CAPÍTULO 1
LA PENÍNSULA IBÉRICA
A COMIENZOS DEL SIGLO XIX

MARIO JARAMILLO

Por mucho que los españoles peninsulares se empinaran para observar qué sucedía en los territorios ultramarinos, la sobrecogedora altura de los problemas locales impedía la visión. Jamás la América española estuvo tan lejos de la metrópoli como cuando comenzó el siglo XIX. A la distancia física, aún más acentuada por la zozobra que azotaba a unos mares controlados por los británicos, se sumaba la distancia mental, provocada por la magnitud absorbente de cuanto ocurría en la península ibérica. Las preocupaciones, sin duda, eran otras y muchas, y con la derrota de las escuadras españolas en la batalla naval de Trafalgar ante los ingleses, que tuvo lugar en 1805, se inició el preludio de una tragedia que se confirmaría con el transcurso de los años: España había dejado de ser la gran potencia mundial y su imperio sucumbía desde hacía mucho tiempo, aunque los Borbones se empecinaran en no reconocerlo.

El punto de quiebre habría que situarlo, por tanto, más atrás: en la década de 1770. La demanda creciente de ingresos para financiar la política bélica y para darles vida a las reformas borbónicas obligó a la Corona no sólo a incrementar la carga fiscal y a extremar su presión sobre las rentas coloniales, cuyo aporte a la Real Hacienda se duplicó en el último tercio del siglo, sino a recurrir al endeudamiento. A partir de la guerra contra Gran Bretaña, la creación de deuda se tornó indispensable para cubrir las necesidades. Aunque en principio pareció irrelevante, ésta aumentó a medida que se entraba en el siglo XIX y ocurrían los conflictos bélicos. Entre 1793 y 1808, el recurso constante a la emisión de vales provocó su depreciación y disparó la deuda hasta resultar incontrolable. Estaba claro que las finanzas públicas no lograban atender la demanda de recursos, siempre insuficientes. Se trataba de una situación que ofrecía un contraste singular con la solvencia de las arcas registrada durante una buena parte del siglo XVIII, cuando se beneficiaron de una sensible expansión económica generada por la actividad comercial y alimentada por una política de intervención de clara estirpe mercantilista, propia del absolutismo reinante.

LAS REFORMAS BORBÓNICAS

Tras la Guerra de Sucesión, entre 1701 y 1715, que situó a la dinastía borbónica en el trono de los Austrias, la concepción del Estado varió sustancialmente. La etapa de los Austrias, a partir del modelo político consignado desde los tiempos de Fernando el Católico, se caracterizó por el desarrollo de un absolutismo tolerante con la estructura administrativa y política enraizada en los fueros y en las propias leyes de los distintos reinos. Se trataba, por lo tanto, de un absolutismo ajeno a pretensiones verdaderamente unificadoras. Es memorable el mensaje que recibió Felipe IV del Conde Duque de Olivares, su valido, y que no llevó a la práctica: «Tenga V. M. por el negocio más importante de su Monarquía el hacerse rey de España; quiero decir, señor, que no se contente V. M. con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de Barcelona, sino que trabaje y piense, con consejo mudado y secreto, por reducir estos reynos de que se compone España, al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia, que si V. M. lo alcanza, será el Príncipe más poderoso del Mundo».[1]

La dinastía borbónica, en cambio, más próxima en origen a las formas despóticas francesas, moldeó bajo el absolutismo ilustrado la idea de una nación más homogénea, centralizada, capaz de aumentar el poder real a través del fomento de la riqueza entre los vasallos y sujeta a una densa e infinita reglamentación, emanada de su compulsivo carácter legislador. Los gobiernos borbónicos se mantuvieron atrapados en las cuerdas de un prolífico aparato burocrático engrasado por un paternalismo que se ejercía desde las dependencias reales por cortesanos amantes del estilo neoclásico. Carlos III, el monarca de la Ilustración por excelencia, delegaba el poder en sus ministros, aunque aparecía como el gran servidor de la sociedad y a quien, por lo tanto, se debía obediencia y lealtad.

De ahí que las reformas borbónicas se hubieran dirigido a la búsqueda de los medios capaces de fortalecer el propio poder monárquico, el único instrumento que por entonces se consideraba apto para lograr la «felicidad de los vasallos», según el lenguaje doctrinal de la época. En el empeño, por supuesto, algunas medidas de intervención impulsaron el crecimiento económico español, pero muchas de ellas no llegaron a fructificar en lo político, sobre todo por la dificultad de su implantación, dada la multiplicidad de normas y la confusión que ellas generaban. Del apogeo reformista, entre 1759 y 1789, se obtuvo menos de lo esperado y más desesperación de lo pensado. Si bien en términos estrictos España se comportó entonces como un Estado moderno —donde el paradigma lo constituye teóricamente la monarquía absoluta— y las reformas borbónicas lo apuntalaron en tal sentido, en la práctica coexistió con algunos patrones medievales, típicos del Antiguo Régimen, incluso hasta más allá de la mitad del siglo XIX. No obstante, el costo político y económico de la puesta en marcha de muchas iniciativas reformistas fue enorme, especialmente en las últimas décadas del siglo XVIII, cuando además se sumaron los errores garrafales cometidos en la política exterior, cuya senda errática se amplió aún más durante las primeras del siglo XIX. Poco o nada quedaba, para entonces, de lo obtenido durante la etapa de expansión.

Las reformas borbónicas, basadas en la instrumentalización de ideas que se pensaba que revertirían en mayores ingresos y mayor poder, también se tradujeron en la América española en el ejercicio de un fuerte control centralizador sobre la estructura existente, en menos libertad para sus habitantes y en un conjunto de cambios que beneficiaron gruesamente las ambiciones de la metrópoli. El control imperial, sobre todo desde los últimos borbones, se estrechó hasta el punto de desmantelar el Estado criollo y restaurar la hegemonía peninsular, amenazada además por Portugal y por las constantes incursiones de ingleses, holandeses y franceses.

Había demasiados pretendientes europeos que ponían en peligro las posesiones de ultramar y no pocos intereses que podían sucumbir ante nuevas tentaciones. «Los cargos más elevados de las audiencias, el ejército y la Hacienda se reservaron entonces casi en exclusiva para los peninsulares, al mismo tiempo que las nuevas oportunidades aparecidas en el mercado trasatlántico se convirtieron en un privilegio especial»,[2] escribió John Lynch en un atinado ensayo. A partir de 1750, el Estado criollo pasó a ser sustituido por el Estado borbónico. De manera peligrosa, se rompió así el equilibrio de fuerzas existente durante el período colonial, con efectos impensables sobre los intereses de los grupos dominantes en América.

Aunque por defecto, y de forma desigual, se impulsó el crecimiento en los territorios ultramarinos y se experimentó cierta prosperidad, también fueron evidentes, como consecuencia de las reformas, la dureza que impusieron las medidas fiscales y la extensión de los monopolios estatales. La puesta en marcha del Estado borbónico, que aumentaba los beneficios de la Real Hacienda y ampliaba el poder de la monarquía, generó, a la larga, protestas y resentimientos, piezas fundamentales para comprender una parte del proceso independentista americano. A partir de la última década del xviii, cuando España se sumergió en conflictos con Inglaterra, Portugal y Francia, empezó a perder el control económico sobre los territorios ultramarinos, que se abrieron al comercio mundial en detrimento de la política de monopolio, que obligaba al comercio exclusivo con la metrópoli.

El Reglamento para el Comercio Libre, promulgado en 1778 con la pretensión de asegurar «la felicidad de mis amados Vasallos de estos Reynos y los de Indias»,[3] que abrió más de media docena de puertos de la península para comerciar directamente con América, sin que se eliminaran las restricciones para el intercambio con puertos que no fueran españoles, fue proteccionista en su concepción y permitió una expansión sustancial de las exportaciones desde la península hacia las Indias y viceversa. Debe precisarse que la política de libre comercio favorecía exclusivamente el intercambio entre la península y las colonias —territorios españoles en ultramar— y que el carácter proteccionista del Reglamento consistió en la exclusión de otras naciones interesadas en el comercio. Cuando el sistema se fue al traste, como consecuencia de la declaración de guerra de España contra Gran Bretaña a mediados de 1796, la crisis comercial desatada derivó en América hacia la búsqueda de otros caminos que paliaran la situación de los comerciantes y productores americanos.

La caída paulatina de las importaciones desde las colonias revela la magnitud del problema: a mediados de la década de 1820, el total de las importaciones había descendido un 86,5%.[4] Una cifra que contrasta con la etapa del libre comercio, entre 1778 y 1796, cuando las importaciones desde América se multiplicaron por quince.[5] Se trata de un registro revelador, de otra pieza fundamental para comprender los sucesos independentistas que luego sobrevinieron en las Indias.

En todo caso, la expansión económica del siglo XVIII, animada por el aumento del consumo generado dentro de un proceso de creciente urbanización, tuvo como eje central la dinámica conseguida en las relaciones comerciales. La supresión de las aduanas internas, la demanda de productos españoles por parte de la Europa septentrional y la demanda, aunque menos elevada, desde de los territorios ultramarinos favorecieron el crecimiento de la economía española.

El país había vivido un acelerado incremento poblacional: de 7,7 millones que tenía al comenzar el siglo XVIII alcanzó los 11 millones al despuntar el XIX. Para 1800, los núcleos urbanos albergaban el 11% de la población, y Madrid, centro vital de la península, congregaba casi el 2%. Con cerca de 190.000 habitantes, la ciudad castellana constituía el punto de convergencia del tráfico interior de mercancías, que para su consumo recibía una parte importante de la producción andaluza y levantina, zonas donde se desarrollaba la agricultura intensiva y, en menor escala, la elaboración de textiles.

Para entonces el 70% de la población activa española se hallaba dedicada a la agricultura, que representaba un 50% del producto interno bruto.[6] Cereales, olivares y vides, y una ganadería ovina de proporciones más que suficientes para atender la demanda interna y externa de derivados como la lana, ocupaban mayoritariamente la mano de obra española. La industria, básicamente estatal como corresponde al modelo mercantilista prevaleciente, y sin mayor peso dentro del conjunto de la economía, era dinámica en el sector militar y en la fabricación de productos de lujo, como la cristalería, las porcelanas y los tapices, trabajados en las llamadas fábricas reales. La actividad privada industrial, escasa, se limitó a tímidos desarrollos manufactureros, sobre todo en Cataluña, y siderúrgicos, en el País Vasco.

El denominado régimen señorial, modelo agrario de estirpe feudal, regulado jurídicamente, se proyectaba por entero sobre la sociedad española, claramente estamental. Estaba compuesta por los nobles, poseedores en su mayoría de grandes extensiones de tierra y con funciones públicas dentro de ellas; por la Iglesia, también dueña de extensas propiedades, y por los plebeyos, dedicados a las faenas agrícolas y ganaderas por lo general en tierras de la nobleza. La alta administración del Estado, desde los tiempos del primer Borbón reinante en España, Felipe V, recayó sobre todo en nobles no titulados (hidalgos), casi siempre recompensados con títulos por los servicios prestados a la Corona a lo largo de sus carreras. Y aunque se trataba de una sociedad estamental, profundamente jerárquica y vertical, la confrontación social no fue una característica de la época.

Pocos efectos provocaron la explosión revolucionaria de 1789 en Francia y sus preliminares. De hecho, años después, al producirse en 1808 el levantamiento popular contra la ocupación francesa de España, Carlos Marx expresó: «Las Juntas [encargadas de canalizarlo] fueron elegidas por sufragio universal, pero el gran celo de las clases bajas se manifestó por la obediencia. Eligieron generalmente a sus superiores naturales, elementos de la nobleza provincial y de la pequeña nobleza [conformadas por hidalgos]…».[7]

Por su parte, Francisco Martínez de la Rosa, pensador y político liberal de significativa influencia durante las primeras décadas del XIX, escribió que era tal «el influjo de los antiguos hábitos, y tan arraigada estaba en aquellos tiempos la obediencia y el respeto a las clases más elevadas, que el pueblo nombró para que le gobernase a aquellos cuerpos y personas a quienes tenía por costumbre de obedecer y reverenciar».[8] España, sin el espacio social alterado por las corrientes ideológicas que entonces corrían demoledoramente por Francia y Estados Unidos, se mostraba tanto a finales del reinado de Carlos III como al comienzo del de Carlos IV como una nación saludable, con una economía sin queja, aún imperial, inmersa en el marco de una Europa cuyo ritmo de crecimiento era semejante entre sus Estados.

Los ingresos procedentes de la América española, que aumentaron considerablemente a partir de la segunda mitad del siglo, constituían el marco de plata de un cuadro alegre que, no obstante, se desdibujó por completo en las primeras décadas del siglo XIX. Cuando Goya pintó sus obras más dramáticas, retrató de manera fidedigna una realidad apabullante, tan grave y larga como la crisis que empezaba a desatarse en su país. La rebelión de un hijo contra su padre se encargaría de dar el puntillazo final al Imperio.

EL DRAMA DE 1808

El príncipe de Asturias, aupado por sus partidarios, logró en marzo de 1808 la abdicación de su padre, Carlos IV, y se convirtió en Fernando VII, rey indiscutible de los españoles. Los seguidores de Fernando VII habían logrado canalizar el descontento, cansados de la gestión de un gobierno dirigido personalmente por el Príncipe de la Paz, el ministro Manuel Godoy, a quien culpaban de todos los males.

Frente a la amenaza circundante de las tropas francesas, que en virtud del Tratado de Fontainebleau, de 1807, se hallaban en territorio español para intervenir en Portugal, y asumida la imposibilidad de ofrecerles resistencia, Fernando VII no halló más solución que buscar ante Napoleón el reconocimiento en el trono. Aunque el emperador contempló inicialmente la idea de restablecer en el poder a Carlos IV, abandonó el proyecto, consciente de la impopularidad del destronado. Tampoco, sin embargo, quiso reconocer a Fernando VII, que recibió el apoyo de los ingleses en la sublevación contra su padre y cuya fuerza representaba un considerable peligro para el imperio napoleónico.

Entre tanto, en Francia se contemplaba que fuera Luis, hermano de Napoleón, el nuevo rey español, mientras en Madrid el duque de Berg, Joachim Murat, mariscal y lugarteniente del emperador en la península, abrigaba la esperanza de ocupar el trono. A finales de ese mes de marzo de 1808, Napoleón reconsideró el proyecto de restablecer a Carlos IV, pero introdujo un cambio singular: una vez de nuevo en el poder, lo despojaría de él y le entregaría la corona a su hermano José Bonaparte, rey de Nápoles y de Sicilia. Cuando Fernando VII comprendió que Napoleón no lo tenía entre sus planes, al considerarlo tan enemigo como los ingleses que lo apoyaban, decidió marchar hacia Bayona, adonde luego llegarían sus padres, empujados por el emperador y por la maniobra que tenía en mente. Antes de partir, Fernando VII constituyó en Madrid una Junta Suprema de Gobierno que presidiría el infante don Antonio.

Al parecer por reclamo de los reyes padres, los franceses exigieron más tarde que el infante fuera enviado a Bayona. El 2 de mayo en la mañana, cuando se disponía a embarcarse en el coche de caballos, medio centenar de personas, al grito de traición, penetró en el palacio. Los franceses ordenaron reprimir el levantamiento y bajo sus balas cayeron una decena de españoles entre muertos y heridos. A ello sucedió una violenta reacción popular, manifiesta en ataques a los franceses que se hallaban en las calles. Los episodios obligaron a Murat a desplazar a 30.000 hombres para enfrentar a los madrileños sublevados, que alcanzaron rápidamente la cifra de 20.000, y los sangrientos choques quedaron retratados para la posteridad en las obras de Goya, en las que se observa cómo comenzó el levantamiento contra los franceses y cómo España comenzó su propia guerra de independencia.

Cuando los reyes padres llegaron a Bayona, Carlos IV ofreció renunciar a la Corona a cambio de que fuera entregada a su hijo Fernando. Napoleón, fiel a su plan, dejó claro que el camino a seguir sería el trazado por él: que Fernando VII devolviera el trono. El 6 de mayo, mediante una carta dirigida a su padre, Fernando VII renunció. Tiempo después, Agustín Argüelles, la figura políticamente más influyente en las Cortes de Cádiz que darían cuerpo a la Constitución de 1812, escribió sobre los rocambolescos episodios:

Un monarca [Carlos IV] jurado y obedecido con la mayor fidelidad y respeto durante veinte años de tentaciones y peligros políticos; su heredero y sucesor en el trono [Fernando VII]; los infantes y demás miembros de la familia real; diputaciones de la nobleza, del clero, de los tribunales y consejos supremos; y otras autoridades superiores; por miedo, por halagos, por amenazas, por seducción o cualesquiera otras causas que quieran alegarse para atenuación o disculpa, sin que hubiera intervenido ningún acto de violencia y coacción que los obligara, acudieron a una ciudad [Bayona] de un reino extraño. Reunidos en ella, consintieron, autorizaron, y, del modo que pudieron, consumaron la entrega de su patria en manos de un extranjero.[9]

El día anterior, el 5 de mayo, no obstante, Fernando VII como rey había firmado sus dos últimos decretos: a través de ellos otorgaba el ejercicio de la soberanía a la Junta Suprema, fijaba el comienzo de las hostilidades para el momento en que fuera puesto en territorio francés y ordenaba al Consejo de Castilla que convocara a las Cortes con el único objeto de defender el reino. La soberanía, en efecto, quedó en manos de la Junta, pero presidida por Murat, cuyos hábiles movimientos lo convirtieron en la suprema autoridad de españoles y franceses.

En la segunda semana de mayo, el Consejo de Castilla se planteó el problema de las abdicaciones. En línea con la voluntad de los invasores, «le parece que en ejecución de lo resuelto por S. M. I. podía recaer la elección para rey de las Españas en José Napoleón, rey de Nápoles».[10] Días más tarde, el propio Consejo lo proclamó rey.

Mientras ello ocurría, bajo la dirección de las capitanías generales y las audiencias se sumaban otras poblaciones al levantamiento de Madrid. Para ellas estaba claro que, ante las abdicaciones de Bayona, la soberanía pasaba directamente al pueblo, levantado en armas contra los invasores franceses. Como consecuencia, se constituyeron con el paso del tiempo 18 juntas provinciales, representantes de la voluntad popular.

Napoleón, por su parte, escribió en esos días a su hermano José: «La nación, por medio del Consejo Supremo de Castilla, me pide un rey. Es a vos a quien destino esta corona. España no es el reino de Nápoles; se trata de once millones de habitantes, más de 150 millones de ingresos, sin contar las inmensas rentas y las posesiones de todas las Américas»,[11] y a continuación le señalaba el primero de junio para que se presentara en Madrid. Cinco días después, el emperador firmó el decreto en el que «hemos resuelto proclamar, como Nos proclamamos por las presentes, Rey de España y de las Indias a nuestro muy amado hermano José, actualmente rey de Nápoles y de Sicilia».[12] Aunque lo proclamó en nombre propio, argumentó que era a solicitud de la Junta de Estado y del Consejo de Castilla, que pedían «que se pusiese prontamente término al interregno»[13] provocado por las abdicaciones.

El emperador suscribió una proclama por medio de la cual convocó a una asamblea integrada por españoles. Tras haberse constituido en Cortes, la asamblea elaboró la llamada Constitución de Bayona. El 8 de julio de 1808, José Bonaparte se presentó para jurar: «El monarca, el de ser fiel a la Constitución; los diputados, el de ser fieles al rey».[14] Como consecuencia, Fernando VII y los infantes fueron puestos en cautividad en el castillo francés de Valençay, donde el emperador les impuso que juraran fidelidad al nuevo monarca. Fernando VII y su séquito firmaron, además, cartas de felicitación al nuevo rey y al emperador.

LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

Entre tanto, la resistencia, por medio de las juntas provinciales, declaraba la guerra y el territorio peninsular se sumía en un conflicto en el que las operaciones españolas estaban dirigidas a buscar la independencia de Francia. Mientras España se negaba a reconocer al nuevo soberano, éste constituía una corte, compuesta por los afrancesados, hombres que le juraron fidelidad y ocuparon los cargos administrativos y políticos, tras entender que lo que sucedía en el reino no era sino «un cambio de dinastía aprobado por los soberanos legítimos».[15]

La península, ocupada por los franceses y por las fuerzas de la resistencia española que se distribuyeron por el territorio, empezó a vivir su propia guerra de independencia. Ante el invasor, los llamados afrancesados —convencidos de que la aceptación de la nueva dinastía no debería significar la desmembración del país—, los absolutistas —que pretendían el restablecimiento del régimen borbónico en condiciones similares a las del pasado— y los liberales —decididos a implantar un nuevo modelo de Estado que rompiera con el absolutismo— encontraron un punto en común: la expulsión del enemigo para independizarse de Francia.

El naciente gobierno, bajo José I, se encontró con graves problemas financieros, producto de una hacienda en estado deplorable. La necesidad era obvia para el nuevo monarca: requería dinero y soldados para mantenerse en el poder, aunque Napoleón se negara a ello, convencido de que la guerra debía alimentar la propia guerra.

Los franceses desplazaron 110.000 hombres al campo de batalla, mientras el ejército español destinó 100.000. Napoleón, empecinado en sostener que el levantamiento era el simple producto de una nueva guerra dinástica, estaba seguro de que la superioridad numérica de sus fuerzas sería suficiente para aplacar al enemigo; pero a comienzos de agosto de 1808, cuando el gobierno inglés atendió las peticiones de las juntas españolas y dispuso una división para combatir a los franceses, la situación se le complicó. En el otoño, como respuesta, puso en marcha 250.000 hombres de refuerzo. El emperador también quería resarcirse de la derrota sufrida por sus soldados en la batalla de Bailén, acaecida a mitad julio y en la que más de 17.000 combatientes suyos tuvieron que rendirse.

Las juntas supremas, constituidas en poder soberano, dieron pronto origen a la Junta Central, que se reunió por primera vez en septiembre de 1808 para asumir la soberanía nacional. Tras algunos meses de funcionamiento, la institución albergó la gestación de las Cortes, a pesar de la oposición de los ingleses, que veían en el empeño una distracción sobre la tarea fundamental en que estaban empeñados: arrojar a los ejércitos franceses de la península. A finales de enero de 1809, la Junta Central se dirigió a la isla de León, en Cádiz, donde tomaría forma la convocatoria de las Cortes, con el propósito de elaborar una constitución, una idea que desde el levantamiento animaba el espíritu rebelde.

El 2 de diciembre de 1808, Napoleón conquistó Madrid, y tras la capitulación de la junta suprema local, restableció tiempo después a su hermano José en el trono, que se había refugiado en Vitoria tras huir de Madrid después de la batalla de Bailén. «Le he encontrado mal»,[16] dijo el emperador sobre su hermano, quien pretendía cierta independencia con respecto a Francia, según constató luego de reunirse con él en Vitoria. «Es preciso que España sea francesa —le comunicó—. Para Francia es para lo que hemos conquistado España […] Soy francés por todos mis afectos, al igual que lo soy por deber […] No busco más que la gloria de Francia […] No se trata de volver a empezar aquí [la historia] de Felipe V».[17]

No fue extraño, por lo tanto, que Napoleón se hiciera cargo del ejército y actuara como rey hasta su salida de Madrid el 22 de diciembre. Había entendido que su hermano le devolvía la corona, al no complacerle en la búsqueda de la unidad política con Francia. Después de abandonar la ciudad, José Bonaparte volvió a convertirse en José I. Había recobrado la Corona por voluntad de su hermano. No obstante, como percibió enseguida, tenía que convivir con los hombres que Napoleón conservaba en Madrid, dotados de poder y a quienes el monarca comunicaba directamente sus instrucciones, con evidente interferencia sobre los planes del rey restablecido. Para José I la Constitución de Bayona era la fuente de sus derechos y obligaciones, pero para Napoleón lo era el derecho de conquista, y sus hombres quedaban allí para hacerlo efectivo.

La guerra, sin embargo, no estaba ganada, pese a la entrada triunfal en Madrid. Los ejércitos franceses no dominaban más provincias que seis meses antes, pero obtendrían una serie de triunfos a lo largo de los siguientes tres años.

Tras la victoria en otro campo de batalla, a mediados de 1809, en Wagram sobre los austriacos, más el triunfo obtenido en Ocaña en noviembre y la posterior invasión a Andalucía, el emperador no parecía ver otro enemigo que el ejército inglés refugiado en Portugal. En febrero de 1810 estableció una estructura militar sobre los territorios del norte peninsular que, a juicio de la corte del rey José, representaba una clara desmembración de España. El emperador, sin embargo, aducía argumentos económicos: «No puedo continuar costeando los gastos de mi ejército en España. Deseo que la administración del país conquistado esté en manos de los generales que mandan en la provincia, a fin de que todos los recursos se apliquen a los gastos del ejército».[18] En la práctica, constituyó una especie de virreinato, paralelo a la corte y a su propio hermano, cuyo mando militar se redujo al centro de la península. Como reacción, se decidió convocar a las Cortes josefinas, con la intención de legislar para la totalidad del país y crear la sensación de que quien gobernaba era José I y no los generales del emperador.

Mientras en la Nueva Granada los sucesos de julio de 1810 ocupaban la atención, José I enviaba a París a su esposa, la reina Julia, con el propósito de convencer al emperador de la urgente necesidad de revocar los edictos imperiales y de hacerle saber su intención de abdicar si no se plegaba a su solicitud. Pero Napoleón, que conocía a la perfección el temperamento de su hermano, hizo caso omiso de la embajada de la reina. Durante los siguientes meses, José I se dedicó a evitar la desmembración de España, pretendida por su hermano, hasta conseguir que el emperador cediera en sus planes. Se mantendría la integridad de la península si las Cortes reunidas en Cádiz reconocían la Constitución de Bayona; pero si llegara a fracasar en la misión, se consideraría libre de todo compromiso con relación a España y, a cambio, convocaría las Cortes josefinas.

LAS CORTES DE CÁDIZ

Las Cortes de Cádiz fueron el resultado del trabajo de una nueva junta, creada antes de disolverse la Central, en la que algunos miembros, contrarios a la nueva institución, decretaron la creación de una regencia, en ausencia del rey legítimo, a la que traspasaron el poder. El Consejo de la Regencia se instaló en enero de 1810 y se proclamó receptor de la soberanía en mensaje dirigido a los españoles americanos. Con el paso de las semanas la regencia, no obstante, se plegó a los deseos de los diputados recién llegados a Cádiz y promovió la idea de convocar a los españoles bajo una representación de tipo estamental. A mediados de agosto se acordó que la regencia presidiría la sesión inaugural de las Cortes, que tendría lugar en el momento en que se hallaran en Cádiz la mayoría de los diputados. Fue cuando surgió el problema de la representación de los españoles americanos, que tardarían en llegar, y la de las provincias peninsulares ocupadas por los franceses. Se optó por el sistema de suplencias y se estableció la manera de elegirlos. El número de suplentes se fijó en 53, de los cuales 30 representaban a los americanos.

Desde febrero de 1810, cuando se convocaron las Cortes, los españoles americanos fueron invitados a elegir diputados, pero se temió que la representación de las Indias fuera superior a la peninsular, al contar con mayor número de habitantes. La desconfianza obligó a determinar un cupo inferior, mediante el sistema temporal de suplencias, bajo el argumento de que no había suficiente tiempo para organizar las elecciones en América y los elegidos tardarían demasiado en arribar a Cádiz.

Cuando posteriormente los españoles americanos llegaron a Cádiz, presionaron para que las Cortes los declararan iguales a los españoles peninsulares y para que se promulgara una amnistía a favor de los insurrectos. Tras largas dilaciones, las Cortes admitieron la igualdad entre unos y otros, pero excluyeron a la población negra y convinieron en poner más atención al bienestar de los habitantes en América. Al aceptarse finalmente el principio de igualdad, surgió como consecuencia una serie de debates donde se discutió el problema emergente de la representación. Se decidió, por último, hacer efectivo el principio de la igualdad pero con aplicación futura, y se mantuvo en firme la postura frente a la población negra.

La permanente sospecha en torno a los movimientos de los diputados americanos puso en evidencia la desconfianza existente con respecto al rumbo que podía tomar la igualdad de representación y la repercusión que ella tenía sobre las pretensiones de los americanos insurrectos.[19] A pesar de la estirpe liberal de las Cortes, fue ostensible el recelo hacia las opiniones provenientes de América y la discriminación de que fueron objeto las propuestas de sus diputados. Las decisiones se tomaron mayoritariamente en virtud de la conveniencia peninsular, sin contemplar ni atender las circunstancias propias y específicas de los territorios americanos. Prevaleció la óptica de la metrópoli.

Una queja recurrente en las Cortes, por parte de los diputados de Indias, se originaba en la discriminación que sufrían los españoles americanos en el acceso a la administración colonial. Mientras los funcionarios peninsulares ocupaban los cargos de importancia, los criollos debían limitarse a los puestos bajos y someterse al trato vertical. El resentimiento entre los criollos no pareció comprenderse del todo: en alguna ocasión se adujo que el problema radicaba en la calidad de los funcionarios enviados desde la metrópoli. Con los años, no obstante, se introdujeron cambios favorables para mejorar y aumentar la participación de españoles americanos en la administración. Más adelante, de los 40 miembros del Consejo de Estado, 12 serían españoles americanos.

La regencia, por su parte, les permitiría el acceso a instancias ministeriales altas. En 1814, bajo el reinado de Fernando VII, se nombró ministro de Estado al duque de San Carlos, nacido en Lima, y ministro de Ultramar a un español nacido en México. Y el Consejo de Indias se restableció ese mismo año, con la presencia de cinco españoles americanos. Aparte de ello, desde 1812, los diversos gobiernos introdujeron cambios en la administración, como las reformas provinciales y municipales, con el objeto de atender las inquietudes americanas. En la mayoría de las ocasiones, sin embargo, las reformas quedaron en suspenso, apagadas por la fuerza de los acontecimientos políticos peninsulares, cuando no por la resistencia de los propios funcionarios españoles a implantarlas.

El trato residual al problema americano, dominado además por el desconocimiento de la realidad de América en la metrópoli, se resolvía con pasos inseguros, dados de la mano de quienes buscaban proteger sus propios intereses. Desde el principio, por lo tanto, no hubo claridad acerca de cómo abordar funcionalmente la situación en las colonias. El régimen liberal abolió el Consejo de Indias y creó el Ministerio de Ultramar. Luego, con el retorno de Fernando VII en 1814, se restableció de nuevo y se creó además el Ministerio Universal de las Indias que, al año siguiente, dejó de existir. Y aunque se restableció el Consejo de Indias, la responsabilidad sobre América pasó más tarde al ministro de Estado. Era tal la desorganización y el caos burocrático que incluso llegó a proponerse, aunque sin éxito, un consejo real y una suprema corte para América.

El puerto de Cádiz, lugar de reunión de las Cortes, constituía un centro de múltiples intereses, pero todos ellos coincidentes en lo fundamental: el comercio con los territorios de ultramar. Albergaba a los comerciantes más poderosos de la península, que ejercieron a lo largo de muchos años presiones ineludibles y determinaron una buena parte del rumbo de la política con respecto a la América española. Nunca aceptaron que España fuera impotente ante la problemática americana, y su arrogancia y desdén frente a lo que ocurría allí los llevó a creer que la lealtad de los territorios de ultramar se recuperaría con el tiempo.[20] En consecuencia, muchas de las reformas que se intentaron fracasaron ante la resistencia de los comerciantes establecidos en Cádiz, de quienes, invariablemente, los diversos regímenes de la metrópoli dependieron de manera recurrente. Algunos beneficios que quiso establecer la administración liberal a partir de 1812 a favor de los americanos cayeron por tierra ante su presión. Y en los intentos de Fernando VII por pacificar militarmente los territorios ultramarinos, prevalecieron sus intereses.

Fueron precisamente los comerciantes establecidos en Cádiz, la principal plaza comercial en tiempos coloniales, quienes aportaron los primeros fondos para intentar la pacificación de la América española y preservar así el comercio con tales territorios.[21] El Consulado de Cádiz, tras lograr la aceptación de la regencia que se constituyó allí en 1809, estableció una junta de comerciantes que asumió funciones bajo el nombre de Comisión de Reemplazos de Cádiz, también conocida como Comisión de Reemplazos de América. Sus funciones consistieron en mantener abiertos los canales con los mercados americanos y aprovechar los desplazamientos de las naves de guerra españolas para custodiar sus mercancías, amenazadas por los corsarios. Con el tiempo, la Comisión se constituyó en el eje fundamental de las expediciones militares contra los rebeldes americanos, y sus actuaciones, permanentemente limitadas por la escasez de recursos, fueron respaldadas por todos los regímenes españoles, tanto liberales como absolutistas, hasta materializarse la independencia de América.

A lo largo de su historia, las fuentes de financiación de la Comisión de Reemplazos se vieron mermadas por la guerra contra Francia, por la depresión del comercio, por la caída de la recaudación de las tesorerías de la Real Hacienda colonial a causa del conflicto y, en suma, por la crítica situación económica que padeció España entera durante más de dos décadas. La Comisión tuvo que enfrentar, amén de la escasez de recursos, la dispersión de suministros militares y los constantes cambios jurisdiccionales. La insuficiencia de dinero se paliaba la mayoría de las veces con préstamos particulares, concedidos con elevados intereses. La Comisión, sin embargo, despachó 30 expediciones entre 1811 y 1820, financiadas en buena parte con recursos privados. Los préstamos voluntarios, concedidos por los comerciantes establecidos en Cádiz, llegaron a representar hasta un 54% del total recibido.[22]

Aun cuando al crearse la Comisión se creyó que sus operaciones serían financiadas con recursos provenientes de la propia América, fueron los peninsulares quienes cargaron con el mayor gasto en el intento pacificador. Mientras las colonias aportaron un 25%, lo restante fue sufragado por la metrópoli.[23]

LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

Al momento de instalarse las Cortes de forma unicameral, a comienzos de 1811, se agravaron los problemas con la regencia, que abandonó el salón de sesiones tras presentar su renuncia como producto del enfrentamiento con la nueva institución. Las Cortes, que «reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo señor don Fernando VII de Borbón»,[24] sacaron adelante una nueva Constitución: la de 1812, conocida como La Pepa. En ella se determinó que la soberanía estaría representada por la nación, que es «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios»; limitó el absolutismo monárquico a través de la división de poderes; fijó las atribuciones al rey, en quien recaía el poder ejecutivo; atribuyó a las Cortes el poder legislativo, mediante un sistema de elección nacional, proporcional y basado en la posesión de rentas anuales, e implantó un nuevo sistema judicial. La Constitución, aunque no abolió la nobleza, extinguió el régimen señorial, raíz de su poder económico —sin hallar mayor resistencia entre los diputados nobles—, suprimió la Inquisición, estableció una clara defensa del derecho de propiedad y fijó la proporcionalidad en los impuestos.

La Constitución dio forma así a un Estado liberal, cuyo articulado tendría que llevarse a la práctica en los siguientes meses en medio de un territorio dividido y un nuevo gobierno sin recursos, como consecuencia de los gastos de la guerra de independencia. Con el propósito de extinguir la deuda pública y restablecer el crédito, se aprobaron medidas como la desamortización civil y eclesiástica. El rechazo de la Iglesia fue evidente y contribuiría al fracaso de la política liberal dos años después.

Los diputados americanos en las Cortes, permanentemente observados con sospecha por los peninsulares, demandaron reformas en el campo tributario, en materia de monopolios, en la agricultura y en la distribución de la tierra. Los tributos indígenas fueron abolidos en marzo de 1811 con la intención de obtener su lealtad a la Corona y, en noviembre de 1812, se suprimió la mita, establecida a finales del siglo XVI; pero las dificultades financieras obligaron más tarde, en 1815, bajo el reinado de Fernando VII, a reintroducir parcialmente los tributos, a manera de contribución, con el pretexto de que era injusto mantener distinciones entre indios y españoles.

En cuanto a los monopolios, cuya abolición solicitaron los diputados americanos, se obtuvieron algunas ventajas. Fue eliminado el monopolio sobre las minas de mercurio, y en febrero de 1812 fueron abolidos los de cuero, aluminio y plomo para Nueva España, y, poco antes de que se viniera abajo el régimen liberal, se decidió poner fin al del tabaco, aunque la medida no se llevó a cabo. En cualquier caso, y pese al optimismo de algunos sectores, las reformas no contribuyeron a frenar la insurgencia en las colonias, ni en ese momento ni con posterioridad, cuando se hicieron nuevas promesas con dicho fin. Reformas prometidas tanto por el Estado liberal como por el Estado absolutista nunca llegaron a cumplirse. De otro lado, una política basada en concesiones fue casi siempre descartada al argumentarse que podría ser entendida por los americanos insurrectos como signo de debilidad.

Por otra parte, la guerra contra Francia había adquirido desde comienzos de 1809 un nuevo perfil con la creciente movilización de españoles, configurada en forma de guerrillas, que dio lugar al desarrollo de una guerra irregular en un territorio ocupado por 300.000 franceses que combatían a unos ejércitos españoles que no superaban la tercera parte, incluidos los 50.000 soldados ingleses. Estos, bajo el mando del general Arthur Colley Wellington, no obstante, habían logrado derrotar al ejército francés a mediados de 1812 en la batalla de los Arapiles, que abrió el paso hacia Madrid, centro neurálgico del dominio napoleónico. Al poco tiempo, el 12 de agosto, el comandante irlandés penetró en Madrid y obtuvo su capitulación. Cuando luego reemprendió el ataque contra las tropas francesas en Portugal, la contraofensiva francesa avanzó sobre el centro de la península, que concluyó con el retorno de José I a Madrid.

A lo largo de 1812, en medio de los absorbentes sucesos peninsulares, se recibía información contradictoria desde América, con lo cual no había claridad sobre el significado real de los mov

Suscríbete para continuar leyendo y recibir nuestras novedades editoriales

¡Ya estás apuntado/a! Gracias.X