»

Gran parte de la sociedad española de hoy nació y vivió bajo la dictadura. Casi cuarenta años de represión, en los que se instauraron a fuego ideas perniciosas acerca de cómo debe funcionar un Gobierno, no sólo entre aquellos que formaron parte de él, sino en el resto de la sociedad. Tiempos en los que se inculcaron conceptos, comportamientos y planteamientos sesgados o claramente equivocados, que además se convirtieron en costumbre. Sin olvidar la imposibilidad de opinar, de expresar ideas distintas de las oficiales o de hablar de temas políticos que no se ajustaran al

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