El reconocimiento español de las repúblicas latinoamericanas: el fin del «estado de incomunicación» entre las partes

Carlos Malamud

El reconocimiento de las nuevas repúblicas americanas, surgidas del viejo tronco imperial español, por parte de la antigua potencia colonial fue un proceso largo y complicado que se extendió durante casi todo el siglo XIX. Es más, se podría decir que fue muy complejo y muy dilatado en el tiempo. Si tenemos en cuenta la fecha de los primeros movimientos independentistas (1809) y el fin del periodo considerado, habría que contar casi un siglo. Si sólo computamos los años que van del primer reconocimiento (1836) al último (1894) son poco menos de seis décadas. De todos modos, España se tomó mucho tiempo para establecer relaciones diplomáticas formales con sus antiguas colonias, aunque, como se puede ver en los distintos capítulos de este libro, si las negociaciones se alargaron más allá de lo razonable fue por motivos atribuibles a todas las partes implicadas y no únicamente a la exmetrópoli.

En efecto, toda esta intrincada urdimbre diplomática comenzó con la aceptación formal de la independencia de México en 1836 y culminó con la de Honduras en 1894. En el ínterin se produjo la firma de otros tratados: Ecuador (1840), Chile (1844), Venezuela (1845), Bolivia (1847, aunque sólo fue ratificado por España en 1861), Costa Rica (1850), Nicaragua (1850), Argentina (1863, aunque dos versiones anteriores se firmaron en 1857 y 1859), Guatemala (1863), El Salvador (1865), Uruguay (1870, hubo dos previos en 1841 y 1846), Perú (1879, un texto no ratificado se concluyó en 1853), Paraguay (1880) y Colombia (1881). Si a esto le agregamos el reconocimiento de Brasil (país con el que se establecieron relaciones diplomáticas en 1834, aunque el primer acuerdo consular se firmó en 1863) y de otros países igualmente originarios del imperio español pero con situaciones algo diferentes, como República Dominicana (1855), Panamá (1904) o Cuba (1927), se puede ver cómo la complejidad de los acontecimientos aquí abordados es aún mayor, en un proceso lleno de marchas y contramarchas.

Del lado español, entre las cuestiones que impidieron un rápido reconocimiento hay que mencionar que los primeros años posteriores a la independencia se fueron en los intentos infructuosos de las autoridades peninsulares, tanto de los liberales como de Fernando VII, de reconquistar por la fuerza de las armas los territorios perdidos. Una vez constatada la imposibilidad de una aventura de este calibre se intentó echar mano de las soluciones diplomáticas, pero las guerras carlistas, las revoluciones y los constantes cambios de gobierno, e incluso de régimen, poco ayudaron al reconocimiento de las repúblicas latinoamericanas. De ahí las grandes diferencias existentes entre el rápido reconocimiento por parte de la Corona británica de la independencia de las Trece Colonias y el largo proceso en que se vieron involucradas las antiguas colonias americanas y los diferentes gobiernos españoles. Al listado de las numerosas causas que por parte española demoraron más allá de lo razonable el reconocimiento de ciertos países americanos hay que agregar las fracasadas experiencias neocoloniales de mediados del siglo XIX, como muestran el respaldo inicial de Madrid a la aventura mexicana de Maximiliano, o el envío de una escuadra naval a las costas de Chile y Perú, en el que también se vieron involucrados Bolivia y Ecuador. El bombardeo español contra Valparaíso, en marzo de 1866, dejó un sabor muy amargo entre los chilenos y el resto de los países americanos acerca de las reales aspiraciones españolas y permitieron que reemergiera un sentimiento antihispano muy potente.

Desde la perspectiva latinoamericana también afloraron multitud de problemas que terminaron obstaculizando las negociaciones diplomáticas. Para los nuevos países el reconocimiento de la antigua metrópoli no sólo significaba un espaldarazo político sino también, en la medida en la que fuera acompañado por la admisión de las fronteras vigentes, un respaldo en las disputas que los distintos gobiernos tenían con sus respectivos vecinos por el trazado de los límites fronterizos. En este sentido, el reconocimiento de los países centroamericanos, que estuvieron inicialmente unidos en la Confederación Centroamericana, fue un caso verdaderamente paradigmático por las dificultades que debió enfrentar y las continuas zancadillas que se ponían los países vecinos entre sí al objeto de defender sus particulares intereses. De ahí que las autoridades españolas fueran con pies de plomo en esta cuestión. Para algunas de las nuevas repúblicas latinoamericanas el reconocimiento español, al igual que el de otros países europeos y el de Estados Unidos, era vital para su propio futuro político. Paraguay, cuya independencia fue negada durante largas décadas por el gobierno de Buenos Aires, es un claro ejemplo de lo que aquí se quiere decir. Prueba de la gran importancia que el gobierno paraguayo dio a las negociaciones con España de un tratado de reconocimiento, considerado vital para su desarrollo como país independiente, fue el hecho de que enviara a Francisco Solano López, hijo del presidente Carlos Antonio López, al frente de la delegación que en 1853 debía tratar con los representantes españoles, tal como señala Liliana Brezzo. Se da la especial circunstancia de que a la muerte de Carlos López, en 1862, su hijo Francisco Solano le sucedió en la presidencia.

A esto hay que agregar, como no podía ser de otro modo, los constantes cambios de gobierno en los países latinoamericanos, un hecho que se alzó igualmente como un obstáculo que tener presente a lo largo de todo el proceso. También deben tenerse en cuenta las transformaciones políticas dentro de los países. Esto se observa, por ejemplo, en el caso argentino. Si bien se firmó un primer acuerdo de paz y amistad en 1859 entre España y la Confederación Argentina, el veto de la provincia de Buenos Aires llevó a la no ratificación del tratado (básicamente por desavenencias en torno al concepto de nacionalidad consignado en el texto oficial). De este modo, hubo que esperar a 1865, una vez completado el proceso de reunificación nacional, para que se cerrara el acuerdo definitivo entre ambas partes.

Otro elemento importante que se manifestó de forma permanente, aunque con perfiles diferentes, a lo largo de todo el proceso fue la presencia de actores extrarregionales, fundamentalmente Estados Unidos y algunas potencias europeas, que intentaban influir directamente sobre las negociaciones, especialmente si éstas tocaban cuestiones comerciales, financieras o económicas sensibles a sus intereses particulares, o afectaban estatus previamente reconocidos de países más favorecidos. La presencia de estos actores extrarregionales se veía reforzada bien porque algunos países latinoamericanos solicitaban su mediación ante España para agilizar el reconocimiento o bien porque algunas potencias extranjeras querían aumentar su presencia política, comercial, económica y financiera en América Latina a partir de un rápido reconocimiento de las nuevas repúblicas. De ahí la importancia de analizar el papel desempeñado por las diplomacias de Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, o naciones más periféricas como Prusia, Rusia y Austria. Incluso algunos países pequeños como Países Bajos, las repúblicas hanseáticas de Bremen, Lübeck y Hamburgo, o Cerdeña tuvieron un cierto protagonismo. Tampoco hay que olvidarse de la Santa Sede, ya que en este caso concreto las cuestiones diplomáticas se confundían con las eclesiásticas y con el deseo del Vaticano y de los diferentes gobiernos americanos de designar a los obispos y otros altos cargos religiosos.

De ahí que el principal objetivo de este libro colectivo sea el de intentar no sólo describir las líneas maestras del proceso del reconocimiento español de la independencia de las nuevas repúblicas americanas, tratando de dar las principales claves del mismo, sino también responder a una serie de cuestiones básicas que permitan una mejor comprensión del mismo proceso. Entre las preguntas centrales está la de si todos los tratados firmados eran iguales o seguían un mismo patrón. También por qué un tratado se firmó en una fecha y no en otra o cuáles fueron los elementos que más condicionaron el resultado final. También se incluye el análisis del reconocimiento de Brasil y de otras repúblicas americanas (República Dominicana, Cuba y Panamá) cuyos patrones de independencia o creación son diferentes a los de aquéllas formadas tras la crisis imperial de comienzos del siglo XIX.

Si bien en líneas generales los tratados seguían un mismo modelo, luego adaptado a las distintas realidades nacionales y temporales, se puede decir que los temas incluidos en los tratados eran básicamente los mismos y que tanto en esta introducción como en los distintos capítulos nacionales se abordan con más profundidad. Sin embargo, a partir del tratado firmado con Perú en 1879 se pasó a un formato mucho más reducido y sucinto. El tratado con Perú tiene cinco artículos, al igual que el de Colombia, mientras que el tratado con Paraguay cuenta sólo cuatro. Este tratado fue firmado tras la guerra de la Triple Alianza, que tuvo funestas repercusiones para el país. En esta contienda bélica no sólo la población paraguaya sufrió una importante contracción, consecuencia de la guerra y sus derivaciones sanitarias, sino que también las arcas del Tesoro estaban prácticamente vacías, lo que hacía prácticamente imposible, por ejemplo, que prosperara cualquier reclamación por el tema de la deuda.

A lo largo de las negociaciones, las condiciones concretas impuestas o exigidas por las partes, como los temas del reconocimiento de las deudas previas a las independencias, los requisitos para la obtención o el reconocimiento de la nacionalidad y las concesiones comerciales también tuvieron su importancia e influyeron sobre los tratados finalmente acabados. La postura española descansaba sobre la premisa de que las nuevas repúblicas, al ser herederas del imperio español, no sólo debían beneficiarse de los derechos de esta situación, sino también hacerse responsables, de manera proporcional, de las obligaciones existentes en el momento de la independencia. De todos modos, el contenido de cada tratado, si bien la mayoría respondía a una matriz común, dependía de la forma en que se había roto el vínculo colonial: con guerras o sin ellas, con expropiaciones a los nacionales de uno u otro país, con reconocimiento de las deudas previas, etcétera. Tampoco se debe olvidar la mayor o menor rigidez de los negociadores en cada caso concreto, la existencia de líneas rojas o temas inasumibles, o las facilidades dadas a los diplomáticos por los gobiernos para llegar a un acuerdo.

En el caso de la negociación con Guatemala el tema de la nacionalidad se convirtió en un gran obstáculo, como demuestra José Edgardo Cal Montoya en su trabajo, lo que permite explicar por qué el tratado con Guatemala se firmó 13 años más tarde que los de Nicaragua y Costa Rica. Las cosas llegaron a un extremo tal que las autoridades guatemaltecas, en 1860, con el fin de cerrar la negociación, plantearon suprimir el artículo sobre la nacionalidad de los españoles residentes en Guatemala e incluir una cláusula que señalara que hasta que no se acordara lo contrario, el estatus de los hijos de españoles en Guatemala y el de los hijos de guatemaltecos en España se regiría por la legislación de cada país. Pese a una interrupción momentánea de la negociación, ésta finalmente se cerró con la fórmula propuesta en mayo de 1863.

Era tal la magnitud de los obstáculos a los que se enfrentaban los negociadores que no era infrecuente ni la firma de un tratado que parecía adecuado a los diplomáticos o políticos enviados a negociar pero que luego, por motivos variados, alguno de los dos Estados implicados no ratificaba, ni tener que esperar largos años para que la ratificación se produjera, como ocurrió con Bolivia. Uruguay, como recuerda Juan Oribe Stemmer, es uno de los casos más interesantes, ya que antes de cerrarse el tratado de 1870 se firmaron otros dos, en 1841 y 1846, que no fueron ratificados por España, en buena medida por la situación de guerra civil que se vivía en Uruguay y porque, de firmarse con una sola de las partes, podía comprometer el futuro de la relación bilateral. Perú también firmó un primer tratado en 1853, que no llegó a ratificarse por la oposición tanto del Ejecutivo como del Legislativo peruanos. Como señalan Cristóbal Aljovín y Francis Chávez, se consideraba que el contenido del tratado ponía a Perú en una situación poco afortunada, ya que la independencia peruana era descrita como una concesión benevolente por parte de España.

Las principales razones del reconocimiento tardío y prolongado

Las rápidas alternancias en España entre gobiernos constitucionales y absolutistas de 1808 a 1824 impidieron una solución negociada de los procesos independentistas puestos en marcha en la América española a partir de la ocupación napoleónica de la península Ibérica. Inclusive, como bien señala Agustín Sánchez Andrés en el capítulo de este libro dedicado a México, tampoco pudieron consumarse los proyectos de impulsar la creación de tres imperios confederados en América (Nueva España, Nueva Granada y Perú) o de cualquier otro proyecto de corte monárquico que podría haber servido como solución transaccional.

De todos modos hay que dejar constancia de que en España, en las décadas iniciales del siglo XIX, eran mayoría los que abogaban por mantener la unidad del imperio, como muestra el hecho de que tanto los absolutistas como los liberales estuvieron detrás de la Comisión de Reemplazos de Cádiz, el órgano creado en su momento para financiar las expediciones militares que debían recuperar con la fuerza de las armas los territorios en manos de los independentistas. Es más, en febrero de 1822, las Cortes españolas rechazaron una propuesta impulsada por los diputados liberales más radicales a favor de reconocer la independencia de las antiguas colonias. En ese periodo, como apunta María José Henríquez Uzal en su capítulo sobre Chile, hubo un intento conjunto de varios gobiernos sudamericanos (Río de la Plata, Venezuela, Nueva Granada y Chile) de contactar con el embajador español en Londres para finalizar la guerra y comenzar las negociaciones de paz, pero como lo esencial de la postura española no había cambiado, pese al intervalo liberal, las tratativas no prosperaron. No se debe olvidar que en 1822 Estados Unidos, por propia iniciativa, reconoció a los nuevos Estados americanos y que en 1824 hizo lo propio con Brasil. En 1825 Gran Bretaña tomó una medida similar al reconocer a Brasil, México, Colombia y el Río de la Plata, y en 1831 a Chile. Francia reconoció la independencia de Chile en 1830.

A fines de 1823, y una vez producido el abrupto final del Trienio Liberal en España, el presidente de Estados Unidos, James Monroe, con ocasión de su mensaje anual al Congreso de su país, hizo público el contenido de lo que luego sería conocido como doctrina Monroe, cuyo contenido es atribuido a John Quincy Adams. En su informe Monroe decía que, en función de los intereses de su país, «los continentes americanos, por la condición de libres e independientes que han adquirido y mantienen, no deben en lo adelante ser considerados como objetos de una colonización futura por ninguna potencia europea». Posteriormente la llamada doctrina Monroe sería sintetizada con la fórmula de «América para los americanos», lo que según la mayor parte de las interpretaciones al uso se consideró como el punto de partida del imperialismo norteamericano sobre América Latina. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, el interés de Estados Unidos por el resto del hemisferio fue prácticamente nulo, salvo en lo relativo a los territorios mexicanos fronterizos y al Caribe. Por el contrario, el pronunciamiento de Monroe fue bien recibido en algunos países sudamericanos, como Chile, que veían en él un respaldo frente a las pretensiones de reconquista militar de Fernando VII y sus aliados absolutistas y antirrepublicanos.

El fin del Trienio Liberal en 1823 y la nueva recaída absolutista reforzaron la línea más refractaria al reconocimiento de las independencias y partidaria, incluso, de recuperar los territorios coloniales con la fuerza militar. Si bien inicialmente Fernando VII tuvo el respaldo de la Santa Alianza en sus sueños imperiales, y con ella el sostén de Francia y Rusia, Gran Bretaña se opuso tajantemente a sus pretensiones y, de alguna manera, se convirtió en la principal baza de los líderes independentistas americanos para avanzar en el reconocimiento de sus gobiernos por parte de otras naciones europeas. Esta coyuntura reforzó al mismo tiempo las tendencias monárquicas existentes en diversos países latinoamericanos, como nos recuerda Eugenia Bridikhina en su capítulo sobre Bolivia.

Distintos países, como México, intentaron negociar con España el reconocimiento de sus independencias con ayuda de la mediación británica o utilizando a Londres como lugar neutral, pero la oposición firme de Fernando VII a cualquier acuerdo que no implicara la recomposición del viejo imperio hizo descarrilar todas las gestiones en ese sentido. Pese a ello, en 1832 Gran Bretaña propuso a España convocar en Londres una reunión de ministros plenipotenciarios españoles y americanos para resolver el conflicto pendiente, pero sin que se produjeran avances notables. De hecho, hubo que esperar a la muerte del monarca, en 1833, para que se desbloqueara el proceso de reconocimiento de las nuevas repúblicas, que comenzaría tres años más tarde a partir de la firma de un tratado con México. Un caso interesante es el de Chile, cuyo gobierno ordenó ese mismo año el establecimiento de relaciones comerciales con España. Esta medida fue sorprendente, especialmente si se tiene en cuenta que en 1827 Chile suspendió todas las gestiones tendientes al reconocimiento de su independencia con cualquier gobierno, por entender que las mismas degradaban el honor nacional. En 1834, tras el inicio del gobierno del liberal moderado Francisco Martínez de la Rosa en Madrid, pareció que finalmente había llegado el momento de convocar la reunión propuesta por Gran Bretaña. Sin embargo, esta vez tampoco hubo éxito.

Por las mismas fechas, según relata María José Henríquez Uzal, México propuso realizar en su territorio una reunión con representantes de todos los países americanos independientes con el objetivo de encontrar un mínimo común denominador en la negociación con España. Las respuestas latinoamericanas fueron tímidas y se caracterizaron por la ausencia de entusiasmo. Al mismo tiempo, éstas evidenciaron las grandes divisiones y contradicciones existentes entre unos y otros gobiernos de la región, un tema que dificultaría el éxito posterior de las negociaciones con España y que, de alguna manera, ayuda a interpretar lo prolongado y complejo del proceso. Cada país quería negociar por sí mismo (como en los casos de México o Venezuela), sin la necesidad de llegar a una posición común. Si el reconocimiento de la independencia de Estados Unidos por Jorge III de Gran Bretaña tras la firma del Tratado de París (1783) fue un proceso rápido, esto se debió no sólo a la posición de las partes implicadas, sino también a que la exmetrópoli sólo se enfrentó a una negociación a dos y no a múltiples bandas, con posturas inclusive contradictorias entre sí, que en algunas ocasiones obligaban a la parte española a tomar partido a favor de alguna república latinoamericana enfrentada a sus vecinos, algo que España no quería hacer.

Al mismo tiempo que había países que intentaron por todos los medios avanzar en sus negociaciones con España y firmar tratados de paz y amistad, y en algunos casos de comercio o navegación, hubo otros que se mostraron mucho más renuentes a aceptar las exigencias españolas. Entre ellos destacan las Provincias Unidas del Río de la Plata, embrión de lo que posteriormente sería Argentina. En el caso argentino llama la atención la coincidencia en el rechazo a España tanto de Juan Manuel de Rosas, el autoritario y conservador gobernador de la provincia de Buenos Aires, como el de sus opositores más liberales.

De la misma manera en que Gran Bretaña y Estados Unidos habían evitado muchas aventuras militares españolas en América, los dos países anglosajones también se opusieron a cualquier modificación del statu quo en el Caribe. Un ejemplo de esto último fue el fracaso del plan colombo-mexicano de enviar una expedición militar a Cuba para aflojar la presión española contra sus propios territorios. Hay otro argumento que vale la pena no perder de vista para entender las posturas tan encontradas de ambas partes, y es que la construcción de las identidades americanas comenzó inicialmente por la negación y el rechazo de todo lo español que pudieran contener. Había que transformar a los españoles americanos en americanos a secas, y eso supuso, en numerosas ocasiones, cargar las tintas contra la España tiránica, rural, atrasada y católica, especialmente por parte de los sectores más próximos al liberalismo en las distintas repúblicas originadas en el imperio español. En esta remozada versión de la leyenda negra se insistía en el carácter depredador de la Administración española, que se centraba en esquilmar a sus colonias. Las aventuras coloniales de la segunda mitad del siglo XIX avivaron unas brasas todavía ardientes. Con recelos semejantes es lógico entender la prevención con la que muchas veces los negociadores americanos se enfrentaban a su contraparte española. El proceso de construcción identitaria se afianzó posteriormente mediante la diferenciación con los vecinos, lo que explica el enorme peso de los nacionalismos en las diferentes historias nacionales de América Latina.

Tras la muerte de Fernando VII los liberales españoles volvieron al primer plano de la escena política, y con ellos la posibilidad de comenzar a resolver el problema de las consecuencias de la pérdida de la mayor parte del imperio americano. De hecho, la regencia de María Cristina, como señalan Agustín Sánchez Andrés y Marco Antonio Landavazo Arias, puso en marcha una nueva política americana dirigida a restablecer las relaciones con las antiguas colonias. Esto se hizo en parte por convencimiento y en parte porque la negativa a reconocer a las nuevas repúblicas dejaba abiertas numerosas cuestiones y reclamaciones de todo orden, tanto públicas como privadas, comenzando por la exigencia de compensaciones provenientes de ambos lados del Atlántico. Entre las numerosas cuestiones abiertas se pueden mencionar temas vinculados a la propiedad (fueron numerosas las incautaciones hechas por ambos bandos durante las guerras), herencias, deudas a particulares y al Estado español (incluyendo la deuda externa española) o litigios sobre ciudadanía, entre otras. Todos estos frentes abiertos impulsaban a un rápido entendimiento, pero al mismo tiempo, como ya se ha podido observar, los impedimentos para poner término al «estado de incomunicación» entre ambas partes eran enormes.

Fue precisamente la idea de «poner fin al estado de incomunicación» entre España y sus antiguas colonias la que presidió buena parte de los tratados firmados. El concepto apareció ya en el primero, firmado con México, y se repitió posteriormente en muchos otros. En el preámbulo del tratado hispano-mexicano se puede leer que tanto la República mexicana como la Corona española deseaban:

[…] vivamente poner término al estado de incomunicación y desavenencia que ha existido entre los dos gobiernos y entre los ciudadanos y súbditos de uno y otro país, y olvidar para siempre las pasadas diferencias y disensiones, por las cuales desgraciadamente han estado tanto tiempo interrumpidas las relaciones de amistad y buena armonía entre ambos pueblos, aunque llamados naturalmente a mirarse como hermanos por sus antiguos vínculos de unión, de identidad de origen y de recíprocos intereses, han resuelto en beneficio mutuo, restablecer y asegurar permanentemente dichas relaciones por medio de un tratado definitivo de paz y amistad sincera.

Ideas similares figuran en la mayor parte de los tratados y la idea de poner fin a la incomunicación entre los gobiernos y los pueblos también está recogida en los tratados firmados con Ecuador, Chile, Costa Rica y Paraguay. Los tratados con Guatemala y El Salvador utilizan una fórmula diferente aunque con repercusiones similares, al tratarse de «pueblos de una misma familia, cuya comunicación no ha sido interrumpida, y que afortunadamente no tienen que ofrecerse, al cimentar sus relaciones, el olvido recíproco de hostilidades y desavenencias que nunca tuvieron lugar entre ellos».

En diciembre de 1833, el gobierno de Francisco Cea Bermúdez abogó ante la regente María Cristina por el reconocimiento de las nuevas repúblicas. En esta propuesta se señalaban «las ventajas inmensas que seguirían al Reino de facilitarse cuanto antes las relaciones amistosas de sus súbditos con los países de la América». Ésta tenía importantes implicaciones económicas, ya que sus impulsores pensaban que de ese modo se podría, entre otras ventajas, aliviar la presión sobre la deuda externa española, en la medida que fuera posible negociar un reparto del pago con las nuevas repúblicas, a las que debía considerarse herederas del viejo tronco imperial. El argumento central era que las nuevas repúblicas asumieran parte de la deuda externa en la que incurrió España antes de las independencias. En agosto del año siguiente se hizo público el intento gubernamental de redactar una ley para reconocer a las nuevas repúblicas. A fines de ese año, se ordenó al embajador español en París que propusiera a sus colegas hispanoamericanos acreditados en Francia que instaran a sus gobiernos a declarar el cese de hostilidades con España y el restablecimiento de las relaciones comerciales como paso previo para el reconocimiento de las independencias.

Sin embargo, como se pudo ver a lo largo de todo el siglo XIX, ni la sola voluntad política ni el consenso de buena parte de los actores políticos, económicos y sociales eran suficientes para resolver un problema tan complicado y con tantas aristas tan diferentes. No debe olvidarse que un largo periodo del siglo XIX español, que a grandes rasgos coincidió con los momentos centrales de la negociación de los tratados de reconocimiento, estuvo marcado por los enfrentamientos entre liberales y absolutistas, que tuvieron en las guerras carlistas sus momentos de mayor intensidad. Fueron precisamente los absolutistas los que tuvieron una postura más intransigente en lo relativo a la cuestión colonial y esto condicionó el resultado de todo el proceso. En este contexto, los liberales no podían forzar demasiado la negociación con los representantes latinoamericanos, especialmente en las cuestiones más sensibles, como el reconocimiento de la deuda externa, si no querían ser acusados de antipatriotas por los defensores del Antiguo Régimen.

Como ya se ha señalado, la nacionalidad se convirtió en un elemento central de la negociación, ya que según quién pudiera ser reconocido como ciudadano o súbdito de un país así variarían sus derechos a reclamar o a beneficiarse de algunos de los supuestos recogidos en el tratado correspondiente. Esta cuestión no fue incluida en el primer tratado firmado, con México, aunque sí fue motivo de reclamaciones posteriores. De ahí que ya en el tratado firmado con Ecuador se convirtiera en un factor de disputa. Por lo general se enfrentaban los criterios con los que se aplicaban los principios de ius soli y ius sanguinis para determinar la nacionalidad. En el convenio firmado con Ecuador se establecía que los españoles que se hubieran naturalizado como ecuatorianos no podían volver a demandar su nacionalidad de origen.

En la negociación con Chile, la propuesta española quería aplicar el principio de ius soli para los hijos de sus súbditos nacidos en Chile, pero el de ius sanguinis para los hijos de chilenos «nacidos en el extranjero», una fórmula algo confusa y que motivaría consecuencias posteriores. Finalmente el artículo 7 del tratado quedó redactado de la siguiente manera:

Como la identidad de origen de unos y otros habitantes, y la no lejana separación de los dos países pueden ser causa de enojosas discusiones en la aplicación de lo hasta aquí estipulado entre Chile y España, consienten las partes contratantes: primero, en que sean tenidos y considerados en la República de Chile como súbditos españoles los nacidos en los actuales dominios de España y sus hijos, con tal que estos últimos no sean naturales del territorio chileno; y se tengan y respeten en los dominios españoles como ciudadanos de la República de Chile los nacidos en los Estados de dicha República y sus hijos.

En el tratado con Venezuela el tema de la nacionalidad tiene un tratamiento más pormenorizado, diferenciándose claramente el caso de los españoles del de los venezolanos (arts. 1, 2 y 13).

Los primeros tratados

El primer país hispanoamericano en ser reconocido por España fue México, tras la firma del correspondiente tratado de paz y amistad. Previamente, en 1834, se habían establecido relaciones diplomáticas con Brasil. La cuestión importante en este punto es por qué México fue el primero y no otros. La respuesta a este interrogante debe tener en cuenta factores presentes en las dos partes, algunos comunes y otros no. Para España, México había sido su gran colonia en el siglo XVIII y principios del XIX, el mercado más importante para sus exportaciones y el mayor proveedor de plata. Para México, España era, por distintas razones (políticas, culturales, históricas y también económicas y comerciales) un referente destacado, pese a las relaciones que ya mantenía con Gran Bretaña y Estados Unidos. A esto hay que agregar la gran flexibilidad mostrada por ambas partes. En el caso mexicano, el deseo de llegar a un compromiso con España fue mayor que el mostrado por otros países americanos y esto se vio en el desenlace final.

En mayo de 1834, diez años después de que Gran Bretaña reconociera a México como un Estado independiente, comenzaron en Londres las negociaciones entre México y España, para proseguir luego en Madrid gracias a las gestiones del conde de Floridablanca. El compromiso español de que a cambio del reconocimiento no se exigirían compensaciones de ningún tipo facilitó las cosas y aceleró las negociaciones, que en 1835 tuvieron un gran impulso. Como señala Agustín Sánchez Andrés, el hecho de que el gobierno mexicano hubiera reconocido, en 1824, como propia la deuda contraída por las autoridades virreinales antes de 1821 fue de gran ayuda en el éxito de las negociaciones, a pesar de los continuos cambios de gobierno ocurridos en España entre 1835 y 1836. Solventados estos temas, las facilidades puestas por ambas partes y el hecho de que la discusión se centrara en los beneficios comerciales que ambos países pudieran adquirir condujeron a un rápido y favorable desenlace, pese a algunos contratiempos importantes. El principal fue la oposición de Gran Bretaña y Estados Unidos, que ya eran reconocidos con el tratamiento de «naciones más favorecidas» por México, a la concesión de beneficios arancelarios a España, superiores a los que ellos recibían. Sin embargo, la apertura unilateral de los puertos mexicanos terminó de derrumbar las últimas resistencias españolas.

Finalmente el 28 de diciembre de 1836 se firmó solemnemente el Tratado de Paz y Amistad entre México y España, un tratado de ocho cláusulas, un preámbulo y un artículo secreto adicional, que recogía el compromiso mexicano de respetar la soberanía española en Cuba. La firma de este primer tratado teóricamente facilitaba la firma de tratados similares que deberían haber llevado en un lapso de tiempo prudencial al reconocimiento de todos los nuevos países americanos, aunque esto no fue así. Sin embargo, la firma del tratado con México sí abrió la puerta para la conclusión de otros posteriores. Junto a México, Venezuela y Uruguay fueron los primeros países en enviar sus representantes a España para negociar un acuerdo, mientras Ecuador se mantenía a la expectativa de los resultados que pudieran obtenerse, tal como recuerdan Sánchez Andrés y Landavazo. Las primeras negociaciones con Venezuela fracasaron por la negativa venezolana a asumir una parte de la deuda externa española contraída con anterioridad a su independencia.

Esta ruptura incidió directamente sobre el resto de las negociaciones en marcha, como ocurrió con Ecuador. El responsable ecuatoriano de la negociación, José Modesto Larrea, le escribió al presidente del Consejo de Ministros español en los siguientes términos:

Si el reconocimiento de una parte proporcional de la deuda española por los Estados de la América del Sur, es el ultimátum del gobierno de S. M. para restablecer nuestras antiguas relaciones y celebrar tratados, el infrascrito tiene el sentimiento de exponer con sinceridad a V. E., que él considera innecesaria su presencia en esa Corte, en atención a que el Gobierno del Ecuador no lo ha autorizado para acceder a una condición tan onerosa.

Manifestaciones similares se repiten en negociadores de otros países. Frente a esta situación, el venezolano Andrés Bello, al servicio de la diplomacia chilena, se inclinó claramente por el predominio del derecho internacional como único modo de contrarrestar la voluntad omnímoda de las grandes potencias. Como el tratado firmado con México incluía la cuestión de la deuda y le daba una solución favorable a las tesis españolas, este hecho condicionó las negociaciones posteriores y las dilató en el tiempo en función de sus aspiraciones. En algunos casos, como el ecuatoriano, frente a la posición española de reclamar por la deuda externa, los gobiernos americanos pretendieron el pago de indemnizaciones por los daños provocados por las tropas monárquicas durante las guerras de independencia.

El contenido de los nueve artículos del tratado firmado con México, incluyendo el último y secreto, refleja claramente los temas de agenda presentes en todas las discusiones sobre el reconocimiento de los países americanos, aunque luego ésta evolucionara con el tiempo y en relación con cada caso concreto. Así se comienza por reconocer como «nación libre, soberana e independiente» a México, incluyendo la descripción de todos los territorios integrados en su jurisdicción (art. 1). Tras proclamar un «total olvido del pasado» se declara una amnistía que afecta por igual a mexicanos y españoles (art. 2), se reconoce la capacidad de ambos de «reclamar y obtener justicia» y pleitear por las deudas pendientes (art. 3). Desde la perspectiva comercial se declara el compromiso de las partes de firmar un acuerdo de comercio y navegación (art. 4), de reconocer para la otra parte contratante, y sus súbditos y ciudadanos, los beneficios de «nación más favorecida» (art. 5) y de garantizar la seguridad jurídica para los comerciantes de ambos países (art. 6). A la vista de las medidas asumidas por las autoridades mexicanas para hacerse cargo de las deudas contraídas por las autoridades virreinales antes de 1821, España renuncia a cualquier reclamación al respecto (art. 7). El artículo final incluye los plazos establecidos para la ratificación del tratado, y el último y secreto, como ya se mencionó, garantiza la no utilización del territorio nacional para «maquinar» acciones de ningún tipo contra el territorio del otro o de sus posesiones, en directa alusión a Cuba.

Los tratados posteriores, si bien recogen la mayor parte de los temas aquí presentes, se adaptaron a cada caso concreto, teniendo en cuenta las peculiaridades nacionales, incorporando o quitando temas en función del país y de la coyuntura temporal en la que fueron firmados. Esto hace que el número de artículos sea variable y que inclusive el orden de los temas cambie de tratado a tratado. Ecuador fue el segundo país en concluir un tratado con España, pese a que su independencia formal recién se alcanzó en 1830, tras su separación de la Gran Colombia. El trazado de las fronteras ecuatorianas con Colombia y Perú era claramente deficiente y esta cuestión condicionó hasta bien entrado el siglo XX las relaciones internacionales ecuatorianas. De hecho, introdujo un nuevo problema en las negociaciones entre las repúblicas latinoamericanas y España, la cuestión limítrofe, que podía afectar por igual a distintos países y que tenía su mismo origen en la estructura del viejo imperio español. Las presiones de unos y otros por incluir determinados elementos claves para el trazado de la frontera, según las particulares interpretaciones del tema, en algunos casos tendieron a dilatar las negociaciones mucho más de lo razonable, como muestra claramente el caso de los países centroamericanos.

En el caso concreto de Ecuador, su gobierno reclamaba la titularidad de las provincias de Jaén de Bracamoros y Mainas, en manos de la Confederación Peruano-Colombiana, reclamando la vigencia del derecho de uti possidetis. Mientras Quito quería incluir todos los territorios que teóricamente le pertenecían, el gobierno español prefería que en los tratados de reconocimiento sólo se incluyeran, de manera genérica, los territorios recogidos por la Constitución de cada Estado. España buscaba no verse involucrada en los futuros conflictos de límites entre las distintas repúblicas latinoamericanas. Finalmente se llegó a un acuerdo que satisfizo a ambas partes. Como apuntan Sánchez Andrés y Landavazo:

El gobierno español se limitó a reconocer la cesión de los territorios comprendidos en la ley constitucional ecuatoriana en virtud del uti possidetis, mientras que el de Ecuador dejaba abierta la puerta para reclamar a sus vecinos los territorios en disputa, ya que el tratado extendía dicha cesión a «otros cualesquiera territorios que legítimamente correspondan o pudieran corresponder a dicha República del Ecuador».

El tema del reconocimiento alargó las negociaciones con Ecuador durante cuatro años, aunque las presiones de los productores de cacao, establecidos en Guayaquil, por mantener abierto el mercado español, su principal comprador, presionaron en la otra dirección. En 1839, el año anterior a la firma del tratado con Ecuador, si bien España sólo mantenía relaciones diplomáticas con México, había conseguido que Venezuela, Uruguay, Colombia y Chile abrieran sus puertas al comercio bilateral y estuvieran negociando su reconocimiento. Finalmente las autoridades ecuatorianas aceptaron las reclamaciones españolas en lo concerniente a la deuda externa y, en lo relativo a las indemnizaciones por confiscaciones durante la guerra, aceptaron pagarlas a los españoles pero no a los ecuatorianos concernidos.

Finalmente el tratado se firmó en febrero de 1840, y constó de 20 artículos y dos declaraciones anexas, en la primera de las cuales el gobierno ecuatoriano se comprometía a no presentar reclamación de ningún tipo al español a causa de la guerra de independencia. En términos generales, el tratado resultante fue bastante favorable para las pretensiones españolas, hasta tal punto que el gobierno de Madrid pensaba que podía ser un buen punto de partida en sus negociaciones con los restantes países sudamericanos. Sin embargo, los tres tratados firmados en la década de 1840 (Chile, en 1844; Venezuela, en 1845, y Bolivia, en 1847, aunque fue ratificado por España recién en 1861), fueron mucho menos favorables. En el caso del tratado firmado con Venezuela sus autoridades consiguieron que, en lo relativo a las confiscaciones, éstas sólo tuvieran que devolverlas a los ciudadanos venezolanos.

En el caso del reconocimiento de Chile, los requisitos presentados por España fueron la devolución de los bienes confiscados a los súbditos españoles y el reconocimiento de la deuda pública contraída por España antes de la independencia. Ambas cuestiones eran poco complicadas, ya que en 1835 el gobierno chileno, con el objetivo de ordenar la Hacienda pública, reconoció como propias las deudas contraídas en el pasado y que le afectaban, al tiempo que la gran mayoría de las propiedades confiscadas durante la guerra habían sido devueltas a sus legítimos propietarios o a sus herederos. Otro paso que allanó el camino al acuerdo de 1844 fue la apertura de los puertos chilenos a los navíos españoles, una medida adoptada de hecho en 1833, pero que adquirió rango legal en 1839. Sin embargo, la búsqueda de beneficios comerciales por parte española fue un obstáculo importante, hasta tal punto que el exceso de contraprestaciones llevó a los chilenos a anular un acuerdo firmado en 1841 y que finalmente no vio la luz.

El tratado cerrado con Venezuela fue menos favorable a España que los anteriores, y no sólo en el ya mencionado tema de las confiscaciones. En lo relativo al reconocimiento de la deuda, como señala María Teresa Romero, Venezuela logró que el cálculo sólo llegara hasta 1811, y no hasta fechas posteriores como pretendía España. De este modo, Venezuela salió más favorecida que México, Ecuador o Chile, países que habían firmado antes. Los venezolanos también lograron que no se hicieran distinciones entre españoles y venezolanos para el cobro de las indemnizaciones por las pérdidas sufridas durante la guerra de independencia. El tratado consta de 20 artículos y un anexo, donde se da cuenta de la fecha del 5 de julio de 1811 como el momento hasta el cual Venezuela reconoce la deuda externa de España.

Curiosamente, el tratado cerrado con Perú en 1879, uno de los últimos en ser firmados, no incluía entre sus cláusulas la cuestión del reconocimiento de su independencia, un tema que las autoridades peruanas consideraban zanjado por la fuerza de los hechos y el paso del tiempo. Desde 1865, año en que Perú designó a Domingo Valle Riestra agente diplomático «cerca de Su Majestad Católica», su gobierno pensó que el reconocimiento se producía de forma implícita y esta teoría continuó vigente a través de los gobiernos sucesivos. De este modo se quitaba de la negociación de los tratados un tema siempre espinoso. Tampoco se incluyó el problema de las deudas contraídas durante las guerras de independencia, una cuestión que había sido vital para España y que tanto condicionó la firma de otros tratados similares.

La cuestión centroamericana

El reconocimiento de los países centroamericanos, más allá de los problemas comunes con las restantes repúblicas americanas, tuvo un elemento diferenciador que lastró de forma constante la resolución del proceso. Se trataba básicamente del proyecto de construcción de un canal interoceánico, que debía facilitar los flujos comerciales entre los océanos Pacífico y Atlántico. Como apunta Ligia Madrigal Mendieta, en su capítulo sobre Nicaragua, la República Federal de Centro América inició en 1836 las primeras gestiones para la construcción de un canal interoceánico, que debería atravesar territorio nicaragüense. El tema del canal también afectó la negociación de España con Colombia, ya que, hasta su independencia en 1903, Panamá estuvo integrado en Nueva Granada. Gloria Ospina en su capítulo sobre Colombia y Aristides Royo en el de Panamá abordan el problema desde distintos ángulos nacionales, lo que confirma aún más las dificultades de todo el proceso, a la vez que se contemplan las especificidades de la independencia panameña. Si a esto sumamos la intervención de las diplomacias de Estados Unidos y Gran Bretaña, que buscaban reforzar su presencia de cara a la construcción del canal, el panorama se hace todavía más complejo.

El proceso de reconocimiento de las repúblicas centroamericanas tuvo sus particularidades, explicables en buena medida por su pasado colonial y la forma en que se produjo el proceso independentista. La temprana vinculación de América Central con el imperio de Iturbide, creado en México, y la relación histórica de las distintas provincias centroamericanas con Guatemala, la cabeza del reino del mismo nombre y de la Real Audiencia regional, fueron factores muy importantes en el desarrollo de los acontecimientos posteriores. Así, por ejemplo, en septiembre de 1821, como señala Jorge Sáenz Carbonell, la Diputación de Nicaragua y Costa Rica decidió independizarse no sólo de España sino también de Guatemala. La formación temprana de la República Federal de Centro América, en 1824, y su temprana y violenta disolución en 1840, marcaron la historia política de la región durante el resto de la centuria. El hecho de que la disolución de la Confederación Centroamericana coincidiera en el tiempo con la firma del Tratado de Reconocimiento de México permite explicar el retraso de casi una década en el inicio del proceso de reconocimiento de América Central. Es más, durante bastantes años la idea de recomponer la unidad estuvo presente en todos los Estados miembros de la República Federal de Centro América, y esto desa­consejaba iniciar negociaciones individuales.

Como dice Jorge Sáenz, «las potencias europeas se manifestaron poco dispuestas a tratar con cada estado por separado y prefirieron esperar el restablecimiento de una autoridad general. Cuando Honduras y Nicaragua lo intentaron en 1844 solamente cosecharon desaires». El constante enfrentamiento entre liberales y conservadores, con sus repercusiones nacionales, regionales e internacionales, también influyó. A esto se agregan los intentos de penetración de Gran Bretaña y Estados Unidos, reforzados por la posibilidad finalmente materializada en Panamá de construir una vía de comunicación interoceánica, bien terrestre o bien fluvial, que impulsara definitivamente el comercio internacional.

Desde fechas muy tempranas Gran Bretaña se interesó en la posibilidad de construir un canal interoceánico a través del istmo centroamericano. En la década de 1830 se hizo presente el cónsul británico en América Central, Frederick Chatfield, uno de cuyos principales objetivos era el impulso del canal. También Estados Unidos mostró un interés semejante. La conquista del oeste en América del Norte y el posterior descubrimiento de oro en California revalorizaron para Estados Unidos el papel del istmo centroamericano, ya que la ruta marítima del cabo de Hornos alargaba los plazos del viaje y aumentaba los costos del transporte.

Los intereses confrontados en los diferentes proyectos de construcción del canal (Nicaragua o Panamá, básicamente) muestran de forma clara la gran rivalidad existente entre los países centroamericanos, muchos de los cuales tenían, además, serios problemas limítrofes con sus vecinos. Sin embargo, y pese a estas contradicciones, hubo mucha colaboración entre las autoridades diplomáticas centroamericanas destinadas en Europa para mediar a favor de sus vecinos, aunque los problemas en sus países de origen se mantuvieran. Carlos Moreno abunda en el hecho de que como consecuencia de su pasado común, varios Estados centroamericanos tenían el mismo representante diplomático en distintas capitales europeas. Así, por ejemplo, El Salvador y Honduras, entre fines de la década de 1850 y comienzos de la siguiente tuvieron el mismo representante en Gran Bretaña, Francia y España.

Un caso importante de rivalidad, que todavía sigue irresuelto, es el contencioso por el trazado de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua en parte del cauce del río San Juan, con serias repercusiones sobre el proyecto de construcción de un canal interoceánico. A esto hay que agregar la estrecha relación entre los gobiernos de estos dos países, con quienes aspiraban a de­sempeñar un rol protagónico en la región. Así se establecieron las alineaciones de Nicaragua con Estados Unidos y Costa Rica con Gran Bretaña. En el caso nicaragüense su inclinación por Estados Unidos responde al contencioso con Gran Bretaña por la posesión de los territorios de su costa atlántica, especialmente de la Mosquitia, que desde el siglo XVII estaba bajo ocupación británica. La firma del Tratado Clayton-Bulwer, del 19 de abril de 1850, entre representantes británicos y de Estados Unidos, puso fin a las diferencias bilaterales por el control del canal. En el tratado los dos países se comprometían a que ninguno de ellos controlaría el canal interoceánico en Nicaragua. Regionalmente se puede decir que mientras Guatemala y Costa Rica se acercaron a Gran Bretaña, El Salvador, Honduras y Nicaragua hicieron lo mismo con Estados Unidos.

Por eso es importante resaltar que en el tratado con Costa Rica se insertó un artículo específico (art. 13), que alude de forma directa a una hipotética construcción del canal o a cualquier otra forma de comunicación interoceánica, como el ferrocarril, y los beneficios que podría obtener España:

En caso de efectuarse por el territorio de Costa Rica, todo ó en parte, la proyectada comunicación interoceánica, sea por medio de canales, por ferrocarril, ó por éstos ú otros medios combinados, la bandera y las mercaderías españolas así como los súbditos de Su Majestad Católica, disfrutarán el libre tránsito en los mismos términos y sin pagar otros ó mayores impuestos que los que respectivamente paguen los buques, mercaderías y ciudadanos de Costa Rica.

En el tratado con Nicaragua, su artículo 13 comienza reproduciendo de forma prácticamente literal lo incluido en el tratado con Costa Rica, aunque luego agrega dos párrafos suplementarios:

Su Magestad Católica se compromete por su parte á unir sus esfuerzos á los del Gobierno de Nicaragua y á los de las Potencias que se concierten para llevar á cabo la grande obra de garantir la neutralidad de esta importancia vía de comunicación interoceánica, con el fin de conservar libre su tránsito, de protegerla contra todo embargo ó confiscación y de asegurar el capital invertido en ella. Dicha protección y garantía se conceden condicionalmente y pueden ser retiradas si el Gobierno de Su Magestad entiende que se adoptan o establecen, respecto al tráfico que en el canal se haga, disposiciones que contraríen el espíritu y tendencia de las expresadas garantías, ya haciendo injustas preferencias, ó ya imponiendo opresivas exacciones ó excesivos derechos á los pasajeros, buques ó mercancías. Sin embargo, Su Magestad Católica no retirará la referida protección y garantía sin notificarlo seis meses antes al Gobierno de Nicaragua.

Honduras fue la última república de las independizadas a comienzos del siglo XIX, no sólo centroamericana sino también latinoamericana, en firmar un tratado con España. Si bien en 1866 se firmó una primera versión hubo que esperar, como señala Olga Joya en el capítulo correspondiente, hasta fines de la centuria para que el acta diplomática fuera ratificada por los gobiernos de ambos países.

Brasil y otros casos especiales: Cuba, Panamá y República Dominicana

El reconocimiento de la independencia de Brasil, que no había sido colonia española, no debería haber tenido a priori grandes problemas, especialmente si se tiene en cuenta el precedente del reconocimiento de Estados Unidos por España, así como las relaciones consulares mantenidas con Brasil cuando por la fuerza de los hechos se convirtió en metrópoli del imperio portugués. Sin embargo, las cosas se complicaron a partir de las apetencias del rey de Portugal primero y del emperador de Brasil después de quedarse con la Banda Oriental (hoy Uruguay), a la que denominaron Provincia Cisplatina. Los problemas sucesorios en Portugal, con Don Pedro I, emperador de Brasil con opciones a heredar el trono de los Braganza, tampoco facilitaron las cosas. A eso se agrega la originalidad de la independencia brasileña. Como señala Paulo Roberto de Almeida, ésta vino dada por el inusual hecho del traslado de la corte portuguesa a Río de Janeiro, lo que convirtió a Brasil en sede de un vasto imperio ultramarino.

Si bien el reconocimiento formal de la independencia de Brasil por España se produjo en 1834, lo que supuso automáticamente el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, hasta 1863 no se firmó el primer acuerdo o tratado entre ambos países. En esta ocasión se trató de un convenio consular. A diferencia de lo que ocurría con las nuevas repúblicas, excolonias españolas, a las cuales no se les quería reconocer la independencia sin mediar la firma de un tratado, con Brasil no pasó lo mismo. Esto respondía a que en este caso no había cuestiones pendientes que resolver, como el tema de la deuda, la nacionalidad o las reparaciones.

República Dominicana fue un caso especial, ya que si bien fue ocupada por los españoles desde 1492, en 1795, de acuerdo con lo estipulado en el Tratado de Basilea, España cedió a Francia la totalidad de la isla. Haití alcanzó su independencia de Francia en 1805, de modo que los dominicanos se vieron sometidos por los haitianos independientes. En 1821 hubo un primer conato, aunque efímero, de independencia de Haití, que llevó a los dirigentes del Haití Español a vincularse a la Gran Colombia. La reconquista haitiana duró hasta 1844, como recuerda Francisco Alonso Vázquez. Ante el temor de una nueva invasión haitiana, los dominicanos buscaron con ahínco la protección de una potencia europea, preferentemente Gran Bretaña o Francia, aunque también tentaron a Estados Unidos.

Sin embargo, para un sector importante de las élites dominantes dominicanas el vínculo con España era vital. De esta forma llegamos a la firma del tratado de 1855, entre República Dominicana y España, un acontecimiento beneficioso para ambas partes. República Dominicana encontró la protección que buscaba, junto al hecho de que el tratado establecía de forma muy clara el trazado de sus fronteras con Haití, mientras España veía cómo su política caribeña, centrada en Cuba y Puerto Rico, era reforzada. Finalmente, en 1861, República Dominicana fue absorbida por España, que la declaró parte de su territorio. En 1865, finalizada la Guerra de Secesión en Estados Unidos y cuando su gobierno se pudo volver a ocupar de los asuntos del Caribe, España debió abandonar sus reivindicaciones sobre República Dominicana, que recuperó su papel de nación independiente. Finalmente, en 1874, España, mediante la firma de un nuevo tratado, reconoció la nueva independencia dominicana.

Cuba, al igual que Puerto Rico y Filipinas, se mantuvo vinculada al imperio español hasta 1898. Sin embargo, hubo que esperar a la proclamación de la república, en 1902, para que las negociaciones formales entre ambos gobiernos pudieran comenzar. Sin embargo, tanto la ocupación militar norteamericana como la Enmienda Platt a la Constitución cubana de 1901 condicionaron considerablemente la marcha. Algunas de las estipulaciones de la Enmienda Platt, por ejemplo, impedían reclamar al gobierno cubano por la deuda que había contraído España para financiar la guerra de independencia cubana.

Desde un principio, esa suerte de relación triangular entre Cuba, Estados Unidos y España dificultó avances concretos en las negociaciones. Así, por ejemplo, el Tratado de Reciprocidad Comercial, firmado entre Cuba y Estados Unidos, que, como señala Alejandro García, ofrecía ventajas arancelarias a las importaciones de azúcar, tabaco y frutas cubanos, lo que, indudablemente, ante la importancia del mercado norteamericano, restaba estímulos a la prosecución de un tratado comercial con España. Por eso, las relaciones bilaterales se desarrollaron a partir del peso de la tradición y de los fuertes vínculos existentes entre ambos países, así como por el desarrollo de una política de hechos consumados, una forma eficaz de sortear buena parte de las restricciones impuestas por Estados Unidos.

Para las autoridades cubanas fue imposible firmar acuerdos con terceros países, y no sólo con España, como mostró el desarrollo fallido de las negociaciones con Gran Bretaña en los primeros años del siglo XX. Recién en 1925 Cuba comenzó a tener una mayor autonomía diplomática y en 1927 se firmó el primer tratado con España, de alcance muy limitado, aunque éste sólo estuvo en vigor durante dos años.

Panamá fue el último país latinoamericano en adquirir su plena entidad política, pese a su temprana independencia en 1821, tras su separación de Colombia en 1903, con la ayuda de Estados Unidos, como recuerda Aristides Royo. El sensible tema de la construcción del canal estuvo indudablemente unido a este proceso. A diferencia de buena parte de los casos anteriores, el reconocimiento por parte de España fue rápido, casi instantáneo, y se produjo sólo seis meses después de la independencia nacional. En este caso no había cuestiones pendientes, ya que todas ellas habían quedado resueltas en el Tratado de Reconocimiento de Colombia.

De este modo, con el reconocimiento de Cuba y Panamá quedaba prácticamente cerrado el proceso de reconocimiento de las repúblicas latinoamericanas, un itinerario que, como se ha visto en esta introducción y se podrá ver con mayor detalle en los diferentes capítulos de este libro, fue muy largo y complejo. El análisis de los casos individuales pone de relieve las dificultades particulares a las que se enfrentaban las distintas partes, así como la existencia de cuestiones comunes. Sobre estas bases tan complicadas y diversas se construyó en los dos últimos siglos la relación tan particular que une a España con América Latina.

MÉXICO

Agustín Sánchez Andrés

El fracaso de los intentos para conseguir una independencia consensuada

El restablecimiento del régimen constitucional en España en marzo de 1820 rompió el delicado equilibrio de intereses que, hasta ese momento, había condicionado la lealtad de los distintos sectores de la oligarquía novohispana a la metrópoli tras casi una década de guerra civil. Esta situación llevó a dichos sectores a alcanzar un consenso en torno a la independencia, cuya principal expresión fue el Plan de Iguala, proclamado en febrero de 1821 por el jefe de operaciones del ejército virreinal, Agustín de Iturbide.

La rápida extensión del movimiento encabezado por Iturbide provocó en la metrópoli un debate en torno al marco de relaciones con el antiguo imperio colonial y, especialmente, con la Nueva España. Un sector del liberalismo peninsular respaldó las gestiones de los diputados novohispanos llegados a la Península en los primeros meses de 1821 y que —probablemente de acuerdo con Iturbide— propusieron la creación de un reino independiente mexicano en el marco de una confederación más amplia entre España y sus antiguas colonias.

La propuesta fue canalizada a través de la Comisión de Ultramar, creada por el gobierno de Eusebio Bardají en mayo de 1821 para encontrar una solución al problema colonial. Esta comisión estaba constituida por diputados peninsulares y americanos, en su mayor parte novohispanos, entre ellos Lucas Alamán, Francisco de Fagoaga, Bernardino Amati y Lorenzo Zavala. Poco después de iniciar sus trabajos se refundía con otra integrada por antiguos funcionarios de la Administración colonial. La Comisión Mixta, presidida por el ministro de Gobernación de Ultramar, Ramón Feliú, presentó al gobierno a fines de mayo un proyecto que proponía la independencia de los territorios ultramarinos y establecía tres grandes imperios confederados en América, correspondientes a los antiguos virreinatos de la Nueva España, Nueva Granada y Perú.

Como he señalado en estudios anteriores sobre este tema, la falta de noticias sobre lo que estaba sucediendo en Nueva España, el dictamen negativo del Consejo de Estado —que ponía en duda la constitucionalidad de la iniciativa— y la firme oposición de Fernando VII —que en junio forzaba la destitución de Feliú— llevarían finalmente al gobierno a archivar el proyecto sin presentarlo a las Cortes. El cambio de rumbo del gabinete en torno a la cuestión americana no impidió, sin embargo, que los diputados novohispanos presentaran en junio a las Cortes una propuesta muy similar, seguida un día más tarde por un proyecto detallado que planteaba una separación consensuada de la Nueva España mediante la creación de un reino independiente, pero vinculado a España por una unión dinástica y por algunos mecanismos de carácter confederal. La mayoría parlamentaria mostró inicialmente una actitud receptiva hacia este proyecto y aprobó una serie de enmiendas al texto original en relación con la asunción por el nuevo Estado de una parte alícuota de la deuda externa metropolitana. Con todo, la oposición del gobierno y la disolución de las Cortes el 30 de junio pospusieron la discusión de la propuesta de los diputados novohispanos hasta septiembre.

Mientras tanto, la extensión del movimiento independentista a la casi totalidad del territorio mexicano obligó al jefe político de la Nueva España, Juan O’Donojú, a aceptar el hecho consumado de la independencia de México. El Tratado de Córdoba, firmado el 24 de agosto por el último representante español, reconocía la independencia del antiguo virreinato, convertido en un imperio constitucional cuya corona se ofrecía a Fernando VII o, en su defecto, a otro miembro de la familia real. El 28 de septiembre tuvo lugar la proclamación del Imperio Mexicano y la elección de una regencia.

La incertidumbre en torno a los sucesos de México paralizó la acción del gobierno y de las Cortes, muy divididos en torno a la cuestión americana. El desconcierto se vio incrementado cuando en noviembre llegaron a Madrid las noticias oficiales del Tratado de Córdoba y el gobierno se apresuró a desau­torizar a O’Donojú para evitar un nuevo choque con el monarca y bloquear el reconocimiento automático del nuevo Estado por las restantes ­potencias. La incapacidad para encontrar una salida a la crisis mexicana provocó la caída de Bardají y su sustitución por el marqués de Santa Cruz en enero de 1822. Un mes más tarde, las Cortes rechazaron una nueva propuesta para reconocer la independencia de ultramar presentada por los sectores más radicales del liberalismo peninsular y respaldaron la decisión del gobierno de declarar nulo el Tratado de Córdoba. En su lugar, las Cortes aprobaron el envío a América de comisiones negociadoras para alcanzar un acuerdo con los disidentes. En mayo de 1822 las Cortes comisionaron ante el gobierno de Iturbide a Santiago Irisarri y Juan Jabat, sustituido poco después por Ramón Osés, que arribaron a Veracruz en enero de 1823.

La negativa española a reconocer el Tratado de Córdoba llevó a Iturbide a coronarse emperador en julio de 1822. Las turbulencias políticas del efímero primer Imperio Mexicano difirieron el inicio de las negociaciones hasta mayo de 1823. Un mes antes, la Santa Alianza intervino en España, lo que paralizó cualquier iniciativa para resolver la cuestión mexicana, pese a la amplia autorización otorgada por las Cortes al gobierno, en términos ambiguos pero inequívocos, en junio de ese año. El derrumbamiento del régimen liberal en España pondría fin a los intentos de alcanzar un acuerdo consensuado en torno a la independencia de México.

Fernando VII y la política de confrontación (1824-1833)

Tras su reposición como monarca absoluto, Fernando VII consideró como uno de sus objetivos prioritarios restablecer su autoridad en las antiguas colonias. En enero de 1824 declaró nula la actividad de las diferentes comisiones negociadoras que el régimen liberal había enviado a América. Poco después —y dada la falta de recursos para organizar una expedición contra América— Fernando VII inició las negociaciones para promover una intervención restauradora en este continente. El monarca consiguió el respaldo de los gobiernos francés y ruso, pero no pudo vencer la oposición británica a cualquier acción colectiva de las potencias europeas contra las antiguas colonias españolas.

El gobierno mexicano acogió con alivio el fracaso de los proyectos para provocar una intervención de la Santa Alianza en América. La diplomacia mexicana se aplicó desde entonces a conseguir el reconocimiento de la antigua metrópoli y de las restantes potencias europeas a través de la mediación británica. El gobierno de Londres sondeó en septiembre de 1824 la disposición española hacia una hipotética mediación británica en el conflicto hispano-mexicano. Sin embargo, Fernando VII se mostró contrario a cualquier negociación. Su intransigencia fue reforzada por un informe del Consejo de Indias que, en junio de ese año, aconsejaba al rey proceder a la reconquista progresiva de las antiguas colonias y señalaba a México como primer objetivo, ya que la mayoría de los consejeros creía que amplios sectores de la sociedad mexicana eran favorables al restablecimiento de la autoridad real.

El fracaso de la mediación británica alejó momentáneamente la posibilidad de un acuerdo con España, si bien el reconocimiento inglés en diciembre de 1824 consolidó la posición internacional de la nueva república. El gobierno de Guadalupe Victoria dirigió desde este momento sus esfuerzos a tratar de neutralizar el peligro de un ataque de la antigua metrópoli contra su territorio, amenazando a su vez el domino español en Cuba. La negociación de una alianza militar con la Gran Colombia respondió a este objetivo, que estaba dirigido a obligar al gobierno español a concentrar sus fuerzas en la defensa de Cuba y Puerto Rico.

El éxito inicial de esta estrategia permitió que en noviembre de 1825 tuviera lugar la capitulación de la fortaleza de San Juan de Ulúa, último reducto español en México. Sin embargo, los proyectos para organizar una expedición conjunta mexicano-colombiana contra Cuba fracasaron por los problemas financieros e internos de ambos países y, sobre todo, por la oposición de Inglaterra y Estados Unidos a cualquier alteración del statu quo en el Caribe.

Esta situación fue aprovechada por la diplomacia británica para plantear una nueva mediación entre España y México. Las nuevas gestiones fracasaron porque el gobierno español aprovechó la rivalidad entre las potencias anglosajonas en torno a Cuba para conseguir por separado de cada una de ellas la garantía de que se opondrían a cualquier acción contra esa isla. Ello provocó que el 11 de mayo de 1826 el Congreso de México decretara que el reconocimiento de la independencia debía ser incondicional, sin que mediara la concesión de ningún tipo de indemnización a España.

La preocupación por el reforzamiento del dispositivo militar español en el Caribe durante los últimos meses de 1826 se acentuó, en enero de 1827, por el descubrimiento de la conspiración monarquista del padre Arenas. La agitación antiespañola provocó el desplazamiento del poder de los sectores más receptivos a un entendimiento con España y su sustitución por la hispanófoba facción «yorkina» del Congreso, que expulsó a una parte de los peninsulares que permanecían en México, cerrando de este modo la puerta a cualquier entendimiento con la antigua metrópoli.

Las medidas re

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