Introducción

Sin música de película de acción. Sin un plano que aumente la intriga. Sin una luz tenue que se ensamble con lo que cualquiera puede imaginar. El poder detrás del poder se mueve a ritmo burocrático.

Empresarios que invierten en el momento adecuado para los tiempos políticos. Obras públicas cartelizadas. Banqueros-instrumento para las fortunas que desaparecen tras la bruma off shore. Banqueros que reclaman seguridad jurídica. Un juez que duerme un expediente. Fiscales que hacen caso omiso de pruebas que perjudican a X, y realzan otras que afectan a Y. La familia judicial y los padrinos. Holdings de medios de comunicación que demonizan a funcionarios de cualquiera de los tres poderes, o ponderan negocios que nadie vio, pero ya tienen dueño. Familiares desperdigados por toda la estructura estatal. Los ejecutivos y la puerta giratoria. Políticos que gruñen en público, pero en privado se someten virtuosamente. Teléfonos pinchados, y el espionaje punteril. Un sacerdote que adoctrina desde el púlpito ante la devota mirada de los fieles. Un papa que dispara mensajes, a priori, universales, pero que están teledirigidos. Un sindicalista que pega con la izquierda, y acumula y recauda con la derecha. El Senado spa y el balneario municipal de Diputados.

La microfísica del poder es imperceptible para el ciudadano de a pie. No se trata de la oscuridad, ni de reuniones cargadas de exotismo. Ni siquiera de un sistema abrumador. Se trata de su carácter relacional: son movimientos precisos realizados sobre los actores adecuados. Una mínima distorsión puede hacer implosionar una red de vínculos y, fundamentalmente, la finalidad para la que fue constituida, su razón de ser.

El vocablo anglo lobby tiene un significado más amplio que el que le da la Real Academia Española: “Conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social”. La trama constituida en cada campo presenta un trasfondo histórico que demanda sacar a la superficie las reglas y la propia dinámica interna de cada uno de los seis actores corporativos que se analizan en este libro: Iglesia, política, sindicatos, mundo financiero, empresarial y judicial.

En su sentido positivo, institucionalizado, el lobby es una actividad legítima que, por caso, permitiría enriquecer el debate público en el Congreso. Sin embargo, hay otra cara: sin una adecuada regulación, aumenta las oportunidades para que se cometan actos de cohecho y cooptación de cualquiera de los tres poderes por parte de aquellos que buscan incidir en las eventuales medidas de cada uno de ellos.

La presión tiene fases. Grosso modo, la mayoría de los actores aplica un lobby personalizado, territorial, público y sectorial. O sea, sobre los actores y resortes estatales más sensibles; en la geografía del lobbeado en cuestión o sobre la comunidad que se debe persuadir; a través de campañas públicas, redes sociales y los medios de comunicación, entre otras formas; y, por último, por medio de jornadas, coloquios, conferencias, etcétera.

Cada corporación despliega su abanico de recursos a merced de los eventuales gobiernos. Los bancos financian, las empresas acompañan, los sindicatos esperan, la política dialoga, la Iglesia es piadosa y la justicia impone la cronoterapia de sus fallos. A cambio, siempre obtienen beneficios. Aunque el poder es reacio a los cambios, saben adaptarse al carácter cíclico que permite el retorno de algunos actores a escena.

El lobby torna más complejo aún el concepto de corrupción, ya que el tan mentado interés general se deforma en favor de intereses particulares a raíz de actividades diversas no solo ilegales. Asimismo, no es extraño en la historia política argentina que determinadas iniciativas sean presentadas como trascendentales pero, de fondo, escondan demandas surgidas a partir de la interacción entre las coaliciones gobernantes y las corporaciones.

En el lapso analizado (2003-2018), emergen figuras paradigmáticas que no solo serán los lobistas que hegemonizaron su campo de acción, con la necesaria contraparte, sino que, a la vez, se verá cómo cambian las condiciones para su caída y respectivo ascenso de otras. En esa descripción se trazan regularidades como: cursus honorum¹, franja etaria preponderante, origen, educación, permanencia en el cargo, mecanismos de ascenso, las relaciones entre corporaciones, su agenda permanente, continuidades y rupturas.

Aunque el colectivo de mujeres es una evidencia que gana las calles de las principales ciudades argentinas, casi no tiene reflejo en cada uno de los actores corporativos, donde los avances son más que nada discursivos con escaso correlato en los hechos.

A su vez, en cada uno de ellos, surgen movimientos a tono con el olfato político que impone la coyuntura. De ahí que las cúpulas tengan una dinámica pendular en función de la fortaleza/debilidad de cada gobierno. En los sectores judicial, empresarial y sindical se ve con mayor nitidez. Los puentes en pos del diálogo, la inclinación y receptividad son notorios y se deben a una sola razón: el tangible volumen de poder.

Cada uno tiene engranajes que funcionan como intermediarios, generalmente colonizados por los jugadores de mayor tamaño. Sus jugadas van acompañadas por el paratexto necesario, según la ocasión. Para ello, los medios de comunicación de mayor alcance son un elemento tan preciado como imprescindible.

El lobby es federal. Se expande por todo el país. Las alianzas tácticas para lograr sus cometidos son una constante. El trabajo de la iglesia en contra del matrimonio igualitario y el aborto es un caso paradigmático. O la potencia de las multinacionales para trabajar articuladamente y concebir una ley de semillas a medida de sus intereses. O la coerción de los líderes sindicales en la latitud que sea en función de sus objetivos gremiales o empresariales. El inventario podría extenderse por carillas.

No se trata de demonizar las formas ni menos las corporaciones. Este libro quita lenta y cuidadosamente las múltiples capas que tiene la cebolla del poder. Fundamentalmente, cómo opera en muchas ocasiones a la vista de todos, pero con una eficacia sin igual.

Parte I

El empresariado

Capítulo 1

La corporación

Cada país tiene el empresario que se merece en virtud de su capacidad de constituir un Estado nacional desarrollista e impulsar la transformación de la estructura productiva […]. No hay nada genético en el ADN del empresario argentino cuando privilegia la especulación sobre la producción, o cede el protagonismo a las filiales de empresas extranjeras, en vez de asumir el liderazgo de la industrialización. Si se trasplantaran al país los empresarios más innovadores del mundo en desarrollo —por ejemplo, los coreanos—, al poco tiempo tendrían el mismo comportamiento que los argentinos.

ALDO FERRER²

Luego de la crisis que se llevó puesto al gobierno de Fernando de la Rúa, quedó a la vista de quien quisiera ver la silenciosa y no menos feroz pelea que se estaba dando entre los empresarios que pedían a gritos que se pesificase la economía y los que sostenían la convertibilidad.

Ganaron los que apostaron a la devaluación. Dentro del mundo de la Unión Industrial Argentina (UIA), vencieron los Industriales en desmedro de la línea Celeste y Blanca, al menos eso quedó en claro desde el momento en que el flamante presidente interino Eduardo Duhalde nombró a José Ignacio Vasco de Mendiguren como ministro de Producción.

El lobby empresarial tiene fases. La pública es una de ellas. Como bienvenida, La Nación le calzó el mote al Vasco de “industrial alborotador”³. Mientras 250.000 ahorristas trinaban en la puerta de los bancos por su dinero, la salida del 1 a 1 tensaba la cohesión ficticia entre los industriales argentinos. Durante esos días, especialistas económicos de diferentes corrientes ubicaban dentro de los perdedores a los pequeños y medianos ahorristas y a los deudores. Y entre los ganadores, a los grandes ahorristas y a las corporaciones empresariales.

En realidad, lo que revelaba la semblanza trazada desde la “tribuna de doctrina” era el descontento que había de parte de varios empresarios con el dirigente, ahora funcionario, una de las caras visibles de la UIA y, a su vez, voz de las pymes. Esa diferencia no tardaría en salir a la superficie.

Apenas unos meses después, el 28 de mayo de 2002, se presentó la Asociación Empresaria Argentina⁴ (AEA) en el Museo de Arte Fernández Blanco, de la ciudad de Buenos Aires. La flamante cámara patronal contaba en su nómina con Techint, Arcor, Loma Negra, Telecom, Laboratorios Bagó, Mastellone y Disco, entre otros. Sin que casi nadie lo notase, luego se incorporaría el Grupo Clarín. Este era un signo de que los tiempos cambiaban en el universo empresarial argentino. La pesificación y el consiguiente incremento de la deuda en dólares marcaban a fuego su agenda. Sus detractores dijeron que lo que querían era que se aplicase el seguro de cambio como en la última dictadura.

Al calor de la década menemista y la debacle del gobierno de la Alianza, en el discurso inaugural, a cargo del titular de AEA y vicepresidente de Pérez Companc, Oscar Vicente, se hizo evidente desde dónde hablaban: “Nos anima la certeza de que debemos trabajar en un sistema económico basado en la libertad de mercados, con la empresa privada como palanca de recuperación económica”. Las primeras medidas del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, molestaron a las firmas que explicaban una cuota importante de su flujo de dinero a partir del vínculo que tenían con el mercado externo.

Nuevamente, sería La Nación la encargada de darle un lugar protagónico, reforzando su mirada en extremo liberal de la economía. Esta vez, la pluma sería la de Joaquín Morales Solá, quien, dando la bienvenida a la AEA, fustigó a De Mendiguren:

El peor error fue, quizás, confiar la representación en una Unión Industrial en la que ni ellos creían, en manos de presidentes que eran exempresarios en muchos casos y liberados estos a su propio saber y entender. De hecho, varios expresidentes de la Unión Industrial terminaron en las listas duhaldistas de diputados nacionales, comprometiendo a la organización con una fracción política. El caso más patético fue el del último presidente de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren, uno de los más convencidos autores intelectuales de una devaluación brutal, que destruyó tanto el salario como el capital de los empresarios.

Como si fuera en clave, el artículo guardaba una advertencia: “Si la Asociación Empresaria Argentina, nacida en parte como fruto de la pérdida de representatividad de la Unión Industrial Argentina, busca ser meramente una entidad gremial empresaria con visión cortoplacista, más afín a los lobistas que a los técnicos, indefectiblemente fracasará y estará lejos de servir a un proyecto de país”. Comenzaba una nueva etapa para el capital argentino y, por ende, para las cámaras patronales y los dirigentes que los representaban.

CONDUCCIÓN Y CONTINUIDAD

En el mundo industrial, la presión puede darse corporativamente a través de sus cámaras o por el peso propio del actor en cuestión, y en muchas ocasiones por ambas a la vez. A la salida de la convertibilidad, desde la UIA se buscó un camino que vinculase al empresariado argentino con otros sectores, motivo por el cual se creó el Grupo Productivo, del que también formaron parte la Cámara Argentina de la Construcción y Confederaciones Rurales Argentinas. La particularidad era la silla era ocupada por el Grupo Clarín, representante del sector de las telecomunicaciones. El discurso predominante reclamaba una salida devaluacionista, que incentivara la producción por encima de la bicicleta financiera. No se trató de otra cosa que de “hacer pasar un interés particular (corporativo) como si fuera general”⁵.

El enfrentamiento interno quedó a la vista de todos cuando, a punto de realizarse las elecciones para decidir quién presidiría la entidad entre 2003 y 2005, el empresario Héctor Massuh advirtió que se corría el riesgo de que la UIA “se transforme en una mera extensión del Departamento de Relaciones Institucionales de una empresa o sector”. No se quedó ahí, puesto que cuestionó a Techint en sus métodos, ya que consideró que “la renovación no consiste en comprar propuestas de consultoras para bautizarlas pomposamente como Nuevo Contrato Industrial”. Massuh estaba alistado dentro de Consenso, la línea interna que, grosso modo, bregaba porque se mantuviera una política de mercado aperturista. Finalmente, la presidencia quedó en manos de Alberto Álvarez Gaiani, afín a esta mirada. Su propuesta se daba de bruces con el discurso de Néstor Kirchner, que enfatizaba el rol que debía cumplir la burguesía argentina: el fortalecimiento del mercado y el consumo interno.

Marina Dossi estudió las formas por las que los dirigentes acceden a los principales cargos en la UIA. Identificó dos. Uno, por la pertenencia a cámaras asociadas a la UIA y la ocupación de distintos cargos en los órganos de conducción de la entidad. Dos, por el hecho de formar parte de cámaras asociadas a la entidad, pero sin haber ocupado otros cargos de gestión en el seno de la UIA.

Dossi eligió varios nombres para ejemplificar el recorrido descrito. Adrián Kaufmann Brea, de Arcor, como emblema de quienes ocupan lugares clave sin trayectoria gremial. Su ascenso está relacionado “con su filiación estructural económica y por su pertenencia a una cámara empresaria asociada a la UIA, como Copal y Arcor, ambas con incidencia y relevancia en el Comité Ejecutivo”⁶. Juan Carlos Lascurain, en cambio, representa a la otra corriente, puesto que su trayectoria gremial en ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) y en la Cámara de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero, más los diferentes cargos que ocupó dentro de la UIA desde 1987, fueron decisivos a la hora de determinar su camino hacia la presidencia de la entidad en 2007.

Una particularidad en las diferentes composiciones del Comité Ejecutivo es la permanencia, más allá de que pueda variar la nomenclatura del sitio ocupado dentro de la estructura de la organización, de los nombres a lo largo del tiempo. Cada vez que se realizan elecciones, la continuidad en los cargos del Consejo Directivo suele rozar el 90%. Por supuesto, las corporaciones (Techint, Arcor, Aceitera General Deheza, entre otras) se garantizan que sus elegidos ocupen lugares preponderantes siempre.

CUERPO FABRIL

A la hora de analizar qué pasó en la cúpula empresarial argentina desde 2001 en adelante, los analistas concluyeron en que, durante el primer decenio del siglo XXI, se agudizaron rasgos estructurales de los 90, como la presencia de empresas extranjeras entre las doscientas más importantes. Otro elemento que aparece en el diagnóstico es el crecimiento exponencial de las firmas que se dedican a la extracción y procesamiento de recursos naturales o la elaboración de productos sin mucho valor agregado.

Durante la década menemista, se produjo la extranjerización de los principales capitales, en buena parte gracias a la privatización de las empresas públicas. Con un Estado que abandonaba sus funciones regulatorias, a medida que avanzaba la convertibilidad, las fusiones y adquisiciones de compañías privadas profundizaron el predominio del capital foráneo.

Según Alejandro Gaggero y Martín Schorr, los ganadores fueron aquellos que “lograron potenciar sus exportaciones, principalmente en la actividad agroindustrial y en menor medida en la producción de metales básicos y químicos. Los servicios también representaron un refugio para que algunos grupos empresarios nacionales pudieran crecer relativamente protegidos de los efectos del contexto de negocios resultante del shock institucional neoliberal implementado”⁷. Sin duda, los perdedores fueron los perjudicados por la apertura del mercado, la desventajosa competencia externa y la recesión posterior a 1998. Es clave para entender por qué, a comienzos de la nueva centuria, el capital extranjero no solo tenía un lugar protagónico en el proceso de acumulación local, sino también al interior del bloque de poder económico.

A pesar de la devaluación y la creciente intervención del Estado posterior al menemismo, la cantidad de empresas nacionales en el listado de las 200 más importantes, entre 2001 y 2015, apenas pasó de 59 a 63. En tanto que las extranjeras pasaron de 93 a 114. En este período, continuó la venta de grupos locales a capitales extranjeros, como fue el caso de Loma Negra, Pecom Energía, Molfino, Acindar, etcétera.

Estatizadas las AFJP⁸, la presencia del Estado en diferentes directorios empresariales modificó levemente el cuadro. Esto fue leído no como “un plan diseñado para incrementar estratégicamente la presencia del sector público en la economía, sino que más bien fueron respuestas tácticas que se ensayaron en diversas coyunturas”⁹.

Los mencionados autores consideraron que, con Cristina Fernández en la Casa Rosada, se revirtió en parte la extranjerización, sin que la cúpula registrase cambios de fondo. Eligieron como caso emblemático el de YPF, que pasó de estar controlada por Repsol a conformar una asociación: al principio por la participación del grupo Petersen y, desde 2012, con la presencia estatal —expropiación mediante—, cuyo peso accionario escaló hasta el 51%.

Entre los grandes ganadores de los años kirchneristas se encuentran firmas agroindustriales con perfil exportador dentro de los aceites y las harinas. Como novedad aparece el Grupo Clarín, núcleo del sector de las telecomunicaciones, y los que explotaron el ensamblado y la comercialización de productos electrónicos, como Garbarino y Frávega. Entre los nuevos, aparecen Nicolás Caputo, amigo y exsocio de Mauricio Macri, ODS —de Ángelo Calcaterra y la italiana Ghella—, IRSA y Electroingeniería, con la obra pública como clave para explicar su expansión.

Ya con Macri como presidente, cuya primera medida fue una devaluación del orden del 50% de la moneda nacional, sobresalió el predominio de la actividad petrolera seguida por el sector financiero, mientras que algo lejos quedó la siderurgia. De acuerdo con el informe realizado por Pablo Tiscornia y Ana Rameri, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la diferencia de cambio no solo consolidó la centralidad estructural de un puñado de empresas concentradas en no más de tres sectores, “sino que permitió que los activos financieros dolarizados presentes en las firmas colocaran a esas actividades entre las principales de la cúpula económica”¹⁰. Su análisis giró en torno de las empresas que componen la cúpula en la Bolsa de Valores de Buenos Aires.

Con el macrismo en el poder, se dio algo muy particular. Primero, un gabinete atravesado por funcionarios con pasado como ejecutivos, lo que a muchos analistas los llevó a intuir erróneamente que el vínculo sería más efectivo. Segundo, durante su tercer año, luego de una durísima corrida del dólar a cerca de 40 pesos en cuestión de meses, y la inflación a más de 40 puntos, a pesar de que la expectativa oficial la ponía en 15%, el Gobierno recibió un baño de realidad de parte del establishment vernáculo.

En septiembre de 2017, se conoció la encuesta de D’Alessio IROL, realizada a 278 ejecutivos socios de IDEA. En ella, las expectativas del 86%¹¹ de los CEO para el siguiente semestre eran positivas. Ese dato marcaba un récord: eran el mejor indicador en 22 años, cuando comenzaron a hacerse las mediciones. Nada menor si se tiene en cuenta que el estudio, que se realiza dos veces al año desde 2000, toma a un grupo de empresas que representa entre el 70% y 80% del PBI.

En junio de 2018, todo había cambiado drásticamente. El 68% de los 230 ejecutivos consultados afirmaba que en el primer semestre del año les había ido peor que en el período anterior. Solo una vez, desde que se realiza la encuesta, hubo una diferencia mayor entre las expectativas y la realidad: fue entre mayo y octubre de 2001. En el medio, se produjo el atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Nueva York.

PRAGMATISMO

El pulso de la UIA, generalmente, corre a la par de los gobiernos de turno. Por eso, cuando cualquiera ve la secuencia histórica se observa que, en las vísperas de las elecciones presidenciales de 2007, Lascurain, presidente de la entidad, expresaba abiertamente su apoyo a Cristina Fernández: “Espero que los industriales no apoyen candidatos que postulen atraso cambiario, tibieza en las negociaciones internacionales y fórmulas cercanas al neoliberalismo. […] El Gobierno revalorizó a la industria. Tenemos fresco lo que pasó en la década del 90 y por eso debemos valorar y trabajar para consolidar la recuperación industrial”. Nueve años después, ocupando el mismo sitio, Adrián Kaufmann Brea (Arcor) afirmó que el daño que el kirchnerismo le había hecho a la industria tardaría años en resolverse.

La llegada al poder de Consenso, en 2003, mostró las dificultades que tenía la dirigencia empresarial para alcanzar acuerdos entre sus asociados. Del lado opuesto estaba Industriales, con el textil Guillermo Gotelli, respaldado por Techint, al frente. La primera promovía el desarrollo sobre la base de sectores alimenticios y petroleros, con Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) como referente ineludible. En tanto que Industriales lo hacía pugnando por el mayor desarrollo de las pymes y de las firmas textiles, gráficas, metalúrgicas y autopartistas, requiriendo una mayor participación del Estado. Según De Mendiguren, “ellos —en referencia a Consenso— dominaban la UIA, pero la llegada al gobierno, por Techint, la teníamos nosotros”. El enfrentamiento se buscó saldar en 2005, con el arribo del conciliador Héctor Méndez a la presidencia.

Dos años después, con Lascurain en el mando, las dos líneas históricas volvían a enfrentarse. En ese momento, Industriales, cuya cosmovisión postula políticas en pos de fortalecer el mercado interno y medidas proteccionistas, tenía, entre sus referentes, a los mencionados Lascurain y De Mendiguren y, en parte, también a Paolo Rocca. En tanto que la aperturista Celeste y Blanca contaba con Cristiano Rattazzi (Fiat), Daniel Funes de Rioja (Copal), Federico Nicholson (Ledesma) y Miguel Acevedo.

En 2008, ocurrió un hecho clave: el conflicto desatado por la Resolución 125, a través de la cual el gobierno nacional elevaba las retenciones a la soja y las declaraba móviles. En los hechos, implicaba un aumento del gravamen a la soja del 35% al 44,1% y al girasol del 32% al 39%. A la vez, reducía la alícuota del trigo del 28% al 27,2% y del maíz del 25% al 24,2%.

En esos meses, quedó expuesta la fractura entre ambas facciones. Por un lado, Lascurain fue una de las voces que pidió por el diálogo en momentos en que la coalición agraria endurecía sus expresiones. La UIA, que no se pronunció durante el conflicto, se mantuvo “en una postura que osciló entre el apoyo claro al Gobierno y el llamado al diálogo como actor ‘neutral’ del conflicto”¹². De fondo estaba la idea de que la medida garantizaba que se mantendría el tipo de cambio competitivo y, en particular, el modelo de funcionamiento del dólar alto surgido en 2002 por las devaluaciones del peso y su posterior estabilización en torno a 3,20 pesos. En cambio, la otra corriente acompañó a la Mesa de Enlace en diferentes actos. Lo relacionado con la resolución y cómo afectaba al sector agropecuario, motivos por los que, a priori, habían desencadenado el choque, quedaron a un lado para dejarle lugar a un discurso opositor que tomó el centro de la escena. Entre ellos, estaban Juan Carlos Sacco, Funes de Rioja, Nicholson, Luis Betnaza (Techint), Alberto Álvarez Saavedra (Gador) y Acevedo.

La aparición no tan fugaz de la Mesa de Enlace¹³, que no estaba encuadrada en la UIA, sino que emergió en la coyuntura, aportó otro ejemplo sobre cómo se desarrolla el lobby dentro de los sectores de la producción. Aquella se convirtió en el órgano centralizado desde el que se intentó elaborar y comunicar la estrategia a lo largo de los casi cinco meses que duró la puja. Allí se tramaron tanto las alianzas como las medidas de fuerza que subrayaban que el nuevo esquema impositivo afectaba sus márgenes de rentabilidad. Para ello, no dudaron en realizar cortes de ruta e implementar el cese de comercialización de carnes y granos. Sin embargo, esa fase se agotó, por lo que la Mesa de Enlace se diluyó al fragor de la contienda política.

Con el avance del conflicto, terminó por imponerse la segunda corriente. Hasta el punto de que la Mesa de Enlace logró que la UIA exigiese al Gobierno que los incluyera en el Acuerdo del Bicentenario, porque, de lo contrario, no firmarían ningún documento. A partir de ahí, la entidad fabril bregó, incluso a través de solicitadas, para que se pusiera especial énfasis en lograr el armisticio, algo que finalmente ocurrió, al menos formalmente, en julio de 2008.

GOLIAT

En los corrillos donde los industriales se mueven como políticos todo tembló cuando el titular de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, le quitó el velo a la interna de la UIA. No cortó el hilo por lo más delgado, fue directamente a la parte más gruesa: Paolo Rocca, cara visible de Techint.

Hace ocho años, como mínimo, que tengo choques importantes con Paolo Rocca; tenemos una visión distinta sobre el rol de las empresas líderes en el gremialismo empresario. En el caso de Paolo, él asume un rol personalista, desde que existe un grado de alto involucramiento en el funcionamiento de la asociación empresaria. El involucramiento debe ser en la agenda; en el día a día debe haber profesionalismo, algo que hace tiempo la UIA no tiene. De hecho, tampoco me he involucrado en la conformación de AEA.

Corría febrero de 2011. En la UIA se discutía si debía haber elecciones para reemplazar al renunciante Héctor Méndez o mantener el sistema de rotación.

Más allá de las permanentes tensiones, se visibilizaba el peso de la multinacional Techint. La empresa de los Rocca, conceptualmente situada dentro de las firmas que rechazan la apertura indiscriminada del mercado, es un caso aparte que se tratará específicamente en el capítulo “Vaca ajena”. Valen algunos trazos con espesor simbólico para percibir qué clase de partidas juega.

Cuando Lascurain llegó a la presidencia de la UIA, muchos lo señalaban como un hombre de Techint, entre otras cosas porque su hija Lara trabajaba en la multinacional. Cada vez que escuchaba eso, Lascurain respondía que ella lo había logrado sin palanca, por tozuda y aguerrida. Lo cierto es que, durante la 125, estuvieron en lugares opuestos. Mientras el presidente de la entidad fabril apoyaba abiertamente al Gobierno, AEA, con Rocca y Pagani, se mostraba cerca de la Mesa de Enlace.

En agosto de 2010, con las tensiones a flor de piel, se produjo un cónclave inédito entre la UIA y AEA. Ambas reclamaron la tan mentada “seguridad jurídica”. En el centro de las miradas se encontraba Héctor Magnetto, quien la noche anterior se había reunido con Mauricio Macri, Eduardo Duhalde, Carlos Reutemann, Felipe Solá y Francisco de Narváez, este último se encontraba en el cénit de su carrera política luego de derrotar a Kirchner en la provincia de Buenos Aires en 2009. Al lado del hombre del Grupo Clarín estaba Rocca, plenamente consciente de lo que eso significaba.

El enfrentamiento entre las entidades se profundizó. En 2011, las diferencias se volvieron públicas, casi irreconciliables en el momento en que les tocaba conducir¹⁴ la UIA a los Industriales, luego de la renuncia de Méndez. De un lado estaba De Mendiguren, quien aún tenía una aceptable sintonía con el oficialismo, y del otro la facción que había creado AEA, con Techint y Grupo Clarín a la cabeza. Eran tiempos en que la figura de Magnetto comenzaba a popularizarse, e incluso demonizarse, a raíz del enfrentamiento abierto con el kirchnerismo. La postulación de Adrián Kaufmann Brea para la presidencia de la UIA era leída por la otra franja de Industriales como un intento de que la central fabril se convierta en una AEA paralela, ultraanti-K.

Con Macri en la Casa Rosada, Rocca no dudó en mostrarse cerca del presidente, hasta el punto de que reclamó apoyarlo durante una entrevista televisiva con Carlos Pagni: “El país no puede aceptar más conflictos entre gobierno y oposición. Necesitamos asegurar la gobernabilidad”. En medio del caos que desató la causa que se inició a partir de los cuadernos del chofer de Roberto Baratta, Macri devolvería la gentileza recorriendo Vaca Muerta secundado por el empresario.

LA LLUVIA

Durante el último mandato de Cristina Fernández, los números del sector industrial no fueron buenos. Se dieron a conocer en el marco del VIII Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC): entre 2011 y 2014 cerraron 798 fábricas. El documento llevaba la firma del economista Diego Coatz, y señalaba que en 2011 había 60.029 industrias, mientras que en 2014 había 59.231 compañías del sector.

El esqueleto industrial del país, según datos de la Secretaría de Transformación Productiva, en 2018, se compone de 856.300 empresas, 83% de las cuales son microempresas; 16,8%, pymes, y solo 0,2%, grandes compañías. Además, las firmas de hasta 200 empleados representan el 66% del empleo formal privado del país. A su vez, hay 910 entidades, entre cámaras empresariales (797) y asociaciones de criadores (113). El promedio de miembros por cámara era de 103 personas, con un máximo de 4613 socios y un mínimo de dos.

Cuando Macri llegó a la presidencia, anunció, aún en estado de discurso proselitista, que se avecinaría una lluvia de inversiones. Sin embargo, los especialistas repetían que, tras doce años de un modelo más cerrado y con el track record de la Argentina en materia de reglas cambiantes, era muy difícil que una mera renovación de autoridades provocara una ola repentina de confianza.

La relación del mandatario nacional con los empresarios tuvo curvas ascendentes y descendentes. Comenzó con una cálida bienvenida, más allá de que, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante diputados y senadores, advirtió que la inflación bajaría con el correr del año y que no serían “tolerantes con las empresas”. Tras años de ser un espacio crítico, en octubre, el 52 Coloquio de IDEA agasajó al flamante presidente. Ante la cúpula empresarial, Macri emitió un discurso distendido, casi de campaña, frente a una concurrencia que lo vitoreaba: “En el camino de la productividad, el primero que tiene que dar los pasos más rápidos es el Estado, que no puede ser una carga, no puede ser un obstáculo, sino que debe ser un facilitador”.

El presidente de la UIA, Adrián Kaufmann Brea, ya lo había elogiado en pleno proceso electoral, sugiriendo que su proyecto político era más “preciso” para los industriales que el de Daniel Scioli, su contendiente. Al año siguiente, el hombre de Arcor fue reemplazado por Miguel Acevedo, a quien secundó el hombre de Techint, Luis Betnaza. Una de las críticas a la nueva conducción fue que habían perdido lugar las pymes, eje de muchos cuestionamientos al nuevo gobierno por los efectos de sus políticas respecto de la creciente apertura a la importación.

No bien asumió, el gobierno se esforzó por mostrar que había alineado a los empresarios. Los medios afines lo expresaban a la perfección: “Pasadas las cinco de la tarde, el salón Sur de la Casa Rosada se llenó de empresarios de primera línea que, ordenados y sin chistar, hacían fila para firmar un documento tan breve como concluyente”. Una hora después, y mientras buena parte de la conducción gremial del país se reunía a menos de cien metros, Macri les agradecía a los hombres de empresa por estampar su firma, “porque todos tenemos que poner el hombro en esta delicada y difícil transición”. Más allá del deseo, en los hechos eso no pasó. De acuerdo con un documento difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante ese año se produjeron 241.774 despidos y suspensiones.

El año 2018 reavivaría el vínculo tormentoso entre el Gobierno y los industriales. El 6 de marzo, en el marco de la causa iniciada a partir de un pago de 50 millones de pesos efectuado en noviembre de 2015 a la empresa de Lascurain, Fainser S. A., para la repavimentación de la ruta que llega a la mina de carbón de Río Turbio, Santa Cruz, el expresidente de la UIA fue detenido.

Todo empezó en junio de 2016, cuando el intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, le mandó una carta documento al nuevo interventor de YCRT (Yacimiento Carbonífero Río Turbio), Omar Zeidán, en la que le reclamaba una definición sobre la repavimentación. Además, señalaba que si la obra no se iba a continuar debía pedirse el reintegro de los 50 millones de adelanto ejecutando la garantía que estaba a nombre de YCRT, porque esa empresa fue la que pagó el adelanto.

Zeidán hizo la denuncia contra Lascurain y Pérez Osuna, entre otros. El propio Pérez Osuna sería detenido en simultáneo con Lascurain. Después de los tres primeros pagos hechos a Fainser, las nuevas autoridades de YCRT suspendieron los desembolsos. La empresa envió una carta documento a las autoridades locales, ya que la obra se hacía en convenio con el municipio e YCRT, reclamando un anticipo de más de 25 millones de pesos.

En ese contexto, ante el descontrol en la suba de precios y tarifas, a comienzos de año, las críticas públicas a los empresarios por parte de Francisco Pancho Cabrera, por entonces ministro de Producción nacional, cayeron muy mal: “Conocemos perfectamente cuáles son los procesos de inversión, cuáles son las razones, cuál es la historia de la producción y la industria en la Argentina. Creemos que hay que tener una agenda positiva y dejar de llorar. Hay que mirar hacia adelante, ganar nuevos mercados; hay que competir, tener mejoras de competitividad, y los precios van a bajar”¹⁵.

El funcionario estaba respondiendo a las críticas que los ejecutivos habían vertido durante una reunión del Comité Ejecutivo de la UIA sobre los miles empleos industriales perdidos y la creciente capacidad ociosa que oscilaba, según la estacionalidad, entre el 50 y el 60%. El propio Acevedo tocó un punto sensible: “Me llamó la atención la declaración de Cabrera, quizás están un poco susceptibles”¹⁶. Ya no era un secreto para nadie que las variables económicas y el humor social se deslizaban negativamente. Acevedo intentó una salida conciliatoria, sin dejar de marcar las diferencias: “En líneas generales, estamos completamente de acuerdo con las medidas del Gobierno, que son a largo plazo, difíciles de tomar. Después también estamos en la línea de batalla para decir ‘esto lo estamos viendo mal’, estamos viendo entrar productos que para nosotros son subsidiados. Eso no se puede tomar como una crítica, sino como algo por lo que nos tenemos que sentar a dialogar”¹⁷.

Cabrera no lo sabía, pero a partir de ese cruce el reloj de arena de su duración en el cargo se había volteado. El 16 de junio, en pleno Mundial de Fútbol, celebrado en Rusia, se conoció que abandonaba la silla ministerial. Uno de los puntos que explicaban su salida era una disputa en torno a la inflación con la gobernadora María Eugenia Vidal. Según se pudo reconstruir, la mandataria bonaerense le reclamó a Cabrera que pusiera especial atención sobre la estructura de costos de supermercados y de grandes empresas de consumo masivo. La respuesta de aquel no fue satisfactoria, por lo que Vidal hizo el mismo pedido a su ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien sostuvo que era imposible porque los técnicos y los recursos para semejantes informes los tenía la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. Después de un tiempo fuera de escena, Pancho reapareció en la UIA acompañando a la comitiva oficial. Ciertas versiones señalaron que se incorporó como asesor sin puesto en la Rosada.

GLORIA

El año 2018 guardaba su carta más cinematográfica, la cual enrarecería todo más aún: en agosto se sucedieron, a partir de las notas tomadas por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, las detenciones de empresarios y exfuncionarios. Muchos de ellos, conocidos como “los capitanes de la obra pública”, decidieron declararse arrepentidos en función de aportar datos para que se profundice la investigación judicial encabezada por el juez federal Claudio Bonadio, y así beneficiarse en lo que a su condena respecta.

Entre los de más nombre y peso, cayeron Betnaza, Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción, Armando Losón, de Grupo Albanesi, y Lascurain nuevamente, entre otros. La estrategia de los titulares de firmas que operaban en el exterior, en parte, fue ceder lo mínimo indispensable para no ver gravemente afectadas sus inversiones en el exterior.

Más allá de que el caso se desarrollará en el capítulo a continuación (“La voz de las corporaciones”), la clave fue el mensaje institucional del propio Acevedo cuando la mancha comenzaba a diseminarse: “En la industria, en estos últimos años uno de los sectores que más crecía era la obra pública; ahora quién va a poner plata en la Participación Público-Privada (PPP); quién va a dar garantías. Todo el sector está sospechado y eso significa que todo lo que se mueve alrededor sufrirá”. El mensaje era claro, relacional: no solo los empresarios se verían perjudicados, sino también su principal socio, el Estado.

Capítulo 2

La voz de las corporaciones

—¿Conoce el sistema de corrupción?

—Claro, desde hace cuarenta años. Si te metías en ese sector era muy difícil operar sin llegar a la coima. […] El sistema y las reglas de juego se perpetúan, y se perpetúan hace décadas.

EDUARDO COSTANTINI, “Destino: hacia dónde vamos”,
LN+, 30 de noviembre de 2018

A Luis María Betnaza lo suelen llamar el “ministro de Interior de Techint”. En el universo corporativo, todos saben que donde está él, está Paolo Rocca. La historia cuenta que, cuando el hermano menor de Roberto decidió partir hacia México, buscando hacer su propio camino a distancia, Betnaza lo siguió convencido cual soldado que se mueve eclipsado por la figura de su líder.

A pesar de que suele ser presentado como director corporativo de Relaciones Institucionales de la multinacional ítalo-argentina, muchos directamente consideran a Betnaza como el principal lobista de la industria vernácula. Cada vez que habla, todos entienden que lo hace Paolo, como cuando en diciembre de 2009 participó de un acto antikirchnerista con la Mesa de Enlace. En 2011, antes de las elecciones primarias, en relación con la entonces presidenta confesó: “No veo la hora de que llegue el 14 de agosto, así se termina esta farsa y se confirma que la gente no los quiere”. Con Mauricio Macri como presidente, más allá de que su apuesta siempre fue su amigo Ernesto Sanz, pasó de elogiarlo a cuestionar el tarifazo y la política comunicacional: “La gente no entiende por qué se le pide un esfuerzo”.

Cuando pidió el estatus de arrepentido en la causa por los cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, nadie dudó de que era Rocca a quien le rozaban las balas del expediente que llevaba el juez Claudio Bonadio. Por eso fue el propio empresario quien defendió a su subordinado durante un cónclave organizado por AEA en el Hotel Sheraton: “Se había militarizado la empresa. En esa circunstancia, Betnaza accedió a una exigencia de apoyo. La salida de Venezuela ha sido un trauma enorme”. A eso se sumó un video que editó la empresa para circulación interna, buscando demostrar el presunto clima de violencia al que se habían visto expuestos en Venezuela. Lo cierto es que Betnaza, como cualquier otro lobista, había quedado atrapado en la telaraña urdida a lo largo de años entre los diferentes gobiernos y las empresas.

¿ADÓNDE VA LA PLATA?

Muy pocos trabajos profundizaron el modo en que las empresas “invierten” en la política. Uno de ellos es el que desarrolló, en 2006, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el informe titulado La política de las políticas públicas. En él, se cotejaba la intensidad del uso de diferentes carteras de inversión empresarial para incidir en las decisiones gubernamentales de cinco países latinoamericanos: la Argentina, Colombia, Brasil, México y Chile.

La clave, a la hora de elegir hacia dónde volcar ese dinero, era identificar el momento, la forma y el canal. La tendencia general indicaba que las empresas “tienden más a intensificar sus inversiones cuando se enfrentan con políticas más estrechas que afectan directamente a sus intereses a corto plazo. El problema en estos casos consiste en evitar que los grupos más interesados capten la política”¹⁸.

Los mecanismos identificados fueron cinco: las asociaciones empresariales, el cabildeo, las contribuciones a elecciones y campañas electorales, las redes de contactos personales y la corrupción. La definición que desplegó el trabajo, sin explicitarlo, dejaba a las claras que se trataba de un tipo de presión que se ejerce principalmente sobre los poderes ejecutivos, y no tanto sobre los legislativos: “[…] se trata de una forma de influencia muy hermética y opaca. La corrupción tiende a estar conectada a políticas muy específicas y generalmente está más relacionada con su implementación (cuando se adjudican fondos, contratos u otras oportunidades a determinadas firmas) y la vigilancia de su cumplimiento (cuando se fijan y aplican sanciones)”¹⁹.

Una de las conclusiones que arrojaba era que, tanto en la Argentina como en Brasil, donde los encargados de formular políticas prestan menos atención a las asociaciones, las empresas tienden a no invertir mucho tiempo o dinero en ellas. Asimismo, en la Argentina, puntualmente, las firmas inyectaban, en un nivel medio, dinero al lobby, las contribuciones electorales y las redes.

Los temas de agenda en los que percibieron injerencia creciente de las empresas fueron en los relacionados con los cambios de tasas y la reforma de las pensiones, entre los inmediatos, y las modificaciones programadas en los impuestos o las jubilaciones, entre los de largo plazo.

Más allá de todo lo mencionado, la mayor atención giró en torno de cuánto, en cada uno de estos cinco países, destinaban las empresas a la corrupción. En ese ranking, solamente la Argentina aparecía como el único con un uso “alto” de ese recurso.

Pero ¿las empresas reconocen que esto es así? ¿Que hay plata usada para obtener beneficios de sus gestiones con los diferentes gobiernos? ¿Que esa plata puede ser el medio para hacerlo lícita o ilegalmente?

Para ello, la corporación empresarial robusteció el área de Asuntos Públicos. Según la encuesta²⁰ realizada, en 2014, por el Instituto de Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), entre 114 grandes empresas, el 77% cuenta con un sector determinado para estos temas.

La explicación que dan los especialistas es que sucedió así a raíz de que durante el kirchnerismo hubo dificultades para iniciar procesos de diálogo, motivo por el cual las firmas inyectaron mayores recursos con el objetivo de acercar sus posiciones, lo que le dio al área de Asuntos Públicos un lugar preponderante. El informe también indicó que durante 2013, a través de estos departamentos, el 87% de las empresas realizó gestiones de asuntos públicos con el Poder Ejecutivo, y el 68%, con el Poder Legislativo.

La relevancia que presenta para las organizaciones se refleja en que el 81% de los responsables del sector tiene reporte directo con el CEO o presidente de la compañía; y, también, en el notorio aumento del presupuesto destinado al departamento.

Aparecieron actores que se han vuelto fundamentales en esta relación entre el mundo corporativo y el mundo público: las cámaras y asociaciones. El 89% de las empresas dijo utilizar a estas instituciones para realizar gestiones gubernamentales, mientras que el 90% señaló que actuar a través de cámaras y asociaciones es medianamente o muy efectivo.

***

El lugar donde se teje el lobby de las empresas tiene nombre en cada corporación: Comunicación Institucional y Asuntos Públicos. “Me parece genuino que las empresas hagan lobby. Es una forma de decir: ‘Tomen mi punto de vista, porque sé de esto’”, sentenció la politóloga Cecilia Mosto.

En la Argentina, el lobby encuentra su explicación en el artículo 14 de la Constitución Nacional, al momento de establecer el derecho de los ciudadanos a “peticionar ante las autoridades” por sus intereses. Esa es la postura de Juan Pablo Maglier, quien tiene experiencia en Telecom y La Rural S. A. Para él, el lobby tiene mala prensa, pero es indispensable. En ese sentido, trazó una diferencia entre quienes se dedican a la comunicación institucional y quienes trajinan despachos de políticos. El predominio de uno por sobre el otro se da según el contexto: durante los últimos años kirchneristas, “el perfil que se buscaba era de lobista porque el contexto era desafiante, complicado o imposible en algunos escenarios, y eso obligaba a las compañías a buscar esos perfiles”.

Más allá de los matices, los especialistas coinciden en que la ruptura en el área de Asuntos Públicos se produjo a comienzos del siglo XXI. Hasta ese momento, generalmente, se contrataba a periodistas para que se encargasen de la prensa sin mayor capital que su formación académica y su paso por los medios de comunicación:

Después de la crisis de 2001, con un gobierno con un perfil más estatista, las compañías buscaron desarrollar el blindaje comunicacional, fundamentalmente en las empresas que necesitaban construir legitimidad para operar. Cuando la Argentina creció mucho en regulación desde el kirchnerismo hasta el presente, comenzó a ser necesario un dircom con un marcado perfil más orientado a operar en mercados regulados. Se trataba del lobista más tradicional, acostumbrado a resolver problemas en las dependencias gubernamentales correspondientes. Hoy ya es directamente gestión de intereses²¹.

Mosto, cuyo métier es la comunicación política empresarial, suele encabezar investigaciones focalizadas en las relaciones políticas de las empresas. Para ella, la mayor profesionalización se dio a la par del fortalecimiento de la institucionalidad en democracia. Ese robustecimiento conllevó la conformación de equipos multidisciplinarios. Ya no formaban parte de ella solamente quienes hacían prensa, sino también politólogos, antropólogos y sociólogos, entre otros. No casualmente, Mosto integró el equipo que creó en 2012 el posgrado de Asuntos Corporativos en la Universidad Católica Argentina (UCA).

¿Cuándo conviene tener a un lobista y cuándo a alguien con un perfil más corporativo? “Si tuviera que elegir —admitió Mosto—, prefiero un corporativo que sea político. Es muy difícil conseguirlo. Con el macrismo se dio un caso particular, ya que muchos corporativos pasaron al gobierno, pero muchos de ellos te confiesan que están agotados, porque la lógica de la política es asfixiante”.

Facundo Etchevehere es un caso de un político que se supo insertar exitosamente en el mundo corporativo y, a su vez, hacer aportes. Así lo ven en el sector. Formado en Ciencias Económicas de la UCA, Etchevehere